OC-31 - Direito ao cuidado (Corte IDH) — Corte IDH traduzida

Corte IDH — Opinião Consultiva OC-31. Documento oficial: corteidh.or.cr.

RESUMO OFICIAL (espanhol)

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS *

EL CONTENIDO Y EL ALCANCE DEL DERECHO AL CUIDADO Y SU INTERRELACIÓN CON OTROS DERECHOS

OPINIÓN CONSULTIVA OC-31/25 DE 12 DE JUNIO DE 2025 SOLICITADA POR LA REPÚBLICA ARGENTINA

RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA

El 12 de junio de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal”) emitió una Opinión Consultiva en respuesta a la consulta realizada por la República Argentina (en adelante “el Estado solicitante”, “El Estado” o “Argentina”) sobre “El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. El Estado planteó distintas preguntas en su consulta, las cuales fueron reformuladas por la Corte en tres cuestiones generales y englobantes, para ser abordadas en los siguientes términos:

1) ¿Son los cuidados un derecho humano autónomo consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos?; En caso afirmativo, ¿Cómo entiende la Corte el derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado?; ¿Qué obligaciones tienen los Estados en relación con este derecho humano desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural y cuál es su alcance?; ¿Cuáles son los contenidos mínimos esenciales del derecho que el Estado debe garantizar?; ¿Qué políticas públicas deben implementar los Estados en materia de cuidados para asegurar el efectivo goce de este derecho y qué rol cumplen específicamente los sistemas integrales de cuidado?; ¿Cuáles son las obligaciones del Estado en materia de cuidados en relación con el derecho a la vida a la luz del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores? ¿Qué medidas deben tomar los Estados a la luz del artículo 4.1 de la Convención Americana para garantizar condiciones de vida digna?

2) ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de cuidados (dar cuidados, recibir cuidados y autocuidado) a la luz del derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación consagrados en los artículos 24 y 1.1 de la Convención Americana? En particular, ¿cuáles son las obligaciones de los Estados en relación con: (a) la distribución desigual de las responsabilidades de cuidados sobre la base de estereotipos de género y (b) cuáles son las obligaciones en materia de igualdad y prohibición de discriminación a la luz de los artículos 2 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8.b de la Convención de Belém do Pará?; ¿Qué obligaciones tienen los Estados en materia de cuidados a la luz del Protocolo de San Salvador, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad?

* Integrada por los siguientes jueces: Nancy Hernández López, Presidenta; Rodrigo Mudrovitsch, Vicepresidente; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; Ricardo C. Pérez Manrique; Verónica Gómez, y Patricia Pérez Goldberg. Presentes, además, el Secretario Pablo Saavedra Alessandri y la Secretaria Adjunta Gabriela Pacheco Arias. El Juez Humberto Antonio Sierra Porto no participó de la deliberación de la presente Opinión Consultiva por motivos de fuerza mayor.

3) ¿Son los cuidados no remunerados un trabajo a la luz de los artículos 1.1, 24 y 26 de la Convención Americana, los artículos 3, 6 y 7 del Protocolo de San Salvador y 8.b de la Convención de Belém do Pará?; ¿Qué derechos poseen, a la luz de dicha normativa, aquellas personas que realizan trabajos de cuidado remunerado y no remunerado y cuáles son las obligaciones del Estado para con ellas en relación con el derecho al trabajo?; ¿Cuál es la relación entre el derecho al cuidado y el derecho a la seguridad social a la luz del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del Protocolo de San Salvador?; ¿Qué medidas deben tomar los Estados a la luz del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 6, 7 y 15 del Protocolo de San Salvador para garantizar el derecho al trabajo de aquellas personas que deben proveer cuidados no remunerados, incluyendo en materia de licencias por maternidad y paternidad e infraestructura de cuidados?; ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de derecho a la salud en relación con las personas que cuidan, las que reciben cuidados y el autocuidado, incluyendo, pero no limitadas a la infraestructura de cuidados, a la luz del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 10, 16, 17 y 18 del Protocolo de San Salvador, los artículos 12 y 19 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y el artículo III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad?; ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de derecho a la educación en relación con los cuidados, incluyendo, pero no limitadas a la infraestructura de cuidados, a la luz de los artículos 19 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 13 y 16 del Protocolo de San Salvador y el artículo III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad?

Tomando en cuenta las preguntas planteadas por Argentina, la Corte dividió su análisis en los siguientes temas: (i) el cuidado en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional regional; (ii) el derecho al cuidado a la luz del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, y (iii) el derecho al cuidado y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

I. El cuidado en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional regional

La Corte señaló que los seres humanos dependen, en distintos momentos de su ciclo vital, de recibir o brindar cuidados. Esta dependencia recíproca de cuidado constituye una expresión directa del respeto a la dignidad humana. El cuidado, en este sentido, se configura como el conjunto de acciones necesarias para preservar el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentren en una situación de dependencia o requieran apoyo, de manera temporal o permanente. Así entendido, el cuidado constituye también una necesidad básica, ineludible y universal, de la cual depende tanto la existencia de la vida humana como el funcionamiento de la vida en sociedad, en tanto permite asegurar condiciones de atención mínimas para una existencia digna, especialmente respecto de personas en situación de vulnerabilidad, dependencia o limitación. En definitiva, señaló la Corte, todas las personas requieren de acciones individuales para garantizar su bienestar y, en diversas etapas de su vida, dependen del apoyo de otras para subsistir, vivir con dignidad y desarrollar autónomamente su proyecto de vida. Por ello, el cuidado cumple una función individual y social fundamental: al procurar el bienestar frente a los límites impuestos por la existencia, la edad, la enfermedad o las condiciones físicas o mentales, se constituye en una condición necesaria para la

realización de las actividades humanas y por lo tanto para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Tomando en cuenta lo anterior, la Corte procedió a responder el primer grupo de preguntas planteadas por el Estado Argentino, en los términos reformulados por el Tribunal. Para ello, exploró el tratamiento jurídico del cuidado en distintos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos de alcance universal y regional, y del derecho constitucional, para posteriormente abordar su reconocimiento en instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El análisis previamente señalado permitió alcanzar una primera conclusión: que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional comparado reconocen la existencia de normas y obligaciones dirigidas a preservar el bienestar de las personas a través del cuidado, especialmente en situaciones de dependencia, vulnerabilidad o necesidad. Esta protección se expresa tanto en la atención que requieren determinados grupos -como las mujeres embarazadas o en período de lactancia, la niñez, las personas mayores, las personas con discapacidad o con enfermedades-, como en la situación de quienes brindan cuidados, ya sea de forma remunerada o no remunerada. Además, la Corte encontró que el cuidado de las personas no solo es necesario para garantizar los derechos humanos, sino que también ha sido objeto de preocupación en cuanto a su distribución desigual. Esta constatación ha derivado en la necesidad de adoptar medidas específicas orientadas a lograr una distribución más equitativa del cuidado, y establecer sistemas públicos de apoyo que reconozcan, valoren y redistribuyan estas tareas (párrs. 52-99).

A partir de la conclusión previamente expuesta, y del contenido de la primera pregunta formulada por el Estado argentino, la Corte se pronunció sobre si el cuidado se encuentra protegido por la Convención Americana como derecho autónomo. En ese sentido, señaló que el cuidado ha sido reconocido como un componente esencial de múltiples derechos protegidos por la Convención Americana, y cumple una función instrumental para su pleno ejercicio. No obstante, su tratamiento fragmentado —limitado a dimensiones parciales dentro de otros derechos— resulta insuficiente. Esta aproximación parcial no permite abordar adecuadamente las múltiples formas en que la omisión de cuidado puede afectar la dignidad de las personas, ni otorgar adecuadas garantías a quienes realizan labores de cuidado. En consecuencia, y a partir de una interpretación sistemática, evolutiva y pro personae de los derechos consagrados en la Convención (párr. 112), la Corte concluyó que existe un derecho autónomo al cuidado, derivado de la lectura conjunta de los artículos 4, 5, 7, 11, 17, 19, 24, 26 y 1.1 de la Convención Americana. Señaló que corresponde, por tanto, a los Estados respetar y garantizar este derecho, así como adoptar medidas legislativas y de otro carácter para lograr su plena eficacia, conforme a los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Asimismo, advirtió que el derecho al cuidado también se deriva de los derechos reconocidos en la Declaración Americana — en particular en sus artículos I, II, VI, XI y XIV al XVI—, así como en los artículos 34 y 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

El Tribunal reiteró que el cuidado constituye una necesidad humana universal y una condición indispensable para gozar de una existencia digna. Consideró que el derecho autónomo al cuidado comprende el derecho de toda persona de contar con el tiempo, espacios y recursos necesarios para brindar, recibir o procurarse condiciones que aseguren su bienestar integral y le permitan desarrollar libremente su proyecto de vida, de acuerdo con sus capacidades y etapa vital. En esta lógica, el cuidado tiene como propósito no solo la subsistencia de las personas cuidadas y aquellas que cuidan, sino la realización y consecución de su proyecto de vida, de manera que refuerza la autonomía personal e inclusión en la comunidad. Este derecho se rige por el principio de corresponsabilidad social y familiar, pues los cuidados recaen solidariamente sobre la persona, la familia, la sociedad y el Estado; por el principio de igualdad y no discriminación, que requiere que los hombres y las mujeres tengan las mismas condiciones y responsabilidades en el cuidado; y que los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, y las personas con discapacidad y con enfermedades que comprometan su autonomía e independencia, gocen de cuidados acorde a su condición (párr. 113).

En este punto, el Tribunal consideró pertinente señalar que si bien el derecho al cuidado se encuentra estrechamente vinculado con otros derechos -como la salud, el trabajo, la seguridad social o la protección de la familia-, su contenido no se agota en ninguno de ellos. El reconocimiento del derecho al cuidado presupone su autonomía normativa y funcional, en tanto protege un conjunto específico de condiciones materiales y relacionales que resultan esenciales para el bienestar y la dignidad humana, y cuya omisión o desatención puede comprometer el ejercicio efectivo de múltiples derechos interdependientes. Así, la Corte analizó el contenido del derecho al cuidado a partir de sus tres dimensiones básicas: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. En lo que respecta al autocuidado, la Corte lo analizó, en la presente Opinión Consultiva, únicamente en lo que respecta a las personas que prestan y reciben cuidados (párrs. 114 y 115).

El derecho a ser cuidado implica que todas las personas que tienen algún grado de dependencia tienen el derecho de recibir atenciones de calidad, suficientes y adecuadas para vivir con dignidad. Estas atenciones deben garantizar el bienestar físico, espiritual, mental y cultural. El alcance y las características del cuidado deben ajustarse a la etapa vital de la persona, a su grado de dependencia y a sus necesidades particulares. En razón de ello, el Estado debe garantizar que los cuidados que reciben las personas se realicen con pleno respeto a sus derechos humanos, en particular de su dignidad e intimidad, así como del reconocimiento de su capacidad de agencia. En este sentido, el Estado debe adoptar medidas de desarrollo progresivo para garantizar el acceso efectivo a servicios de cuidado, conforme al principio de corresponsabilidad. Asimismo, los cuidados deben brindarse sin discriminación, respetando el mayor grado posible de autonomía de las personas cuidadas y asegurando su participación activa en las decisiones que les afectan (párr. 116).

El derecho a cuidar consiste en el derecho de brindar cuidados en condiciones dignas, tanto de manera no remunerada como remunerada. Este derecho implica que las personas cuidadoras, tanto en el ámbito familiar, como fuera de él- puedan ejercer su labor sin discriminación, y con pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando su bienestar físico, mental, emocional, espiritual y cultural. De esta forma, conlleva la obligación de los Estados de adoptar medidas progresivas para avanzar en la conciliación de la vida laboral con las responsabilidades familiares, la educación y la existencia de medios adecuados para llevar a cabo las labores de cuidado de manera segura y digna. En el caso de las personas que realizan labores de cuidado no remuneradas, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce del derecho a la salud, al trabajo y la seguridad social (Capítulos VII-A, B y C). Asimismo, debe prevenir y sancionar toda forma de violencia, acoso o discriminación basada en el hecho de asumir responsabilidades de cuidado, incluidas aquellas que ocurran en el ámbito laboral. Por su parte, los Estados deben garantizar progresivamente que las personas cuidadoras gocen de los mismos derechos, en igualdad de condiciones y sin discriminación, respecto del resto de trabajadores conforme a la legislación nacional e internacional aplicable (párr. 117).

El derecho al autocuidado implica el derecho de quienes cuidan y de quienes son cuidados de procurar su propio bienestar y atender sus necesidades físicas, mentales, emocionales, espirituales y culturales. Esta dimensión reconoce la importancia de que las personas dispongan de tiempo, espacios y recursos para cuidar de sí mismas, ejercer su autonomía y llevar una vida digna. Por ello, el Estado debe adoptar, conforme a su obligación de desarrollo progresivo, medidas que permitan contar con las condiciones para poder realizar acciones de auto asistencia de manera autónoma en beneficio de su mejoramiento físico, espiritual, mental y cultural. Estas acciones deben tomar en consideración los obstáculos que han enfrentado las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados en la realización y la recepción de cuidados. En particular, los Estados deberán adoptar medidas especialmente dirigidas a garantizar que las mujeres cuidadoras y las personas mayores cuenten con las condiciones para poder realizar acciones de autocuidado, de conformidad con los principios de corresponsabilidad social y familiar (párr. 118).

Además, la Corte señaló que el derecho al cuidado encuentra su fundamento y alcances en el principio de corresponsabilidad. La Corte entendió que, conforme a este principio, los cuidados son

una responsabilidad compartida entre el individuo, y los espacios sociales en que se desenvuelve: la familia, la comunidad, la sociedad civil, la empresa, y el Estado. Este principio impone una responsabilidad solidaria y subsidiaria a diversas instancias sociales para garantizar las actividades de gestión y sostenibilidad de la vida cotidiana, en lo que puede entenderse como una red de cuidados cuyos alcances serán determinados por las necesidades de las personas y los espacios de actuación propios de cada instancia social. Además, tiene un alcance específico -entendido como corresponsabilidad familiar- respecto a la necesidad de un reparto equitativo y solidario de las labores de cuidado no remuneradas por parte de hombres y mujeres en el ámbito familiar. Este principio implica que hombres y mujeres tienen responsabilidades equitativas de cuidados (párr. 119).

Asimismo, el Tribunal advirtió que el derecho al cuidado está estrechamente vinculado con el principio de solidaridad, el cual se encuentra reflejado en diversas normas relativas a los deberes y responsabilidades de las personas. La solidaridad se fundamenta en la idea de una humanidad común, y en la interdependencia de los miembros de la sociedad. De ella se desprende el deber de respeto y cooperación mutua entre las personas para el efectivo ejercicio de sus derechos, y para la consecución de metas comunes. En el ámbito de los cuidados, el principio de solidaridad fortalece la obligación de que las personas, la familia, la comunidad, la sociedad civil, las empresas y el Estado asuman, respectivamente, una doble responsabilidad: por un lado, asistir, apoyar y cuidar a quienes tengan algún grado de dependencia; y, por otro lado, respaldar a quienes realizan estas labores, asegurando que cuenten con las condiciones necesarias para prestar debidamente los cuidados, que su labor sea reconocida, y que dispongan de apoyos para aliviar las cargas que conlleva el cuidado. Ello incluye que el cuidado -remunerado o no remunerado- sea reconocido, valorado y sostenido mediante medidas que alivien sus cargas físicas, emocionales y económicas. En este sentido, la Corte consideró que la valoración social del cuidado constituye una obligación jurídica derivada del principio de solidaridad, en tanto el cuidado representa una actividad humana con valor intrínseco y un elemento esencial para el fortalecimiento de los vínculos entre las personas y la cohesión social (párr. 120).

Por otra parte, la Corte señaló que en virtud de las obligaciones que surgen de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, y del contenido sustantivo de este derecho, los Estados tienen las obligaciones de abstenerse de realizar conductas que vulneren el derecho al cuidado; organizar el aparato estatal de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio del derecho; y adoptar o suprimir aquellas normas de derecho interno necesarias para garantizar la efectividad del derecho al cuidado y sus alcances, lo que incluye que se reconozca el derecho de todas las personas de cuidar y ser cuidadas. Asimismo, que la regulación que desarrollen los Estados en esta materia debe incluir, como mínimo, una protección reforzada para grupos en situación de vulnerabilidad, en particular las mujeres embarazadas o en período de lactancia, los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad y aquellas que padecen enfermedades graves, crónicas o que comprometan la independencia y demanden la prestación de cuidados. De igual forma, que deberá prever mecanismos específicos de protección para las personas que realizan labores de cuidado no remuneradas, reconociendo su aporte social y garantizando condiciones que permitan su ejercicio en dignidad. El marco jurídico del cuidado debe sustentarse en los principios de corresponsabilidad social y familiar, solidaridad, igualdad y no discriminación, y el principio de mayor autonomía posible de la persona cuidada. Asimismo, deberá promover un régimen de distribución de las labores de cuidado entre las personas, las familias, la comunidad, la sociedad civil, las empresas y el Estado, así como entre hombres y mujeres.

La Corte consideró que la garantía del derecho al cuidado no necesariamente implica la creación de nuevas instituciones, políticas o programas, sino que pueden consistir en la regulación, articulación, supervisión y fiscalización de las diferentes modalidades de prestación de servicios de cuidado -ya sean nacionales, locales y comunitarias; públicos o privados- que el Estado haya reconocido e implementado previamente. Asimismo, señaló que los Sistema Nacionales de Cuidados (SNC)

pueden servir como instrumento para ampliar las alternativas y coberturas de servicios, con el fin de asegurar el cumplimiento de los elementos mínimos del derecho al cuidado, particularmente cuando las políticas e instituciones existentes resulten insuficientes. Esta ampliación debe realizarse de conformidad con las capacidades de cada Estado y en observancia de su obligación de desarrollo progresivo. En consecuencia, el Tribunal estimó que los SNC constituyen un mecanismo estructural idóneo mediante el cual los Estados pueden garantizar el derecho al cuidado, especialmente en lo que respecta a la protección integral de las personas en situación de dependencia y de las personas cuidadoras.

Finalmente, en este primer apartado, la Corte señaló que la garantía del derecho al cuidado y su contenido se encuentra estrechamente relacionada con otros derechos debido a los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, y adquiere características específicas a partir de los requerimientos y las necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad. En razón de ello, la Corte se pronunció sobre estos dos elementos, en respuesta a las preguntas planteadas por el Estado Argentino.

II. El derecho al cuidado a la luz del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación

Al referirse al segundo bloque de preguntas, la Corte se pronunció sobre las obligaciones de los Estados en materia del derecho a cuidar y a recibir cuidados, a la luz del derecho a la igualdad y no discriminación (Capitulo VI).

En relación con el derecho a cuidar, la Corte recordó que la Convención Americana contiene un mandato de protección a la familia, entendida como un concepto amplio, que incluye la obligación estatal de garantizar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades. Pese a ello, constató que, debido a estereotipos negativos de género y patrones socioculturales de conducta, las labores de cuidado no remuneradas recaen principalmente sobre las mujeres, al punto que desempeñan trabajos de cuidado no remunerados en una proporción tres veces superior a la de los hombres, y que esta situación se agrava cuando se entrecruzan otros factores de discriminación. Asimismo, constató que las labores de cuidados no remuneradas constituyen un aporte al PBI de los Estados que, salvo excepciones, se encuentra invisibilizado. Por esa razón, sostuvo que, sin perjuicio del ejercicio del derecho a la libertad y autonomía de las personas al interior de la familia, los Estados están en la obligación de implementar, de manera progresiva, políticas públicas orientadas a revertir dichos estereotipos y patrones socioculturales. Estas deben incluir, por ejemplo, reformas educativas; medidas para fomentar el cuidado parental equitativo; políticas de flexibilidad laboral para personas trabajadoras con responsabilidades familiares, e inversión en sistemas, servicios, políticas e infraestructura de cuidado de calidad, entre otros (párrs 142 a 149). Asimismo, en virtud del principio de corresponsabilidad, se deben implementar servicios de cuidado de calidad para aquellos que no cuentan con redes familiares o comunitarias, así como orientados a contribuir en la provisión del cuidado más allá del ámbito exclusivo de la familia (párr. 151).

Por otra parte, la Corte sostuvo que la distribución inequitativa de cargas de trabajo de cuidado no remunerado sobre la base de estereotipos negativos de género constituye una forma de discriminación estructural o sistémica contra las mujeres y un obstáculo al ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, en particular, del derecho al trabajo, a la seguridad social y a la educación. Por esa razón, sostuvo que los Estados deben adoptar medidas que apoyen la incorporación o reintegración de las personas cuidadoras no remuneradas a la fuerza de trabajo formal, en trabajos no relacionados con el trabajo de cuidado no remunerado, cuando así lo deseen, incluyendo modalidades de trabajo favorables a las responsabilidades de cuidado; revisar las restricciones de acceso al derecho a la seguridad social, para asegurarse de que no discriminen a las mujeres ni en la legislación ni en la práctica; adoptar medidas orientadas a

revertir las causas por las cuales a las mujeres se les ha asignado y se les sigue asignando de forma inequitativa y desproporcionada el trabajo de cuidado no remunerado, con un enfoque interseccional; e implementar o continuar implementando sistemas estadísticos de medición, valoración, y cuantificación del trabajo de cuidado no remunerado y su aporte a la economía (párrs. 153 a 162).

En lo que respecta al derecho a cuidar a la luz del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, la Corte advirtió que algunos grupos de personas que ejercen trabajos de cuidado no remunerados se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, como es el caso, entre otros, de las mujeres que encabezan hogares monoparentales y tienen a su cargo la manutención del hogar y las labores de cuidado de sus hijos y otros miembros de su familia; de las mujeres cuidadoras vinculadas con el sistema penitenciario; de las mujeres buscadoras; de las mujeres migrantes; de las mujeres indígenas y afrodescendientes; de las mujeres mayores cuidadoras, y de las mujeres con discapacidad o que tienen a su cargo el cuidado de personas con discapacidad. Categorías que, además, pueden confluir en una misma persona. En estos casos, la Corte sostuvo que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas orientadas a garantizar el ejercicio del derecho al cuidado sin discriminación en su contra o respecto de las personas a su cargo (párrs 163 a 171).

En relación con el derecho a ser cuidado, la Corte recordó que todas las personas, en distintos momentos de su vida, requieren de cuidados o apoyo con mayor intensidad, y que ello puede ocurrir por factores como la edad, tener una enfermedad grave, crónica, incapacitante o que comprometa la independencia, o tener una discapacidad, y que, en tales circunstancias, el derecho a ser cuidado puede estar marcado por la presencia de estereotipos negativos y prejuicios, y derivar en el desconocimiento del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. Por esa razón, se pronunció sobre las obligaciones de los Estados orientadas a garantizar el ejercicio del derecho a ser cuidado en condiciones de igualdad para las personas que integran estos grupos, bajo el entendido de que el ejercicio de este derecho debe estar orientado a maximizar la autonomía de la persona que lo recibe, en lugar de exacerbar su dependencia.

En lo que respecta al derecho a recibir cuidados de niños, niñas y adolescentes, la Corte recordó que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados deben, entre otros, poner el máximo empeño en garantizar el principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo; prestar a los padres y los tutores legales la asistencia apropiada para el cumplimiento de sus responsabilidades en la crianza; y velar por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Además, sostuvo que en virtud del principio de corresponsabilidad, la sociedad y el Estado deben concurrir para garantizar la protección especial y reforzada de aquellos niños, niñas y adolescentes a quienes sus familias no pueden brindarles servicios adecuados de cuidado. En particular, señaló que los Estados deben establecer un marco jurídico de cuidados orientado a garantizar el acceso de niños y niñas a cuidado de calidad en condiciones de igualdad cuando este no pueda ser prestado por su familia y en atención a sus características particulares, lo que implica, fortalecer iniciativas comunitarias de cuidado; crear espacios de cuidados a cargo del Estado; crear programas sociales que permitan el cuidado de niños y niñas en casas particulares bajo supervisión del Estado, y promover iniciativas privadas orientadas al cuidado de niños y niñas. Además, la Corte estableció que, en los casos en que el cuidado o responsabilidad de un niño esté a cargo del Estado, en cualquier modalidad de institucionalización o cuidado sustituto asignado, ello deberá responder a los principios de necesidad, excepcionalidad y temporalidad en relación con la eventual separación de un niño de su familia, y que corresponde al Estado supervisar la seguridad, bienestar y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, que, en caso de que se prevea la institucionalización, esta deberá ser el último recurso, por el menor tiempo posible y sujeta a revisión periódica (párrs. 173 a 182).

Por otra parte, la Corte recordó que existen circunstancias de vulnerabilidad análogas o equiparables entre las personas mayores y las personas con discapacidad, con enfermedades graves, crónicas o que comprometan la independencia, por lo que las consideraciones sobre ambos grupos son aplicables al otro cuando corresponda. En particular, en lo que respecta al derecho a recibir cuidados de las personas mayores, recordó que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las niñas, niños y adolescentes, las personas mayores no conforman una categoría uniforme respecto de la cual se pueda presumir una necesidad de cuidadosos, lo que indica que tener más de 60 o 65 años, no equivale a entender que una persona tiene una necesidad de cuidados. Dicho lo anterior, la Corte se pronunció sobre el derecho a recibir cuidado de las personas mayores con necesidades específicas de cuidado y sostuvo que el derecho de las personas mayores a ser cuidadas debe entenderse desde dos perspectivas: la primera, referida al derecho acceder efectivamente a los cuidados, el cual debe ser garantizado sobre la base del principio de corresponsabilidad, de modo que el Estado debe concurrir cuando la familia y la sociedad no puedan hacerlo, y, la segunda, a los derechos de las personas mayores que ya se encuentran recibiendo cuidados. Al respecto sostuvo que la garantía del derecho a ser cuidados de las personas mayores obliga a los Estados a adoptar medidas para garantizar el acceso a servicios de cuidado de calidad y la permanencia en esos servicios sin discriminación, cuando así lo requieran, así como asegurar que puedan ejercer su autocuidado y que los Estados deben cumplir esta obligación en el marco del respeto de sus derechos a la autonomía, independencia, seguridad y a una vida libre de violencia (párrs. 183 a 189).

Finalmente, sobre el derecho a recibir cuidados de las personas con discapacidad y con enfermedades graves, crónicas o que comprometan la independencia y que demanden la prestación de cuidados, la Corte recordó que, pese a la prohibición de discriminación contra las personas con discapacidad, esta población enfrenta obstáculos en el acceso a su derecho a recibir cuidados en condiciones de igualdad, debido a estereotipos basados en modelos médicos y de dependencia. En contraste, a partir un enfoque social de la discapacidad, basado en los derechos humanos, se reconoce la discapacidad como una construcción social que se produce en el contexto en el que se desenvuelven las personas con diversidad funcional -física, mental, intelectual o sensorial-, y no por esa condición en sí misma. A la luz de este enfoque, que está centrado en la independencia y autonomía de la persona con discapacidad, la Corte sostuvo que la garantía del derecho al cuidado debe partir de las necesidades de “apoyo” y no solo de “atención”, bajo el entendido de que el apoyo y cuidado que requieren las personas con discapacidad no es homogéneo, y debe basarse en el respeto a sus derechos a la autonomía, independencia, seguridad y a una vida libre de violencia. En ese sentido, destacó que los Estados deben reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, y no como receptores pasivos de cuidado (párrs. 190 a 202).

III. El derecho al cuidado y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

El Estado solicitó al Tribunal que se pronuncie sobre la relación de indivisibilidad e interdependencia entre el derecho al cuidado y los DESCA. De manera puntual, preguntó sobre el alcance de los derechos al trabajo, la seguridad social, la salud y la educación respecto de las personas que cuidan y las que reciben cuidados, así como respecto del autocuidado en el marco de la protección que ofrecen la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador, la Declaración Americana, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Tomando en consideración lo anterior, la Corte se pronunció sobre la relación de indivisibilidad e interdependencia entre el derecho al cuidado y los derechos al trabajo, la seguridad social, la salud y la educación. En particular se refirió a la naturaleza de las labores de cuidado como un trabajo y las garantías derivadas del derecho al trabajo para las personas que se dedican a estas labores tanto de manera remunerada como no remunerada, así como al alcance de las garantías derivadas del

derecho a la seguridad social, la salud y la educación tanto para las personas que cuidan como las que reciben cuidados. La Corte fundamentó su análisis en los artículos 1.1, 2, 19, 24 y 26 de la Convención Americana, los artículos 3, 6, 7, 9, 13, 15 y 16 del Protocolo de San Salvador, los artículos II, VII, XI, XII, XIV y XVI de la Declaración Americana, el artículo III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, los artículos 12 y 19 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y el artículo 8.b de la Convención de Belém do Pará, así como en su jurisprudencia sobre DESCA.

En primer lugar, el Tribunal sostuvo que las labores de cuidado son un trabajo, en tanto actividades libremente elegidas de prestación de servicios a terceros, que tienen un valor económico y social, y que se adelantan con una cierta permanencia e intensidad (párr. 208 a 218). Asimismo, afirmó que las labores de cuidado remunerado son aquellas que se realizan a cambio de una contraprestación económica. Muchas de estas actividades se desarrollan en guarderías, escuelas, centros médicos, centros de cuidado de personas ancianas, o al interior de los hogares, tanto de manera profesionalizada como no profesionalizada. En este sentido, señaló que los trabajadores de cuidados remunerados cuentan con los mismos derechos de cualquier otro trabajador. Debido a ello, y considerando su invisibilización histórica, la Corte estimó que los Estados deben implementar medidas especiales para garantizar el pleno ejercicio de su derecho al trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, incluyendo, promover la forma escrita de los contratos de trabajo, flexibilizar los criterios de acceso a la seguridad social, prevenir y atender riesgos asociados al trabajo, fiscalizar los lugares de trabajo, prevenir y sancionar el abuso, el acoso, la violencia, la trata de personas y la servidumbre (párrs. 219 a 226).

Por otra parte, señaló que las labores de cuidado no remuneradas son aquellas que se realizan sin una contraprestación económica. Estas actividades se desarrollan como regla general al interior de los hogares, aunque también pueden llevarse a cabo en centros comunitarios como guarderías o comedores. Incluyen aquellas acciones de gestión y sostenibilidad del bienestar integral de las personas que son realizadas con un cierto nivel de permanencia e intensidad. En relación con este tipo de trabajo de cuidado, el Tribunal consideró que los Estados deben adoptar medidas para eliminar todas las formas de trabajo forzoso e infantil, y eliminar la discriminación en relación con las personas que realizan labores de cuidado no remunerado. Igualmente, que deben asegurar progresivamente a las personas que se dedican a las labores de cuidado no remuneradas garantías mínimas derivadas del derecho al trabajo, incluyendo la limitación del tiempo de trabajo diario, periodos mínimos de descanso, y acceso a un sistema de seguridad social que las proteja frente a las contingencias de enfermedad y a la vejez. Estas deben estar dirigidas a garantizar su salud, dignidad y autocuidado y su alcance y contenido dependerá de la naturaleza de la labor, las condiciones en que se ejerce y las necesidades de quienes la realizan (párrs. 227 a 231).

Asimismo, la Corte se refirió a los trabajadores con responsabilidades familiares. Esto es, a aquellas personas que realizan labores de cuidado como parte de sus proyectos de vida o como resultado de un ejercicio permanente de la corresponsabilidad familiar y social, y al tiempo cuentan con trabajos formales o informales. Señaló que los Estados deben garantizar que los trabajadores con responsabilidades de cuidado puedan ejercer su derecho al trabajo sin discriminación, para lo cual deberán implementar progresivamente medidas para la conciliación de la vida laboral y las necesidades de cuidado tanto de sus dependientes como propias, y remover las barreras que impiden que las labores de cuidado les imposibiliten acceder o mantenerse en el empleo. Asimismo, respecto a las madres en periodo de lactancia, la Corte sostuvo que los Estados deben adoptar la normativa y establecer las condiciones necesarias para que puedan decidir ejercer el derecho a la lactancia materna, de manera que se les garanticen tanto el derecho al trabajo como el derecho a brindar cuidado. Finalmente, afirmó que las garantías para las personas trabajadoras con responsabilidades familiares deben ejercerse sin

discriminación, lo cual implica hacer las adecuaciones necesarias para extender la protección a los padres y madres adoptantes y a personas con vínculos de familia no tradicionales, como las personas LGBTIQ+ o las personas en familias monoparentales (párrs. 232 a 240).

En segundo lugar, la Corte afirmó que el derecho a la seguridad social debe garantizarse progresivamente a todas las personas, para lo cual los Estados deberán implementar sistemas de seguridad social que operen bajo los principios de universalidad, solidaridad, inclusión social y progresividad, e incorporen tanto componentes contributivos como de asistencia social (párr. 241 a 249). Además, sostuvo que los Estados deben garantizar progresivamente licencias de maternidad, de paternidad y prestaciones familiares que permitan a las personas con responsabilidades de cuidado ejercer su derecho a cuidar; a los niños y niñas gozar del derecho a ser cuidado, manteniendo un nivel de vida adecuado durante periodos esenciales para su desarrollo, y a las madres gozar del autocuidado, tanto en el periodo de embarazo como en el de parto y posparto (párr. 250 a 255). Asimismo, consideró que los Estados deben asegurar progresivamente prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia que permitan garantizar los derechos a cuidar y al autocuidado de las personas cuidadoras, y eviten que queden desamparadas ante contingencias de vejez o invalidez que les impidan proveerse su propia subsistencia por haber dedicado su vida a las labores de cuidado, por ejemplo, a través de medidas para el traslado progresivo de la economía informal a la formal, mecanismos para que personas con formas de trabajo atípicas puedan acceder al régimen contributivo, compensación de tiempo de cotización por hijos e hijas, o reconocimiento de años de compensación que benefician a personas que se han dedicado a las labores de cuidado (párr. 256 a 260). Igualmente, la Corte consideró que para garantizar los derechos a ser cuidado y al autocuidado, los Estados deben implementar progresivamente medidas para asegurar que las prestaciones económicas de la seguridad social se extiendan a las personas que por razón de su edad, salud o condición de discapacidad no pueden producir los recursos necesarios para su subsistencia y cuenten con un grado de dependencia por el cual requieren cuidados (párrs. 261 a 263). Finalmente, estimó que todas las garantías antes descritas deben garantizarse sin discriminación, lo cual implica hacer las adecuaciones necesarias para extender la protección a los padres y madres adoptantes y a personas con vínculos de familia no tradicionales, como las personas LGBTIQ+ o las personas en familias monoparentales.

En tercer lugar, respecto del derecho a la salud, la Corte consideró que los Estados deben reconocer el rol central que ocupan las personas que se dedican al trabajo de cuidado remunerado y no remunerado en la garantía del derecho a la salud, así como implementar medidas para garantizar sus derechos, considerando los riesgos para la salud que puede suponer esta labor (párrs. 264 a 271). Asimismo, en relación con el derecho a ser cuidado, reiteró que los Estados deben implementar medidas para garantizar progresivamente la calidad, disponibilidad y adaptabilidad de los servicios de salud para las personas que tienen algún grado de dependencia, tomando en cuenta que este es un componente central de su bienestar integral y respetando su autonomía (párrs. 272 a 278). Finalmente, respecto del derecho al autocuidado, la Corte estimó que los Estados deben asegurar la disponibilidad y acceso progresivo a servicios de salud que permitan a todas las personas acudir a la atención en salud formal, tanto para la prevención como para el tratamiento de enfermedades, y participar activamente en el proceso de atención médica que tiene implicaciones sobre su bienestar individual.

En cuarto lugar, en relación con el derecho a la educación, el Tribunal estimó que los Estados deben implementar acciones progresivas para evitar que la sobrecarga de las labores de cuidado no remuneradas sean una barrera para el acceso a la educación, especialmente en casos de maternidad temprana (párrs. 279 a 286). Asimismo, respecto de la dimensión de ser cuidado, afirmó que los Estados deben implementar medidas para garantizar la calidad de los sistemas educativos, y su adecuación a las necesidades de cuidado de las personas según el momento del ciclo vital, su grado de dependencia, y sus características étnicas, de género, de orientación sexual o de cualquier otra índole (párrs. 290 a 294). Finalmente en este marco, el Tribunal consideró que respecto del derecho

al autocuidado, los Estados deben garantizar progresivamente que los sistemas educativos contribuyan a transformar estereotipos de género, promuevan la autonomía e independencia de las personas, y otorguen herramientas para que, en la medida de sus capacidades, puedan procurarse su propio bienestar integral, incluyendo aquellas que provienen de prácticas tradicionales, locales e indígenas que reconocen la relación entre las personas, las comunidades y el ambiente (párrs. 291 a 294).

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El texto íntegro de la Opinión Consultiva puede consultarse en el siguiente enlace: https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/es/vid/1088056961

La Jueza Patricia Pérez Goldberg dio a conocer su Voto parcialmente disidente. La Jueza Nancy Hernández López, el Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, y la Jueza Verónica Gómez, dieron a conocer sus Votos concurrentes.

ÍNTEGRA OFICIAL (português)

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

PARECER CONSULTIVO OC-31/25 DE 12 DE JUNHO DE 2025 SOLICITADO PELA REPÚBLICA DA ARGENTINA

O CONTEÚDO E O ALCANCE DO DIREITO AO CUIDADO E SUA INTER-RELAÇÃO COM OUTROS DIREITOS

(INTERPRETAÇÃO E ALCANCE DOS ARTIGOS 1.1, 2, 4, 17, 19, 24, 26 E 29 DA CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS; 34 E 45 DA CARTA DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS; I, II, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XXX E XXXV DA DECLARAÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS E DEVERES DO HOMEM; 7, 8 E 9 DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 E 18 DO PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS EM MATÉRIA DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS; 6, 9, 12 E 19 DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DOS IDOSOS; E III DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA)

a Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante denominada "a Corte Interamericana", "a Corte" ou "o Tribunal"), integrada pela seguinte composição:*

Nancy Hernández López, Presidenta; Rodrigo Mudrovitsch, Vice-Presidente; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juiz; Ricardo C. Pérez Manrique, Juiz; Verónica Gómez, Juíza, e Patricia Pérez Goldberg, Juíza.

presentes, ademais,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretário, e Gabriela Pacheco Arias, Secretária Adjunta,

em conformidade com o artigo 64.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (doravante denominada "a Convenção Americana" ou "a Convenção") e com os artigos 70 a 75 do Regulamento da Corte (doravante denominado "o Regulamento"), emite o seguinte Parecer Consultivo, que está estruturado na seguinte ordem:

* O presente Parecer Consultivo é emitido durante o 177º Período Ordinário de Sessões da Corte. Em conformidade com os artigos 54.3 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 5.3 do Estatuto da Corte e 17.1 de seu Regulamento, os juízes e as juízas que concluírem seus mandatos continuarão a conhecer os casos que já tenham apreciado e que se encontram em fase de sentença. Em razão do exposto, e por disposição do Plenário, a composição da Corte, incluindo a mesa diretora que participou da deliberação e assinatura deste Parecer Consultivo, é aquela que dele tomou conhecimento. Por outro lado, o Juiz Humberto Antonio Sierra Porto não participou da deliberação do presente Parecer Consultivo por motivos de força maior.

I APRESENTAÇÃO DA CONSULTA ..................................................................... 4 II PROCEDIMENTO PERANTE A CORTE ............................................................ 7 III COMPETÊNCIA E ADMISSIBILIDADE ......................................................... 9 A. O requisito formal de especificar as disposições que devem ser interpretadas ................................................................................................ 9 B. A competência sobre os instrumentos regionais envolvidos e outras fontes de direito internacional ............................................................................... 10 C. A procedência do pedido de parecer consultivo ...................................... 11 D. O requisito de formular as perguntas com precisão e a prerrogativa da Corte de reformular as perguntas propostas............................................... 13 IV INTRODUÇÃO ............................................................................................ 16 V O CUIDADO NO DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E NO DIREITO CONSTITUCIONAL REGIONAL ......................................................... 18 A. O cuidado no direito internacional dos direitos humanos........................ 19 A.1 A respeito dos instrumentos de alcance universal ...................................... 19 A.2 A respeito dos instrumentos regionais de proteção de direitos humanos ....... 22 A.3. A respeito dos instrumentos do Sistema Interamericano ........................... 23 A.4. A respeito dos pronunciamentos de organismos de alcance universal .......... 25 A.5. A respeito dos pronunciamentos de organismos regionais de direitos humanos nos âmbitos europeu e africano .................................................................... 27 A.6. A respeito dos pronunciamentos de organismos regionais das Américas ...... 30 A.7. A respeito do reconhecimento constitucional dos trabalhos de cuidado como direito fundamental em alguns países da região .............................................. 32 A.8. O reconhecimento e a proteção do cuidado no direito internacional dos direitos humanos.................................................................................................... 34 B. O direito ao cuidado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos . 35 B.1. A respeito dos direitos a vida, à integridade pessoal, à saúde, à família, à infância, à liberdade pessoal, à honra e à dignidade, à igualdade e não discriminação, ao trabalho e à seguridade social .................................................................. 35 B.2 O direito ao cuidado como um direito autônomo protegido pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos ............................................................... 39 C. As obrigações dos Estados em relação ao direito ao cuidado no âmbito da Convenção Americana ................................................................................. 44 D. Conclusão ............................................................................................... 48 VI O DIREITO AO CUIDADO À LUZ DO DIREITO À IGUALDADE E DA PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO ...................................................................................... 48 A. Direito à igualdade e proibição de discriminação em relação ao exercício do direito de cuidar ..................................................................................... 49 A.1 As famílias e as responsabilidades de cuidado não remunerado ................... 51 A.2 Impacto da distribuição das responsabilidades de cuidado não remunerado .. 56 A.3 O exercício do direito de cuidar em condições de especial vulnerabilidade .... 61 B. Direito à igualdade e proibição de discriminação em relação às pessoas receptoras de cuidado................................................................................. 65 B.1 Direito de crianças e adolescentes a receber cuidados ................................ 65 B.2 O direito das pessoas idosas a receber cuidados ........................................ 69

B.3 Direito de receber cuidado das pessoas com deficiência e com doenças graves, crônicas ou que comprometam a independência e que demandem a prestação de cuidados .................................................................................................... 73 C. Conclusão ............................................................................................... 78 VII O DIREITO AO CUIDADO E OS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS ............................................................................ 79 A. Obrigações dos Estados em matéria de cuidados à luz dos DESCA em relação ao direito ao trabalho e às suas condições justas, equitativas e satisfatórias ................................................................................................ 79 A.1 Direito ao trabalho e às suas condições justas, equitativas e satisfatórias ..... 79 A.2 As tarefas de cuidado como uma forma de trabalho ................................... 82 A.3 Os direitos das pessoas que realizam trabalhos de cuidado remunerados ..... 85 A.4 Os direitos das pessoas que realizam trabalhos de cuidado não remunerados 89 A.5 Os direitos das pessoas que trabalham com responsabilidades familiares ..... 91 A.6 Conclusões: relação do direito ao cuidado com o direito ao trabalho em condições justas, equitativas e satisfatórias .................................................................. 96 B. Obrigações dos Estados em matéria de cuidados à luz dos DESCA em relação ao direito à seguridade social ......................................................... 96 B.1 O direito à seguridade social ................................................................... 96 B.2 Relação entre o direito ao cuidado e o direito à seguridade social ................ 99 a. O caráter universal do sistema de seguridade social ............................. 99 b. Licenças para cuidado familiar, proteção da maternidade e direito ao cuidado c. Benefícios monetários por idade, invalidez e morte e direito ao cuidado 104 B.3 Conclusão: interdependência e indivisibilidade do direito à seguridade social e do direito ao cuidado ................................................................................. 108 C. Obrigações dos Estados em matéria de cuidados à luz dos DESCA em relação ao direito à saúde ......................................................................... 108 C.1 O direito à saúde ................................................................................. 109 C.2 Direitos das pessoas que cuidam em relação ao direito à saúde ................ 111 C.3 Direitos das pessoas que recebem cuidados em relação ao direito à saúde . 113 C.4 O direito ao autocuidado e o direito à saúde ........................................... 115 C.5 Conclusão: interdependência e indivisibilidade do direito à saúde e do direito ao cuidado.................................................................................................... 116 D. Obrigações dos Estados em matéria de cuidados à luz dos DESCA em relação ao direito à educação ................................................................... 116 D.1 O direito à educação ............................................................................ 117 D.2 Direitos das pessoas que cuidam em relação ao direito à educação ........... 118 D.3 Direitos das pessoas que recebem cuidados em relação ao direito à educação .............................................................................................................. 120 D.4 O direito ao autocuidado e o direito à educação ...................................... 122 D.5 Conclusão: interdependência e indivisibilidade do direito à educação e do direito ao cuidado ............................................................................................... 123 VIII. PARECER ............................................................................................. 123

I APRESENTAÇÃO DA CONSULTA

1. Em 20 de janeiro de 2023, a República Argentina (doravante denominada "o Estado requerente", "o Estado" ou "a Argentina"), com fundamento no artigo 64.1 da Convenção Americana e em conformidade com o disposto nos artigos 70.1 e 70.2 do Regulamento, apresentou um pedido de Parecer Consultivo sobre "O conteúdo e o alcance do direito ao cuidado e sua inter-relação com outros direitos" (doravante denominada "o pedido" ou "a consulta").1

2. A Argentina expôs as considerações que deram origem à consulta nos seguintes termos:

Os trabalhos de cuidado compreendem tarefas que visam o bem-estar cotidiano das pessoas, tanto material, econômica e moralmente, quanto emocionalmente. Abarcam desde o fornecimento de bens essenciais para a vida - como alimentação, limpeza e saúde - até o apoio e a transmissão de conhecimentos, valores sociais, costumes, hábitos e práticas por meio de processos de criação de filhos. Em outras palavras, são as tarefas necessárias para a existência das sociedades e para o bem-estar geral das pessoas.

Os cuidados são uma necessidade, um trabalho e um direito. Uma necessidade no sentido de que torna possível a existência humana, já que todas as pessoas precisam de cuidados para seu bem-estar e desenvolvimento. Um trabalho em função do seu valor socioeconômico. Um direito que deve ser garantido em suas três dimensões essenciais: oferecer cuidados, receber cuidados e o autocuidado.

As políticas de cuidado, por sua vez, podem ser definidas como aquelas políticas públicas que alocam recursos para reconhecer, reduzir e redistribuir a prestação não remunerada de cuidados na forma de dinheiro, serviços e tempo. Elas incluem, entre outras, a prestação direta de serviços de cuidado, as transferências e benefícios de proteção social relacionados aos cuidados e a infraestrutura para o cuidado. Compreendem também políticas e legislação que promovam a corresponsabilidade pelo cuidado, inclusive licença-paternidade e maternidade, outras modalidades de trabalho que conciliem o emprego remunerado com os trabalhos de cuidados, bem como aqueles que hierarquizam os trabalhos de cuidado remunerados.

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em todo o mundo, sem exceção, as mulheres realizam a maior parte dos trabalhos de cuidado não remunerados. As mulheres gastam, em média, 3,2 vezes mais horas do que os homens em trabalhos de cuidado não remunerados [...]. O Observatório de Igualdade de Gênero da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) indica que, desde antes da crise provocada pela pandemia do COVID-19, as mulheres da região dedicam mais do triplo do tempo do que os homens ao trabalho não remunerado. Na mesma linha, dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostram que, nos países latino-americanos, a porcentagem do tempo de trabalho não remunerado nos lares que é realizado pelas mulheres está entre 69% e 86%.

Esses dados são contundentes e refletem como as desigualdades no âmbito do cuidado precedem e explicam as diferenças entre os gêneros no exercício e no gozo dos direitos humanos: o papel social tradicional das mulheres como provedoras dos cuidados e encarregadas do trabalho doméstico limitou sua

O texto completo do pedido pode ser consultado no seguinte link do website da Corte: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_2_2023_es.pdf.

capacidade de entrar no mercado de trabalho formal e restringiu sua autonomia econômica; ao mesmo tempo, restringe seu tempo dedicado ao lazer, à educação, à participação política e ao autocuidado.

Cabe destacar que essa distribuição desigual dos trabalhos de cuidado não apenas reforça as desigualdades socioeconômicas e de gênero, mas também tem um forte impacto negativo sobre o crescimento econômico, o funcionamento do mercado de trabalho e a produtividade das empresas. Nesse sentido, é necessário ressaltar o valor dos trabalhos de cuidado para a recuperação econômica [...].

Portanto, o investimento em políticas de cuidado não só ajudaria a alcançar a igualdade de gênero, mas também contribuiria para acabar com a pobreza, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, alcançar o pleno emprego e o trabalho decente e reduzir a desigualdade entre os países.

Embora o cuidado como um direito derive de vários compromissos internacionais incorporados em instrumentos juridicamente vinculantes, o tema não foi abordado de forma exaustiva. Os desenvolvimentos sobre a temática do cuidado foram elaborados por diferentes órgãos de proteção de direitos humanos do sistema interamericano e universal no âmbito de instrumentos que abordam outras temáticas principais e, por sua vez, em declarações adotadas pela comunidade internacional em fóruns políticos. Entretanto, não foi estabelecido, até o momento, um parâmetro pormenorizado do que implica o direito humano ao cuidado (o direito das pessoas de cuidar, de serem cuidadas e ao autocuidado).

Consequentemente, a atual estrutura jurídica internacional carece de uma definição clara do conteúdo e do alcance desse direito, já que as obrigações estatais gerais e específicas, seu conteúdo mínimo essencial e os recursos orçamentários que podem ser considerados suficientes para sua garantia não foram especificados. Tampouco foram definidos indicadores de progresso que permitam monitorar seu efetivo cumprimento, entre outras questões. Isso é essencial porque a construção de um parâmetro jurídico claro é o que possibilita a tradução da norma internacional em uma política pública passível de ser desenhada, implementada, avaliada e monitorada.

3. Com base no acima exposto, o Estado requerente apresentou à Corte as seguintes consultas específicas:

a) O cuidado é um direito humano autônomo consagrado no artigo 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos? Em caso afirmativo, como a Corte entende o direito das pessoas a cuidar, a serem cuidadas e ao autocuidado? Quais são as obrigações que têm os Estados em relação a esse direito humano a partir de uma perspectiva de gênero, interseccional e intercultural e qual é o seu alcance? Quais são os conteúdos mínimos essenciais do direito que o Estado deve garantir, os recursos orçamentários que podem ser considerados suficientes e os indicadores de progresso que permitem monitorar o cumprimento efetivo desse direito? Que políticas públicas os Estados devem implementar em matéria de cuidados para assegurar o gozo efetivo desse direito e que papel desempenham especificamente os sistemas integrais de cuidado?

b) Quais são as obrigações dos Estados em matéria de cuidados (dar cuidados, receber cuidados e autocuidado) à luz do direito à igualdade perante a lei e do princípio da não discriminação consagrados nos artigos 24 e 1.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos em função da desigualdade entre os gêneros? Quais são as obrigações dos Estados, à luz desses artigos, considerando a interseção de fatores de vulnerabilidade, especialmente a situação socioeconômica, a deficiência, a idade, a condição migratória, a orientação sexual, a identidade de gênero, entre outros? Que medidas os

Estados devem adotar para enfrentar a distribuição desigual das responsabilidades de cuidado com base em estereótipos de gênero, de acordo com o artigo 17 da CADH? Que obrigações os Estados têm à luz do artigo 8.b da Convenção de Belém do Pará quanto à modificação de padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres em relação aos cuidados? Que critérios em matéria de igualdade devem ser levados em consideração ao adotar disposições de direito interno sobre cuidados à luz do artigo 2 da CADH?

c) Quais são as obrigações do Estado em matéria de cuidados em relação ao direito à vida, à luz do art. 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do art. 6 da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos? Que medidas os Estados devem tomar à luz desse artigo em matéria de cuidados para garantir condições de vida digna?

d) Que obrigações têm os Estados em matéria de cuidados à luz do art. 26 da CADH, dos arts. 1, 2 e 3 do Protocolo de San Salvador, do art. 4 da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e do art. III da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência? São os cuidados não remunerados um trabalho à luz do art. 26 da CADH e dos arts. 6 e 7 do Protocolo de San Salvador? Quais são os direitos das pessoas que realizam trabalho de cuidado não remunerado à luz dessas normas e quais são as obrigações do Estado em relação a elas no que diz respeito ao direito ao trabalho? Como o trabalho de cuidado não remunerado deve ser considerado nos benefícios da seguridade social à luz do art. 26 da CADH e do art. 9 do Protocolo de San Salvador? Que medidas devem ser adotadas pelos Estados à luz do art. 26 da CADH e dos arts. 6, 7 e 15 do Protocolo de San Salvador para garantir o direito ao trabalho daquelas pessoas que devem prover cuidados não remunerados, incluindo no que diz respeito às licenças-maternidade e paternidade e à infraestrutura de cuidados? Quais são os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que prestam cuidados de forma remunerada e quais são as obrigações do Estado para com eles/as à luz do art. 26 da CADH e dos arts. 3, 6, 7 e 9 do Protocolo de San Salvador? Quais são as obrigações dos Estados em matéria de direito à saúde em relação às pessoas que cuidam, às que recebem cuidados e ao autocuidado, à luz do art. 26 da CADH, dos arts. 10, 16, 17 e 18 do Protocolo de San Salvador, dos arts. 12 e 19 da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e do art. III da Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência? Quais são as obrigações dos Estados em matéria de direito à educação em relação aos cuidados, à luz dos arts. 19 e 26 da CADH e dos arts. 13 e 16 do Protocolo de San Salvador? Quais são as obrigações dos Estados em matéria de infraestrutura de cuidados em geral, incluindo, mas não se limitando a creches, berçários, residências para pessoas idosas, bem como o acesso à água, saneamento, serviços públicos, alimentação e moradia, e diante da mudança climática, à luz dos arts. 19 e 26 da CADH, dos arts. 11, 12, 16, 17 e 18 do Protocolo de San Salvador, dos arts. 12 e 19 da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e do art. III da Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência?

4. A Argentina designou as seguintes pessoas como agentes para esse pedido: Ayelén Mazzina, então Ministra das Mulheres, Gênero e Diversidade; Sabrina Frydman, então Diretora de Relações Internacionais do Ministério das Mulheres, Gênero e Diversidade; Facundo Sesin, então Assessor da Diretoria de Relações Internacionais do Ministério das Mulheres, Gênero e Diversidade; Julieta Sielecki, então Assessora da Diretoria de Relações Internacionais do Ministério das Mulheres, Gênero e Diversidade; Horacio Pietragalla Corti, então Secretário de Direitos Humanos da Nação; Andrea Pochak, então Subsecretária de

Proteção e Articulação Internacional em Direitos Humanos; Gabriela Kletzel, então Diretora Nacional de Assuntos Jurídicos Internacionais em Matéria de Direitos Humanos; Alberto Javier Salgado, Diretor de Contencioso Internacional em Matéria de Direitos Humanos do Ministério de Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto; María Jimena Rodríguez, Assessora da Diretoria de Contencioso Internacional em Matéria de Direitos Humanos do referido ministério. Posteriormente, designou Alberto Julio Baños, Subsecretário de Direitos Humanos do Ministério da Justiça da Nação.

II PROCEDIMENTO PERANTE A CORTE

5. Mediante as notas de 28 de março de 2023, a Secretaria da Corte (doravante denominada "a Secretaria"), em conformidade com o disposto nos artigos 73.1 2 e 73.2 3 do Regulamento, transmitiu a consulta aos Estados membros da Organização dos Estados Americanos (doravante denominada "a OEA"), ao Secretário-Geral da OEA, ao Presidente do Conselho Permanente da OEA, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (doravante denominada também "a Comissão Interamericana") e a outros órgãos da OEA. Nessas comunicações, foi informado que a Presidência da Corte, em consulta com o Tribunal, havia fixado o dia 20 de setembro de 2023 como prazo limite para a apresentação de observações escritas a respeito do pedido mencionado. Da mesma forma, por meio das notas de 18 de agosto de 2023, a Secretaria informou a todos aqueles referidos anteriormente que esse prazo havia sido prorrogado até 7 de novembro de 2023.

6. Por meio das notas de 5 de abril de 2023 e da publicação no site da Corte na mesma data, em conformidade com as instruções da Presidenta e com o disposto no artigo 73.3 4 do Regulamento, a Secretaria convidou diversas organizações internacionais, da sociedade civil, instituições acadêmicas da região e todas as pessoas interessadas a apresentarem seus pareceres escritos sobre os pontos submetidos a consulta e informou que havia sido fixado como prazo limite para esse fim o dia 20 de setembro de 2023. Mediante as notas de 18 de agosto de 2023 e da publicação no site da Corte, a Secretaria informou que o referido prazo havia sido prorrogado até 7 de novembro de 2023.

7. Dentro do prazo estabelecido pela Presidência, a Secretaria recebeu 129 escritos de observações. Esses escritos reúnem a participação de sete Estados, dos órgãos da Organização dos Estados Americanos, cinco organismos internacionais, sete organismos estatais, 125 organizações não governamentais, 41 instituições acadêmicas e 80 pessoas da sociedade civil. As observações podem ser consultadas no site da Corte. 5 Do mesmo modo, os tribunais da região foram convidados a enviar à Corte sua jurisprudência em matéria de direito ao cuidado, com o intuito de fortalecer o diálogo judicial entre tribunais. A Secretaria recebeu jurisprudência da Sala Constitucional da Corte Suprema de Justiça da

O artigo 73.1 do Regulamento da Corte estabelece o seguinte: “Uma vez recebido um pedido de parecer consultivo, o Secretário enviará cópia deste a todos os Estados membros, à Comissão, ao Conselho Permanente por intermédio da sua Presidência, ao Secretário Geral e aos órgãos da OEA a cuja esfera de competência se refira o tema da consulta, se for pertinente.” O artigo 73.2 do Regulamento da Corte estabelece o seguinte: “A Presidência fixará um prazo para que os interessados enviem suas observações por escrito.” O artigo 73.3 do Regulamento da Corte estabelece o seguinte: “A Presidência poderá convidar ou autorizar qualquer pessoa interessada para que apresente sua opinião por escrito sobre os itens submetidos a consulta. Se o pedido se referir ao disposto no artigo 64.2 da Convenção, poderá fazê-lo mediante consulta prévia com o Agente.” A lista completa das observações escritas pode ser consultada em: https://www.corteidh.or.cr/observaciones_oc_new.cfm?lang=es&lang_oc=es&nId_oc=2639.

Costa Rica, da Corte Suprema de Justiça da Costa Rica, do Tribunal Constitucional do Peru, da Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina, da Suprema Corte de Justiça da Nação do México, da Corte Nacional de Justiça do Equador e do Supremo Tribunal Federal de Brasil.

8. Uma vez concluído o procedimento escrito, em 19 de janeiro de 2024, a Presidenta da Corte, de acordo com o disposto no artigo 73.4 do Regulamento 6, emitiu uma Resolução 7 mediante a qual convocou uma audiência pública e convidou todos aqueles que enviaram observações escritas a apresentarem ao Tribunal suas observações orais a respeito da consulta.

9. A audiência pública foi realizada nos dias 12, 13 e 14 de março de 2024, no âmbito do 165º Período Ordinário de Sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, celebrado de forma presencial, na sede da Corte em San José da Costa Rica.

10. Em 18 de julho de 2024, a República da Argentina solicitou à Corte “retirar o pedido de Parecer Consultivo [...] solicitado pelo governo anterior" e "[registrar] expressamente [seu] desinteresse no parecer solicitado.” O Estado indicou em seu pedido que "[m]otiva esta decisão e consequente solicitação por ter tomado nota, no contexto das apresentações realizadas por diferentes participantes na audiência pública convocada pela Honorável Corte, de que o sentido da consulta oportunamente formulada seria distorcido, levando-a a um terreno alheio às obrigações convencionalmente assumidas pelo Estado argentino.”

11. Em 5 de agosto de 2024, o Secretário da Corte informou ao Estado requerente que o pedido havia sido levado ao conhecimento da Corte para os devidos fins.

12. Em 2 de setembro de 2024, a Corte emitiu uma resolução, na qual decidiu que a pretensão da Argentina para retirar o pedido era improcedente e que mantinha sua jurisdição sobre a consulta realizada. Em suas considerações, a Corte enfatizou que, embora um Estado possa propor a retirada de um pedido de parecer consultivo, sua desistência não é vinculante para a Corte, que pode avaliar o pedido e decidir continuar o trâmite do assunto. Nesse sentido, considerou que o fundamento da solicitação de retirada do Estado, baseada na inconformidade ou preocupação com o que foi manifestado durante algumas intervenções na audiência, com respeito ao mérito ou ao conteúdo do parecer, não constitui um argumento válido que justifique a interrupção do exercício da função consultiva à luz do artigo 64 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 8

13. Para resolver o presente pedido de Parecer Consultivo, a Corte levou em conta e analisou as 129 observações escritas, bem como as 67 participações em audiência e intervenções por parte dos Estados, da Comissão Interamericana, de órgãos estatais, de organizações não governamentais, de associações nacionais, regionais e internacionais, de instituições acadêmicas e de indivíduos (par. 7 supra). A Corte agradece essas valiosas

O artigo 73.4 do Regulamento estabelece o seguinte: “Uma vez concluído o procedimento escrito, a Corte decidirá quanto à conveniência ou não de realizar o procedimento oral e fixará a audiência, a menos que delegue essa última tarefa à Presidência. No caso do previsto no artigo 64.2 da Convenção, será realizada uma consulta prévia ao Agente.” Cf. Pedido de Parecer Consultivo OC-31. Convocação para audiência. Resolução da Presidenta da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 19 de janeiro de 2024. Disponível em: https://corteidh.or.cr/docs/asuntos/solicitud_19_01_2024_spa.pdf. Cf. Pedido de Parecer Consultivo sobre o conteúdo e o alcance do direito ao cuidado e sua interrelação com outros direitos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 2 de setembro de 2024, considerandos 6 a 8 e Ponto Resolutivo 1. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/soc_02_09_2024.pdf.

contribuições, que ajudaram a esclarecer o Tribunal sobre os distintos temas submetidas à consulta, com o propósito de emitir o presente Parecer Consultivo.

14. A Corte deliberou o presente Parecer Consultivo de forma virtual, nos dias 29 e 30 de maio e 9 a 11 de junho, e o adotou em 12 de junho de 2025.

III COMPETÊNCIA E ADMISSIBILIDADE

15. O artigo 64.1 da Convenção Americana estabelece uma das vertentes da função consultiva da Corte Interamericana, afirmando que:

Os Estados membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Também poderão consultá-la, no que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires.

16. A consulta submetida pelo Estado requerente se ampara no citado artigo 64.1 da Convenção. A República Argentina é um Estado membro da OEA e, portanto, está habilitada convencionalmente a solicitar um parecer consultivo à Corte Interamericana.

17. O propósito central de tal função consultiva é que a Corte Interamericana emita um parecer acerca da interpretação da Convenção Americana ou de outros tratados relativos à proteção dos direitos humanos nos Estados Americanos, fixando, desse modo, sua esfera de competência. Nessa linha, a Corte considerou que o artigo 64.1 da Convenção, ao referirse à prerrogativa da Corte para emitir um parecer sobre “outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos, é amplo e não restritivo.” 9

18. Durante o processo relativo a este pedido, algumas observações por parte de universidades trouxeram questionamentos sobre a competência da Corte para emitir o presente Parecer Consultivo, bem como sobre a admissibilidade e a procedência das perguntas formuladas. 10 Levando em conta essas observações, o Tribunal considera pertinente tecer algumas considerações gerais sobre a competência, a admissibilidade e a procedência de responder às perguntas formuladas pela Argentina, de modo que procederá na seguinte ordem: a) o requisito formal de especificar as disposições que devem ser interpretadas; b) a competência sobre os instrumentos regionais envolvidos e outras fontes de direito internacional; c) a procedência do pedido de parecer consultivo; e d) o requisito formal de formular as perguntas com precisão e a prerrogativa da Corte de reformular as perguntas propostas.

A. O requisito formal de especificar as disposições que devem ser interpretadas

Cf. "Outros tratados" sujeitos à função consultiva da Corte (art. 64 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Parecer Consultivo OC-1/82 de 24 de setembro de 1982. Série A No 1, primeiro ponto decisivo e A figura da reeleição presidencial indefinida nos sistemas presidenciais no contexto do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (Interpretação e alcance dos artigos 1, 23, 24 e 32 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, XX da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 3.d da Carta da Organização dos Estados Americanos e da Carta Democrática Interamericana). Parecer Consultivo OC-28/21 de 7 de junho de 2021. Série A No 28, par. 16. Cf. observações escritas do Grupo de Estudos de Direito Constitucional e Direito Internacional dos Direitos Humanos "POLIS-Estudantil" da Universidade de Los Andes do Chile, de 7 de novembro de 2023 (autos principais, fls. 5387 a 5392), e observações escritas da Clínica Jurídica de Interesse Público e Direitos Humanos da Universidade de La Sabana da Colômbia, de 7 de novembro de 2023 (autos principais, fls. 5439 a 5448).

19. A Corte nota que a Argentina solicitou a interpretação dos artigos 1.1, 2, 4, 17, 19, 24, 26 e 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; dos artigos 34 e 45 da Carta da Organização dos Estados Americanos; dos artigos I, II, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XXX e XXXV da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; dos artigos 7, 8 e 9 da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (doravante denominada "Convenção de Belém do Pará"); dos artigos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais "Protocolo de San Salvador"; dos artigos 6, 9, 12 e 19 da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos; e do artigo III da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.

20. Da mesma forma, a Corte constata que as cinco perguntas específicas apresentadas pelo Estado se referem à interpretação de algum dos artigos referidos no parágrafo anterior. Por essa razão, a Corte considera que o Estado requerente cumpriu com seu dever de especificar as disposições da Convenção Americana e de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos dos Estados americanos que requerem interpretação de acordo com a consulta apresentada.

B. A competência sobre os instrumentos regionais envolvidos e outras fontes de direito internacional

21. Em relação à sua competência ratione materiae, o Tribunal reitera que o Estado solicitou a interpretação de alguns artigos da Convenção Americana, da Carta da OEA, da Declaração Americana, da Convenção de Belém do Pará, do Protocolo de San Salvador, da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.

22. No que se refere à Convenção Americana, a Corte já estabeleceu que a função consultiva lhe permite interpretar qualquer norma do referido tratado, sem que nenhuma parte ou aspecto desse instrumento seja excluído do âmbito de interpretação. Nesse sentido, é evidente que a Corte, como "intérprete último da Convenção Americana", tem competência para emitir, com plena autoridade, interpretações de todas as disposições da Convenção, inclusive as de caráter processual. 11

23. De igual modo, a Corte considera que o artigo 64.1 da Convenção, ao referir-se à prerrogativa da Corte para emitir um parecer sobre “outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados Americanos”, é amplo e não restritivo. Assim, a competência consultiva da Corte pode ser exercida, em geral, sobre qualquer disposição, relativa à proteção dos direitos humanos, de qualquer tratado internacional aplicável nos Estados Americanos, independentemente de ser bilateral ou multilateral, de qual seja seu objeto principal ou de que Estados fora do Sistema Interamericano sejam ou possam ser

Cf. artigo 55 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Parecer Consultivo OC-20/09 de 29 de setembro de 2009. Série A No 20, par. 18, e A denúncia da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da Carta da Organização dos Estados Americanos e seus efeitos sobre as obrigações estatais em matéria de direitos humanos (Interpretação e alcance dos artigos 1, 2, 27, 29, 30, 31, 32, 33 a 65 e 78 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e dos artigos 3.l), 17, 45, 53, 106 e 143 da Carta da Organização dos Estados Americanos). Parecer Consultivo OC-26/20 de 9 de novembro de 2020. Série A No 26, par. 25.

partes dele. 12 Dessa forma, o Tribunal tem competência para emitir interpretações sobre o Protocolo de San Salvador, a Convenção de Belém do Pará, a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.

24. Por outro lado, como já se afirmou em outros precedentes, a Carta da OEA é um tratado a respeito do qual a Corte pode exercer sua competência consultiva em virtude do artigo 64.1 da Convenção. 13 Ademais, o artigo 64.1 da Convenção Americana autoriza a Corte a emitir pareceres consultivos sobre a interpretação da Declaração Americana, no âmbito e dentro dos limites de sua competência em relação à Carta da OEA e à Convenção ou a outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. 14 Nesse sentido, no presente parecer, a Corte recorrerá à Declaração Americana, ao interpretar as obrigações emanadas da Carta da OEA, ao abordar as perguntas propostas pelo Estado requerente.

25. Em conclusão, a Corte está habilitada a se pronunciar, em sua esfera consultiva, sobre as disposições da Convenção Americana, da Carta da OEA, da Declaração Americana, da Convenção de Belém do Pará, do Protocolo de San Salvador, da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, nos termos indicados e na medida em que digam respeito à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos, razão pela qual se inserem no âmbito de competência da Corte.

C. A procedência do pedido de parecer consultivo

26. A Corte desenvolveu critérios jurisprudenciais a respeito da procedência e da pertinência de se processar ou não um pedido de parecer consultivo, a saber, que este: a) não deve encobrir um caso contencioso 15 ou pretender obter um pronunciamento prematuro sobre um tema ou assunto que poderia eventualmente ser submetido à Corte por meio de um caso contencioso 16; b) não deve ser utilizado como um mecanismo para obter um pronunciamento indireto sobre um assunto em litígio ou em controvérsia no âmbito

Cf. Parecer Consultivo OC-1/82, supra, primeiro ponto decisório, e O instituto do asilo e seu reconhecimento como direito humano no Sistema Interamericano de Proteção (interpretação e alcance dos artigos 5, 22.7 e 22.8, em relação ao artigo 1.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Parecer Consultivo OC-25/18, de 30 de maio de 2018. Série A No 25, par. 30. Cf. Interpretação da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem no âmbito do artigo 64 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Parecer Consultivo OC-10/89, de 14 de julho de 1989. Série A No 10, par. 44, e Parecer Consultivo OC-26/20, supra, par. 26. Cf. Parecer Consultivo OC-10/89, supra, primeiro e único ponto decisório, e Parecer Consultivo OC- 26/20, supra, par. 26. Cf. Compatibilidade de um projeto de lei com o artigo 8.2.h da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Parecer Consultivo OC-12/91, de 6 de dezembro de 1991. Série A No 12, par. 28, e Emergência Climática e Direitos Humanos (Interpretação e alcance dos artigos 1.1, 2, 4.1, 5.1, 8, 11.2, 13, 17.1, 19, 21, 22, 23, 25 e 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais “Protocolo de San Salvador”; e I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XX, XXIII e XXVII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem). Parecer Consultivo OC-32/25, de 29 de maio de 2025. Série A No 32, par. 20. Cf. O Direito à Informação sobre a Assistência Consular no Âmbito das Garantias do Devido Processo Legal. Parecer Consultivo OC-16/99, de 1º de outubro de 1999. Série A n° 16, par. 45, e Parecer Consultivo OC-32/35, supra, par. 20.

interno 17; c) não deve ser utilizado como um instrumento de um debate político interno 18; d) não deve abranger exclusivamente questões sobre as quais a Corte já se pronunciou em sua jurisprudência 19; e e) não deve procurar resolver questões de fato, mas sim desvendar o sentido, o propósito e a razão das normas internacionais de direitos humanos e, acima de tudo, ajudar os Estados membros e os órgãos da OEA a cumprir plena e efetivamente suas obrigações internacionais. 20 No entanto, os critérios desenvolvidos não constituem uma lista exaustiva, de modo que cabe à Corte avaliar, em cada pedido concreto, a pertinência de exercer a sua função consultiva.

27. Como mencionado anteriormente, algumas observações levantaram questionamentos quanto à improcedência do presente pedido de parecer consultivo (par. 18 supra). Em particular, assinalaram que a) existem casos em andamento nos quais o direito ao cuidado pode ser considerado como objeto substancial da controvérsia jurídica perante a Comissão e a Corte; b) pode haver processos em andamento sobre o tema no âmbito interno dos Estados, o que poderia afetar sua autodeterminação; c) os critérios desenvolvidos como resultado do pedido de parecer consultivo poderiam ser utilizados para futuros litígios por parte do Estado; d) o pedido do Estado tem como objetivo alcançar uma “atuação meramente política”, pois as perguntas foram formuladas com o intuito de estabelecer um parecer sobre políticas públicas; e e) a Corte já se referiu ao tema do cuidado, razão pela qual o pedido busca referir-se a um tema já abordado por este Tribunal.

28. Em relação ao exposto, a Corte recorda que o simples fato de que existissem casos contenciosos relacionados com o tema da consulta, ou petições perante a Comissão Interamericana, ou no âmbito interno do Estado, não é suficiente para que a Corte se abstenha de responder às perguntas submetidas à consulta. 21 O propósito central da função consultiva é obter uma interpretação judicial sobre um ou vários dispositivos da Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. 22 Do mesmo modo, a Corte assinalou que a competência consultiva não deve,

Cf. Indeferimento do Pedido de Parecer consultivo apresentado pela Costa Rica. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 10 de maio de 2005, Considerando 13, e Parecer Consultivo OC- 32/35, supra, par. 20. Cf. Proposta de Modificação da Constituição Política da Costa Rica Relacionada com a Naturalização. Parecer Consultivo OC-4/84, de 19 de janeiro de 1984. Série A n° 4, par. 30, e Parecer Consultivo OC-32/35, supra, par. 20. Cf. Indeferimento do Pedido de Parecer Consultivo apresentado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 24 de junho de 2005, Considerando 7 e 13, e Parecer Consultivo OC-32/35, supra, par. 20. Cf. Parecer Consultivo OC-16/99, supra, par. 47, e Parecer Consultivo OC-32/35, supra, par. 20. Cf. Parecer Consultivo OC-16/99, supra, pars. 45-65; Situação e Direitos dos Migrantes Indocumentados. Parecer Consultivo OC-18/03, de 17 de setembro de 2003. Série A Nº 18, pars. 62 a 66; Meio Ambiente e Direitos Humanos (Obrigações do Estado em relação ao meio ambiente no âmbito da proteção e garantia dos direitos à vida e à integridade pessoal - interpretação e alcance dos artigos 4.1 e 5.1, em relação aos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Parecer Consultivo OC-23/17, de 15 de novembro de 2017. Série A nº 23, par. 26; Identidade de gênero, igualdade e não discriminação de casais do mesmo sexo. Obrigações do Estado em relação à mudança de nome, identidade de gênero e direitos decorrentes de uma relação entre pessoas do mesmo sexo (interpretação e alcance dos artigos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 e 24, em relação ao artigo 1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Parecer Consultivo OC-24/17. Série A No 24, par. 24, e Parecer Consultivo OC-32/35, supra, par. 20. Cf. Restrições à Pena de Morte (arts. 4.2 e 4.4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Parecer Consultivo OC-3/83, de 8 de setembro de 1983. Série A No 3, par. 22, e Titularidade dos Direitos das Pessoas Jurídicas no Sistema Interamericano de Direitos Humanos (Interpretação e alcance do artigo 1.2, em relação aos artigos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46 e 62.3 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como o artigo 8.1 A e B do Protocolo de San Salvador). Parecer Consultivo OC-22/16, de 26 de fevereiro de 2016. Série A No 22, par. 26.

em princípio, ser exercida mediante especulações abstratas, sem uma aplicação previsível a situações concretas que justifiquem o interesse na emissão de um parecer consultivo.

29. Dessa forma, a Corte entendeu que, embora não deva perder de vista o fato de que sua função consultiva implica essencialmente o exercício de uma prerrogativa interpretativa, as consultas devem revestir-se de um alcance prático e ter uma aplicação previsível. Ao mesmo tempo, elas não devem estar circunscritas a uma hipótese fática extremamente precisa que dificulte sua dissociação de um pronunciamento sobre um caso específico, o que seria prejudicial ao interesse geral que uma consulta poderia despertar. 23 Em última instância, isso requer um exercício delicado de apreciação judicial para discernir o objeto substancial do pedido que possa alcançar pretensões de validade generalizada e transcender a todos os Estados americanos, para além dos motivos que possam tê-la originado ou da referência a fatos particulares. 24

30. Na situação concreta, observa-se que a Corte não se pronunciou expressamente sobre a matéria sob análise em sua jurisprudência contenciosa ou consultiva e, pelo contrário, a consulta suscitada pela Argentina se refere a uma questão a respeito do alcance dos direitos humanos protegidos pela Convenção Americana. Dessa forma, as objeções à admissibilidade que foram levantadas são abstratas e especulativas. Consequentemente, a Corte considera que cabe dar prosseguimento à consideração do objeto substantivo subjacente ao presente pedido, a fim de atender ao interesse geral de que a Corte se pronuncie sobre um assunto de importância jurídica em âmbito regional.

D. O requisito de formular as perguntas com precisão e a prerrogativa da Corte de reformular as perguntas propostas

31. No exercício de sua função consultiva, a Corte é chamada a desvendar o sentido, o propósito e a razão das normas internacionais de direitos humanos. 25 Assim, no exercício de suas prerrogativas inerentes à competência outorgada pelo artigo 64 da Convenção, pode ter que precisar ou esclarecer e, em certos casos, reformular as perguntas que lhe são propostas, a fim de determinar claramente o objeto substantivo de seu trabalho interpretativo. 26

32. A Corte considera que responder adequadamente à primeira pergunta do Estado requer uma interpretação de distintos artigos da Convenção Americana e, portanto, reformulará a pergunta inicial para abranger outros direitos além dos que possam estar contidos no artigo 26 e que tenham relação com os cuidados. Do mesmo modo, a Corte considera que não é pertinente pronunciar-se sobre a forma específica em que os Estados devem destinar o gasto público para o efetivo cumprimento do direito ao cuidado - no caso de que este se constitua como um direito autônomo protegido pela Convenção Americana – razão pela qual reformulará a pergunta para focar sua análise no conteúdo mínimo desse direito. Adicionalmente, a Corte considera pertinente abordar conjuntamente os conteúdos dos blocos a) e c) de perguntas, uma vez que a Corte interpretará a relação entre a proteção de diferentes direitos reconhecidos na Convenção, entre eles o artigo 4, e os cuidados.

Cf. Parecer Consultivo OC-16/99, supra, pars. 38 a 41. Cf. Parecer Consultivo OC-25/18, supra, par. 52. Cf. Responsabilidade internacional pela emissão e aplicação de leis violatórias da Convenção (arts. 1 e 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Parecer Consultivo OC-14/94, de 9 de dezembro de 1994. Série A No 14, par. 23, e Parecer Consultivo OC-32/35, supra, par. 24. Cf. Parecer Consultivo OC-14/94, supra, par. 23, e Parecer Consultivo OC-32/35, supra, par. 24.

33. No que diz respeito ao bloco b) de perguntas, a Corte considera pertinente reordenar seu conteúdo para fins de precisão na análise. Em primeiro lugar, o Tribunal se pronunciará de maneira geral sobre as possíveis obrigações dos Estados em matéria de cuidados à luz do direito à igualdade e da proibição de discriminação, levando em consideração a possível proteção especial de grupos em situação de vulnerabilidade - e com especial ênfase na desigualdade de gênero em matéria de cuidados. Ao se pronunciar sobre esses assuntos, é possível fazer referência às obrigações que se desprendem dos artigos 2 e 17 da Convenção Americana e 8.b da Convenção de Belém do Pará. Posteriormente, por estarem relacionadas, e em atenção às particularidades dos grupos em situação de vulnerabilidade, abordar-se-ão as consultas sobre as eventuais obrigações dos Estados em termos de igualdade e não discriminação no cuidado, à luz do Protocolo de San Salvador, da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.

34. A respeito do bloco d) de perguntas sobre a relação entre o cuidado e os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, no que diz respeito ao direito ao trabalho, a Corte considera necessário abordar conjuntamente a temática do trabalho remunerado e não remunerado e incluir uma análise dos dispositivos sobre igualdade e não discriminação (artigos 1.1 e 24 da Convenção Americana, 3 do Protocolo de San Salvador e 8 b) da Convenção de Belém do Pará), que são transversais ao estudo do cuidado. Em relação ao direito à seguridade social, este Tribunal considera pertinente realizar uma análise ampla de sua relação com os cuidados, não se limitando exclusivamente à situação das pessoas que realizam trabalhos de cuidado não remunerados. Por fim, a Corte não considera necessário realizar uma análise separada da última questão levantada pelo Estado a respeito da infraestrutura de cuidados e da mudança climática. Isso se deve ao fato de que a primeira temática será analisada ao se estudar o alcance e o conteúdo das obrigações relacionadas ao direito à educação e à saúde, e a segunda excede o escopo de análise do presente Parecer Consultivo.

35. Por isso, para um exercício mais eficaz de sua função consultiva, e tendo em conta que esta consiste essencialmente em interpretar e aplicar a Convenção Americana ou outros tratados sobre os quais tenha competência, a Corte considera pertinente reformular as perguntas propostas pelo Estado em três questões gerais e abrangentes, a partir das disposições legais relevantes. De acordo com essa divisão, no primeiro tema (i) será dada resposta aos blocos de perguntas a) e c), no segundo (ii) será respondido o bloco de perguntas b) e, por último, no terceiro, responder-se-á ao bloco de perguntas d), conforme indicado a seguir:

i. O cuidado é um direito humano autônomo consagrado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos? Em caso afirmativo, como a Corte entende o direito das pessoas a cuidar, a serem cuidadas e ao autocuidado? Quais são as obrigações que possuem os Estados em relação a esse direito humano a partir de uma perspectiva de gênero, interseccional e intercultural e qual é o seu alcance? Quais são os conteúdos mínimos essenciais do direito que o Estado deve garantir? Que políticas públicas devem ser implementadas pelos Estados em matéria de cuidados para assegurar o efetivo gozo desse direito e que papel desempenham especificamente os sistemas integrais de cuidado? Quais são as obrigações do Estado em matéria de cuidados em relação ao direito à vida, à luz do artigo 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do artigo 6 da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos? Quais são as medidas que os Estados devem tomar à luz do artigo 4.1 da Convenção Americana para garantir condições de vida digna?

ii. Quais são as obrigações dos Estados em matéria de cuidados (dar cuidados, receber cuidados e autocuidado) à luz do direito à igualdade perante a lei e do princípio da não discriminação consagrados nos artigos 24 e 1.1 da Convenção Americana? Em particular, (a) quais são as obrigações dos Estado com relação à distribuição desigual das responsabilidades de cuidados com base em estereótipos de gênero e (b) quais são as obrigações em matéria de igualdade e proibição de discriminação à luz dos artigos 2 e 17 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e 8.b da Convenção de Belém do Pará? Que obrigações tem os Estados em matéria de cuidados à luz do Protocolo de San Salvador, da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência?

iii. Os cuidados não remunerados são um trabalho à luz dos artigos 1.1, 24 e 26 da Convenção Americana, dos artigos 3, 6 e 7 do Protocolo de San Salvador e do artigo 8 b) da Convenção de Belém do Pará? Quais são os direitos, à luz dessa legislação, que possuem as pessoas que realizam trabalhos de cuidado remunerado e não remunerado, e quais são as obrigações do Estado em relação a elas no que diz respeito ao direito ao trabalho? Qual é a relação entre o direito ao cuidado e o direito à seguridade social à luz do artigo 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do artigo 9 do Protocolo de San Salvador? Que medidas devem ser tomadas pelos Estados, à luz do artigo 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e dos artigos 6, 7 e 15 do Protocolo de San Salvador, para garantir o direito ao trabalho daquelas pessoas que devem prover cuidados não remunerados, incluindo no que se refere às licençasmaternidade e paternidade e à infraestrutura de cuidados? Quais são as obrigações dos Estados em matéria de direito à saúde em relação às pessoas que cuidam, às que recebem cuidados e ao autocuidado, incluindo, mas não se limitando à infraestrutura de cuidados, à luz do artigo 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, dos artigos 10, 16, 17 e 18 do Protocolo de San Salvador, dos artigos 12 e 19 da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e do artigo III da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência? Quais são as obrigações dos Estados em matéria de direito à educação em relação aos cuidados, incluindo, mas não se limitando à infraestrutura de cuidados, à luz dos artigos 19 e 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, dos artigos 13 e 16 do Protocolo de San Salvador e do artigo III da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência?

36. De igual forma, a Corte recorda que a função consultiva constitui "um serviço que a Corte está em condições de prestar a todos os membros do Sistema Interamericano, com o propósito de contribuir para o cumprimento de seus compromissos internacionais" em matéria de direitos humanos. 27 Ademais, reitera, como já o fez em outras ocasiões 28, que o trabalho interpretativo que deve realizar no exercício de sua função consultiva busca não apenas desvendar o sentido, o propósito e a razão de ser das normas internacionais de direitos humanos, mas, sobretudo, auxiliar os Estados membros e os órgãos da OEA a cumprir plena e efetivamente suas obrigações internacionais na matéria e a definir e desenvolver políticas públicas de direitos humanos. Trata-se, com efeito, de interpretações que contribuem para o fortalecimento do sistema de proteção dos direitos humanos.

Cf. Parecer Consultivo OC-1/82, supra, par. 39, e Parecer Consultivo OC-25/18, supra, par. 54. Cf. Parecer Consultivo OC-1/82, supra, par. 25, e Parecer Consultivo OC-24/17, supra, par. 22.

37. A Corte considera necessário, ademais, recordar que, confirme o direito internacional, quando um Estado é parte de um tratado internacional, como a Convenção Americana, tal tratado obriga todos os seus órgãos, incluindo os poderes judiciário e legislativo, de modo que a violação por qualquer um desses órgãos gera responsabilidade internacional para o Estado. Por essa razão, considera que os diversos órgãos do Estado devem realizar o correspondente controle de convencionalidade, também com base no que indica no exercício de sua competência não contenciosa ou consultiva, que inegavelmente compartilha com sua competência contenciosa, o propósito do Sistema Interamericano de direitos humanos, qual seja, "a proteção dos direitos fundamentais dos seres humanos.” 29

38. Em consideração ao exposto acima, a Corte passa, a seguir, a responder às questões mencionadas anteriormente, em cumprimento à missão que lhe foi confiada no âmbito do Sistema Interamericano.

IV INTRODUÇÃO

39. Para emitir seu parecer sobre a interpretação das disposições legais submetidas à consulta, a Corte recorrerá aos artigos 31 e 32 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que refletem a regra geral de interpretação dos tratados internacionais de natureza consuetudinária. 30 Isso implica a aplicação simultânea da boa-fé, do significado comum dos termos usados no tratado, de seu contexto e do objeto e propósito do tratado. Da mesma forma, por se tratar de um tratado de direitos humanos, a Corte deve recorrer às diretrizes interpretativas próprias do sistema. É nesse sentido que a Convenção Americana prevê expressamente determinadas diretrizes de interpretação em seu artigo 29, entre as quais se encontra o princípio pro persona.

40. A Corte considera que o principal problema jurídico que lhe foi apresentado requer pronunciar-se sobre a existência de um direito ao cuidado e, em caso afirmativo, estabelecer seu conteúdo e alcance, e sua relação com os direitos à igualdade perante a lei, a proibição de discriminação e os direitos ao trabalho, à previdência social, à saúde e à educação, entre outros. Para responder a essa questão, e dada a centralidade que possui a Convenção Americana no regime de proteção do Sistema Interamericano, o Tribunal considera pertinente realizar a análise com base nos artigos 1.1, 2, 4, 5, 17, 19, 24 e 26 da Convenção Americana, em sua relação com os artigos 34 e 45 da Carta da OEA, os artigos I, II, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XXX e XXXV da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, os artigos 7, 8 e 9 da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, os artigos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; os artigos 6, 9, 12 e 19 da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos; e o artigo III da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.

Direitos e garantias das crianças no contexto da migração e/ou com necessidade de proteção internacional. Parecer Consultivo OC-21/14, de 19 de agosto de 2014. Série A No 21, par. 31, e Parecer Consultivo OC-25/18, supra, par. 58. Cf. Parecer Consultivo OC-21/14, supra, par. 52, e Parecer Consultivo OC-26/20, supra, par. 41. Ademais, ver, inter alia, Corte Internacional de Justiça (CIJ), Caso relativo à Soberania sobre Pulau Ligitan e Pulau Sipadan (Indonésia Vs. Malásia). Sentença de 17 de dezembro de 2002, par. 37, e CIJ, Avena and Other Mexican Nationals (Mexico Vs. United States of America). Sentença de 31 de março de 2004, parágrafo 83. Os seguintes Estados Membros da OEA são parte desse tratado: Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, São Vicente e Granadinas, Suriname e Uruguai.

41. A Corte utilizará as fontes, os princípios e os critérios do corpus iuris internacional como normas aplicáveis na determinação da existência e, se for o caso, do conteúdo e do alcance do direito ao cuidado. Este Tribunal assinala que a utilização das normas mencionadas para a determinação dos direitos em questão será realizada de forma complementar às normas convencionais, que é o ponto de partida da análise. Nesse sentido, a Corte afirma que não está assumindo competência sobre tratados a respeito dos quais não a tem, nem está atribuindo hierarquia convencional a normas contidas em outros instrumentos nacionais ou internacionais relacionados com os direitos humanos. 31 Pelo contrário, a Corte realizará uma interpretação de acordo com as diretrizes previstas pelo artigo 29 e conforme sua prática jurisprudencial, que permita atualizar o sentido dos direitos protegidos pela Convenção.

42. No mesmo sentido, a Corte reitera que os tratados de direitos humanos são instrumentos vivos, cuja interpretação deve acompanhar a evolução dos tempos e as condições de vida atuais. 32 Tal interpretação evolutiva é consistente com as regras gerais de interpretação estabelecidas no artigo 29 da Convenção Americana, bem como com a Convenção de Viena. 33 Ademais, o inciso terceiro do artigo 31 da Convenção de Viena autoriza a utilização de meios interpretativos tais como os acordos ou a prática ou regras relevantes do direito internacional que os Estados tenham manifestado sobre a matéria do tratado, os quais são alguns dos métodos relacionados a um enfoque evolutivo do Tratado.

43. Sem prejuízo do acima exposto, a Corte observa que os dispositivos da Convenção Americana, do Protocolo de San Salvador, da Convenção de Belém do Pará, da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência que são objeto da consulta estão estreitamente relacionadas com outras disposições incluídas nos instrumentos fundantes da OEA, como a Carta constitutiva desta organização. Igualmente, observa que os direitos cujo alcance será determinado no presente Parecer Consultivo também foram consagrados na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Nesse sentido, o trabalho interpretativo que será realizado pela Corte com relação aos tratados de direitos humanos do Sistema Interamericano também irradia o conteúdo das disposições relevantes da Carta da OEA. Dessa forma, a Corte contribui, por meio de sua jurisdição consultiva, para o reconhecimento dos direitos fundamentais da pessoa humana pelos Estados membros da OEA 34 e responde à sua intenção de "fortalecer o Sistema Interamericano de promoção e proteção dos direitos humanos.” 35

44. A esse respeito, a Corte recorda que, "[p]ara os Estados Membros da Organização, a Declaração [Americana] é o texto que determina quais são os direitos humanos a que se refere a Carta" 36 e que, por esse motivo, a Declaração constitui "uma fonte de obrigações

Mutatis mutandis, Caso da Família Pacheco Tineo Vs. Bolívia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de novembro de 2013. Série C No 272, par. 143, e Caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 15 de julho de 2020. Série C No 407, par. 157. Cf. Parecer Consultivo OC-16/99, supra, par. 114, e Parecer Consultivo OC-25/18, supra, par. 41. Cf. Parecer Consultivo OC-16/99, supra, par. 114, e Caso Hernández Vs. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de novembro de 2019. Série C No 395, par. 158. Cf. Carta da OEA, 1948, artigo 3.l. Cf. Carta Democrática Interamericana, 2001, artigo 8. Cf. Parecer Consultivo OC-10/89, supra, par. 45.

internacionais.” 37 Portanto, ademais, o alcance de tais obrigações não pode ser limitado ao interpretar a Convenção Americana ou outros instrumentos de natureza semelhante. 38 Consequentemente, a interpretação da Convenção Americana, do Protocolo de San Salvador, da Convenção de Belém do Pará, da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência que será realizada por este Tribunal no presente Parecer Consultivo influencia, por sua vez, o conteúdo mínimo que pode ser atribuído às obrigações previstas na Declaração Americana e na Carta da OEA.

45. Em suma, ao responder à presente consulta, a Corte atua em sua qualidade de tribunal de direitos humanos, guiada pelas normas que regem sua competência consultiva, e procede a uma análise estritamente jurídica das questões que lhe são submetidas, de acordo com o direito internacional dos direitos humanos, levando em conta as fontes relevantes do direito internacional. A esse respeito, deve-se especificar que o corpus iuris do direito internacional dos direitos humanos é composto por uma série de normas expressamente estabelecidas em tratados internacionais ou contidas no direito internacional consuetudinário, como prova de uma prática geralmente aceita como lei, bem como por princípios gerais de direito e um conjunto de normas de caráter geral ou de soft law, que servem de guia para a interpretação das primeiras, pois proporcionam maior precisão ao conteúdo mínimo estabelecido convencionalmente. 39 Da mesma forma, a Corte se baseará em sua própria jurisprudência, uma vez que, conforme previsto, ela é a "intérprete última da Convenção Americana.”

46. A seguir, e levando em consideração o acima exposto, e particularmente as perguntas propostas pela Argentina, este Tribunal se pronunciará sobre os seguintes temas: (i) os cuidados no direito internacional dos direitos humanos e no direito constitucional regional; (ii) o direito ao cuidado à luz do direito à igualdade e da proibição de discriminação, e (iii) o direito ao cuidado e os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.

V O CUIDADO NO DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E NO DIREITO CONSTITUCIONAL REGIONAL

47. A Corte considera pertinente apontar, como ponto de partida, que os seres humanos dependem, em diferentes momentos de seu ciclo de vida, de receber ou oferecer cuidados. Essa dependência recíproca do cuidado é uma expressão direta do respeito à dignidade humana. O cuidado, nesse sentido, configura-se como o conjunto de ações necessárias para preservar o bem-estar humano, incluindo a assistência àqueles que se encontram em uma situação de dependência ou necessitam de apoio, temporária ou permanentemente.

48. Assim entendido, o cuidado constitui também uma necessidade básica, inadiável e universal, da qual dependem tanto a existência da vida humana quanto o funcionamento da vida em sociedade, na medida em que assegura condições mínimas de atenção para uma existência digna, especialmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade, dependência ou limitação.

Cf. Parecer Consultivo OC-10/89, supra, par. 45. Cf. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 1969, artigo 29d. Cf. Parecer Consultivo OC-24/17, supra, par. 60.

49. Definitivamente, todas as pessoas necessitam de ações individuais para garantir seu bem-estar e, em diversas etapas de suas vidas, dependem do apoio de outras pessoas para subsistir, viver com dignidade e desenvolver seu projeto de vida de forma autônoma. Por isso, o cuidado cumpre uma função individual e social fundamental: ao buscar o bem-estar diante dos limites impostos pela existência, pela idade, pelas doenças ou pelas condições físicas ou mentais, ele constitui uma condição necessária para a realização das atividades humanas e, portanto, para o exercício efetivo dos direitos humanos.

50. Levando em conta o exposto, a Corte procederá a responder ao primeiro grupo de perguntas formuladas pelo Estado argentino, nos termos reformulados por este Tribunal (par. 3 supra). Para tanto, explorará o tratamento jurídico do cuidado em distintos instrumentos do direito internacional dos direitos humanos de alcance universal e regional, e do direito constitucional, para posteriormente abordar se possui um reconhecimento como direito autônomo nos instrumentos do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos.

51. A análise mencionada previamente permitirá identificar tanto a proteção que foi reconhecida - implícita e explicitamente - para as pessoas que necessitam de cuidado, quanto as normas referentes àqueles que o oferecem, seja de forma remunerada ou não. A partir desse percurso pelo direito internacional dos direitos humanos e pelo direito constitucional comparado, a Corte se pronunciará sobre se o cuidado constitui um direito autônomo protegido pela Convenção Americana, sobre seu conteúdo e alcance, e sobre as obrigações dele decorrentes para os Estados.

A. O cuidado no direito internacional dos direitos humanos

A.1 A respeito dos instrumentos de alcance universal

52. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contém disposições que refletem uma compreensão inicial do cuidado como um componente necessário para a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais. Nesse sentido, seu primeiro artigo afirma que "[t]odos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade." O artigo 22 estabelece que todas as pessoas têm direito à seguridade social e à satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. O artigo 25, por sua vez, prevê que as pessoas e suas famílias têm direito a um padrão de vida adequado que lhes assegure saúde e bem-estar, e em especial o direito a um seguro em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou em outros casos de perda de seus meios de subsistência. Esse mesmo artigo estabelece que "[a] maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais.” 40

53. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) contém disposições que, embora estejam focadas nos direitos civis e políticos, também reconhecem aspectos vinculados ao cuidado na esfera familiar e comunitária. Seu preâmbulo afirma que "o indivíduo, por ter deveres para com seus semelhantes e para com a coletividade a que pertence, tem a obrigação de lutar pela promoção e observância dos direitos reconhecidos no [...] Pacto .” Da mesma forma, o Pacto reconhece o direito de crianças e adolescentes (doravante também denominadas “CA") a medidas especiais de proteção por parte da família, da sociedade e do Estado. Igualmente, estabelece a obrigação dos Estados de tomar "as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e de responsabilidades de

Cf. Declaração Universal dos Direitos Humanos ("DUDH"), 1948, artigos 16, 22 e 25.

ambos os cônjuges quanto ao casamento, durante o casamento e em caso de sua dissolução.” 41

54. O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) contém diversos dispositivos que permitem vincular o cuidado aos direitos à saúde, ao trabalho e à seguridade social. O artigo 12 reconhece o direito de todas as pessoas ao mais alto padrão de saúde física e mental, para o qual o Estado deve adotar medidas para assegurar a plena realização do direito à saúde. Essas medidas devem proteger as crianças e os adolescentes contra doenças e garantir seu desenvolvimento saudável; melhorar os aspectos de higiene no trabalho e o meio ambiente; prevenir e oferecer tratamento a doenças; e criar condições para garantir assistência e serviços médicos em caso de doença. 42 Ademais, reconhece o direito de todas as pessoas "a ter a oportunidade de ganhar a vida por meio de um trabalho", ao gozo de condições de trabalho equitativas e satisfatórias 43 e à seguridade social. 44 O PIDESC também estabelece que deve ser concedido à família "a mais ampla proteção e assistência possíveis, especialmente para a sua constituição e enquanto for responsável pelo cuidado e a educação dos filhos a seu cargo", e se refere à proteção especial devida às mães antes e depois do parto e às crianças e adolescentes. 45

55. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) reconhece a importância do cuidado como um componente ligado à igualdade substantiva entre homens e mulheres. Seu artigo 5 contempla a obrigação dos Estados de tomar medidas apropriadas para " garantir que a educação familiar inclua uma compreensão adequada da maternidade como função social e o reconhecimento da responsabilidade comum de homens e mulheres no que diz respeito à educação e ao desenvolvimento de seus filhos [...].” Nesse mesmo sentido, o artigo 11 estabelece uma série de medidas para evitar a discriminação contra as mulheres com base no casamento ou na maternidade e para assegurar a efetividade de seu direito ao trabalho, incluindo a obrigação de "[e]stimular o fornecimento de serviços sociais de apoio necessários para permitir que os pais combinem as obrigações para com a família com as responsabilidades do trabalho e a participação na vida pública, especialmente mediante o fomento da criação e desenvolvimento de uma rede de serviços destinado ao cuidado das crianças.” De igual forma, prevê a obrigação de eliminar a discriminação contra a mulher em questões relacionadas ao casamento e às relações familiares, o que implica o reconhecimento dos mesmos direitos e responsabilidades dos pais em relação aos seus filhos. 46

56. A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) reconhece a centralidade do cuidado na proteção e no desenvolvimento integral da infância. Em seu preâmbulo, ela reconhece a importância da família como “grupo fundamental da sociedade e ambiente natural para o crescimento e o bem-estar de todos os seus membros”, especialmente das crianças e dos adolescentes, razão pela qual eles devem receber a proteção e a assistência necessárias para que possam assumir suas responsabilidades. Da mesma forma, o artigo 3 estabelece a obrigação dos Estados de garantir que as crianças e os adolescentes recebam a proteção e os cuidados necessários para seu bem-estar, assegurando que os serviços e

Cf. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos ("PIDCP"), 1966, Preâmbulo, artigos 24 e 23.4. Cf. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ("PIDESC"), 1966, artigo 12. Cf. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ("PIDESC"), 1966, artigos 6 e 7. Cf. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ("PIDESC"), 1966, artigo 8. Cf. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ("PIDESC"), 1966, artigo 10. Cf. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher ("CEDAW"), 1979, artigos 5, 11 e 16.

estabelecimentos encarregados de seu cuidado ou proteção cumpram padrões mínimos de segurança, sanidade, número e competência de seu pessoal, bem como supervisão adequada. Por sua vez, o artigo 18 consagra o dever dos Estados de reconhecer a corresponsabilidade parental na criação e no desenvolvimento de crianças e adolescentes. O artigo 24 estabelece o direito das crianças e dos adolescentes de desfrutar do mais alto padrão de saúde possível e de serviços para o tratamento de doenças e a reabilitação da saúde. Na mesma linha, o artigo 27 estabelece a responsabilidade primordial dos pais de "proporcionar, dentro de suas possibilidades e recursos financeiros, as condições de vida necessárias ao desenvolvimento da criança.” 47

57. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CIDPD) incorpora o cuidado como um componente essencial para garantir o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência. Nesse sentido, ela estabelece a obrigação dos Estados de assegurar serviços de saúde adequados, incluindo a reabilitação. Em particular, a CIDPD prevê que os Estados devem oferecer programas gratuitos de saúde e assistência, serviços específicos para pessoas com deficiência e atenção por profissionais de saúde com a mesma qualidade que para as demais pessoas. Da mesma forma, prevê que os Estados devem organizar e implementar serviços e programas para a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, particularmente nas áreas de saúde, emprego, educação e serviços sociais. O artigo 28 reconhece o direito das pessoas com deficiência a um padrão de vida adequado para si e para suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como a melhoria contínua de suas condições de vida. Ademais, reconhece o direito das famílias a receber proteção por parte do Estado para que possam "contribuir para que as pessoas com deficiência desfrutem de seus direitos plenamente e em igualdade de condições" 48.

58. No âmbito dos direitos trabalhistas, a Corte destaca a Convenção nº 156 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os trabalhadores com responsabilidades familiares. Essa Convenção estabelece parâmetros internacionais para proteger os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que tenham responsabilidades por filhos dependentes ou por outros membros de sua família imediata que, claramente, precisem de seus cuidados ou sustento, e quando tais responsabilidades limitem suas possibilidades de ingressar, participar e progredir na atividade econômica. Em particular, o artigo 5 estabelece a obrigação dos Estados de adotar todas as medidas para garantir que as necessidades dos trabalhadores com responsabilidades familiares sejam levadas em consideração no planejamento das comunidades locais e regionais, e de desenvolver serviços públicos ou privados, tais como os serviços e meios de assistência à infância e à família. 49

59. Em sentido similar, a Convenção nº 183 da OIT sobre Proteção à Maternidade estabelece o direito de acesso à licença-maternidade remunerada de duração mínima de 14 semanas, devendo ser proporcionados benefícios pecuniários que não sejam inferiores a dois terços dos ganhos anteriores da mulher ou dos ganhos considerados para o cálculo dos benefícios. Igualmente, é proibido aos empregadores demitir mulheres grávidas ou que estejam em gozo de licença-maternidade após o retorno ao trabalho, quando o motivo da demissão estiver relacionado à gravidez ou ao nascimento do filho e suas consequências.

Cf. Convenção sobre os Direitos da Criança ("CDC"), 1989, Preâmbulo e artigos 3, 18, 24 e 27. Cf. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ("CDPD"), 2006, Preâmbulo e artigo 28. Cf. Convenção 156 da OIT, Convenção sobre Trabalhadores com Responsabilidades Familiares, 1981, artigos 1 e 5.

Nesse mesmo sentido, o artigo 9 obriga os Estados a adotar medidas para garantir que a maternidade não constitua motivo de discriminação no emprego. 50

A.2 A respeito dos instrumentos regionais de proteção de direitos humanos

60. O Tribunal observa que os instrumentos internacionais dos âmbitos regionais também reconhecem a necessidade do cuidado. Em particular, a Carta Social Europeia (CSE) reconhece direitos e obrigações especificamente relacionados ao cuidado. O artigo 8 estabelece que os Estados devem garantir o descanso antes e depois do parto, bem como tornar ilegal para um empregador demitir uma mulher quando ela comunica sua gravidez e no fim da licença-maternidade e, adicionalmente, garantir que as mães tenham tempo livre suficiente para criar seus filhos. O artigo 15 reconhece o direito das pessoas com deficiência à autonomia, à integração social e à participação na vida da comunidade. O artigo 16 reconhece a família como a unidade fundamental da sociedade e, nesse sentido, os Estados devem “promover a proteção econômica, jurídica e social da família, designadamente por meio de prestações sociais e familiares [...].” O artigo 17 prevê a obrigação dos Estados de "[a]ssegurar às crianças e aos adolescentes, tendo em conta os direitos e os deveres dos pais, os cuidados, a assistência, a educação e a formação de que necessitem [...].” O artigo 23 também estabelece o direito das pessoas idosas de ter recursos suficientes que lhes permitam levar uma vida digna, escolher livremente seu estilo de vida e levar uma existência independente. Isso inclui a obrigação do Estado de garantir a existência de instituições de assistência apropriadas. Adicionalmente, o artigo 27 estabelece a obrigação do Estado de garantir a igualdade de oportunidades e de tratamento entre trabalhadores de ambos os sexos que tenham responsabilidades familiares, inclusive permitindo a eles "entrar e permanecer na vida ativa ou regressar a ela após uma ausência devida a essas responsabilidades [...].” 51

61. Por outro lado, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos também contém dispositivos que reconhecem a importância do cuidado na esfera familiar e social. Seu artigo 18 estabelece que "[a] família é o elemento natural e a base da sociedade. Ela deve ser protegida pelo Estado, que deve velar pela sua saúde física e moral.” O mesmo artigo estabelece que o Estado deve dar assistência à família, eliminar "toda a discriminação contra a mulher e [...] assegurar a proteção dos direitos da mulher e da criança", e que as pessoas idosas e as pessoas com deficiência devem ter o direito "a medidas especiais de proteção adequadas às suas necessidades físicas e morais.” O artigo 27 declara que "todo indivíduo tem deveres para com a sua família e a sociedade, para com o Estado e outras coletividades legalmente conhecidas, e com a comunidade internacional.” O artigo 29.1 estabelece que o indivíduo tem o dever de "[p]reservar o desenvolvimento harmonioso da família e atuar em favor da sua coesão e respeito.” 52

62. Quanto aos dispositivos normativos relevantes nos instrumentos regionais de direitos humanos vigentes na África, também cabe ressaltar as obrigações estabelecidas na Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança (1990). O artigo 11 sobre o direito à

Cf. Convenção 183 da OIT, Convenção sobre a Revisão da Convenção sobre a Proteção da Maternidade, 2000, artigos 4, 5, 6 e 9. Ver, ademais: Convenção 102 da OIT, Convenção sobre a Seguridade Social (Normas Mínimas), artigos 7 a 64. Carta Social Europeia, 1996, Parte I. Ademais, ver: artigos 8, 15, 16, 17, 23 e 27. Ademais, ver o Protocolo 7 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, 1984, artigo 5: "Os cônjuges gozam de igualdade de direitos e responsabilidades civis entre si e em suas relações com seus filhos no que diz respeito ao casamento, durante o casamento e em sua dissolução. Este artigo não impedirá que os Estados tomem as medidas necessárias para o benefício dos filhos.” Carta Africana sobre os Direitos e Deveres dos Homens e dos Povos, 1981, artigos 18, 27 e 29.

educação estabelece, entre outras coisas, a obrigação de preparar as crianças para uma vida responsável em uma sociedade livre, em um espírito de compreensão, tolerância, diálogo, respeito mútuo e amizade entre todos os grupos étnicos, tribais e religiosos. O artigo 14 estabelece, entre outras coisas, a obrigação de garantir o fornecimento de alimentos nutritivos adequados e de água potável; de combater doenças e desenvolver o atendimento preventivo de saúde; e de garantir que todos os setores da sociedade e, em especial, os pais, as crianças, os líderes e trabalhadores da comunidade, sejam informados e apoiados na aplicação dos princípios básicos de saúde e nutrição infantil, higiene e saneamento, prevenção de acidentes domésticos ou de outra natureza, bem como que recebam apoio na aplicação desses conhecimentos. O artigo 20 da Carta estabelece a responsabilidade dos pais ou das pessoas responsáveis por crianças e adolescentes em relação à sua educação e desenvolvimento, bem como o papel do Estado em termos de assistência material e programas de apoio em nutrição, saúde, educação, vestuário e moradia. O tratado estabelece de forma explícita a responsabilidade do Estado de garantir a criação de instituições responsáveis pelo cuidado e atenção da infância; e de assegurar que os filhos de pais que trabalham tenham serviços e instalações que lhes proporcionem cuidado e atenção. Dessa mesma forma, o artigo 21 estabelece proteções contra práticas sociais e culturais prejudiciais ao bem-estar, à dignidade, à saúde, à igualdade de gênero, ao desenvolvimento normal e ao crescimento de crianças e adolescentes.

63. De igual modo, o Protocolo Adicional à Carta Africana sobre os Direitos da Mulher estabelece a obrigação do Estado de garantir que mulheres e homens contribuam conjuntamente para o bem-estar da família e para a educação de crianças e adolescentes. O mesmo instrumento prevê a obrigação do Estado de reconhecer o valor econômico do trabalho das mulheres no lar e de garantir uma licença-maternidade adequada. De igual forma, prevê a obrigação de proteger as mulheres idosas e de garantir que as mulheres com deficiência tenham acesso ao emprego e gozem de autonomia para tomar suas próprias decisões. 53 Na mesma lógica, o Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos das Pessoas Idosas estabelece o dever dos Estados de adotar políticas ou legislação para oferecer incentivos àquelas famílias que ofereçam cuidados a pessoas idosas e estabelecer políticas para assegurar a existência de instalações de cuidado. 54

A.3. A respeito dos instrumentos do Sistema Interamericano

64. Este Tribunal observa que o cuidado, tanto como uma necessidade das pessoas quanto como em sua qualidade de dever compartilhado, foi igualmente reconhecido implícita ou explicitamente em diversos instrumentos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH).

65. A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem contém referências que mostram uma compreensão inicial do cuidado na estrutura do SIDH como uma necessidade humana e um dever social. O artigo VII afirma que "toda mulher em estado de gravidez ou em época de lactação, assim como toda criança, têm direito a proteção, cuidados e auxílios especiais." Também reconhece o direito "a constituir família, elemento fundamental da sociedade, e a receber proteção para ela."; à preservação da saúde por meio de medidas sanitárias e sociais; à educação, ao trabalho e à remuneração justa, ao repouso e ao lazer, e à seguridade social. De igual modo, prevê a existência do dever das pessoas de auxiliar seus filhos, e o dever dos filhos de ajudar e proteger seus pais quando em necessidade,

Cf. Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos da Mulher na África (Protocolo de Maputo), 2003, artigos XXII e XXIII. Cf. Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Pessoas Idosas na África, 2016, artigos 5 a 15.

bem como o dever de cooperar com a comunidade na assistência social e na seguridade social. 55

66. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos inclui várias disposições relacionadas às necessidades de cuidar e ser cuidado. O artigo 17 estabelece que "[a] família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado"; igualmente dispõe que "[o]s Estados Partes devem tomar medidas apropriadas no sentido de assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamento, durante o casamento e em caso de dissolução do mesmo." O artigo 19 estabelece que as crianças têm o direito a medidas de proteção por parte de sua família, da sociedade e do Estado.

67. Ademais, o artigo 4.1 afirma que "[t]oda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.” Por sua vez, o artigo 5.1 assinala que "[t]oda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.” O artigo 7.1 estabelece que "[t]oda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais", enquanto o artigo 11.1 reconhece que "[t]oda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade.”

68. O artigo 1.1 estabelece que "[o]s Estados Partes comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social." De forma complementar, o artigo 24 afirma que "[t]odas as pessoas são iguais perante a lei.” Consequentemente, têm direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei.”

69. O artigo 26 estabelece que os Estados se comprometem a alcançar progressivamente a plena realização dos direitos que decorrem "das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos", incluindo saúde, trabalho, seguridade social e educação, nos termos dispostos pelos artigos 45 e 49 da Carta da OEA.

70. O Protocolo de San Salvador contém vários dispositivos que, quando interpretados de forma sistemática, evidenciam a relevância do cuidado como condição necessária para o exercício efetivo de diversos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Assim, estabelece a obrigação dos Estados de implementar e fortalecer programas que contribuam para o cuidado familiar adequado, de modo que as mulheres tenham a possibilidade efetiva de exercer seu direito ao trabalho. Da mesma forma, reconhece a obrigação dos Estados de fornecer proteção adequada ao grupo familiar, incluindo cuidados especiais e assistência à mãe durante um período razoável de tempo após o parto, e de garantir alimentação adequada para crianças e adolescentes. Nessa mesma lógica, estabelece o dever dos Estados de executar programas que contribuam para a criação de um ambiente no qual os valores de "compreensão, solidariedade, respeito e responsabilidade" sejam desenvolvidos. Adicionalmente, estabelece o direito das crianças e dos adolescentes a medidas de proteção por parte de sua família, da sociedade e do Estado. Estabelece também o direito das pessoas idosas e das pessoas com deficiência à proteção especial, o que implica a criação de infraestrutura e serviços adequados. Ademais, consagra o direito à saúde, como o gozo do

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 1948, artigos II, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XXX e XXXV.

mais alto padrão de bem-estar, e o direito à seguridade social, que protege em casos de velhice ou deficiência. 56

71. A Convenção de Belém do Pará estabelece em seu artigo 8 que os Estados Partes devem adotar progressivamente medidas destinadas a "modificar os padrões sociais e culturais de conduta de homens e mulheres, inclusive a formulação de programas formais e não formais adequados a todos os níveis do processo educacional, a fim de combater preconceitos e costumes e todas as outras práticas baseadas na premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer dos gêneros ou nos papéis estereotipados para o homem e a mulher, que legitimem ou exacerbem a violência contra a mulher". 57

72. A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos estabelece a obrigação dos Estados de adotar as medidas necessárias para garantir que as pessoas idosas desfrutem efetivamente do direito à vida, em particular, de viver com dignidade até o fim de seus dias, em igualdade de condições com outros setores da população. Isso implica a obrigação de tomar medidas para garantir que as instituições públicas e privadas ofereçam às pessoas idosas acesso a cuidados integrais. Da mesma forma, estabelece que "o idoso tem direito a um sistema integral de cuidados que proporcione proteção e promoção da saúde, cobertura de serviços sociais, segurança alimentar e nutricional, água, vestuário e habitação.” Nesse sentido, reconhece a obrigação de formular medidas de apoio às famílias e aos cuidadores por meio da introdução de serviços que levem em conta as necessidades das famílias e outras formas de cuidados. Esse mesmo tratado estabelece como um princípio geral aplicável à Convenção "[a] solidariedade e o fortalecimento da proteção familiar e comunitária." 58

73. A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência estabelece a obrigação dos Estados de trabalhar prioritariamente na detecção e intervenção precoces e no tratamento, reabilitação, educação, formação ocupacional e prestação de serviços abrangentes para garantir um nível ideal de independência e qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Nesse sentido, reconhece que os Estados devem sensibilizar o público para eliminar preconceitos e outras atitudes que impeçam as pessoas de serem respeitadas. 59

74. O Tribunal observa que os instrumentos internacionais analisados acima contêm, de forma explícita ou subjacente, direitos e obrigações relacionados à prestação e ao recebimento de cuidados. De fato, tanto os tratados universais como os regionais reconhecem direitos de assistência e proteção, especialmente para as pessoas em situação de dependência ou vulnerabilidade, e estabelecem obrigações para os Estados destinadas a assegurar ambientes familiares, sociais e institucionais que possibilitem essa assistência.

A.4. A respeito dos pronunciamentos de organismos de alcance universal

Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ("Protocolo de San Salvador"), 1988, artigos 6, 9, 10 e 15 a 18. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher ("Convenção de Belém do Pará"), 1994, artigo 8.4. Cf. Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos dos Idosos, 2015, Preâmbulo e artigos 6 e 12. Cf. Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, 1999, artigo III.

75. Diversos órgãos de tratados destacaram a centralidade do cuidado na realização efetiva dos direitos humanos e avançaram em sua conceituação como um direito com conteúdo próprio.

76. O Comitê de Direitos Humanos da ONU reconheceu "a importância de respeitar, proteger e tornar efetivos os direitos humanos dos cuidadores remunerados e não remunerados e daqueles que recebem apoio", expressou preocupação "com a organização e a distribuição desigual dos trabalhos de cuidado e apoio e com as repercussões que isso tem sobre os direitos de todas as mulheres e meninas na sociedade e na economia" e reconheceu que "para alcançar a igualdade de gênero, é essencial distribuir de forma equitativa os trabalhos de cuidado e apoio, assim como o tempo dedicado a essas atividades.” Nesse sentido, instou os Estados a implementar medidas para reconhecer e distribuir o trabalho de cuidado entre indivíduos, famílias, comunidades, setor privado e Estados, e a aumentar o investimento em políticas de infraestrutura de cuidado e apoio para que as pessoas tenham acesso universal a serviços acessíveis e de qualidade. 60

77. Ao interpretar o PIDESC, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Comitê DESC) apontou que os Estados são obrigados a promover políticas públicas adequadas para o cuidado de crianças e de membros dependentes da família como forma de reduzir as restrições enfrentadas por homens e mulheres para harmonizar as obrigações profissionais e familiares. 61 Em sentido similar, o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (Comitê CEDAW), ao interpretar a CEDAW, determinou que os Estados devem garantir que as mulheres, inclusive as que cuidam de crianças e adolescentes, tenham acesso a benefícios sociais e econômicos adequados, inclusive subsídios para o cuidado de filhos e o auxílio necessário ao cuidar de pais ou parentes idosos. 62 De igual modo, assinalou que as mulheres devem ter direitos e obrigações iguais aos dos homens no que diz respeito ao cuidado e à criação dos filhos e familiares dependentes. 63

78. O Comitê sobre os Direitos da Criança (Comitê CDC), ao interpretar a CDC, estabeleceu a importância de os Estados criarem ambientes que protejam as crianças e os adolescentes da violência, o que implica apoiar os pais e cuidadores para que pratiquem uma parentalidade saudável. 64 Dessa mesma forma, referiu-se à importância do cuidado emocional das crianças e à relação entre o vínculo com seus cuidadores desde a mais tenra idade e a criação de ambientes estáveis para seu desenvolvimento. 65 Na mesma lógica, o Comitê da CDC se pronunciou sobre a obrigação dos Estados de criar condições de trabalho nas empresas que ajudem os pais e cuidadores a cumprir suas responsabilidades para com

Cf. Resolução adotada pelo Conselho de Direitos Humanos em 11 de outubro de 2023. Importância do cuidado e do apoio em uma perspectiva de direitos humanos, Resoluções 1 a 4. Cf. Comitê de Direitos Econômicos e Sociais. Comentário Geral n° 16 sobre "o direito igual de homens e mulheres ao gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais (artigo 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais)", E/C.12/2005/4, 11 de agosto de 2005, par. 24. Cf. Comitê CEDAW. Comentário Geral No 27 sobre "Mulheres idosas e a proteção de seus direitos humanos", CEDAW/C/GC/27, de 16 de dezembro de 2010, par. 43. Cf. Comitê CEDAW. Comentário Geral No 21 sobre "Igualdade no casamento e nas relações familiares", A/49/38, 1994, par. 18. Cf. Comitê da CDC. Comentário Geral No 15 sobre "o direito da criança a desfrutar do mais alto padrão de saúde possível (artigo 24)", CRC/C/GC/15, 17 de abril de 2013, par. 64. Cf. Comitê CDC. Comentário Geral No 14 sobre "o direito da criança a que seu interesse superior seja considerado como uma consideração primordial (art. 3, par. 1)", CRC/C/GC/14. de 29 de maio de 2013, par. 72.

as crianças sob seus cuidados 66. A mesma abordagem se aplica aos adolescentes, segundo a qual os Estados devem prestar assistência adequada aos pais e cuidadores para que eles possam oferecer o apoio e as condições necessárias para o desenvolvimento ideal dos adolescentes. 67

79. O Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Comitê CDPD) interpretou que os princípios de dignidade, autonomia, independência e participação são a base para a proteção do direito das pessoas com deficiência de viver de forma independente e de ser incluído na comunidade. Esse direito implica o dever dos Estados de garantir "a disponibilidade de serviços de apoio e de recursos e tecnologias auxiliares que respeitem plenamente os direitos humanos das pessoas com deficiência.” Nessa lógica, o Comitê da CDPD enfatizou a importância de as pessoas com deficiência terem a assistência pessoal necessária para poderem viver de forma independente. 68

80. A Conferência Geral da OIT estabeleceu, na Recomendação nº 165 sobre os trabalhadores com responsabilidades familiares, que os Estados devem tomar as medidas necessárias e oportunas para garantir que os serviços e os meios de assistência à infância e de apoio familiar atendam às necessidades das pessoas com responsabilidades familiares. Assim, os Estados devem adotar medidas de apoio específicas para garantir o acesso, a permanência e o retorno ao trabalho dos trabalhadores com responsabilidades familiares. Ademais, devem adotar medidas que visem à melhoria das condições de trabalho e da qualidade de vida, como a redução da jornada de trabalho e a flexibilidade do horário de trabalho, e devem levar em conta as condições dos trabalhadores em tempo parcial. Ademais, deve-se promover a coparentalidade, o que implica que ambos os pais que trabalham podem fazer uso da licença parental após a licença-maternidade, estabelecendose que homens e mulheres deveriam ter acesso a uma licença em caso de doença. 69

81. Por fim, a Assembleia Geral da ONU propôs na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável como um de seus objetivos relacionados a alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas "[r]econhecer e valorizar os cuidados e o trabalho doméstico não remunerado por meio de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, promovendo a responsabilidade compartilhada no lar e na família, conforme apropriado em cada país.” 70

A.5. A respeito dos pronunciamentos de organismos regionais de direitos humanos nos âmbitos europeu e africano

82. Em nível regional, o Comitê Europeu de Direitos Sociais (ESCR) assinalou que os Estados devem garantir que as trabalhadoras recebam uma compensação adequada pela perda de rendimentos durante o período de licença-maternidade (que não deve ser inferior a 14 semanas). 71 De igual modo, estabeleceu que o contrato de trabalho não deve ser

Cf. Comitê CDC. Comentário Geral No 16 sobre "As obrigações do Estado em relação ao impacto do setor empresarial sobre os direitos da criança", CRC/C/GC/16, de 17 de abril de 2013, par. 54. Cf. Comitê CDC. Comentário Geral No 20 sobre "a realização dos direitos da criança durante a adolescência", CRC/C/GC/20, 6 de dezembro de 2016, par. 50. Cf. Comitê CDPD. Comentário Geral No 5 sobre "o direito de viver de forma independente e ser incluído na comunidade", CRPD/C/GC/5, 27 de outubro de 2017, pars. 13 a 17. Cf. OIT. Recomendação No 165 sobre trabalhadores com responsabilidades familiares, pars. 17 a 34. Cf. Assembleia Geral das Nações Unidas. Agenda 2030, Objetivo 5, meta 4. Cf. ESCR. Conclusions (2015), Statement of interpretation on Article 8-1, 2015_163_02/EN, de 04 de dezembro de 2015.

rescindido durante tal período 72 , e que o uso da licença parental por qualquer um dos progenitores deve ser incentivado. 73 Ademais, o Comitê observou que os Estados devem promover a plena integração e participação social das pessoas com deficiência na vida da comunidade por meio de serviços de apoio na forma de assistência pessoal e ajudas auxiliares. 74 O mesmo Comitê destacou que é necessário fornecer um número adequado de creches para crianças e adolescentes, assim como instalações para pais de crianças e adolescentes doentes. 75 Ainda, apontou que a Carta Social reconhece o direito das pessoas idosas à proteção social devido ao crescente envelhecimento da população, o que implica que os Estados adotem ações coerentes com a vida das pessoas idosas 76, como aquelas relacionadas à tomada de decisões assistidas. 77

83. Em sentido similar, a Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH) pronunciou-se indiretamente sobre a questão do cuidado. No caso Heinisch Vs. Alemanha, interpretou a Convenção Europeia de Direitos Humanos para traçar a relação entre a proteção dos direitos dos trabalhadores que denunciam irregularidades e a necessidade de assegurar condições adequadas de cuidado à população idosa em instituições públicas. Em particular, observou que "[e]m sociedades onde uma parcela crescente da população idosa está sob cuidados institucionais, e considerando a vulnerabilidade particular dos pacientes em questão, que muitas vezes não estão em posição de denunciar deficiências na prestação de cuidados por iniciativa própria, a divulgação de informações sobre a qualidade ou deficiências de tais cuidados é de vital importância para prevenir abusos". 78

84. Na mesma linha, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa (CM) sustentou que os cuidados devem ser acessíveis às pessoas idosas e que os cuidadores informais no lar dessas pessoas devem receber informações e apoio suficientes para garantir a prestação dos cuidados necessários. Dessa forma, os Estados devem estabelecer um sistema de regulamentação e avaliação de cuidados. 79 Igualmente, a Comissão apontou que devem existir serviços de alta qualidade para ajudar mulheres e homens a conciliar melhor suas responsabilidades profissionais e familiares. Por esse motivo, os Estados devem contemplar a adoção de serviços de cuidado de crianças e de familiares idosos ou com deficiência. 80

Cf. ESCR. Conclusions XIII-4, Statement of interpretation on Article 8-2, XIII-4_Ob_-1/Ob/EN, de 30 de setembro de 1996. Cf. ESCR. Conclusions IV, Statement of interpretation on Article 16, 17-1, 2011_163_03/Ob/EN, de 2011. Cf. ESCR. Conclusions (2008), Statement of interpretation on Article 15-3, 2008_Ob_5/Ob/EN, de 24 de outubro de 2008. Cf. Comitê Europeu de Direitos Sociais (“ESCR”). Conclusions IV, Statement of interpretation on Article 16. Cf. ESCR. Conclusions XIII-3, Statement of interpretation on Article 4 of the Additional Protocol, XIII- 3_Ob_4/Ob/EN, de 30 de novembro de 1995. Cf. ESCR. Conclusions XIII-3, Statement of interpretation on Article 4 of the Additional Protocol, supra. Cf. Tribunal Europeu de Direitos Humanos ("TEDH"). Caso Heinisch Vs. Alemanha, No 28274/08, Sentença de 21 de julho de 2011, par. 71. Cf. Comitê de Ministros do Conselho da Europa ("CM"). Recommendation CM/Rec (2014)2 of the Committee of Ministers to member States on the promotion of human rights of older persons, pars. 29, 34 e 35. Cf. CM. Recommendation No R (96) 5 of the Committee of Ministers to member States on reconciling work and family life, par. 17.

85. Por sua vez, no caso Centre for Human Rights and others Vs. United Republic of Tanzania 81, a Corte Africana de Direitos Humanos concluiu que, de acordo com a Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança, o Estado não havia cumprido suas obrigações em matéria de interesse superior, educação e saúde das crianças abrigadas em instituições estatais em um contexto de perseguição e tráfico devido à sua condição de albinos e à desconexão com suas famílias. Em relação ao interesse superior, a Corte estabeleceu que as condições de alojamento das crianças albinas nos abrigos fornecidos pelo Estado eram inadequadas em termos de acesso a alimentos e espaço para descanso, e careciam de ferramentas conducentes à reunificação familiar. Em relação ao direito à educação, a Corte Africana estabeleceu que o dever do Estado de fornecer educação disponível, acessível, aceitável e adaptável às crianças com albinismo incluía o dever de fornecer materiais educativos impressos em fontes claramente distinguíveis, lupas, tempo extra para seus processos de aprendizagem e professores capacitados para assisti-las, dada sua deficiência visual. Em relação à proteção do direito à saúde das pessoas com albinismo, tendo em vista seus baixos níveis de melanina, a Corte Africana estabeleceu que o Estado tinha a obrigação de fornecer elementos vitais para a prevenção do câncer de pele, como protetor solar, chapéus e óculos especiais, com o emprego do máximo de recursos disponíveis e com o apoio da cooperação internacional. Quanto ao dever de fornecer serviços de saúde acessíveis e aceitáveis, a Corte constatou que isso exige a adoção das medidas necessárias para superar a discriminação no acesso sofrida pelas pessoas com albinismo. Do mesmo modo, destacou que o bem-estar psicológico de cada indivíduo, longe de representar uma obrigação de menor importância em relação à saúde física, constitui uma obrigação primária de saúde para as pessoas com albinismo, que, em razão de sua condição, sofrem estigma e trauma desde o nascimento.

86. Por sua vez, a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos (CADHP) reconheceu que o direito à proteção da família previsto na Carta Africana implica que as crianças e os adolescentes devem ser cuidados e protegidos por seus pais, com o apoio do Estado. Nesse sentido, o Estado deve fornecer apoio aos cônjuges para que cuidem e sustentem seus filhos em caso de falecimento ou ausência do parceiro. 82 Da mesma forma, a também estabeleceu que os orçamentos dos Estados devem ser aumentados para aliviar a carga de cuidados suportada pelas mulheres e que deve ser fornecido apoio aos cuidadores de pessoas infectadas com HIV/AIDS, que costumam ser mulheres, crianças, adolescentes e pessoas idosas. 83 De igual modo, o Comitê considerou que os Estados deveriam promover condições de trabalho equitativas e satisfatórias para as mulheres dedicadas ao trabalho doméstico. 84

87. Por outro lado, o Comitê Africano de Especialistas sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança (ACERWC), com fundamento nos artigos 18 a 20 da Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança, sustentou que os Estados têm a obrigação de garantir adequadamente o cuidado da infância. Isso inclui tempo, atenção e apoio para satisfazer às suas necessidades físicas, mentais e sociais, com o objetivo de garantir seu interesse

Cf. African Court of Human and People´s Rights, the Matter of “Centre for Human Rights and Others v. United Republic of Tanzania” Application No 019/2018, Judgement of 5 February 2025, pars. 300, 324, 347 a 350 e 353. Cf. Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos ("CADHP"). Principles and guidelines on the implementation of economic, social and cultural rights in the African Charter on Human and People’s Rights, p. 56. Cf. Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos ("ACHPR"). Declaration on Gender Equality in Africa. Cf. Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos ("ACHPR"). Pretoria Declaration on Economic, Social and Cultural Rights in Africa, p. 3.

superior e o pleno desenvolvimento de sua personalidade. Essa proteção deve ser oferecida tanto às crianças que se encontram sob a custódia de seus pais, quanto àquelas que recebem formas alternativas de cuidado em famílias adotivas ou em instituições dedicadas ao cuidado. 85 Ademais, o Comitê assinalou que os Estados deverão estabelecer unidades especiais para oferecer apoio às crianças ou a seus cuidadores, como forma de responder a abusos e à negligência que afetem seu bem-estar. 86

A.6. A respeito dos pronunciamentos de organismos regionais das Américas

88. A Comissão Interamericana considerou que o direito ao cuidado tem tomado forma progressivamente, especificamente em relação às infâncias, às adolescências, às pessoas idosas e às pessoas com deficiência. 87 A Comissão sustentou que o cuidado constitui um direito cujo reconhecimento e proteção devem ser fortalecidos. 88 Essa posição foi proposta em distintos pronunciamentos relacionados à crise sanitária causada pelo COVID-19, nos quais se enfatizou que o cuidado consiste em um direito humano de vital importância para as pessoas, especialmente para aquelas que estão doentes, as que tem deficiências, as pessoas idosas e as crianças e adolescentes. 89 Por sua vez, a Relatoria sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais da Comissão Interamericana apontou a importância do reconhecimento do direito ao cuidado e da valorização do trabalho de cuidado e dos direitos trabalhistas das pessoas trabalhadoras domésticas. 90

Cf. Comitê Africano de Especialistas sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança ("ACERWC"). General Comment on Article 31 of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child on “The Responsibilities Of The Child”, par. 31. Cf. ACERWC, General Comment No 5 on “State Party Obligations under the African Charter on the Rights and Welfare of the Child (Article 1) And Systems Strengthening for Child Protection”, p. 23. Seção 5.3.1. Cf. CIDH. Direito das crianças à família. Cuidados alternativos. Pondo fim à institucionalização nas Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc.54/13, 17 de outubro de 2013, pars. 40-43; Relatório sobre a situação dos direitos humanos das pessoas com deficiência nas Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 1/25, 31 de janeiro de 2025, par. 148; Direitos Humanos das Pessoas Idosas e Sistemas Nacionais de Proteção nas Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc.397/22, 31 de dezembro de 2022, pars. 78, 170, 425 e 430; O impacto do Crime Organizado nas Mulheres, Meninas e Adolescentes nos países do Norte da América Central, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 9/23, 17 de fevereiro de 2023, pars. 80 e 116; "Mulheres privadas de liberdade nas Américas", OEA/Ser.L/V/II Doc. 91/23, 8 de março de 2023, pars. 48 e 86, e "Declaração conjunta pelo reconhecimento do direito ao cuidado e da liberdade de associação das mulheres trabalhadoras", nº RD086/25, 1º de maio de 2025. Cf. CIDH. Relatório sobre a Situação dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência nas Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 1/25, 31 de janeiro de 2025, par. 148. Cf. CIDH. Resolução No 1/2020: Pandemia e Direitos Humanos nas Américas, de 10 de abril de 2020, e "Pandemia e Direitos Humanos", OEA/Ser.L/V/II. Doc. 396/22, 9 de setembro de 2022, pars. 153 e 265. Cf. CIDH. Relatório sobre Empresas e Direitos Humanos: Parâmetros Interamericanas - Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (REDESCA), OEA/Ser.L/V/II CIDH/REDESCA/INF.1/19, 1 de novembro de 2019, par. 336; Relatório sobre pessoas trans e de gênero diverso e seus direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais - Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (REDESCA), OEA/Ser.L/V/II Doc. 239/20, 7 de agosto de 2020, par. 109; Direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais de pessoas afrodescendentes: parâmetros interamericanos para a prevenção, combate e erradicação da discriminação racial estrutural - Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (REDESCA), OEA/Ser.L/V/II. Doc.109/2116, de março de 2021, par. 126; Compêndio sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais: parâmetros interamericanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 465, 31 de dezembro de 2021, pars. 67 a 69; IV Relatório Anual da Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (REDESCA), Trabalhando pela indivisibilidade, interdependência e proteção efetivas de todos os direitos humanos para todas as pessoas nas Américas: "A saúde humana e do planeta enfrentam uma crise sem precedentes", OEA/SER.L/V/II. Doc. 28, 30 de março de 2021, par. 1158; Pobreza, mudança climática e DESCA na América central e no México, no contexto da mobilidade humana - Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (REDESCA), OEA/Ser.L/V/II. Doc. 158/23, 28 de julho de 2023, par. 96; As doenças não transmissíveis e os direitos humanos nas Américas - Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais,

89. A Comissão Interamericana de Mulheres (CIM) emitiu diversas declarações que promovem o acesso pleno e igualitário das mulheres aos benefícios do desenvolvimento econômico, social, político e cultural e, em particular, a respeito da necessidade de reconhecer o trabalho - e o trabalho não remunerado - das mulheres. Dessa forma, emitiu a Declaração de San José sobre o empoderamento econômico e político das mulheres das Américas, a Declaração de Lima sobre a Igualdade e a Autonomia no Exercício dos Direitos Econômicos das Mulheres e a Declaração do Panamá "Construindo Pontes para um Novo Pacto social e econômico liderado por Mulheres". 91 Do mesmo modo, no ano de 2022, a CIM elaborou a Lei Modelo Interamericana de Cuidados, juntamente com seu Guia de Implementação 92, cujo objetivo é "a regulamentação dos cuidados, sua redistribuição, provisão e promoção como um bem público fundamental e o reconhecimento do trabalho de cuidado não remunerado". 93 Igualmente, emitiu orientações e comunicados a respeito dessa temática. 94

90. O Grupo de Trabalho do Protocolo de San Salvador incorporou indicadores a respeito do cumprimento das obrigações relacionadas ao direito ao trabalho e à seguridade social. Em particular, referiu-se à existência de programas destinados à conciliação entre trabalho e vida familiar, ao reconhecimento do trabalho de cuidado não remunerado e à extensão, cobertura e jurisdição dos mecanismos de inclusão das pessoas que realizam trabalho reprodutivo ou doméstico de cuidado. 95

91. Da mesma forma, a Corte observa que os Estados membros da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe (CEPAL) aprovaram uma série de acordos no âmbito das Conferências Regionais sobre a Mulher da América Latina e do Caribe 96, que incluem medidas sobre o desenho de políticas públicas e sistemas integrais

Culturais e Ambientais (REDESCA), OEA/Ser.L/V/II. Doc.192/23, 28 de agosto de 2023, par. 84, e Impactos das inundações no Rio Grande do Sul: Observações e recomendações para garantir os Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais - Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (REDESCA), OEA/Ser.L/V/III. Doc.50/25, 31 de março de 2025, par. 178. Cf. Declaração de San José sobre o empoderamento econômico e político das mulheres das Américas, CIM/DEC. 14 (XXXVI-O/12) reVs.1, 2012; Declaração de Lima sobre a Igualdade e a Autonomia no Exercício dos Direitos Econômicos da Mulher, CIM/DEC. 15 (XXXVII-O/16), 2016, e Declaração do Panamá "Construindo pontes para um novo pacto social e econômico liderado por Mulheres", CIM/DEC. 17 (XXXIX-O/22), 2022. Cf. CIM. Guia de Implementação da Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022. Cf. CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 2. Cf. CIM. COVID-19 na vida das mulheres: Emergência global dos cuidados, OEA/Ser.L/II.6.27, 2020; 8M: Os trabalhos de cuidados das mulheres sustentam o mundo, Comunicado de 8 de março de 2021; Guia para a aplicação de medidas de corresponsabilidade nas empresas, OEA/Ser.L/II.6.49, 2024; e Decálogo da Corresponsabilidade dos cuidados no setor privado, 2025. Cf. OEA, Grupo de Trabalho do Protocolo de San Salvador. "Indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais (Protocolo de San Salvador)", OEA/Ser.D/XXVI.11, 2015, pp. 39 e 86. "A Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe é o principal fórum intergovernamental no qual os Estados da região estabelecem compromissos para avançar no sentido de garantir os direitos humanos das mulheres e erradicar as desigualdades e a discriminação de gênero. A Conferência Regional é convocada periodicamente, no máximo a cada três anos, para analisar a situação regional e sub-regional em relação à autonomia e aos direitos da mulher, apresentar recomendações sobre políticas públicas para a igualdade de gênero e realizar avaliações periódicas das atividades realizadas em cumprimento aos acordos regionais e internacionais. Desde 1977, os governos da região realizaram 14 conferências e assumiram uma multiplicidade de compromissos com os direitos e a autonomia das mulheres, bem como com a igualdade de gênero, construindo assim uma ambiciosa Agenda Regional de Gênero.” Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Romper o silêncio estatístico para alcançar a

de cuidado, bem como um apelo à corresponsabilidade de gênero entre homens e mulheres no cuidado. Nesse sentido, no âmbito do trabalho da CEPAL, os países participantes da X Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe assinaram o Consenso de Quito (2007), que reconheceu "o valor social e econômico do trabalho doméstico não remunerado das mulheres, do cuidado como um assunto público que compete aos Estados, governos locais, organizações, empresas e famílias, e a necessidade de promover a corresponsabilidade de mulheres e homens no âmbito familiar.” Da mesma forma, acordouse a formulação de políticas que favoreçam a responsabilidade compartilhada no âmbito familiar, superando os estereótipos de gênero e reconhecendo a importância do cuidado e do trabalho doméstico para a economia e a sociedade. 97

92. No Consenso de Brasília (2010), os países participantes da XI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, organizada pela CEPAL, reconheceram que o acesso à justiça é fundamental para garantir os direitos humanos, inclusive o direito ao cuidado. De igual modo, destacaram que "o direito ao cuidado é universal e requer medidas sólidas para alcançar sua efetiva materialização e corresponsabilidade por parte de toda a sociedade, do Estado e do setor privado.” Ademais, acordaram a adoção de medidas para avançar na valorização social e econômica do trabalho não remunerado prestado pelas mulheres no âmbito doméstico e de cuidado, bem como o desenvolvimento de políticas e serviços universais de cuidado, baseados no reconhecimento do direito ao cuidado. Especificamente, foi acordada a adoção de políticas para a ampliação de licenças parentais, de licenças para o cuidado de filhos e filhas e da licença-paternidade irrenunciável. 98

93. No Compromisso de Buenos Aires (2022), os Estados Membros da CEPAL que participaram da XV Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe acolheram o chamado para "avançar em direção a um novo estilo de desenvolvimento que priorize a sustentabilidade da vida e do planeta, reconheça que o cuidado faz parte dos direitos humanos fundamentais para o bem-estar da população como um todo, garanta os direitos das pessoas que precisam de cuidados, bem como os direitos daqueles que prestam cuidados [...].” Eles reconheceram que há uma distribuição desproporcional de cuidados em detrimento das mulheres e, portanto, enfatizaram a importância de promover a criação de sistemas abrangentes de cuidados para avançar em direção a uma "sociedade do cuidado.” Especificamente, assinalaram que o cuidado é um direito "a cuidar, a ser cuidado e ao autocuidado com base nos princípios de igualdade, universalidade e corresponsabilidade social de gênero e, portanto, como uma responsabilidade que deve ser compartilhada por todos os setores da sociedade [...]". 99

A.7. A respeito do reconhecimento constitucional dos trabalhos de cuidado como direito fundamental em alguns países da região

94. Somado ao exposto, a Corte constata que, no âmbito interno dos Estados, diversas constituições reconhecem o trabalho doméstico não remunerado como trabalho produtivo.

igualdade de gênero em 2030: aplicação do eixo sobre sistemas de informação da Estratégia de Montevidéu para a Implementação da Agenda Regional de Gênero no âmbito do Desenvolvimento Sustentável até 2030 (LC/CRM.15/4), Santiago, 2022, p. 23. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c42ae362-6d9e-465b-8887-17d369e095c4/content. Cf. X Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, Consenso de Quito, 2007, pontos 9 e 25. Cf. XI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, Consenso de Brasília, 2010, Preâmbulo e ponto 1. Cf. XV Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, Compromisso de Buenos Aires, 2022, pontos 6 a 8.

Nesse sentido, o artigo 338 da Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia reconhece "o valor econômico do trabalho doméstico como fonte de riqueza [que] deve ser quantificado nas contas públicas". 100 As Constituições da Venezuela e da República Dominicana reconhecem o trabalho doméstico como uma atividade econômica que gera valor agregado e como uma fonte de riqueza e bem-estar social. 101 A Constituição Política da Cidade do México, embora com alcance local, reconhece o cuidado como um direito fundamental ao declarar que "toda pessoa tem direito ao cuidado que sustenta sua vida e fornece os elementos materiais e simbólicos para viver em sociedade durante toda a sua vida.” O mesmo dispositivo estabelece a obrigação das autoridades de criar um sistema de cuidados que dê atenção prioritária às pessoas em situação de dependência e àquelas que se encarregam de seus cuidados de forma não remunerada. 102

95. Por sua vez, a Corte Constitucional da Colômbia (CCC) se pronunciou sobre os trabalhos de cuidado e sua proteção constitucional. Na sentença C-383/12, a Câmara Plena desse tribunal se referiu à licença-paternidade e sustentou que ela é "uma garantia do pleno exercício dos direitos fundamentais da criança[,] especialmente o direito de receber cuidado e amor", que está consagrado no artigo 44 da Constituição. Ademais, indicou que o direito fundamental das crianças ao cuidado é responsabilidade da família e da sociedade e, subsidiariamente, do Estado. 103 Na sentença T-159-23, ressaltou a necessidade de considerar o impacto diferenciado sobre as pessoas cuidadoras de indivíduos com proteção constitucional especial: crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e pessoas idosas. 104 Essas pessoas são aquelas que, "em razão de condições particulares, sejam elas físicas, psicológicas ou sociais, merecem proteção reforçada para que se alcance a igualdade real e efetiva". 105 Posteriormente, nas sentenças T-447-23, T-583-23, a CCC considerou que o direito ao cuidado "compreende três aspectos (i) o direito de ser cuidado, (ii) o direito de cuidar e (iii) o direito ao autocuidado". 106 Finalmente, na sentença C-400 de 2024, tal tribunal estabeleceu que o cuidado é entendido "como um direito, dotado de universalidade, e deve compreender que todas as pessoas devem participar dele e, por isso, concretiza-se em três dimensões: cuidar, ser cuidado e cuidar de si mesmo (autocuidado)". 107

96. A Primeira Câmara da Suprema Corte de Justiça da Nação do México (SCJN) estabeleceu, por meio da sentença de amparo directo 6/2023, que todas as pessoas têm o direito humano de cuidar, ser cuidadas e ao autocuidado, e que o Estado tem um papel prioritário em sua proteção e garantia. Reconheceu que o cuidado é um bem fundamental que implica que todas as pessoas, especialmente aquelas que necessitam de cuidados extensivos ou especializados, tenham a oportunidade de acessá-lo, sem que seja feito às custas da saúde ou do plano de vida dos cuidadores. A SCJN determinou que esse direito implica o direito de não ser forçado a realizar trabalho de cuidado devido a imposições de

Cf. Constituição Política do Estado da Bolívia, 2009, artigo 338. Cf. Constituição da República Bolivariana da Venezuela, 1999, artigo 88, e Constituição da República Dominicana, 2010, artigo 55.11. Cf. Constituição Política da Cidade do México, 2017, artigo 9.b. Cf. Sentença C-383/12 do Corte Constitucional da Colômbia, de 24 de maio de 2012, p. 17. Cf. Sentença T-159-23 do Corte Constitucional da Colômbia, de 16 de maio de 2023, pars. 83 a 84. Cf. Sentença T-495-10 do Corte Constitucional da Colômbia, de 16 de junho de 2010, par. 2.5.3. Cf. Sentença T-447-23 do Corte Constitucional da Colômbia, de 27 de outubro de 2023, par. 75. Ver também: Sentença T-583-23 do Corte Constitucional da Colômbia, de 19 de dezembro de 2023, par. 96, e Sentença C-400-24 do Corte Constitucional da Colômbia, de 19 de setembro de 2024, pars. 143 a 146. Cf. Sentença C-400-24 do Corte Constitucional da Colômbia, de 19 de setembro de 2024, pars. 143 a 146.

gênero, o que afeta principalmente mulheres e meninas. Dessa forma, não se pode obrigar as pessoas a desempenhar trabalhos de cuidado. De igual modo, a Câmara destacou a necessidade de adotar medidas para evitar que os cuidados recaiam de forma desproporcional sobre as famílias, sendo, portanto, necessário que existam possibilidades de delegar essas tarefas a outros setores da sociedade. 108

97. A Corte Constitucional do Equador (CCE), em sua sentença nº 3-19-JP/20 e acumulada, de 5 de agosto de 2020, desenvolveu o alcance do direito ao cuidado, estabelecendo que o cuidado consiste em um direito e uma política que apela à corresponsabilidade social como elemento para superar sua feminização. Em vista disso, e para garantir essa corresponsabilidade, a CCE determinou que a Assembleia Nacional deve legislar sobre a ampliação da licença-paternidade para o cuidado, se possível de forma equiparável à da mãe; ampliar a licença de pais e mães adotivos, as condições para seu exercício e desenvolver formas de garantir que o tempo de licença seja efetivamente alocado para o cuidado. Destacou que o cuidado com a mãe que amamenta ou com a criança é uma questão de corresponsabilidade social e pública, pois permite que as pessoas recémnascidas se desenvolvam em contextos nos quais possam ter o melhor começo de vida possível. 109

A.8. O reconhecimento e a proteção do cuidado no direito internacional dos direitos humanos

98. A partir do exposto, a Corte observa uma primeira conclusão: que o direito internacional dos direitos humanos e o direito constitucional comparado reconhecem a existência de normas e obrigações destinadas a preservar o bem-estar das pessoas por meio do cuidado, especialmente em situações de dependência, vulnerabilidade ou necessidade. Essa proteção se expressa tanto na atenção requerida por determinados grupos - como mulheres grávidas ou em período de lactância, crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência ou com doenças 110 - , quanto na situação daqueles que prestam o cuidado, seja de forma remunerada ou não. 111

99. A análise dos instrumentos internacionais relevantes e sua interpretação por órgãos especializados, tanto no âmbito universal quanto nos sistemas regionais, permite constatar que o cuidado das pessoas não é apenas necessário para garantir os direitos humanos, mas também tem sido objeto de preocupação em termos de sua distribuição desigual. Em particular, foi observada uma sobrecarga estrutural das tarefas de cuidado sobre as mulheres, o que tem um impacto negativo no gozo efetivo de seus direitos. Essa constatação levou à necessidade de adotar medidas específicas destinadas a alcançar uma distribuição

Cf. Primeira Sala da Corte Suprema de Justiça do México ("SCJN"), Amparo 378/2023. Ver também: SCJN, Amparo Directo 6/2023, par. 113. Cf. Sentença n° 3-19-JP/20 do Tribunal Constitucional do Equador, de 5 de agosto de 2020, par. 120 e Ponto Resolutivo 2. Cf. DUDH, 1948, artigos 16 e 25; PIDCP, 1966, artigo 24; PIDESC, 1966, artigo 12; CEDAW, 1979, artigos 5, 11 e 16; CDC, 1989, artigo 3; CDPD, 2006, artigo 28; Convenção 183 da OIT, artigos 5, 6 e 9; e PIDESC, artigo III. Cf. Resolução adotada pelo Conselho de Direitos Humanos em 11 de outubro de 2011, Resolutivo 1; Convenção 156 da OIT, artigos 1 e 5; Comitê CEDAW, Comentário Geral No 27, par. 43; OIT, Recomendação sobre Trabalhadores com Responsabilidades Familiares, 1981, pars. 17-34; CIM, Declaração de San José sobre o Empoderamento Econômico e Político das Mulheres das Américas, CIM/DEC. 14 (XXXVI-O/12) reVs.1, 2012; Declaração de Lima sobre Igualdade e Autonomia no Exercício dos Direitos Econômicos da Mulher, CIM/DEC. 15 (XXXVII-O/16), 2016, e Declaração do Panamá "Construindo pontes para um novo pacto social e econômico liderado pelas mulheres", CIM/DEC. 17 (XXXIX-O/22), 2022.

mais equitativa do cuidado e de estabelecer sistemas públicos de apoio que reconheçam, valorizem e redistribuam essas tarefas. 112

B. O direito ao cuidado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos

100. Com base na conclusão anteriormente exposta e no conteúdo da primeira pergunta formulada pelo Estado argentino, a Corte decidirá se o cuidado está protegido pela Convenção Americana como um direito autônomo. Especificamente, fará referência aos aspectos relativos a o cuidado que se relacionam com os direitos à vida digna, à integridade pessoal, à saúde, aos direitos da infância, ao direito à família, aos direitos ao trabalho e à seguridade social, à liberdade pessoal, à honra e à dignidade e à igualdade e à proibição de discriminação, por serem os direitos com uma conexão mais clara com as atividades cotidianas de assistência para garantir o bem-estar físico, biológico e emocional das pessoas (pars. 47 a 49 supra). Ademais, a Corte explicará se da interpretação sistemática, evolutiva e pro persona dos direitos mencionados decorre a existência de um direito autônomo ao cuidado.

B.1. A respeito dos direitos a vida, à integridade pessoal, à saúde, à família, à infância, à liberdade pessoal, à honra e à dignidade, à igualdade e não discriminação, ao trabalho e à seguridade social 113

101. A Corte afirmou que o direito à vida é fundamental na Convenção Americana, na medida em que a realização dos demais direitos depende de sua salvaguarda. 114 Nesse sentido, o cumprimento das obrigações impostas pelo artigo 4 da Convenção Americana, relacionadas ao artigo 1.1 da mesma, não apenas pressupõe que nenhuma pessoa seja arbitrariamente privada de sua vida (obrigação negativa), mas também, à luz de sua obrigação de garantir o exercício pleno e livre dos direitos humanos, exige que os Estados adotem todas as medidas apropriadas para proteger e preservar o direito à vida digna (obrigação positiva) 115 de todas as pessoas que se encontram sob sua jurisdição. 116 Da mesma forma, a Convenção reconhece o direito à integridade pessoal 117, que proíbe todas as formas de tratamento cruel, desumano ou degradante ou humilhação, inclusive a

Cf. CEDAW, 1979, artigos 5, 11 e 16; CDC, 1989, artigo 18; Agenda 2030, Objetivo 5.4; Comitê CEDAW, Comentário Geral nº 21, parágrafo 18; Comitê CDC, Comentário Geral nº 15, parágrafo 64; Comitê CDC, Comentário Geral nº 20, parágrafo 50; e X Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, Consenso de Quito, 2007, pontos 9 e 25. Cf. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 1969, artigos 4, 5, 7, 11, 17, 19, 24 e 26. Cf. Caso dos "Meninos de Rua" (Villagrán Morales e outros) Vs. Guatemala. Mérito. Sentença de 19 de novembro de 1999. Série C n° 63, par. 144, e Caso Povo Indígena U'wa e seus membros Vs. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de julho de 2024. Série C n° 530, par. 335. Cf. Caso dos "Meninos de Rua" (Villagrán Morales e outros) Vs. Guatemala, supra, par. 144; e Caso Povo Indígena U'wa e seus membros Vs. Colômbia, supra, par. 135. Cf. Caso Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 17 de junho de 2005. Série C No 125, par. 167, e Caso Povo Indígena U'wa e seus membros Vs. Colômbia, supra, par. 136. Cf. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 1969, artigo 5, e Declaração Americana, 1946, artigo 1.

tortura 118, que pode ser resultado de ações diretas ou da não implementação de medidas para garantir a saúde em contextos específicos. 119

102. Em consonância com o exposto, a Corte decidiu que o direito à saúde120, protegido pelo artigo 26 da Convenção Americana, compreende a atenção oportuna e adequada, de acordo com os princípios de disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade que permitam às pessoas alcançar o mais alto nível de bem-estar integral. 121 Ademais, indicou que o cumprimento da obrigação de respeitar e garantir esse direito deve dar atenção especial a grupos em situação de vulnerabilidade, como mulheres grávidas 122, em período de lactância 123, crianças 124, pessoas idosas 125 e pessoas com deficiência 126, e que deve ser realizado de acordo com os recursos disponíveis, de forma progressiva e em conformidade com a legislação nacional aplicável. 127 O direito à saúde não apenas protege as pessoas que recebem tratamento médico ou psicológico, mas também obriga os Estados a adotar medidas preventivas ou de recuperação cujo alcance e conteúdo dependem das necessidades específicas das pessoas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. 128 Igualmente, a Corte reconheceu que nenhum desses tratamentos ou intervenções pode ser realizado sem o consentimento da pessoa afetada. 129

103. No que se refere à proteção da infância, este Tribunal estabeleceu que seu objetivo, em última instância, é o desenvolvimento da personalidade das crianças e o gozo dos direitos que lhes foram reconhecidos. Assim, as crianças têm direitos especiais aos quais correspondem deveres específicos por parte da família, da sociedade e do Estado. Ademais, sua condição exige uma proteção especial por parte do Estado, que deve ser entendida

Cf. Caso Loayza Tamayo Vs. Mérito. Sentença de 17 de setembro de 1997. Série C Nº 33, pars. 57 e 58, e Caso Habitantes de La Oroya Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de novembro de 2023. Série C No 511, par. 137. Cf. Caso "Instituto de Reeducação do Menor" Vs. Paraguai. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 2 de setembro de 2004. Série C No 112, par. 170; Caso Albán Cornejo e outros Vs. Equador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de novembro de 2007. Série C No 171, par. 117, e Parecer Consultivo OC-23/17, supra, par. 114. Cf. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 1969, artigo 26; Declaração Americana, 1948, artigo XI; e Carta da OEA, 1948, artigos 34.i, 34.l e 45.h. Cf. Caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 8 de março de 2018. Série C No 349, pars. 120 e 121, e Caso Valencia Campos e outros Vs. Bolívia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 18 de outubro de 2022. Série C No 469, par. 234. Cf. Caso Brítez Arce e outros Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 16 de novembro de 2022. Série C N° 474, par. 68. Enfoques diferenciados a respeito de determinados grupos de pessoas privadas de liberdade (Interpretação e alcance dos artigos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 e 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e de outros instrumentos que dizem respeito à proteção dos direitos humanos). Parecer Consultivo OC-29/22, de 30 de maio de 2022. Série A No 29, par. 137. Cf. Caso Vera Rojas e outros Vs. Chile. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1º de outubro de 2021. Série C No 439, par. 104. Cf. Caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile, supra, par. 127. Cf. Caso Guachalá Chimbo e outros Vs. Equador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 26 de março de 2021. Série C No 423, par. 143. Cf. Caso Cuscul Pivaral e outros Vs. Guatemala. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 23 de agosto de 2018. Série C No 359, par. 107, e Caso Valencia Campos e outros Vs. Bolívia, supra, par. 234. Cf. Caso Vera Rojas e outros Vs. Chile, supra, par. 110. Cf. Caso I.V. Vs. Bolívia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 30 de novembro de 2016. Série C No 329, par. 163.

como um direito adicional e complementar aos demais direitos que a Convenção reconhece a todas as pessoas. 130 Nesse sentido, este Tribunal estabeleceu que os tratamentos de reabilitação para deficiência e os cuidados paliativos são serviços essenciais em relação à saúde das crianças, que devem ser prestados levando em conta as necessidades particulares do tratamento médico requerido e com apoio às famílias encarregadas de seu cuidado, especialmente às mães, que são tradicionalmente responsáveis por seu cuidado. 131 Nesse ponto, a Corte recorda que, de acordo com os direitos da infância, e conforme estabelecido em sua jurisprudência, o Estado está obrigado a promover medidas de proteção especial orientadas pelo princípio do interesse superior da criança, assumindo sua posição de garantidor com maior cuidado e responsabilidade, em consideração à condição especial de vulnerabilidade das crianças. 132 Da mesma forma, este Tribunal assinalou que do artigo 19 da Convenção decorre um dever de proteção que recai sobre a família, a sociedade e o Estado. 133

104. Em relação ao exposto acima, este Tribunal indicou que, em virtude do artigo 17 da Convenção Americana, os Estados estão obrigados a promover, de maneira ampla, o desenvolvimento e o fortalecimento do núcleo familiar. 134 A Corte estabeleceu que o gozo mútuo da convivência entre pais e filhos constitui um elemento fundamental da vida familiar. A família à qual toda criança tem direito é principalmente sua família biológica, que inclui os parentes mais próximos. A família deve oferecer proteção à criança e, por sua vez, deve ser o principal objeto das medidas de proteção do Estado. 135 Não existe uma definição única de família, portanto a família não deve ser restringida pela noção tradicional de um casal e seus filhos, pois outros parentes, como tias, tios, primos e avós, para listar apenas alguns possíveis membros da família estendida, também podem ser titulares do direito à vida familiar, desde que tenham laços pessoais estreitos. 136 Da mesma forma, a Corte apontou que uma família pode ser composta por pessoas com diversas identidades de gênero e/ou orientação sexual e que a Convenção Americana protege "o vínculo familiar que pode ser decorrente de um relacionamento de um casal do mesmo sexo". 137 Ademais, considerou que uma pessoa pode ser reconhecida como membro de uma família em um sentido amplo, reconhecendo distintas configurações ou sistemas familiares. 138 Ademais, a Corte nota que o artigo 17 da Convenção dispõe, em seu parágrafo 4, que "[o]s Estados Partes devem tomar medidas apropriadas no sentido de assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamento, durante o casamento e em caso de dissolução do mesmo.”

Cf. Condição Jurídica e Direitos Humanos da Criança. Parecer Consultivo OC-17/02, de 28 de agosto de 2002. Série A No 17, pars. 53, 54, 60, 86, 91 e 93, e Caso Ramírez Escobar e outros Vs. Guatemala. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 9 de março de 2018. Série C No 351, par. 149. Cf. Caso Vera Rojas Vs. Chile, supra, pars. 109 a 111. Cf. Parecer Consultivo OC-17/02, supra, pars. 53, 54, 60, 86, 91 e 93, e Caso Ramírez Escobar e outros Vs. Guatemala, supra, par. 149. Cf. Caso Gelman Vs. Uruguai. Mérito e Reparações. Sentença de 24 de fevereiro de 2011. Série C No 221, par. 121. Cf. Parecer Consultivo OC-17/02, supra, par. 66, e Caso Ramírez Escobar e outros Vs. Guatemala, supra, par. 162. Cf. Parecer Consultivo OC-17/02, supra, par. 72, e Caso Ramírez Escobar e outros Vs. Guatemala, supra, par. 162. Cf. Parecer Consultivo OC-21/14, supra, par. 272, e Caso Atala Riffo e Meninas Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de fevereiro de 2012. Série C No 239, par. 145. Cf. Parecer Consultivo OC-24/17, supra, par. 179. Cf. Caso Aloeboetoe e outros Vs. Suriname. Reparações e Custas. Sentença de 10 de setembro de 1993. Série C No 15, par. 83.

105. Por outro lado, a Corte assinalou que o direito ao trabalho, protegido pelo artigo 26 da Convenção, implica a possibilidade de escolher uma atividade ou vocação 139, bem como a garantia de que o trabalhador possa realizar suas tarefas em condições adequadas de segurança, higiene e saúde que previnam acidentes de trabalho e doenças profissionais, o que é especialmente relevante quando se trata de atividades que implicam riscos significativos para a vida e a integridade das pessoas, particularmente das crianças. 140 De igual modo, a Corte assinalou que o direito à seguridade social, reconhecido pelo artigo 26 da Convenção, é a proteção que uma sociedade proporciona aos indivíduos e aos lares, para assegurar o acesso à assistência médica e garantir a segurança da renda, especialmente em caso de velhice, desemprego, doença, invalidez, acidentes de trabalho, maternidade ou perda do sustento da família. 141 Da mesma forma, considerou que esse direito deve ser garantido de acordo com os princípios de disponibilidade e acessibilidade, deve cobrir riscos e contingências sociais; os benefícios devem ser de nível suficiente e devem ser considerados em sua relação a outros direitos. 142

106. Ao referir-se à relação entre família e trabalho, a Corte considerou de forma especial o direito à igualdade, previsto nos artigos 24 e 1.1 da Convenção 143, que tem uma dimensão formal, protegendo a igualdade perante a lei, e uma dimensão material ou substancial, que determina "a adoção de medidas positivas de promoção em favor de grupos historicamente discriminados ou marginalizados em razão dos fatores referidos no artigo 1.1 da Convenção Americana". 144 Nesse sentido, a Corte assinalou que os Estados devem adotar medidas para equilibrar o trabalho doméstico e de cuidado entre homens e mulheres, o que implica a adoção de políticas destinadas a garantir que os homens participem ativamente e de forma equilibrada na organização do lar e na criação dos filhos. 145

107. Para determinar o alcance das obrigações em matéria de direitos humanos, a Corte considerou que a Convenção contém uma cláusula universal para a proteção da dignidade146, cuja base é tanto o princípio da autonomia da pessoa, quanto a ideia de que todas as pessoas devem ser tratadas como iguais, na medida em que são fins em si mesmas

Cf. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 1969, artigo 26; Declaração Americana, 1948, artigos XIV, XV e XVI, e Carta da OEA, 1948, artigos 34.g e 45.b e h. Cf. Caso dos Mergulhadores Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras. Sentença de 31 de agosto de 2021. Série C No 432, par. 75. Cf. Caso dos Mergulhadores Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras, supra, par. 90. Cf. Caso dos Mergulhadores Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras, supra, par. 90. Cf. Declaração Americana, 1948, artigo II. Ver também: Parecer Consultivo OC-4/84, supra, pars. 53 e 54, e Caso Barbosa de Souza e outros Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 7 de setembro de 2021. Série C No 435, par. 139. Caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares Vs. Brasil, supra, par. 199, e Caso Povos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango e outros Vs. Guatemala. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de outubro de 2021. Série C No 440, par. 135. Veja também: Caso Vicky Hernández e outros Vs. Honduras. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 26 de março de 2021. Série C No 422, par. 66. Cf. Direitos à liberdade sindical, à negociação coletiva e à greve, e sua relação com outros direitos, com perspectiva de gênero (interpretação e alcance dos artigos 13, 15, 16, 24, 25 e 26, em relação com os artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; dos artigos 3, 6, 7 e 8 do Protocolo de San Salvador; dos artigos 2, 3, 4, 5 e 6 da Convenção de Belém do Pará; dos artigos 34, 44 e 45 da Carta da Organização dos Estados Americanos; e dos artigos II, IV, XIV, XXI e XXII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem). Parecer Consultivo OC-27/21 de 5 de maio de 2021. Série A nº 27, par. 174. Cf. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigo 11, e Declaração Americana, Preâmbulo.

segundo suas intenções, vontade e escolhas de vida. 147 Isso é fundamental tanto para a garantia do bem-estar físico e mental, quanto para o desenvolvimento emocional e social das pessoas. Nesse sentido, a Corte concedeu proteção especial ao projeto de vida, que inclui a realização integral de cada pessoa e se expressa, conforme o caso, em suas expectativas e opções de desenvolvimento pessoal, familiar e profissional, levando em consideração suas circunstâncias, seu potencial, suas aspirações, suas aptidões e sua vocação, que dão sentido à sua própria existência. 148 Igualmente, o Tribunal indicou que os artigos 7 e 11 da Convenção Americana reconhecem o princípio da autonomia da pessoa, em virtude do qual é proibida qualquer ação estatal que busque a instrumentalização da pessoa, ou seja, que a transforme em um meio para fins alheios às escolhas sobre sua própria vida, seu corpo e o pleno desenvolvimento de sua personalidade. 149

B.2 O direito ao cuidado como um direito autônomo protegido pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos

108. O Tribunal considera que a Convenção Americana contempla direitos que, para sua proteção e exercício efetivo, requerem o reconhecimento do cuidado como um direito. Em primeiro lugar, o cuidado constitui um meio indispensável para o desfrute do direito a uma vida digna, protegida pelo artigo 4.1 da Convenção, na medida em que permite que as pessoas se desenvolvam integralmente e sustentem seu projeto de vida, particularmente em contextos de vulnerabilidade física, psicológica ou social. Ademais, o cuidado é fundamental para a proteção da integridade pessoal, consagrada no artigo 5.1, uma vez que sua omissão pode resultar em situações de abandono ou negligência que comprometem a dignidade, a integridade física ou psicológica das pessoas de acordo com seu estágio vital e suas capacidades diferenciadas. Esses elementos demonstram que o acesso a cuidados não é apenas uma medida assistencial, mas uma condição normativa essencial para a efetividade dos direitos humanos.

109. Da mesma forma, receber cuidados - ou ter as condições adequadas para prestá-los - é um elemento essencial para que as pessoas possam levar uma vida digna, exercer sua liberdade de forma autônoma e participar plenamente da vida em sociedade. Essas garantias estão ligadas aos direitos consagrados nos artigos 7 e 11 da Convenção Americana, relacionados à liberdade pessoal, ao reconhecimento da dignidade humana e à proteção da vida privada e familiar. O cuidado é, portanto, vital para que as pessoas possam viver com autonomia e dignidade. No mesmo sentido, ele também é apoiado pelo direito à saúde, reconhecido no artigo 26 da Convenção. Sua garantia implica a prestação de serviços de cuidados abrangentes e de qualidade para pessoas doentes ou em situação de dependência, como pessoas com deficiência, doenças incapacitantes ou pessoas idosas que não têm autonomia para realizar atividades básicas da vida diária. Consequentemente, a prestação de cuidados médicos assistenciais faz parte do conteúdo protegido do direito à saúde. 150

110. Ademais do exposto, a Corte considera que, para o desenvolvimento e fortalecimento da família, bem como para o gozo mútuo da convivência entre seus membros e a proteção das pessoas em situação de dependência, requer-se o reconhecimento do direito e da

Cf. Parecer Consultivo OC-24/17, supra, par. 86. Cf. Caso Pérez Lucas e outros Vs. Guatemala. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de setembro de 2024. Série C n° 536, pars. 181 a 186. Cf. Caso I.V. Vs. Bolívia, supra, par. 150, e Parecer Consultivo OC-24/17, supra, par. 88. Cf. Caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile, supra, par. 146; e Caso Vera Rojas Vs. Chile, supra, par. 90.

obrigação de oferecer e receber cuidados. De fato, é no ambiente familiar que ocorre grande parte do cuidado quotidiano daqueles que precisam de apoio, especialmente das crianças. A Convenção Americana, em seu artigo 17, protege a família como o núcleo fundamental da sociedade, o que inclui a necessidade de garantir condições para o cuidado digno em seu interior. Essa proteção também inclui a distribuição equitativa das tarefas de cuidado e apoio entre seus membros, de acordo com os princípios de igualdade e corresponsabilidade. Esse último aspecto está intimamente ligado ao direito à igualdade e à proibição da discriminação. Por sua vez, o fortalecimento do ambiente familiar é um fator essencial para a proteção integral da infância, em conformidade com o artigo 19 da Convenção.

111. Por fim, este Tribunal observa que o cuidado deve ser reconhecido como uma atividade protegida pelo direito ao trabalho, nos termos do artigo 26 da Convenção. Isso implica que aqueles que realizam trabalhos de cuidado – de forma remunerada ou não devem contar com garantias trabalhistas mínimas que assegurem que possam fazê-lo em condições dignas e equitativas e sem discriminação (Capítulo VII-A infra). Por sua vez, o direito à seguridade social, protegido pelo artigo 26 da Convenção Americana, deve incluir explicitamente as situações que geram necessidades de cuidado, incluindo falecimento, velhice, desemprego, doença, invalidez, acidentes de trabalho e maternidade, de modo que protejam não apenas o acesso à renda e aos benefícios, mas que sejam estruturados para garantir o cuidado como uma dimensão essencial da vida humana.

112. No âmbito do que foi anteriormente exposto, o Tribunal considera que o cuidado foi reconhecido como um componente essencial de múltiplos direitos protegidos pela Convenção Americana, e cumpre uma função instrumental para o pleno exercício desses direitos. Entretanto, seu tratamento fragmentado - limitado a dimensões parciais dentro de outros direitos – mostra-se insuficiente. Essa abordagem parcial não permite abordar adequadamente as múltiplas formas pelas quais a omissão de cuidados pode afetar a dignidade das pessoas, nem oferece garantias adequadas a quem realiza trabalhos de cuidado. 151 Em consequência, e com base em uma interpretação sistemática, evolutiva e pro persona dos direitos consagrados na Convenção (Capítulo IV supra), a Corte conclui que existe um direito autônomo ao cuidado, derivado da leitura conjunta dos artigos 4, 5, 7, 11, 17, 19, 24, 26 e 1.1 da Convenção Americana. Portanto, cabe aos Estados respeitar e garantir esse direito, bem como adotar medidas legislativas e de outra natureza para alcançar sua plena efetividade, de acordo com os artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento. Da mesma forma, a Corte observa que o direito ao cuidado também é decorrente dos direitos reconhecidos na Declaração Americana - em particular nos artigos I, II, VI, XI e XIV a XVI - bem como nos artigos 34 e 45 da Carta da Organização dos Estados Americanos. Como consequência, à medida que a Corte interpreta o conteúdo dos direitos substantivos, as interpretações relativas ao direito ao cuidado irradiam o conteúdo dos direitos reconhecidos na Declaração e na Carta da OEA (par. 43 supra).

113. Este Tribunal reitera que o cuidado constitui uma necessidade humana universal e uma condição indispensável para desfrutar de uma existência digna. Em consequência, a Corte considera que o direito autônomo ao cuidado compreende o direito de toda pessoa a dispor do tempo, dos espaços e dos recursos necessários para proporcionar, receber ou obter condições que garantam seu bem-estar integral e lhe permitam desenvolver

Cf. CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 17. De acordo com essa Lei Modelo, as atividades de cuidado incluem, entre outras: 1. organização, distribuição e supervisão das tarefas domésticas. 2. preparação de alimentos. 3. limpeza e manutenção da casa e dos bens domésticos. 4. limpeza e manutenção de roupas. 5. cuidado, formação e instrução de crianças (transferência para centros educativos e ajuda com as tarefas escolares) 6. cuidado de pessoas idosas, doentes ou dependentes. 7. compras, pagamentos ou formalidades relacionadas à casa. 8. reparos no interior da residência. 9. serviços comunitários e ajuda não remunerada a outras famílias de parentes, amizades e pessoas vizinhas.

livremente seu projeto de vida, de acordo com suas capacidades e etapa de vida. Nessa lógica, o objetivo do cuidado não é apenas a subsistência das pessoas cuidadas e daqueles que cuidam, mas também sua realização e consecução de seu projeto de vida, reforçando a autonomia pessoal e a inclusão na comunidade por meio do trabalho de cuidado. 152 Esse direito é regido pelo princípio da corresponsabilidade social e familiar, já que o cuidado recai conjunta e solidariamente sobre o indivíduo, a família, a sociedade e o Estado 153; pelo princípio da igualdade e da não discriminação, que exige que homens e mulheres tenham as mesmas condições e responsabilidades no cuidado; e que crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência e com doenças que comprometam sua autonomia e independência desfrutem de cuidados de acordo com sua condição (Capítulo VI infra). 154

114. Neste ponto, este Tribunal considera pertinente assinalar que, embora o direito ao cuidado esteja estreitamente vinculado a outros direitos -como a saúde, o trabalho, a seguridade social ou a proteção da família-, como foi mencionado anteriormente (par. 112 supra), seu conteúdo não se esgota em nenhum deles. O reconhecimento do direito ao cuidado pressupõe sua autonomia normativa e funcional, na medida em que protege um conjunto específico de condições materiais e relacionais que se mostram essenciais para o bem-estar e a dignidade humana, e cuja omissão ou desatenção pode comprometer o exercício efetivo de múltiplos direitos interdependentes.

115. Ademais, a Corte analisará o conteúdo do direito ao cuidado a partir de suas três dimensões básicas: ser cuidado, cuidar e o autocuidado. No que diz respeito ao autocuidado, a Corte o analisará, no presente Parecer Consultivo, apenas com relação às pessoas que prestam e recebem cuidados.

116. O direito de ser cuidado implica que todas as pessoas que têm algum grau de dependência têm o direito de receber atenção de qualidade, suficiente e adequada para viver com dignidade. Esse cuidado deve garantir o bem-estar físico, espiritual, mental e cultural. O alcance e as características do cuidado devem ser ajustados ao estágio de vida da pessoa, ao grau de dependência e às necessidades específicas. Em razão disso, o Estado deve garantir que o cuidado que as pessoas recebem seja realizado com pleno respeito a seus direitos humanos, em particular sua dignidade e privacidade, bem como o reconhecimento de sua capacidade de agir. Nesse sentido, o Estado deve adotar medidas de desenvolvimento progressivo para garantir o acesso efetivo aos serviços de cuidado, de acordo com o princípio da corresponsabilidade (par. 119 infra). Da mesma forma, o cuidado deve ser prestado sem discriminação, respeitando o maior grau possível de autonomia das pessoas cuidadas e assegurando sua participação ativa nas decisões que as afetam. 155

Sentença C-400-24 da Corte Constitucional da Colômbia, de 19 de setembro de 2024. Ver, ademais: Caso Pérez Lucas e outros Vs. Guatemala, supra, pars. 181 a 186. Mutatis mutandis, Parecer Consultivo OC-17/02, supra, par. 71; Caso Ramírez Escobar e outros Vs. Guatemala, supra, pars. 149 e 162; Assembleia Geral das Nações Unidas, Agenda 2030, Objetivo 5.4; Comitê DESC, Comentário Geral No 16, supra, par. 24, e Resolução aprovada pelo Conselho de Direitos Humanos em 11 de outubro de 2023. Importância do cuidado e do apoio em uma perspectiva de direitos humanos, Resolutivos 1 a 4. Mutatis mutandis, Parecer Consultivo OC-27/21, supra, par. 174, CEDAW, 1979, artigos 5, 11 e 16; CDC, 1989, artigo 18; Agenda 2030, Objetivo5.4; Comitê CEDAW, Comentário Geral No 21, supra, par. 18; Comitê CDC, Comentário Geral nº 15, supra, par. 64; Comitê CDC, Comentário Geral nº 20, supra, par. 50; e X Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, Consenso de Quito, 2007, pontos 9 e 25. Mutatis mutandis, Caso Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Paraguai, supra, par. 167; Caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile, supra, pars. 120, 121 e 160, e Parecer Consultivo OC-17/02, supra, pars. 53, 54, 60, 86, 91 e 93. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 20.

117. O direito a cuidar consiste no direito de oferecer cuidados em condições dignas, tanto de forma não remunerada quanto remunerada. Esse direito implica que as pessoas cuidadoras, tanto no âmbito familiar quanto fora dele, possam realizar seu trabalho sem discriminação e com total respeito aos seus direitos humanos, garantindo seu bem-estar físico, mental, emocional, espiritual e cultural. Dessa forma, implica a obrigação dos Estados de adotar medidas progressivas para avançar na conciliação do trabalho e das responsabilidades familiares, na educação e na existência de meios adequados para realizar o trabalho de cuidado de forma segura e digna. No caso do trabalho de cuidado não remunerado, o Estado tem a obrigação de garantir o gozo do direito à saúde, ao trabalho e à seguridade social (Capítulos VII-A, B e C infra). Também deve prevenir e punir todas as formas de violência, assédio ou discriminação baseadas no fato de assumir responsabilidades de cuidado, inclusive aquelas que ocorrem no local de trabalho. Por sua vez, os Estados devem garantir progressivamente que as pessoas cuidadoras gozem dos mesmos direitos, em igualdade de condições e sem discriminação, que os demais trabalhadores, conforme a legislação nacional e internacional aplicável. 156

118. O direito ao autocuidado implica o direito de quem cuida e de quem é cuidado de buscar seu próprio bem-estar e de atender às suas necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais e culturais. Essa dimensão reconhece a importância de que as pessoas tenham tempo, espaço e recursos para cuidar de si mesmas, exercer sua autonomia e levar uma vida digna. Por esse motivo, o Estado deve adotar, de acordo com sua obrigação de desenvolvimento progressivo, medidas que lhes permitam ter condições de realizar ações de autocuidado de forma autônoma em benefício de seu aprimoramento físico, espiritual, mental e cultural. Essas ações devem levar em consideração os obstáculos que as pessoas pertencentes a grupos historicamente discriminados têm enfrentado na prestação e no recebimento de cuidados. Em particular, os Estados devem adotar medidas especialmente destinadas a garantir que as mulheres cuidadoras e as pessoas idosas contem com as condições necessárias para realizar ações de autocuidado, de acordo com os princípios de corresponsabilidade social e familiar. 157

119. O direito ao cuidado também encontra seu fundamento e alcances no princípio da corresponsabilidade. A Corte entende que, conforme esse princípio, o cuidado é uma responsabilidade compartilhada entre o indivíduo e os espaços sociais nos quais ele se desenvolve: a família, a comunidade, a sociedade civil, a empresa e o Estado. Esse princípio impõe uma responsabilidade solidária e subsidiária a diversas instâncias sociais para garantir a gestão e a sustentabilidade da vida cotidiana, de modo que pode ser entendido como uma rede de cuidados cujos alcances serão determinados pelas necessidades dos indivíduos e pelas esferas de ação de cada instância social. Esse princípio tem um alcance específico - entendido como corresponsabilidade familiar - no que diz respeito à necessidade de uma distribuição equitativa e solidária do trabalho de cuidado não remunerado por

Mutatis mutandis, Parecer Consultivo OC-17/02, supra, par. 66, e Caso dos Mergulhadores Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras, supra, pars. 68 e 90; Ademais, ver: Assembleia Geral das Nações Unidas. Agenda 2030, Objetivo 5.4; ESCR, supra, Conclusions XIII-4, ESCR, supra, Statement of interpretation on Article 8-2; ESCR, supra, Conclusions IV, Statement of interpretation on Article 16; Resolução aprovada pelo Conselho de Direitos Humanos em 11 de outubro de 2023. Importância do Cuidado e do Apoio sob uma Perspectiva de Direitos Humanos, Resolutivos 1 a 4; Comitê CDPD, Comentário Geral No 5, supra, par. 17; XI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, Consenso de Brasília, 2010, Preâmbulo e Ponto 1, e CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigos 25 e 26. Mutatis mutandis, Caso Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Paraguai, supra, par. 167. Veja também: XI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, Consenso de Brasília, 2010, Preâmbulo e Ponto 1; Carta Social Europeia, Parte I e artigo 23; Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Pessoas Idosas na África, artigo 5, e artigo 4 da Lei Modelo Interamericana de Cuidados; Comitê da CEDAW, Comentário Geral Nº 27, par. 43.

homens e mulheres no âmbito familiar. Esse princípio estabelece que homens e mulheres têm responsabilidades equitativas de cuidado. 158

120. Da mesma forma, este Tribunal observa que o direito ao cuidado está estreitamente vinculado ao princípio da solidariedade, que se reflete em diversas normas relativas aos deveres e responsabilidades das pessoas. 159 A solidariedade baseia-se na ideia de uma humanidade comum e na interdependência dos membros da sociedade. Ela implica o dever de respeito mútuo e cooperação entre as pessoas para o exercício efetivo de seus direitos e para a realização de objetivos comuns. 160 Na área de cuidados, o princípio da solidariedade reforça a obrigação dos indivíduos, da família, da comunidade, da sociedade civil, das empresas e do Estado de assumir, respectivamente, uma dupla responsabilidade: por um lado, assistir, apoiar e cuidar daqueles com algum grau de dependência; e, por outro lado, apoiar aqueles que realizam essas tarefas, garantindo que eles tenham as condições necessárias para prestar cuidados adequadamente, que seu trabalho seja reconhecido e que eles tenham apoio para aliviar os encargos do cuidado. Isso inclui garantir que o cuidado remunerado ou não - seja reconhecido, valorizado e sustentado por meio de medidas que aliviem seus encargos físicos, emocionais e econômicos. Nesse sentido, a Corte considera que a valorização social do cuidado constitui uma obrigação legal derivada do princípio da solidariedade, na medida em que o cuidado representa uma atividade humana com valor intrínseco e um elemento essencial para o fortalecimento dos laços entre as pessoas e a coesão social.

121. A Corte observa que a compreensão do cuidado como uma responsabilidade compartilhada - sustentada pelos princípios de corresponsabilidade e solidariedade encontra ressonância em outras tradições éticas e jurídicas. Esse é o caso da ética do cuidado na África, ligada ao conceito de Ubuntu. Essa filosofia está enraizada nos valores com base nos quais as comunidades africanas desenvolvem relacionamentos harmoniosos

Mutatis mutandis, Caso Brítez Arce e outros Vs. Argentina, supra, par. 68; Caso Ramírez Escobar e outros Vs. Guatemala, supra, par. 149; Caso dos Mergulhadores Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras, supra, par. 90; e Caso Barbosa de Souza e outros Vs. Brasil, supra, par. 139. Ademais, ver: CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigos 3 e 25; Comitê da CEDAW, Recomendação nº 23, par. 10; Recomendação sobre Trabalhadores com Responsabilidades Familiares, artigo 3; e XI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, Consenso de Brasília, 2010, 1.c. Cf. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Preâmbulo, artigos XII e XXXV; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigo 32; Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, artigo 15.3.d.; Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, Preâmbulo, artigos 3 e 8; Carta Social das Américas, artigos 14 e 33; Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigos 1 e 29; Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Preâmbulo, par. 6; Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Preâmbulo, artigo 2; Convenção sobre os Direitos da Criança, Preâmbulo, par. 8; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Preâmbulo, parágrafo 24; Carta Social Europeia, artigos 8, 16, 17 e 27; Carta Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos, Preâmbulo, artigos 21, 27, 28 e 29.4; Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança, artigos 11 e 31; Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Mulheres na África, Preâmbulo; Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Pessoas Idosas na África, artigo 20.2; Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência na África, artigo 31. Sobre a relação entre solidariedade e o direito ao cuidado, ver: Sentença T-583-23 da Corte Constitucional da Colômbia, de 19 de dezembro de 2023, e Sentença T-065/18, da Corte Constitucional da Colômbia, de 26 de fevereiro de 2018; Comitê Europeu de Direitos Sociais, supra, Decision on the merits: European Roma Rights Centre (ERRC) v. Portugal, par. 18, e Decisão sobre o mérito: European Roma Rights Centre (ERRC) Vs. Portugal, par. 18, e Decision on the merits: International Federation of Human Rights (FIDH) v. Belgium, par. 206; Tribunal Europeu de Direitos Humanos, supra, Case Fábián v. Hungary, par. 70, Case Kok v. The Netherlands, supra, par. 13, Case Vavřička and others v. The Czech Republic, supra, par. 279 e 306. Cf. Programa de Ação da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, 1995, par. 82; Comitê Africano de Especialistas sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança, Comentário Geral sobre o artigo 31 da Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança sobre "As Responsabilidades da Criança", par. 71.

entre si, com outras comunidades, com seus ancestrais, com suas crenças religiosas e com o universo. Essa interdependência e interconexão são nutridas por valores de humanidade, solidariedade, respeito, compaixão e outros valores associados, inclusive o cuidado familiar e a comunidade. O Ubuntu visa a que os membros de cada comunidade tratem uns aos outros com justiça e equidade em todos os momentos, como parte de uma rede vital para a compreensão do mundo com base na interdependência e interconexão das relações éticas e na busca holística do bem-estar que remonta às origens da humanidade. 161 A lógica da interconexão proposta pelo Ubuntu coincide com os fundamentos éticos do princípio da solidariedade, na medida em que promove a coesão social por meio do reconhecimento mútuo e da atenção às necessidades dos demais.

C. As obrigações dos Estados em relação ao direito ao cuidado no âmbito da Convenção Americana

122. A Corte recorda que o direito ao cuidado é derivado de uma leitura conjunta dos direitos contidos em diversos artigos da Convenção Americana, razão pela qual os Estados estão obrigados a respeitar e garantir esse direito e de adotar medidas legislativas e de outra natureza para alcançar sua plena efetividade, em conformidade com os artigos 1.1 e 2 do mesmo instrumento (par. 112 supra). Em razão disso, e do conteúdo substantivo desse direito (parágrafos 113 a 121 supra), os Estados têm as obrigações de: abster-se de condutas que violem o direito ao cuidado; organizar o aparato estatal de modo a poder garantir legalmente o livre e pleno exercício do direito; e adotar ou abolir as normas de direito interno necessárias para garantir a efetividade do direito ao cuidado e seu alcance, que inclui o reconhecimento do direito de todas as pessoas de cuidar e ser cuidadas.

123. A regulação que os Estados desenvolvem nessa área deve incluir, no mínimo, proteção reforçada para grupos em situação de vulnerabilidade, em particular mulheres grávidas ou lactantes, crianças e adolescentes, personas idosas, pessoas com deficiência e pessoas que sofrem de doenças graves ou crônicas ou que comprometem sua independência e requerem a prestação de cuidados. Da mesma forma, deverá prever mecanismos de proteção específicos para as pessoas que realizam trabalhos de cuidado não remunerados, reconhecendo sua contribuição social e garantindo condições que lhes permitam exercer esse trabalho com dignidade. O marco legal para o cuidado deve se basear nos princípios de corresponsabilidade social e familiar, solidariedade, igualdade e não discriminação, e no princípio da maior autonomia possível da pessoa cuidada. De igual modo, deve promover um sistema de divisão do trabalho de cuidado entre indivíduos, famílias, comunidade, sociedade civil, empresas e o Estado, bem como entre homens e mulheres.

124. Da mesma forma, este Tribunal considera que, ao resolver as controvérsias e questões jurídicas que possam surgir em matéria de cuidados, as autoridades competentes devem realizar o devido controle de convencionalidade com os parâmetros desenvolvidos pela Corte em sua jurisprudência e, em particular, no presente Parecer Consultivo, a fim de garantir a adequada proteção dos direitos humanos. Esses parâmetros também são derivados da Declaração Americana e da Carta da OEA, razão pela qual são aplicáveis em todos os países integrantes do Sistema Interamericano.162

Ver em geral: Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, supra, Preâmbulo, artigos 27-29. Ver também: Chisale, S.S., 2018, "Ubuntu as care: Deconstructing the gendered Ubuntu" Verbum et Ecclesia 39(1), a1790. Disponível em: https://doi.org/10.4102/ve.v39i1.1790. Cf. Parecer Consultivo OC-32/35, supra, par. 560.

125. Além dos elementos já observados neste capítulo, os alcances das obrigações do Estado para garantir a efetividade do direito ao cuidado serão desenvolvidos no restante do presente Parecer Consultivo (Capítulos VI e VII infra).

126. Como complemento ao anteriormente exposto, a Corte observa que o Estado deve adotar medidas para alcançar progressivamente a efetividade do direito ao cuidado, de acordo com o artigo 26 da Convenção. Em relação às obrigações de desenvolvimento progressivo, a Corte indicou que os Estados devem adotar as medidas necessárias e proporcionar os meios e elementos necessários para responder às exigências de efetividade dos direitos envolvidos, sempre de acordo com os recursos econômicos e financeiros disponíveis para cumprir o respectivo compromisso internacional adquirido. 163 Sobre esse ponto, o Tribunal destaca que a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos reconhece o direito das pessoas idosas a um sistema integral de atenção, o que reforça a obrigação do Estado de adotar medidas para tais fins. 164 Nesse sentido, os Estados membros da CEPAL expressaram seu compromisso de projetar sistemas integrais de cuidado com base em uma perspectiva de gênero, interseccionalidade, interculturalidade e direitos humanos, e sob o princípio da corresponsabilidade entre homens e mulheres. 165

127. Na mesma linha, a Corte observa que a Lei Modelo Interamericana de Cuidados, elaborada pela Comissão Interamericana de Mulheres, é uma fonte relevante para orientar a implementação do direito ao cuidado. Esse instrumento destaca a necessidade de estabelecer Sistemas Nacionais de Cuidados (SNC) como um conjunto de políticas públicas destinadas a reorganizar socialmente as tarefas de cuidado sob uma lógica de corresponsabilidade e equidade. 166 Conforme essa Lei Modelo, os SNC são modelos de governança que articulam as diferentes instituições - públicas, privadas, comunitárias ou mistas, e em nível nacional ou local - que realizam ações voltadas para o cuidado, especialmente para pessoas em situação de dependência ou vulnerabilidade. 167 Sua finalidade é garantir o direito ao cuidado e, ao mesmo tempo, reconhecer, redistribuir e reduzir a carga desproporcional que as mulheres historicamente assumiram nessa matéria. 168 A Corte considera que tal Lei Modelo oferece parâmetros úteis para a formulação

Cf. Caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile, supra, par. 104, e Caso Habitantes de La Oroya Vs. Peru, supra, pars. 183 a 185. Ademais, ver: CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 9. Cf. Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos do Idosos, 2015, artigos 6 e 12. Cf. XI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, Consenso de Brasília, 2010, par. 1.b; XII Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, Consenso de Santo Domingo, 2013, par. 57; e XV Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, Compromisso de Buenos Aires, 2022, par. 8. Cf. ONU Mulheres e CEPAL (2021). Rumo à construção de sistemas integrais de cuidados na América Latina e no Caribe. Elementos para sua implementação, p. 24. Disponível em: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2021/1 1/HaciaConstruccionSistemaCuidados_15Nov21-v04.pdf. Cf. ONU Mulheres e CEPAL (2021). Rumo à construção de sistemas integrais de cuidados na América Latina e no Caribe. Elementos para sua implementação, p. 24. Disponível em: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2021/1 1/HaciaConstruccionSistemaCuidados_15Nov21-v04.pdf. Ademais, ver: CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigos 36 a 49. Cf. ONU Mulheres e CEPAL (2021). Rumo à construção de sistemas integrais de atenção na América Latina e no Caribe. Elementos para sua implementação, p. 15. Disponível em: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2021/1 1/HaciaConstruccionSistemaCuidados_15Nov21-v04.pdf. Ademais, ver: CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigos 36, 37 e 41, e UNICEF. "Os sistemas de cuidado e apoio na América Latina e no Caribe: um marco para a ação da UNICEF", p. 91.

de marcos regulatórios e políticas públicas adequadas para a implementação progressiva e efetiva do direito ao cuidado a partir de uma perspectiva de direitos humanos, gênero, interseccional e intercultural.

128. Cabe destacar, ademais, que no âmbito das observações apresentadas durante este processo consultivo, vários Estados - entre eles Chile169, Colômbia 170, México 171, Costa Rica 172, Panamá 173 e Paraguai 174 - destacaram a importância de articular os SNC como ferramentas para garantir o direito ao cuidado. Com base nisso, a Corte destaca a existência de práticas promovidas na região que refletem um crescente compromisso estatal com a regulação, articulação, supervisão, fiscalização e financiamento do cuidado, seja por meio da criação formal de SNC, seja por meio de mecanismos de articulação de políticas e instituições nessa matéria. Assim, a Corte nota que o Uruguai desenvolveu um Sistema Nacional de Cuidados para a "atenção direta às atividades e necessidades básicas da vida diária das pessoas que se encontram em situação de dependência". 175 Esse sistema propôs um "conjunto de ações e medidas voltadas para a elaboração e implementação de políticas públicas" legalmente orientadas pelos princípios de universalidade, solidariedade no financiamento, corresponsabilidade, progressividade, qualidade, bem como pela perspectiva de gênero e intergeracional. 176 Por sua vez, a Costa Rica estabeleceu, desde 2014, uma Rede Nacional de Cuidado e Desenvolvimento Infantil e, a partir de 2022, um Sistema Nacional de Atenção e Apoio a Adultos e Pessoas Idosas em Situação de Dependência, orientados pelos princípios de acesso público, universalidade e financiamento solidário. 177

129. Da mesma forma, o Tribunal observa que, em 2023, a Colômbia e o Equador adotaram leis que preveem a criação de Sistemas Nacionais de Cuidados, a fim de articular as instituições e entidades encarregadas de definir, executar e supervisionar políticas públicas, regulamentos e serviços - existentes ou novos - relacionados ao cuidado. Essas normas buscam estabelecer uma estrutura institucional para responder às demandas de cuidado por meio de mecanismos de corresponsabilidade entre o Estado, o setor privado, a

Cf. Observações escritas da República do Chile, de 7 de novembro de 2023 (autos principais, folha 3506). Cf. Observações escritas da República da Colômbia, de 7 de novembro de 2023 (autos principais, folhas 4706 a 4708). Cf. Observações escritas dos Estados Unidos Mexicanos, de 7 de novembro de 2023 (autos principais, folhas 4810 a 4811). Cf. Observações escritas da República da Costa Rica de 22 de junho de 2023 (autos principais, folha 765). Cf. Observações escritas da República do Panamá de 20 de setembro de 2023 (autos principais, folha 1611). Cf. Observações escritas da República do Paraguai de 7 de novembro de 2023 (autos principais, folha 4648). Cf. Uruguai. Lei de Criação do Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). Lei n° 19353, de 8 de dezembro de 2015. O artigo 2 dispõe: "A presente lei tem por objetivo a promoção do desenvolvimento da autonomia das pessoas em situação de dependência, sua atenção e assistência, mediante a criação do Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), como um conjunto de ações e medidas destinadas ao desenho e implementação de políticas públicas que constituam um modelo de solidário e corresponsável entre famílias, Estado, comunidade e mercado.” Cf. Uruguai. Lei de Criação do Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). Lei nº 19.353, de 8 de dezembro de 2015. Cf. Assembleia Legislativa da República da Costa Rica. Lei que cria a Rede Nacional de Cuidado e Desenvolvimento Infantil. Lei n° 9220, de 24 de março de 2014, e Regulamento da Lei de Criação do Sistema Nacional de Cuidados e Apoios a Pessoas Adultas e Pessoas Adultas em Situação de Dependência (SINCA). Decreto Executivo nº 44242-MDHIS-MTSS-MP, de 12 de setembro de 2023.

sociedade civil e as comunidades. 178 Da mesma forma, em 2024, o Panamá aprovou uma lei para a criação de um Sistema Nacional de Cuidados, destinado à promoção e coordenação de políticas públicas nessa área por meio da participação corresponsável do Estado, das famílias, da comunidade, do setor privado e das organizações não governamentais. 179 A Corte considera que essas recentes iniciativas legislativas refletem um processo de convergência normativa na região, com o objetivo de estabelecer marcos legais e organizacionais para a garantia estrutural do direito ao cuidado.

130. Ademais, a Corte nota que outros Estados da região implementaram políticas de articulação e coordenação de serviços de cuidado. Nesse sentido, El Salvador adotou a Política Nacional de Corresponsabilidade pelos Cuidados 2022-2030, que tem como objetivo geral "garantir o direito das pessoas a receber e prestar cuidados em condições de qualidade, igualdade e não discriminação, promovendo o desenvolvimento de sua dignidade e autonomia que permita avançar na construção do Sistema Integral de Cuidados". 180 Da mesma forma, no Paraguai, foi criada uma Política Nacional de Cuidados 2022-2030 com o objetivo de garantir a autonomia das pessoas em situação de dependência e das pessoas que cuidam, com base em um modelo de corresponsabilidade entre as famílias, o Estado, o setor privado e a comunidade. 181 Igualmente, no ano de 2023, no Brasil e no Chile, se observa a criação de grupos de trabalho ou comitês interministeriais para a elaboração de Políticas Nacionais de Cuidados. 182

131. A Corte considera que os SNCs não implicam necessariamente a criação de novas instituições, políticas ou programas, mas podem consistir na regulamentação, articulação, supervisão e fiscalização das diferentes modalidades de prestação de serviços de cuidado sejam elas nacionais, locais e comunitárias, públicas ou privadas - que o Estado tenha previamente reconhecido e implementado. 183 Da mesma forma, os SNCs podem servir como um instrumento para ampliar as alternativas e a cobertura dos serviços a fim de assegurar o cumprimento dos elementos mínimos do direito ao cuidado, particularmente quando as políticas e instituições existentes forem insuficientes. Essa ampliação deve ser realizada de acordo com as capacidades de cada Estado e em observância à sua obrigação de desenvolvimento progressivo. Consequentemente, o Tribunal considera que os SNCs constituem um mecanismo estrutural idôneo mediante o qual os Estados podem garantir o direito ao cuidado, especialmente no que se refere à proteção integral das pessoas em situação de dependência e das pessoas cuidadoras. 184

Cf. Colômbia. Lei de Criação do Ministério da Igualdade e Equidade. Lei nº 2281, de 04 de janeiro de 2023, artigo 6, e Equador. Lei Orgânica sobre o Direito ao Cuidado Humano. Lei nº 309, de 27 de abril de 2023. Cf. Panamá. Lei que cria o Sistema Nacional de Cuidados do Panamá. Lei nº 431, de 25 de abril de 2024. Cf. Instituto Salvadorenho para o Desenvolvimento da Mulher. Política Nacional de Cuidados: Política Nacional de Corresponsabilidade dos Cuidados 2022-2030, p. 65. Disponível em: https://www.transparencia.gob.sv/descarga_archivo.php?id=NTgwMDcz&inst=580073. Cf. Paraguai. Política Nacional de Cuidados do Paraguai (PNCUPA) - 2030, 22 de dezembro de 2022. Cf. Brasil. Decreto da Política Nacional de Cuidados. Decreto n° 11.460 de 2023. Diário Oficial no 63, 31 de março de 2023, e Chile. Decreto n° 1 de 2023. Diário Oficial n° 43.492, de 3 de março de 2023. Cf. CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 45. Cf. CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigos 27, 36 e 42, e ONU Mulheres e CEPAL (2021). Rumo à construção de sistemas integrais de atenção na América Latina e no Caribe. Elementos para sua implementação, p. 12 Disponível em: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2021/1 1/HaciaConstruccionSistemaCuidados_15Nov21-v04.pdf.

D. Conclusão

132. Em suma, a Corte conclui que o direito ao cuidado consiste em um direito autônomo protegido pelos artigos 4.1, 5, 7, 11, 17, 19, 24 e 26 da Convenção Americana e, portanto, os Estados têm o dever de respeitá-lo e garanti-lo, nos termos dos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana. Do mesmo modo, o direito ao cuidado também decorre dos direitos reconhecidos na Declaração Americana – em particular em seus artigos I, II, VI, XI e XIV a XVI -, assim como nos artigos 34 e 45 da Carta da Organização dos Estados Americanos. Esse direito protege tanto aqueles que recebem cuidados quanto aqueles que os prestam, e tem três dimensões fundamentais: ser cuidado, cuidar e o autocuidado. Ele é regido pelos princípios da corresponsabilidade social e familiar, na medida em que os cuidados cabem ao indivíduo, à família, à comunidade, à sociedade civil, às empresas e ao Estado; pelo princípio da solidariedade, na medida em que reconhece a necessidade de apoio entre os distintos membros e atores da sociedade; e pelo princípio da igualdade e não discriminação, na medida em que implica um mandato para evitar a desigualdade na prestação e no recebimento do cuidado, particularmente entre homens e mulheres. Os Estados dispõem de uma margem de configuração na elaboração de políticas públicas destinadas à implementação progressiva do direito ao cuidado. Não obstante, a Corte observa que o estabelecimento de Sistemas Nacionais de Cuidado pode ter como instrumento estrutural para a garantia do direito ao cuidado, na medida em que permitem regular, articular, supervisionar e fiscalizar as diferentes modalidades de prestação de serviços de cuidado com base nos princípios e obrigações mencionados anteriormente.

133. Por fim, a Corte observa que a garantia do direito ao cuidado e seu conteúdo estão intimamente relacionados com outros direitos, em virtude dos princípios de interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos, e adquire características específicas em função dos requisitos e necessidades dos grupos em situação de vulnerabilidade. Em razão disso, a Corte se pronunciará sobre esses dois elementos, em resposta às perguntas formuladas pelo Estado argentino.

VI O DIREITO AO CUIDADO À LUZ DO DIREITO À IGUALDADE E DA PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO

134. Neste capítulo, a Corte responderá ao segundo grupo de perguntas apresentadas pelo Estado argentino (par. 35 supra). Para tanto, se pronunciará sobre o alcance do direito à igualdade e da proibição de discriminação, em relação ao direito de cuidar e de ser cuidado. Nesse contexto, a Corte fará referência específica ao impacto que o trabalho de cuidado tem sobre o exercício dos direitos das pessoas em condições de igualdade. Também se referirá aos direitos das pessoas de receberem cuidados e ao autocuidado, levando em conta as condições específicas de vulnerabilidade que possam enfrentar.

135. Antes de proceder à análise desta seção, a Corte considera necessário assinalar que as circunstâncias particulares às quais se refere este capítulo podem ser especialmente agravadas pela situação socioeconômica das pessoas, particularmente no caso de pessoas que vivem em situação de pobreza, pobreza extrema ou indigência. Esses fenômenos, segundo a CEPAL, "afetam milhões de pessoas na América Latina". 185 Na opinião da Corte,

De acordo com a CEPAL, a pobreza e a pobreza extrema são fenômenos que se distribuem de forma heterogênea na região. Assim, a pobreza varia, dependendo do estado, entre 5% e mais de 55% da população, e a pobreza extrema entre 1% e mais de 20% da população. A CEPAL também documentou a existência de uma diferença na incidência de pobreza monetária entre homens e mulheres entre 20 e 39 anos de idade, tanto em áreas urbanas quanto rurais, e afirmou que isso "é explicado em grande parte pela divisão sexual

a pobreza e a extrema pobreza colocam as pessoas que as sofrem em uma situação de especial vulnerabilidade, entre outras, no que se refere ao direito de cuidar e de receber cuidados, pois dificultam a prestação de cuidados por parte dos indivíduos e de suas famílias e impõem à sociedade e ao Estado o dever reforçado de contribuir para sua garantia. Nesse sentido, esta Corte considera que, em casos de pobreza, pobreza extrema e indigência, o princípio de corresponsabilidade e solidariedade se intensifica no que diz respeito ao cuidado e sua exigibilidade imediata, como corolário do princípio da não discriminação. 186

A. Direito à igualdade e proibição de discriminação em relação ao exercício do direito de cuidar

136. A Corte recorda que o direito ao cuidado deve ser entendido como uma prerrogativa das pessoas de desfrutar da atenção necessária para alcançar seu bem-estar físico, espiritual, mental e cultural, que tem três dimensões: cuidar, ser cuidado e o autocuidado (pars. 115 a 118 supra). Ademais, o Estado deve garantir que o trabalho de cuidado seja realizado sem discriminação (par. 116 supra). Da mesma forma, sustenta-se que o trabalho de cuidado foi historicamente atribuído, em geral, a mulheres e meninas, com base em estereótipos de gênero, o que deu origem a práticas que impuseram uma carga desproporcional de cuidado a mulheres e meninas, afetando o exercício de outros direitos. Levando em consideração o acima exposto, a Corte se pronunciará sobre essas questões à luz do direito à igualdade e da proibição de discriminação.

137. A Corte entende que estereótipos são ideias preconcebidas e generalizadas sobre os atributos ou características que os membros de um grupo social têm ou deveriam ter, ou os papéis que deveriam desempenhar. Essas ideias são baseadas principalmente em diferenças percebidas, que são o resultado de construções sociais e culturais sobre o papel de cada pessoa ou grupo de pessoas na sociedade. Os estereótipos de gênero, em particular, são preconceitos sobre os atributos, comportamentos, características ou papéis que são ou deveriam ser assumidos por homens e mulheres simplesmente porque são mulheres e homens. 187 Exemplos de estereótipos de gênero são as ideias de que mulheres e meninas são inferiores aos homens, que não têm base científica e são construídas social e culturalmente. 188 Os estereótipos podem ser abertamente hostis ou aparentemente benignos. Em ambos os casos, eles são prejudiciais quando contribuem para perpetuar

do trabalho e pela consequente maior participação das mulheres no trabalho doméstico e de cuidados não remunerado, o que constitui uma barreira à participação no mercado de trabalho remunerado.” Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Panorama Social da América Latina e do Caribe, 2024 (LC/PUB.2024/21-P/ReVs.1), Santiago, 2024, pp. 62, 65 e 66. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b47d0172-5948-467c-804e-083de2968fe9/content. Por exemplo, a Corte Constitucional da Colômbia, no caso de uma família que carecia de condições para cuidar de um de seus membros, que sofria de uma deficiência grave, referiu-se à imediatez dessa obrigação nos seguintes termos: "[com base na regra de] corresponsabilidade em casos de abandono social, fica claro que isso se configura, como responsabilidade estatal, quando as famílias não podem cumpri-las por serem excessivas, caso em que o Estado e a sociedade devem assumir responsabilidades imediatas para evitar a violação de direitos.” Cf. Sentença T-498/24 da Corte Constitucional da Colômbia, de 26 de novembro de 2024, par. 261. Cf. Caso González e outros ("Campo Algodoeiro") Vs. México. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 16 de novembro de 2009. Série C No 205, par. 401, e Caso Carrión González e outros Vs. Nicaragua. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 25 de novembro de 2024. Série C No 550, par. 92. Comitê da CEDAW. Recomendação Geral nº 21 (13º período de sessões): A igualdade no casamento e nas relações familiares, A/49/38, par. 11; e Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher e Comitê dos Direitos da Criança. Recomendação Geral nº 31 do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher e Comentário Geral nº 18 do Comitê dos Direitos da Criança (2019) sobre práticas nocivas, adotadas de forma conjunta, CEDAW/C/GC/31/Rev.1−CRC/C/GC/18/Rev.1, 8 de maio de 2019, par. 6.

padrões históricos de discriminação. 189 Por esse motivo, por exemplo, o artigo 8.b da Convenção de Belém do Pará exige que os Estados adotem progressivamente medidas e programas específicos destinados a " modificar os padrões sociais e culturais de conduta de homens e mulheres [...] a fim de combater preconceitos e costumes e todas as outras práticas baseadas na premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer dos gêneros ou nos papéis estereotipados para o homem e a mulher, que legitimem ou exacerbem a violência contra a mulher". 190

138. Em virtude dos estereótipos de gênero, as expectativas de comportamento de homens e mulheres geralmente se baseiam em diferenças biológicas, enquanto as práticas baseadas nessas expectativas são criadas e reproduzidas. Esta Corte já se pronunciou sobre condutas baseadas em estereótipos negativos de gênero, das quais podem surgir violações do direito à igualdade e da proibição de discriminação. Por exemplo, considerou que, em virtude de tais estereótipos, as mulheres que formam famílias que se desviam dos padrões social e culturalmente aceitos são discriminadas 191, ou que decisões discriminatórias são tomadas com base em concepções tradicionais do papel das mulheres como mães. 192

139. Assim, na sentença do caso Ramírez Escobar e outros Vs. Guatemala, a Corte constatou que as ações e decisões das autoridades envolvidas no processo de declaração de abandono dos irmãos Ramírez se basearam em estereótipos de gênero relativos à distribuição das responsabilidades parentais e em ideias preconcebidas sobre o papel da mãe ou do pai no cuidado dos filhos. Consequentemente, considerou que havia ocorrido uma forma de discriminação baseada no gênero. 193

140. Da mesma forma, na sentença Fornerón e Filha Vs. Argentina, a Corte reiterou, citando o caso Atala Riffo e Meninas Vs. Chile, que "uma determinação baseada em presunções e estereótipos sobre a capacidade e adequação dos pais para assegurar e promover o bem-estar e o desenvolvimento da criança não é adequada para garantir [seu] interesse superior". 194 Ademais, sustentou que as decisões adotadas em âmbito interno "não velaram efetivamente pelo interesse superior da menina e pelos direitos do pai e se basearam em afirmações que revelam uma ideia predeterminada sobre as circunstâncias em que ocorreu sua paternidade, e sobre que um progenitor solteiro não pode cuidar de uma criança". 195

141. Por outro lado, a Corte constata que, em virtude dos estereótipos negativos de gênero, atribuíam-se às mulheres papéis na esfera privada ou doméstica vinculados à procriação e à criação dos filhos, e que os homens foram socialmente e até mesmo legalmente

Cf. Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH). Estereótipos de Gênero: O ACNUDH e os direitos humanos das mulheres e a igualdade de gênero. Disponível em: https://www.ohchr.org/es/women/gender-stereotyping , e Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Gender stereotypes and Stereotyping and women’s rights, setembro de 2014. Disponível em: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/OnePagers/Gender_stereotyping .pdf. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher ("Convenção de Belém do Pará"), 1994, artigo 8.b. Cf. Caso Atala Riffo e Meninas Vs. Chile, supra, par. 140. Cf. Caso Ramírez Escobar e outros Vs. Guatemala, supra, par. 297. Cf. Caso Ramírez Escobar e outros Vs. Guatemala, supra, par. 299. Cf. Caso Fornerón e filha Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de abril de 2012. Série C n° 242, par. 99. Ademais, ver: Caso Atala Riffo e Filhas Vs. Chile, supra, par. 111. Cf. Caso Fornerón e filha Vs. Argentina, supra, par. 100.

desencorajados a assumir trabalhos de cuidado não remunerados. 196 Ademais, apesar dos avanços no acesso a bens e serviços públicos e ao mercado de trabalho para as mulheres, o trabalho de cuidado não remunerado continua sendo distribuído de forma desigual no âmbito familiar, impondo às mulheres uma jornada dupla ou até tripla de trabalho para atender tanto às responsabilidades de cuidado da família quanto às derivadas das atividades que realizam fora do lar. Em vista dessa constatação, a Corte procederá a analisar o impacto dessa distribuição do trabalho no gozo de direitos e oportunidades entre homens e mulheres em condições de igualdade, partindo da premissa de que a família é a primeira estrutura na qual a carga de cuidados costuma ser distribuída de forma desigual.

A.1 As famílias e as responsabilidades de cuidado não remunerado

142. De acordo com a OIT, "[a]s mulheres realizam 76,2% de todo o trabalho de cuidado não remunerado, gastando 3,2 vezes mais tempo do que os homens". 197 Isso indica que as mulheres arcam principalmente com o ônus do trabalho de cuidado não remunerado, na medida em que realizam trabalho de cuidado não remunerado três vezes mais do que os homens. 198 Essa situação é agravada quando outros fatores de discriminação, como idade, raça, etnia, posição socioeconômica, status migratório e fenômenos como a gravidez na adolescência, os casamentos precoces estão interligados. 199 A distribuição desigual do ônus do cuidado em todo o mundo é tal que nenhum país tem igualdade na prestação de cuidados não remunerados entre homens e mulheres. 200 Da mesma forma, há "um aumento

Cf. Comitê da CEDAW. Recomendação Geral No 21 (13o período de sessões): Igualdade no Matrimônio e nas Relações Familiares, A/49/38, par. 11, e Comitê da CEDAW. Recomendação Geral No 23: Vida Política e Pública, 1997, pars. 8 a 15. Cf. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. xxviii. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajode-cuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Cf. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. xxviii. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajode-cuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Ademais, ver: Conselho de Direitos Humanos. Relatório do Relator Especial sobre o direito humano à água potável e ao saneamento, A/HRC/33/49, 27 de julho de 2016, par. 16; e Assembleia Geral das Nações Unidas. Relatório do Perito Independente sobre as consequências da dívida externa e das obrigações financeiras internacionais correlatas dos Estados para o pleno gozo de todos os direitos humanos, em especial os direitos econômicos, sociais e culturais, Impacto das reformas econômicas e medidas de austeridade nos direitos humanos das mulheres, A/73/179, 18 de julho de 2018, par. 22. Cf. Observações escritas da CEPAL de 6 de novembro de 2023 (autos principais, folha 2487). Ademais, ver: Assembleia Geral das Nações Unidas. Relatório do Relator Especial sobre a pobreza extrema e os direitos humanos, A/68/293, 9 de agosto de 2013, par. 13; ONU Mulheres. O progresso das mulheres no mundo 2019– 2020: Famílias em um mundo em transformação, 2019, p. 163. Disponível em: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019 /Progress-of-the-worlds-women-2019-2020-es.pdf; Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), A sociedade do cuidado: um horizonte para uma recuperação sustentável com igualdade de gênero (LC/CRM.15/3), Santiago, 2022, p. 51. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e3fd981b-467e-4659-a977-86d51798e0dc/content, e Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Romper o silêncio estatístico para alcançar a igualdade de gênero em 2030: aplicação do eixo sobre sistemas de informação da Estratégia de Montevidéu para a Implementação da Agenda Regional de Gênero no âmbito do Desenvolvimento Sustentável até 2030 (LC/CRM.15/4), Santiago, 2022, pp. 18 e 19. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c42ae362-6d9e-465b-8887-17d369e095c4/content. Cf. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, 2019, p. xxix. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-de-cuidadosy-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con.

significativo daquelas mulheres que se sentem sobrecarregadas em relação à execução de tarefas domésticas". 201

143. No que diz respeito especificamente à América Latina e ao Caribe, segundo dados da CEPAL, em geral, as mulheres trabalham a maior parte do tempo em atividades não remuneradas, o que não acontece com os homens. 202 Ademais, como no resto do mundo, elas gastam, em média, três vezes mais tempo do que os homens em trabalhos domésticos e de cuidado não remunerados. 203 De igual modo, de acordo com os dados da CEPAL, em pelo menos dez países da região que avaliaram a contribuição econômica do trabalho não remunerado nos lares, essa contribuição varia entre 15,9% e 27,6% do Produto Interno Bruto (PIB), e 74% dessa contribuição é feita pelas mulheres. 204 Isso mostra que o trabalho de cuidado não remunerado é uma contribuição significativa para o PIB dos Estados que com algumas exceções 205 - é invisibilizada pelos paradigmas tradicionais que ignoram a importância do cuidado na economia.

144. Ora, conforme indicado no capítulo anterior (par. 104 supra), a Convenção Americana contém um mandato para a proteção da família que inclui a obrigação do Estado de garantir a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidades, no âmbito de um conceito amplo de família. Apesar disso, e sem prejuízo do exercício do direito à liberdade e à autonomia, a distribuição desigual do trabalho de cuidado não remunerado ocorre principalmente dentro das famílias, pode impor uma dupla jornada de trabalho às mulheres e, em geral, responde a estereótipos negativos de gênero. Esses estereótipos, que em alguns casos foram endossados pela legislação e pela prática do Estado, podem afetar o gozo dos direitos humanos das mulheres e poderiam contribuir para perpetuar situações de discriminação estrutural em prejuízo delas. 206 UNICEF Argentina. Situação de Crianças e Adolescentes: 2023 - Sétima Rodada, 2023, p. 9. Disponível em: https://www.unicef.org/argentina/media/19501/file/Situaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1as%2C%20ni% C3%B1os%20y%20adolescentes%20-%20S%C3%A9ptima%20ronda.pdf. Cf. CEPAL. Observatório da Igualdade de Gênero para a América Latina e o Caribe: Tempo total de trabalho, 2023. Disponível em: https://oig.cepal.org/es/indicadores/tiempo-total-trabajo. Ademais, ver: Parecer Consultivo OC-27/21, supra, par. 179. Cf. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Observatório da Igualdade de Gênero para a América Latina e o Caribe. Proporção de tempo dedicado ao trabalho doméstico e de cuidado não remunerado por sexo. Disponível em: https://oig.cepal.org/es/indicadores/proporcion-tiempo-dedicadoal-trabajo-domestico-cuidado-no-remunerado-segun-sexo. Cf. Observações escritas da CEPAL de 6 de novembro de 2023 (autos principais, folha 2488), e Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), A sociedade do cuidado: um horizonte para uma recuperação sustentável com igualdade de gênero (LC/CRM.15/3), Santiago, 2022, pp. 154 e 155. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e3fd981b-467e-4659-a977- 86d51798e0dc/content. Segundo os dados da CEPAL, os dez países da região que valorizaram a contribuição econômica do trabalho não remunerado nos lares são: Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Peru e Uruguai. Cf. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), A sociedade do cuidado: um horizonte para uma recuperação sustentável com igualdade de gênero (LC/CRM.15/3), Santiago, 2022, p. 155. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e3fd981b-467e-4659-a977-86d51798e0dc/content. Por exemplo, no caso María Eugenia Morales de Sierra Vs. Guatemala, a Comissão Interamericana examinou um caso em que se alegava que alguns dos artigos do Código Civil, referentes ao papel de cada cônjuge no casamento, violavam os artigos 1.1, 2, 17 e 24 da Convenção Americana. Tratavam-se dos artigos que conferiam ao marido a representação conjugal e lhe davam poderes para administrar o patrimônio da esposa; definiam responsabilidades dentro do casamento, conferindo à esposa o "direito e a obrigação" especial de cuidar dos filhos menores de idade e do lar; e estabeleciam que uma mulher casada só poderia exercer uma profissão se isso não prejudicasse suas funções de mãe e dona de casa, entre outros. Nesse caso, a Comissão sustentou que esses artigos "cri[avam], entre mulheres e homens casados, distinções baseadas

145. Sobre esse assunto, a Comissão Interamericana de Mulheres e o Mecanismo de Acompanhamento da Convenção de Belém do Pará (MESECVI) destacaram que, embora "a maioria das leis civis da região reconheça expressamente a igualdade entre homens e mulheres no casamento [...], ainda existem normas que limitam o desenvolvimento das mulheres, discriminando-as e favorecendo a perpetuação da violência que sofrem dentro do casal". 207 Entre essas leis, encontram-se as que impõem restrições aos direitos das mulheres casadas ou limitam seus direitos com base no casamento208, o que mostra que "em muitas partes do mundo, as leis de família incluem disposições discriminatórias que geram desigualdade legal significativa para as mulheres" 209, e que se baseiam no estereótipo de que os homens devem ser os provedores econômicos das famílias. 210 Essas leis reforçam o estereótipo negativo de que o trabalho de cuidado não remunerado é primordial ou exclusivamente de responsabilidade das mulheres, afetam o exercício de seus direitos em pé de igualdade com o dos homens e dificultam a participação dos próprios homens nas atividades de cuidado de seus filhos e de outros membros da família. Por tal razão, na opinião da Corte, devem ser modificadas pelos Estados, como forma de contribuir para uma distribuição mais equitativa do ônus do cuidado. Da mesma forma, os Estados estão obrigados a adotar medidas de caráter progressivo, que contribuam para tornar efetivos os mandatos de igualdade dentro das famílias a que se refere esta seção, como forma de contribuir para a garantia do direito à igualdade entre homens e mulheres.

146. Por outro lado, como a distribuição desigual do trabalho de cuidado não remunerado nas famílias se baseia em estereótipos negativos de gênero e em padrões socioculturais de comportamento, os Estados estão obrigados a implementar de forma progressiva políticas públicas destinadas a revertê-los, sem prejuízo do exercício do direito à liberdade e à autonomia dos indivíduos no seio da família. Essas medidas devem incluir reformas

no sexo" que não podiam ser justificadas e que violavam o artigo 24 da Convenção. Ademais, considerou que esses artigos impediam o dever do Estado de proteger a família ao impor um regime que impedia que as mulheres exercessem seus direitos e cumprissem suas responsabilidades dentro do matrimônio de forma igualitária, o que implicava o desrespeito ao direito à igualdade e à proibição de discriminação, ao não lhes proporcionar proteção para garantir que seus direitos e responsabilidades no matrimônio fossem iguais e equilibrados com os de seus esposos. Cf. CIDH. Relatório No 4/01. Caso 11.625. María Eugenia Morales de Sierra. Guatemala. 19 de janeiro de 2001, pars. 33, 39 e 45. ONU Mulheres e o Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará (MESECVI) da Comissão Interamericana de Mulheres. Relatório sobre direito civil e de família discriminatório na América Latina: análise da legislação civil e de família em relação à obrigação de prevenir, atender, sancionar e reparar a violência contra as mulheres por razões de gênero, 2022, pp. 15 e 16. Disponível em: https://www.oas.org/es/MESECVI/docs/Informe-Derecho-Civil-y-Familiar-ESP.pdf. Cf. ONU Mulheres e o Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará (MESECVI) da Comissão Interamericana de Mulheres. Relatório sobre direito civil e de família discriminatório na América Latina: análise da legislação civil e de família em relação à obrigação de prevenir, atender, sancionar e reparar a violência contra as mulheres por razões de gênero, 2022, pp. 15 a 17. Disponível em: https://www.oas.org/es/MESECVI/docs/Informe-Derecho-Civil-y-Familiar-ESP.pdf. Ademais, ver: ONU Mulheres. O progresso das mulheres no mundo 2019-2020: Famílias em um mundo em mudança, 2019, p. 78. Disponível em: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019 /Progress-of-the-worlds-women-2019-2020-es.pdf. ONU Mulheres. O progresso das mulheres no mundo 2019-2020: Famílias em um mundo em mudança, 2019, p. 78. Disponível em: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019 /Progress-of-the-worlds-women-2019-2020-es.pdf. Cf. ONU Mulheres. O progresso das mulheres no mundo 2019-2020: Famílias em um mundo em mudança, 2019, p. 36. Disponível em: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019 /Progress-of-the-worlds-women-2019-2020-es.pdf.

educacionais destinadas a erradicar estereótipos negativos de gênero na distribuição de encargos de cuidados e promover a equivalência adequada de responsabilidades dentro da família. Uma distribuição equitativa de encargos de cuidados não remunerados, bem como a corresponsabilidade de homens e mulheres no cuidado dos filhos, tem impactos positivos no desenvolvimento de meninos e meninas em todas as suas etapas. 211 Assim, os Estados devem fomentar o cuidado parental igualitário. Isso inclui o reconhecimento de licençaspaternidade que sejam progressivamente comparáveis à licença-maternidade e de alcance obrigatório 212, que contemplem pais adotivos, bem como adotar medidas destinadas a evitar qualquer tipo de penalização formal ou informal de homens que estejam ativamente envolvidos em tarefas de cuidado.

147. Esse tipo de medidas, "ainda que pequenas, favorecem a modificação de estereótipos e práticas culturais que atribuem o trabalho doméstico e a criação dos filhos exclusivamente às mães e às mulheres da família" 213, e contribuem para reduzir a possibilidade de que as empresas incorram em preconceitos e evitem contratar mulheres em idade reprodutiva. 214

148. Da mesma forma, para favorecer o cuidado equitativo das pessoas que o requerem, deve-se implementar licenças para cuidados, de acordo com a obrigação de desenvolvimento progressivo, para permitir que os membros da família que exercem atividades remuneradas fora de casa contribuam para o cuidado de crianças, jovens, pessoas idosas ou familiares com deficiências ou doenças que o requeiram. Também devem ser estabelecidas políticas de trabalho flexíveis para os trabalhadores com responsabilidades familiares, para que possam contribuir com o cuidado não remunerado com base no princípio da corresponsabilidade entre homens e mulheres e entre a família, a sociedade e o Estado. Ademais, os Estados devem fortalecer as iniciativas de cuidados baseados na

De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), a paternidade ativa impacta positivamente a criação e o bem-estar dos filhos e implica "um aumento no desenvolvimento cognitivo e desempenho acadêmico, melhor saúde mental, maior empatia e habilidades sociais, bem como menores taxas de delinquência na adolescência entre filhos homens [...]. Esses impactos foram encontrados tanto em pais que vivem sob o mesmo teto que seus filhos e filhas, quanto naqueles que não vivem, e/ou em diferentes modelos de família.” Ademais, a corresponsabilidade no cuidados reduz o risco de situações de violência contra as mulheres e as crianças. Cf. Spotlight Initiative e UNFPA. (2021). Paternidade ativa: a participação dos homens na criação e no cuidado. 2021, pp. 15 e 19. Disponível em: https://lac.unfpa.org/es/publications/paternidad-activa-la-participaci%C3%B3n-de-los-hombres-en-lacrianza-y-los-cuidados. Cf. A. Güezmes García e M. N. Vaeza (coords.), “Avanços em matéria de legislação sobre o cuidado na América Latina e no Caribe: rumo a uma sociedade do cuidado com igualdade de gênero”, Documentos de Projetos (LC/TS.2022/175/Rev.1), Santiago, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)/Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU- Mulheres), 2023, p. 21. Disponível em: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2023- 03/S2201160_es.pdf. Güezmes García e M. N. Vaeza (coords.), “Avanços em matéria de legislação sobre o cuidado na América Latina e no Caribe: rumo a uma sociedade do cuidado com igualdade de gênero”, Documentos de Projetos (LC/TS.2022/175/Rev.1), Santiago, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)/Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU- Mulheres), 2023, p. 23. Disponível em: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2023- 03/S2201160_es.pdf. De acordo com a OIT, "[a]s políticas de cuidado, especialmente os incentivos concedidos para que os pais tirem licença parental, têm desempenhado um papel importante no incentivo aos homens para que compartilhem o cuidado dos filhos e na melhoria da igualdade na divisão do trabalho de cuidado não remunerado.” Cf. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 71. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/eltrabajo-de-cuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con.

comunidade e investir em sistemas, serviços, políticas e infraestrutura de cuidados de qualidade. 215

149. A implementação desses tipos de políticas voltadas para a distribuição equitativa do trabalho de cuidado não remunerado é fundamental para o autocuidado, sob o entendimento de que as pessoas que realizam o trabalho de cuidado não remunerado enfrentam longas jornadas de trabalho, despesas e falta de renda, entre outras coisas. Essa situação pode levar a um estado de exaustão emocional, estresse e fadiga, que deve ser abordado pelo Estado. Nesse sentido, os Estados devem garantir progressivamente que os serviços, as políticas e a infraestrutura de cuidados ofereçam as condições necessárias para que as pessoas cuidadoras possam buscar seu bem-estar de forma autônoma. Isso pode ser alcançado, por exemplo, por meio da formação e promoção de grupos de apoio e monitoramento, com o objetivo de promover a participação e a inclusão dessas pessoas, transcendendo o perfil dos cuidadores e garantindo o relaxamento, o lazer e o desenvolvimento de outras potencialidades e vocações. Os Estados também devem tomar medidas para protegê-los de quaisquer atos de violência ou assédio devido à sua função de cuidadores.

150. Por último, a Corte destaca que, ao se referir ao direito ao cuidado dentro da família, não está assumindo um modelo de cuidado que se baseia exclusivamente em uma estrutura tradicional. Em primeiro lugar, porque, como se indicou nas seções anteriores, as responsabilidades de cuidado recaem sobre o indivíduo, a família, a sociedade e o Estado. Em segundo lugar, porque: a) as tendências demográficas e de mobilidade demonstram que as famílias estão mudando, em particular, estão diminuindo de tamanho e podem estar vivendo separadas devido a fenômenos como a migração216; b) pode ocorrer que as famílias não contem com os meios e a orientação necessária para oferecer o cuidado adequado 217; c) há circunstâncias em que as pessoas não testão em um núcleo familiar, como pode ser o caso das crianças que são privadas do meio familiar e colocadas sob o cuidado do Estado; d) há circunstâncias em que as pessoas são de fato expulsas de suas famílias de origem, como é o caso, por exemplo, de pessoas que integram a população LGBTIQ+, cujos vínculos familiares podem ser débeis devido à discriminação estrutural que sofrem 218; e e) há casos

Cf. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, pp. 293 a 297. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/eltrabajo-de-cuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. De acordo com um relatório publicado pela OIT, "[o]s laços e estruturas familiares mudaram: os lares se tornaram muito menores e o número de famílias ampliadas que vivem sob o mesmo teto diminuiu; em cada vez mais países, mais famílias são monoparentais, e as mulheres estão se casando mais tarde e tendo menos filhos e filhas.” OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 16. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/eltrabajo-de-cuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Ver, ainda: Assembleia Geral das Nações Unidas. Relatório da Perita Independente sobre o gozo de todos os direitos humanos pelas pessoas idosas, Claudia Mahler, Os direitos humanos das mulheres idosas: a interseção entre o envelhecimento e o gênero, A/76/157, 16 de julho de 2021, par. 46. Assembleia Geral das Nações Unidas. Relatório da Perita Independente sobre o gozo de todos os direitos humanos pelas pessoas idosas, Claudia Mahler, Os direitos humanos das mulheres idosas: a interseção entre o envelhecimento e o gênero, A/76/157, 16 de julho de 2021, par. 46. De acordo com o Comitê dos Direitos da Criança da ONU, o grupo de especialistas das Nações Unidas, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Relatora Especial sobre os Direitos de Defensores e Defensoras da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, e o Comissário de Direitos Humanos do Conselho da Europa, “a violência e a discriminação contra crianças e jovens LGBT e intersexo ocorrem nos lares, nas escolas e em instituições. Jovens LGBT também enfrentam com frequência a rejeição de suas famílias e comunidades, que reprovam sua orientação sexual ou identidade de gênero. Isso pode resultar em altos níveis de exclusão social, pobreza e jovens sem lar”. Cf. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Diante da discriminação e violação de seus direitos, jovens LGBT e intersexo precisam de reconhecimento e

em que foram impostas barreiras ao reconhecimento de relações de casal, em particular para pessoas que integram a população LGBTIQ+, ou em que elas foram legalmente impedidas de formar uma estrutura familiar. 219

151. Nesse sentido, a Corte reitera que, em virtude do princípio de corresponsabilidade, os Estados devem adotar as medidas necessárias para que a sociedade e o Estado possam concorrer para garantir o direito ao cuidado, o que implica a adoção de disposições destinadas a fortalecer as redes comunitárias de cuidado e os sistemas e infraestruturas nacionais e locais de cuidado. Implica também a implementação progressiva, de acordo com o princípio da corresponsabilidade, de serviços de cuidado de qualidade ao alcance de todos e todas. Isso inclui serviços para aqueles que não têm redes familiares ou comunitárias, bem como serviços destinados a contribuir para a prestação de cuidados além da esfera exclusiva da família. O anteriormente exposto, ademais, é especialmente importante quando se trata do direito ao cuidado das pessoas em situação de pobreza, pobreza extrema ou indigência, para pessoas que não dispõem de nenhuma rede de apoio e para aquelas que vivem em solidão ou abandono.

152. Finalmente, a Corte destaca que as considerações acima sobre as obrigações do Estado em relação ao direito ao cuidado não substituem aquelas referentes à garantia dos direitos à igualdade e à proibição da discriminação de mulheres, crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população LGBTIQ+, entre outras, às quais tem feito referência constante em sua jurisprudência. Pelo contrário, elas as complementam.

A.2 Impacto da distribuição das responsabilidades de cuidado não remunerado

153. Nesta seção, a Corte analisará em que medida os estereótipos negativos de gênero e a consequente distribuição desigual da carga de trabalho não remunerado, mencionados na seção anterior, constituem um obstáculo ao exercício dos direitos das mulheres e das meninas, inclusive o direito ao trabalho, à seguridade social e à educação.

154. De acordo com a OIT, a razão mais importante pela qual as mulheres não estão vinculadas aos principais eixos de inclusão social, ou seja, o mercado de trabalho e o sistema educacional, deve-se à expectativa de que elas devam assumir responsabilidades de cuidado. 220 Isso implica que as mulheres são impedidas de acessar efetivamente certos direitos devido à distribuição desigual das responsabilidades de cuidado. A OIT se pronunciou sobre essa questão em uma análise regional para a América Latina da Convenção nº 156, relativa a trabalhadores com responsabilidades familiares, e afirmou que:

As responsabilidades de cuidado exercem uma restrição estrutural sobre as possibilidades das mulheres de ingressar no mercado de trabalho e progredirem em igualdade de condições. Desde a busca pelo primeiro emprego até o dia da aposentadoria, as mulheres enfrentam

proteção: Dia Internacional contra a Homofobia, a Bifobia e a Transfobia, 17 de maio de 2015. Disponível em: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/049.asp. Cf. Caso Duque Vs. Colômbia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 26 de fevereiro de 2016. Série C No 310, e Caso Atala Riffo e Meninas Vs. Chile, supra, par. 145. Cf. OIT. The impact of care responsibilities on women's labour force participation, outubro de 2024, p. 2. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-10/GEDI- STAT%20brief_formatted_28.10.24_final.pdf. Ademais, ver: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Romper o silêncio estatístico para alcançar a igualdade de gênero em 2030: aplicação do eixo sobre sistemas de informação da Estratégia de Montevidéu para a Implementação da Agenda Regional de Gênero no âmbito do Desenvolvimento Sustentável até 2030 (LC/CRM.15/4), Santiago, 2022, p. 14. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c42ae362-6d9e-465b-8887- 17d369e095c4/content.

mais obstáculos do que os homens para alcançar seu pleno potencial profissional. O tempo dedicado às tarefas relacionadas ao cuidado — como limpeza, organização de deslocamentos e consultas médicas, preparo de refeições, compras e criação de filhos, entre muitas outras — resulta em menos tempo para que meninas e mulheres possam estudar, menores chances de inserção plena no mercado de trabalho, rendimentos mais baixos, empregos mais precários, menor acesso à seguridade social contributiva e pior qualidade de vida. Isso também se reflete na menor participação das mulheres em organizações sindicais e empresariais e limita seu acesso a posições de poder. 221

155. Dessa forma, a sobrecarga de trabalhos de cuidado não remunerado entre as mulheres da região, juntamente com a ausência de oportunidades para que elas conciliem o trabalho remunerado com o trabalho de cuidado não remunerado, limita suas possibilidades de ter um emprego formal remunerado em igualdade de condições com os homens. 222 Isso explica por que, de acordo com a OIT, "[em] nível global, a principal razão dada pelas mulheres em idade de trabalhar para estar fora do mercado de trabalho[,] foi o trabalho de cuidado não remunerado (41,6%), enquanto para os homens foi 'estar estudando, doente ou incapacitado' (44,1%)". 223 A magnitude dessa situação é tal que, em 2018, "606 milhões de mulheres em idade ativa estavam fora do mercado de trabalho devido a responsabilidades familiares, enquanto apenas 41 milhões de homens estavam inativos pelo mesmo motivo". 224 Em 2023, de acordo com estimativas da OIT, 708 milhões de mulheres e 40 milhões de homens estavam fora do mercado de trabalho devido a responsabilidades de cuidado, demonstrando que a divisão de gênero do trabalho de cuidado não remunerado limita o acesso das mulheres ao mercado de trabalho remunerado em igualdade de condições com os homens. 225

156. Da mesma forma, os obstáculos que as mulheres enfrentam para acessar o mercado de trabalho formal devido às responsabilidades de trabalho não remunerado têm um impacto no acesso ao direito à seguridade social, já que as mulheres não têm acesso a

OIT. As pessoas trabalhadoras da América Latina com responsabilidades de cuidado: Um olhar regional à Convenção no 156, 2024, p. 13. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40americas/%40rolima/documents/publication/wcms_916443.pdf. De acordo com a CEPAL, há uma grande proporção de mulheres sem renda própria na região, que em 2020 correspondia a 27,8%, enquanto no caso dos homens a cifra chega aos 12%. Cf. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Romper o silêncio estatístico para alcançar a igualdade de gênero em 2030: aplicação do eixo sobre sistemas de informação da Estratégia de Montevidéu para a Implementação da Agenda Regional de Gênero no âmbito do Desenvolvimento Sustentável até 2030 (LC/CRM.15/4), Santiago, 2022, p. 15. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c42ae362-6d9e-465b- 8887-17d369e095c4/content. Ademais, ver: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), A sociedade do cuidado: um horizonte para uma recuperação sustentável com igualdade de gênero (LC/CRM.15/3), Santiago, 2022, p. 21. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e3fd981b-467e-4659-a977-86d51798e0dc/content, e OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, pp. 68 a 72. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-decuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 83. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-decuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 83. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-decuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Cf. OIT. The impact of care responsibilities on women's labour force participation, outubro de 2024, p. 2. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-10/GEDI- STAT%20brief_formatted_28.10.24_final.pdf.

esquemas de aposentadoria contributiva 226, ou não podem contribuir em igualdade de condições para esquemas de seguridade social que vinculam benefícios a contribuições. 227 Isso não apenas limita o acesso igualitário ao direitos à seguridade social, mas também contribui para a feminização da pobreza. 228

157. A distribuição desigual do trabalho de cuidado não remunerado também afeta o acesso de mulheres e meninas à educação. 229 Os estereótipos sobre o papel da mulher no lar e na família e a distribuição desigual das cargas de trabalho não remunerado significam que as mulheres e as meninas às vezes não têm tempo ou autonomia para priorizar a educação em detrimento dos trabalhos de cuidado. Sobre essa questão, a OIT observou, por exemplo, que na maioria das regiões, as mulheres que não estão no mercado de trabalho devido às suas responsabilidades de cuidado têm maior probabilidade de ter uma educação inferior à básica. 230 Por outro lado, o trabalho de cuidado não remunerado também é um obstáculo à capacidade das mulheres de dedicar tempo ao autocuidado, ao lazer e a outras atividades indispensáveis para sua autonomia em igualdade de condições com os homens 231, o que reforça seu papel de cuidadoras e sua dependência econômica. 232

158. Conforme o exposto, a Corte constata que as mulheres e as meninas enfrentam obstáculos ao exercício de seus direitos em igualdade de condições com os homens devido à distribuição desigual do trabalho de cuidado não remunerado, o que é contrário à proibição

Cf. Comitê da CEDAW. Parecer aprovado pelo Comitê nos termos do artigo 7º, parágrafo 3, do Protocolo Facultativo, referente à comunicação nº 104/2016, CEDAW/C/74/D/104/2016, de 17 de dezembro de 2019, par. 7.6; Comitê da CEDAW. Parecer do Comitê nos termos do artigo 7 3) do Protocolo Facultativo referente à comunicação nº 131/2018, CEDAW/C/79/D/131/2018, de 10 de agosto de 2021, par. 7.5; e Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Parecer aprovado pelo Comitê de acordo com o Protocolo Facultativo do Pacto relativo à comunicação nº 10/2015, E/C.12/63/D/10/2015, de 14 de novembro de 2018, par. 14.2. Cf. Comitê da CEDAW. Parecer do Comitê em virtude do artigo 7 3) do Protocolo Facultativo em relação à comunicação Nº 131/2018, CEDAW/C/79/D/131/2018, de 10 de agosto de 2021, par. 7.7. De acordo com a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, Pequim, 1995, "[o] risco de cair na pobreza é maior para as mulheres do que para os homens, especialmente na velhice, onde os sistemas de seguridade social são baseados no princípio do emprego remunerado contínuo. Em alguns casos, as mulheres não atendem a esse requisito devido a interrupções em seu trabalho causadas pela distribuição desigual do trabalho remunerado e não remunerado. Ademais, as mulheres idosas enfrentam maiores obstáculos para reingressar no mercado de trabalho. Relatório da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher. Plataforma de Ação, A/CONF.177/20/ReVs.1, 4 a 15 de setembro de 1995, par. 52. Cf. Comitê da CEDAW. Recomendação Geral No 37 (2018) sobre as dimensões de gênero da redução do risco de desastres no contexto das mudanças climáticas, CEDAW/C/GC/37, de 13 de março de 2018, par. 62; Comissão sobre a Condição Jurídica e Social da Mulher. Relatório sobre o 66º período de sessões, Capítulo I: Questões que requerem a adoção de medidas pelo Conselho Econômico e Social ou que são submetidas à sua atenção, E/2022/27-E/CN.6/2022/16, 2022, par. 47; Comitê DESC. Comentário Geral nº 16 (2005): A igualdade de direitos entre homens e mulheres no gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais (artigo 3º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), E/C.12/2005/4, 11 de agosto de 2005, par. 30; e CIDH. O trabalho, a educação e os recursos das mulheres: O caminho rumo à igualdade na garantia dos direitos econômicos, sociais e culturais, OEA/Ser.L/V/II.143 Doc. 59, 3 de novembro de 2011, par. 203. Disponível em: https://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/MujeresDESC2011.pdf. Cf. OIT. The impact of care responsibilities on women's labour force participation, outubro de 2024, p. 6. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-10/GEDI- STAT%20brief_formatted_28.10.24_final.pdf. Cf. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), A sociedade do cuidado: um horizonte para uma recuperação sustentável com igualdade de gênero (LC/CRM.15/3), Santiago, 2022, p. 21. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e3fd981b-467e-4659-a977- 86d51798e0dc/content. Cf. Conselho de Direitos Humanos. Relatório do Relator Especial sobre o direito humano à água potável e ao saneamento, A/HRC/33/49, 27 de julho de 2016, par. 16.

de discriminação. Os obstáculos enfrentados pelas mulheres podem ser combinados com outras formas de discriminação baseadas na idade 233, na posição socioeconômica 234, na presença de filhos pequenos 235 e na raça 236, entre outras. 237 Nesse sentido, a Corte recorda que, em certos casos, os fatores discriminatórios podem convergir para aumentar as desvantagens enfrentadas por determinadas pessoas ou grupos de pessoas. 238 Em relação ao direito ao cuidado, isso pode gerar situações de discriminação interseccional, entendida como uma forma transversal de discriminação, que provoca uma forma específica de discriminação devido à confluência desses fatores. 239

159. A Corte adverte, ademais, que a distribuição desigual de responsabilidades de cuidado não remunerado com base em estereótipos negativos de gênero constitui uma forma de discriminação estrutural ou sistêmica 240 contra as mulheres. Esse tipo de discriminação pode ser entendido como aquele que deriva de comportamentos arraigados na sociedade que podem envolver atos de discriminação direta ou indireta e que se manifestam em práticas que desfavorecem mulheres e meninas. Tais práticas podem ser apresentadas como

Cf. CIDH. Violência e discriminação contra mulheres, meninas e adolescentes: Boas práticas e desafios na América Latina e no Caribe, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 233, 14 de novembro de 2019, par. 277. Disponível em: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf, e Comitê de Direitos Econômicos e Sociais, Comentário Geral No 6: Os direitos econômicos, sociais e culturais das pessoas idosas, E/C.12/1995/16/ReVs.1, 8 de dezembro de 1995, par. 20. Cf. CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, p. 7, e ONU Mulheres. O progresso das mulheres no mundo 2019–2020: Famílias em um mundo em transformação, 2019, p. 148. Disponível em: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019 /Progress-of-the-worlds-women-2019-2020-es.pdf. Ademais, ver: Parecer Consultivo OC-27/21, supra, par. 188. Cf. ONU Mulheres. O progresso das mulheres no mundo 2019–2020: Famílias em um mundo em transformação, 2019, p. 149. Disponível em: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019 /Progress-of-the-worlds-women-2019-2020-es.pdf. Cf. OIT. As pessoas trabalhadoras da América Latina com responsabilidades de cuidado: Um olhar regional à Convenção no 156, 2024, p. 20. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40americas/%40rolima/documents/publication/wcms_916443.pdf. Por exemplo, "morar em um ambiente rural aumenta a demanda por trabalho de cuidado não remunerado, especialmente entre mulheres e meninas, e é um fator importante que determina a não participação das mulheres em trabalhos em troca de remuneração ou benefícios.” Cf. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 59. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-de-cuidados-y-los-trabajadores-delcuidado-para-un-futuro-con. Ademais, ver: ONU Mulheres, Progresso das Mulheres do Mundo 2019-2020, Famílias em um Mundo em Mudança, 2019, p. 148. Disponível em: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019 /Progress-of-the-worlds-women-2019-2020-es.pdf. Cf. Caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares Vs. Brasil, supra, par. 191. Cf. Caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares Vs. Brasil, supra, par. 191, e Caso María e outros Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de agosto de 2023. Série C No 494, par. 156. O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais se refere à "discriminação sistêmica" nos seguintes termos: "O Comitê tem constatado periodicamente que a discriminação contra alguns grupos persiste, é onipresente, está profundamente enraizada no comportamento e na organização da sociedade e frequentemente envolve atos de discriminação indireta ou não questionada. Essa discriminação sistêmica pode consistir em normas, políticas, práticas ou atitudes culturais predominantes no setor público ou privado que resultam em desvantagens comparativas para alguns grupos e privilégios para outros.” Comitê DESC. Comentário Geral nº 20: A não discriminação e os direitos econômicos, sociais e culturais (artigo 2º, parágrafo 2 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), E/C.12/GC/20, 2 de julho de 2009, par. 12.

neutras, como ocorre em alguns casos com a alocação desigual da carga de trabalho não remunerado para mulheres e meninas, mas têm efeitos desproporcionais em grupos que são estruturalmente discriminados. 241 Esta Corte já se pronunciou sobre casos de discriminação estrutural contra as mulheres, em contextos diferentes do exercício do direito ao cuidado, e reafirmou o dever do Estado de adotar medidas positivas ou ações afirmativas para revertê-la. Ao se referir a esses casos, a Corte entendeu que o caráter estrutural da discriminação, além de desrespeitar o direito à igualdade, aumentava as desvantagens em que se encontravam as vítimas e, por essa razão, ordenou aos Estados que adotem medidas destinadas a reverter as causas estruturais da discriminação. 242

160. Em vista do exposto, a Corte considera que os Estados devem garantir que, na prática, homens e mulheres gozem de todos os seus direitos em igualdade de condições e sem serem discriminados em razão do exercício do trabalho de cuidado não remunerado. Nesse sentido, devem tomar medidas, de acordo com suas obrigações de desenvolvimento progressivo, para reverter as condições que perpetuam a discriminação contra as pessoas que executam tarefas de cuidado não remuneradas 243. Entre tais medidas se encontram os sistemas de benefícios sociais, proteção social e serviços públicos acessíveis, econômicos e de qualidade e, em geral, políticas que apoiem a incorporação ou reintegração das pessoas cuidadoras não remuneradas no mercado de trabalho formal, em trabalho não relacionados ao trabalho de cuidado não remunerado, quando assim o desejarem 244. Além disso, devem ser incluídos arranjos de trabalho favoráveis às responsabilidades de cuidado para todos os trabalhadores e as trabalhadoras (parágrafos 232 a 239 infra). 245

161. Em relação ao direito à seguridade social, os Estados devem revisar as restrições de acesso, para assegurar que não discriminem as mulheres, seja na legislação, seja na prática. Em especial, os regimes de seguridade social devem levar em conta que, devido à persistência de estereótipos de gênero negativos, as mulheres dedicam mais tempo do que os homens ao trabalho de cuidado não remunerado, o que pode impedir que contribuam em condições de igualdade para os regimes que vinculam os benefícios às contribuições. 246 Isso implica que os Estados devem considerar, na elaboração dos regimes de seguridade social, os períodos que as mulheres passam cuidando de seus filhos e garantir a satisfação de ao menos o conteúdo mínimo essencial do direito. Ademais, os Estados devem implementar progressivamente medidas para que as pessoas que se dedicam aos trabalhos de cuidado não remunerados tenham acesso ao sistema de seguridade social. Isso implica que os Estados devem incluir um nível mínimo de benefícios não contributivos ou assistência social para pessoas idosas, homens ou mulheres, que não puderam participar de um regime

Cf. Caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares Vs. Brasil, supra, pars. 191 e 195 a 197. Cf. Caso González e outros ("Campo Algodoeiro") Vs. México, supra, par. 450, Caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares Vs. Brasil, supra, par. 289. Cf. Comitê da CEDAW. Parecer aprovado pelo Comitê em virtude do artigo 7, parágrafo 3, do Protocolo Facultativo a respeito da comunicação n° 104/2016, CEDAW/C/74/D/104/2016, 17 de dezembro de 2019, par. 7.9. Cf. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, pp. 297 a 298. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/eltrabajo-de-cuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Cf. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, pp. 299 a 300. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/eltrabajo-de-cuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Cf. Comitê da CEDAW. Parecer do Comitê em virtude do artigo 7 3) do Protocolo Facultativo a respeito da comunicação nº 131/2018, CEDAW/C/79/D/131/2018, 10 de agosto de 2021, par. 7.7.

contributivo por desempenharem trabalhos de cuidado não remunerados, em condições de informalidade ou em condições atípicas 247 (parágrafo 248 infra).

162. Isso implica adotar ações destinadas a reverter as causas pelas quais o trabalho de cuidado não remunerado foi e continua sendo atribuído às mulheres de forma desigual e desproporcional. Tais medidas devem, ainda, adotar uma perspectiva interseccional que considere as múltiplas formas de discriminação que se entrelaçam na experiência das mulheres que realizam trabalhos de cuidado não remunerados. Ademais, os Estados têm a obrigação de avançar no reconhecimento desse trabalho, devendo, para tanto, implementar ou continuar implementando sistemas estatísticos de medição, valoração e quantificação do trabalho de cuidado não remunerado e de sua contribuição para a economia. 248 Isso pode ser alcançado por meio da realização de pesquisas sobre o uso do tempo para estabelecer as demandas, necessidades e responsabilidades de cuidados; da coleta de dados estatísticos desagregados por sexo sobre o tempo gasto em trabalho de cuidado remunerado e não remunerado; da adoção de medidas para quantificar o trabalho de cuidado não remunerado; e da inclusão do trabalho de cuidado não remunerado na medição do produto interno bruto e nas contas nacionais. 249 A esse respeito, a Corte destaca que, segundo a CEPAL, 23 países da região realizaram pelo menos uma medição do tempo dedicado ao trabalho doméstico, embora nem todos tenham institucionalizado esse tipo de medição ou assegurado sua periodicidade. 250

A.3 O exercício do direito de cuidar em condições de especial vulnerabilidade

163. Finalmente, no que se refere ao direito à igualdade e à proibição de discriminação em relação ao exercício do direito ao cuidado, a Corte observa que alguns grupos de pessoas que realizam trabalhos de cuidado não remunerados se encontram em situações de especial vulnerabilidade. Esse é o caso, entre outros, das mulheres que chefiam lares monoparentais e são responsáveis pelo sustento da casa e pelo cuidado de seus filhos e de outros membros da família; das mulheres cuidadoras vinculadas ao sistema penitenciário; das mulheres buscadoras; das mulheres migrantes; das mulheres indígenas e afrodescendentes; das mulheres idosas cuidadoras; e das mulheres com deficiência ou que são responsáveis pelo cuidado de pessoas com deficiência. Diversas categorias podem convergir em uma mesma pessoa. Assim, por exemplo, as mulheres pertencentes a esses grupos também podem ser chefes de famílias monoparentais em caráter permanente ou temporário. Nesses casos, na opinião da Corte, os Estados têm a obrigação de adotar medidas destinadas a garantir o

Cf. Comitê de Direitos Econômicos, sociais e Culturais. Parecer aprovado pelo Comitê de acordo com o Protocolo Facultativo ao Pacto em relação à comunicação no 10/2015, E/C.12/63/D/10/2015, 14 de novembro de 2018, par. 13.4, e Comitê da CEDAW. Parecer aprovado pelo Comitê nos termos do artigo 7, parágrafo 3, do Protocolo Facultativo, em relação à comunicação nº 104/2016, CEDAW/C/74/D/104/2016, 17 de dezembro de 2019, par. 7.10. Cf. Comitê da CEDAW. Recomendação Geral no 17 (Décimo período de sessões, 1991): Medição e quantificação do trabalho doméstico não remunerado da mulher e seu reconhecimento no produto nacional bruto, 1991, recomendação a. Disponível em: https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm. Cf. Comitê da CEDAW. Recomendação Geral no 17 (Décimo período de sessões, 1991): Medição e quantificação do trabalho doméstico não remunerado da mulher e seu reconhecimento no produto nacional bruto, 1991, recomendação a. Disponível em: https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm. Cf. A. Güezmes García e M. N. Vaeza (coords.), “Avanços em matéria de legislação sobre o cuidado na América Latina e no Caribe: rumo a uma sociedade do cuidado com igualdade de gênero”, Documentos de Projetos (LC/TS.2022/175/Rev.1), Santiago, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)/Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU- Mulheres), 2023, p. 18. Disponível em: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2023- 03/S2201160_es.pdf.

exercício do direito ao cuidado sem discriminação contra elas ou contra as pessoas sob seus cuidados, conforme se expões a seguir.

164. Com relação aos lares monoparentais, a Corte observa que, de acordo com a ONU Mulheres, 84,3% são chefiados por mulheres. 251 Ademais, a América Latina e o Caribe são a região onde os lares monoparentais chefiados por mulheres são mais comuns, representando 9,5% de todos os lares, o que implica que, nessas estruturas, são as mulheres as únicas responsáveis pela educação e pelo sustento econômico de seus filhos, o que lhes impõe um ônus ainda mais desproporcional, além do fato de que esse tipo de lar tem maior probabilidade de sofrer de pobreza econômica. 252 Portanto, os Estados têm a obrigação de adotar medidas progressivas com o objetivo de garantir que as pessoas que necessitam de cuidados em famílias monoparentais possam recebê-los. Da mesma forma, nesses casos, a corresponsabilidade social e estatal para a garantia do direito da mulher ao autocuidado assume especial relevância.

165. Por outro lado, a Corte já se pronunciou sobre as mulheres cuidadoras vinculadas ao sistema penitenciário e, em particular, sobre as mulheres que foram condenadas a uma medida privativa de liberdade. Nesse sentido, reconheceu que "uma alta porcentagem de mulheres encarceradas tem responsabilidades de cuidado com crianças ou outras pessoas dependentes, ou são chefes de famílias monoparentais", situação que as coloca em uma posição especial de vulnerabilidade e impõe obrigações específicas aos Estados. 253 Nesse sentido, no que diz respeito às mulheres privadas de liberdade que estejam grávidas, no período pós-parto e de amamentação ou que tenham responsabilidades de cuidado, a Corte decidiu que se deve dar preferência a medidas alternativas ou substitutivas à privação de liberdade ou, na sua falta, a medidas como a prisão domiciliar ou o uso de pulseiras ou tornozeleiras eletrônicas, levando em conta a gravidade do crime - em casos de crimes não violentos -, o risco mínimo que a mulher infratora representa para a sociedade e o interesse superior das crianças. Isso significa que a privação de liberdade deve ser ordenada somente em casos excepcionais 254 e, quando isso ocorrer, devem ser adotadas as medidas necessárias para que as mulheres possam exercer, na medida do possível, as responsabilidades de cuidado compatíveis com a detenção intramuros.

166. Não obstante o exposto, este Tribunal considera que a situação de especial vulnerabilidade em que se encontram as mulheres privadas de liberdade, em relação ao exercício do direito ao cuidado, persiste inclusive nos casos de prisão domiciliar. Isso ocorre porque, na maioria dos casos, devido às condições de detenção, elas não podem exercer um trabalho remunerado formal, nem cumprir adequadamente suas responsabilidades como mães ou cuidadoras, incluindo, por exemplo, ir ao médico quando elas ou as pessoas

ONU Mulheres. O progresso das mulheres no mundo 2019–2020: Famílias em um mundo em transformação, 2019, p. 63. Disponível em: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019 /Progress-of-the-worlds-women- 2 019-2020-en.pdf. ONU Mulheres. O progresso das mulheres no mundo 2019–2020: Famílias em um mundo em transformação, 2019, p. 65. Disponível em: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019 /Progress-of-the-worlds-women-2019-2020-es.pdf. Parecer Consultivo OC-29/22, supra, pars. 130 a 131. No Parecer Consultivo OC-29/22, a Corte se pronunciou sobre as mulheres privadas de liberdade que exercem o cuidado dentro das prisões, e recordou que existem inúmeras normas no Direito Internacional dos Direitos Humanos que convocam os Estados a assegurar espaços de alojamento diferenciados e adaptados às suas necessidades, como celas que permaneçam abertas e acesso a espaços ao ar livre e recreativos. Cf. Parecer Consultivo OC-29/22, supra, pars. 130 e 133.

sob seus cuidados precisam. 255 Portanto, as condições particulares das mulheres em prisão domiciliar as colocam em uma situação de vulnerabilidade especial, e o Estado deve adotar medidas progressivas para garantir que as alternativas à prisão permitam o exercício adequado do direito ao cuidado.

167. Outro grupo de mulheres vinculadas ao sistema penitenciário que se encontram em uma situação de especial vulnerabilidade são aquelas que têm familiares detidos, já que "o encarceramento de uma pessoa exacerba as responsabilidades de cuidado" e reforça os papéis de gênero das mulheres com as quais as detentas têm laços socioafetivos. 256 Da mesma forma, a Corte observa que ter um familiar na prisão impõe às mulheres até uma tripla jornada de trabalho, na medida em que elas devem ser responsáveis pela geração de renda, tarefas domésticas e cuidados com a pessoa detida, ao mesmo tempo em que equilibram essas atividades e cumprem as exigências dos sistemas prisionais. 257 Consequentemente, o Estado deve adotar medidas para cuidar das mulheres nessa situação, levando em conta a vulnerabilidade especial em que se encontram.

168. A Corte observa que outro grupo de pessoas que se encontra em uma situação de especial vulnerabilidade em relação ao exercício do direito ao cuidado são as mulheres buscadoras. 258 Sobre esse assunto, a Corte evidencia que, após o desaparecimento forçado de um familiar, pode acontecer que a busca faça com que as mulheres que tradicionalmente assumiam o trabalho de cuidado não remunerado não possam mais fazê-lo, pois se concentram na busca de seu familiar, transferindo assim o ônus do cuidado para outras mulheres da família. Sobre essa questão, a Corte decidiu que os Estados Partes da Convenção Americana têm a obrigação de tomar medidas para reconhecer e garantir o trabalho das mulheres buscadoras na prevenção e investigação de desaparecimentos forçados e devem garantir a continuidade de seu projeto de vida em condições dignas, tanto para elas quanto para seus dependentes. 259

169. Por outro lado, a Corte observa as pessoas que realizam trabalho de cuidado remunerado são principalmente mulheres e, muitas vezes, migrantes de países de baixa e Cf. Observações escritas do Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS), Corpora Mujeres Libres Colombia, Comitê Permanente para a Defesa dos Direitos Humanos, Washington Office on Latin America (WOLA), Elementa DDHH, Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad (RIMUF), Centro de Estudios y Acción para la Justicia Social (CEA Justiça Social), Mujeres Unidas X la Libertad, Corporación Humanas (Colômbia), International Drug Policy Consortium (IDPC), Centro de Estudio de Derecho, Sociedad y Justicia - Dejusticia e Gerardo Contreras, de 7 de novembro de 2023 (autos principais, folha 3943.11). Cfr. Observações escritas do Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS), Corpora Mujeres Libres Colombia, Comitê Permanente para a Defesa dos Direitos Humanos, Washington Office on Latin America (WOLA), Elementa DDHH, Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad (RIMUF), Centro de Estudos e Ação para a Justiça Social (CEA Justiça Social), Mujeres Unidas X la Libertad, Corporación Humanas (Colômbia), International Drug Policy Consortium (IDPC), Centro de Estudio de Derecho, Sociedad y Justicia - Dejusticia e Gerardo Contreras, de 7 de novembro de 2023 (autos principais, folha 3943.13). Cfr. Observações escritas do Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS), Corpora Mujeres Libres Colombia, Comitê Permanente para a Defesa dos Direitos Humanos, Washington Office on Latin America (WOLA), Elementa DDHH, Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad (RIMUF), Centro de Estudos e Ação para a Justiça Social (CEA Justiça Social), Mujeres Unidas X la Libertad, Corporación Humanas (Colômbia), International Drug Policy Consortium (IDPC), Centro de Estudio de Derecho, Sociedad y Justicia - Dejusticia e Gerardo Contreras de 7 de novembro de 2023 (autos principais, folha 3943.14). Cf. Observações orais apresentadas pela Comissão Colombiana de Juristas durante a Audiência Pública celebrada no dia 13 de março de 2024. Cf. Caso Leite de Souza e outros Vs. Brasil. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de julho de 2024. Série C No 531, par. 192.

média renda. Essas mulheres migrantes, na maioria das vezes, trabalham na economia informal em condições precárias, por salários muito baixos. 260 Ademais, têm dificuldades para obter acesso igualitário aos mesmos direitos e benefícios que outras pessoas no país de destino e para exercer suas responsabilidades de cuidado 261.

170. Da mesma forma, a Corte observa, em alguns casos, as trabalhadoras migrantes do setor de cuidados transferem suas responsabilidades não remuneradas em seu país de origem para outros familiares, contribuindo para o que é conhecido como “cadeias globais de cuidados”. Na opinião da Corte, essa transferência de tarefas de cuidados, geralmente entre mulheres, coloca em uma situação de especial vulnerabilidade não apenas as trabalhadoras migrantes, mas também as mulheres para as quais elas transferem suas responsabilidades de cuidados no país de origem 262. Isso ocorre porque aumenta as responsabilidades de cuidados já existentes no país de origem das mulheres migrantes 263. Nessas circunstâncias, as mulheres sofrem uma deterioração em suas condições materiais, o que pode constituir um tratamento desigual e discriminatório em relação àquelas que não se encontram na mesma situação. Esses processos de transferência de cuidados podem

OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. xxvii. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-decuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. As mulheres migrantes que se ocupam de trabalhos de cuidado "têm responsabilidades próprias de cuidado que, ao contrário do imaginário social, nem sempre estão circunscritas a seus países de origem. Quer dizer, uma grande proporção de mulheres migrantes tem filhos e filhas no país de destino (seja porque reuniram filhos residentes em seu país de origem, seja porque tiveram filhos quando já estavam no país de destino) e enfrentam problemas específicos para conciliar seu emprego remunerado com as demandas de cuidado de sua própria casa. [...] No entanto, as possibilidades das mulheres migrantes que trabalham no emprego doméstico para suprir as necessidades de cuidado de seus próprios lares são, frequentemente, substancialmente inferiores às das migrantes empregadas em outros setores.” Isso faz com que "[m]uitas mulheres migrantes que reuniram seus filhos ou que se tornaram mães enquanto já estavam no país de destino sejam forçadas a enviar seus filhos de volta aos países de origem porque não têm tempo ou serviços para cuidar deles. Cria-se, então, uma relação na qual a mãe migrante cuida de seus filhos à distância, enviando dinheiro, bens, presentes e viajando regularmente para manter a relação afetiva.” Adriana Molano Mijangos, Elisabeth Robert e Mar García Domínguez. Redes globais de cuidado: Síntese dos resultados de nove estudos na América Latina e na Espanha, 2012, pp. 39 a 42. Disponível em: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2012 /sintesis_de_nueve_estudios%20pdf.pdf. De acordo com um estudo apresentado pela ONU Mulheres, referente à América Latina e à Espanha, “[e]m todos os países analisados, a migração de mulheres que tinham responsabilidades de cuidados (fundamentalmente filhos menores) implicou uma reorganização dos cuidados no lar. Na maioria dos casos, os cuidados são transferidos para outra mulher da família, principalmente mães, irmãs e filhas da migrante [...]. De forma sistemática, ainda que com exceções, os homens estão ausentes nos novos arranjos de cuidados que se estabelecem. Quando desempenham um papel relevante, o fazem amparados por uma ou várias mulheres que têm um papel chave no fornecimento de apoio. No Paraguai, Bolívia e Nicarágua, foram encontrados casos em que as mulheres migrantes superestimaram o papel que seus companheiros ou maridos poderiam exercer como cuidadores: inicialmente, eles ficaram responsáveis pelos filhos, mas depois abandonaram, provocando situações de grande dificuldade em que os filhos ou filhas mais velhos foram obrigados a assumir o cuidado dos demais irmãos. [...] O pacto costuma ser que a migrante envia remessas para cobrir os custos de manutenção dos filhos e filhas deixados para trás e também, em uma pequena margem, como contrapartida pelos cuidados, sem que isso seja geralmente interpretado como um salário, mas como um pequeno recurso adicional que contribui para financiar algumas melhorias para o lar. No entanto, isso varia em cada um dos contextos analisados”. Adriana Molano Mijangos, Elisabeth Robert e Mar García Domínguez. Cadeias globais de cuidados: Síntese dos resultados de nove estudos na América Latina e Espanha, 2012, págs. 43 e 44. Disponível em: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2012 /sintesis_de_nueve_estudios%20pdf.pdf. Cf. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), A sociedade do cuidado: um horizonte para uma recuperação sustentável com igualdade de gênero (LC/CRM.15/3), Santiago, 2022, p. 64. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e3fd981b-467e-4659-a977- 86d51798e0dc/content.

implicar, além disso, práticas de discriminação de gênero, etnia, posição socioeconômica e local de origem. Essas práticas são evidentes, entre outros, nos lares que contratam cuidados, nos lares das mulheres que migram e nos lares que permanecem no país de origem. 264

171. Por último, a Corte nota que as mulheres indígenas e afrodescendentes se encontram em uma situação de especial vulnerabilidade no que diz respeito ao direito ao cuidado e, portanto, o Estado deve adotar medidas especiais para sua proteção. Nesse sentido, a Corte observa que as mulheres indígenas e afrodescendentes estão sobrerepresentadas na categoria de trabalhadoras informais e domésticas, o que reflete padrões de discriminação estrutural contra elas. 265 Ademais, de acordo com a OIT, até 2021, no Brasil, "31,8% das mulheres negras afirmava que as tarefas de cuidado da família eram a principal razão pela qual não ingressavam no mercado de trabalho, enquanto no caso das mulheres brancas essa porcentagem chegou a 26,7% [...]. Enquanto isso, no Uruguai, 40,7% das mulheres afrodescendentes e 28,4% das mulheres não afrodescendentes não participavam do mercado de trabalho devido a responsabilidades familiares em 2018". 266

B. Direito à igualdade e proibição de discriminação em relação às pessoas receptoras de cuidado

172. O direito ao cuidado em seu componente de receber cuidados é exercido por todas as pessoas em diferentes momentos de suas vidas. Entretanto, podem surgir obstáculos para o pleno gozo das pessoas que, devido a suas circunstâncias particulares, necessitam de cuidados ou apoio com maior intensidade. Isso pode ser devido a fatores como a idade, ter uma doença grave, crônica, incapacitante ou que comprometa a independência e que demande a prestação de cuidados, ter uma deficiência ou, por qualquer circunstância, que os faça requerer cuidados mais intensivos. Além desses obstáculos, a Corte observa que, assim como ocorre com o direito ao cuidado em seu componente de oferecer cuidados, o direito a ser cuidado pode estar marcado pela presença de estereótipos e preconceitos e, consequentemente, levar à vulneração do direito à igualdade e da proibição de discriminação. Portanto, este Tribunal considera relevante pronunciar-se sobre como as circunstâncias particulares de determinados grupos podem afetar o exercício do direito de ser cuidado em condições de igualdade, entendendo que o referido direito deveria estar destinado a maximizar a autonomia da pessoa que o recebe, ao invés de exacerbar sua dependência.

B.1 Direito de crianças e adolescentes a receber cuidados

173. O direito ao cuidado, em seu componente de receber cuidado, tem como principais destinatários as crianças, especialmente em suas primeiras etapas de desenvolvimento. De acordo com a OIT, "[n]a escala mundial, a demanda atual por cuidados provém

Cf. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), A sociedade do cuidado: um horizonte para uma recuperação sustentável com igualdade de gênero (LC/CRM.15/3), Santiago, 2022, p. 64. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e3fd981b-467e-4659-a977- 86d51798e0dc/contente. Cf. OIT. As pessoas trabalhadoras da América Latina com responsabilidades de cuidado: Um olhar regional à Convenção no 156, 2024, pp. 25 e 84. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40americas/%40rolima/documents/publication/wcms_916443.pdf. OIT. As pessoas trabalhadoras da América Latina com responsabilidades de cuidado: Um olhar regional à Convenção no 156, 2024, p. 20. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40americas/%40rolima/documents/publication/wcms_916443.pdf.

fundamentalmente de crianças de 0 a 14 anos de idade (que em 2015 representavam 90,0% de todas as pessoas cuidadas)". 267 Até 2030, estima-se que "87,3% [da totalidade] das pessoas cuidadas terão entre 0 e 14 anos de idade". 268

174. Os dados apresentados são consistentes com o reconhecimento unânime no direito internacional dos direitos humanos de que crianças e adolescentes têm direito a proteção e assistência especiais. Assim, por exemplo, a Convenção Americana prevê expressamente, em seu artigo 19, que esse grupo tem direito a medidas especiais de proteção por parte da família, da sociedade e do Estado, e esta Corte interpretou que esse mandato tem impacto na interpretação dos demais direitos reconhecidos na Convenção, dos quais também são titulares. 269

175. Por outro lado, como a jurisprudência constante desta Corte indicou, o artigo 19 da Convenção Americana estabelece a obrigação dos Estados de respeitar e garantir os direitos reconhecidos às crianças e aos adolescentes em outros instrumentos internacionais, o que indica que, ao definir o conteúdo e o alcance das obrigações do Estado em relação aos direitos das crianças, é necessário recorrer ao corpus iuris internacional 270, e em particular à Convenção sobre os Direitos da Criança (doravante denominada "CDC").

176. Nesse sentido, à luz do artigo 19 da Convenção Americana e da jurisprudência desta Corte, os Estados estão obrigados a promover medidas especiais de proteção para as crianças e adolescentes -como sujeitos de direitos-, assumindo, ademais, uma posição de garantidor em consideração a suas características especiais. 271 A Corte entende que essas medidas de proteção especial incluem a garantia do direito de ser cuidado, levando em conta suas necessidades específicas e de acordo com seu grau de desenvolvimento. Sobre essa questão, a CDC afirma:

artigo 3º.

[...]

2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários para seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas adequadas (grifo nosso). 272

177. Pois bem, em vista do desenvolvimento progressivo de crianças e adolescentes, a família, a sociedade e o Estado devem trabalhar juntos para garantir a proteção especial e reforçada mencionada acima. Nesse sentido, vários instrumentos de direitos humanos

OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 21. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-decuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 21. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-decuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Cf. Caso Ramírez Escobar e outros Vs. Guatemala, supra, par. 150, e Caso Ubaté e Bogotá Vs. Colômbia. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 19 de junho de 2024. Série C No 529, par. 115. Cf. Caso dos "Meninos de Rua" (Villagrán Morales e outros) Vs. Guatemala, supra, par. 194, e Caso Adolescentes Internados em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2024. Série C No 547, par. 108. Cf. Parecer Consultivo OC-17/02, supra, par. 56, e Caso Viteri Ungaretti e outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de novembro de 2023. Série C No 510. Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, artigo 3.2.

reconhecem a família como o núcleo central de proteção à criança e ao adolescente, bem como o direito da criança de viver em sua família e de ser cuidada dentro dessa estrutura, com a participação da sociedade e do Estado. Assim, por exemplo, a CDC estabelece que as crianças têm o direito de serem cuidadas por seus pais 273, e que os Estados devem, entre outras coisas, envidar todos os esforços para garantir o reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm responsabilidades comuns na criação e no desenvolvimento da criança 274; fornecer aos pais e responsáveis legais assistência adequada no desempenho de suas responsabilidades na criação dos filhos; e garantir o desenvolvimento de instituições, instalações e serviços para o cuidado das crianças. 275

178. À luz do exposto, e em virtude do princípio da corresponsabilidade, a sociedade e o Estado devem concorrer para garantir, por meio de políticas de cuidado, a proteção especial e reforçada daquelas crianças e adolescentes para os quais suas famílias não têm condições de prestar serviços de cuidado adequados. Sobre esse ponto, a Corte nota que nem todas as famílias têm a mesma capacidade ou possibilidade de prestar os cuidados requeridos pelas crianças e adolescentes de acordo com seu nível de desenvolvimento. Essa falta de capacidade pode ter diferentes graus e ocorre, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes: privadas do cuidado parental ou daquelas que correm o risco de se encontrar em tal situação276; em situações de pobreza ou pobreza extrema; que se encontram em outras situações de risco; em conflito com a lei ou que se encontram institucionalizadas por qualquer outro motivo; cujos pais não podem cuidar delas devido a que possuem alguma doença, deficiência ou impossibilidade de trabalhar, ou nos casos em que os pais têm responsabilidades profissionais e não têm a capacidade econômica para pagar pelos cuidados de seus filhos. Nessas circunstâncias, a fim de garantir a referida proteção especial derivada da igualdade de cuidados para todas as crianças e adolescentes, os Estados, juntamente com a sociedade, devem concorrer para o cuidado e, conforme o caso, assumir essa responsabilidade ou prestar a assistência necessária aos pais ou cuidadores para que possam cumpri-la. 277

179. Esta Corte se referiu especificamente às obrigações reforçadas que recaem sobre os Estados com relação ao cuidado de crianças e adolescentes em contextos de alta vulnerabilidade, em particular, quando se encontram em situação de rua ou

Cf. Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, artigo 7.1. Cf. Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, artigo 18.1. Cf. Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, artigo 18.2. Cf. Assembleia Geral das Nações Unidas. Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças, A/RES/64/142, 24 de fevereiro de 2010. Disponível em: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8064.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2010/80 64. Cf. CIDH. Direito das crianças à família. Cuidados alternativos. Pondo fim à institucionalização nas Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54/13, 17 de outubro de 2013, par. 65, e Comitê dos Direitos da Criança, Comentário Geral No 21 (2017) sobre crianças em situação de rua, CRC/C/GC/21, 21 de junho de 2017, par. 49. Em relação a esse assunto, as Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças dispõem que “[q]uando a própria família da criança não pode, nem mesmo com apoio apropriado, prover o devido cuidado à criança, ou quando a abandona ou renuncia à sua guarda, o Estado é responsável por proteger os direitos da criança e garantir-lhe um acolhimento alternativo adequado, por meio das entidades públicas locais competentes ou das organizações devidamente habilitadas da sociedade civil, ou por intermédio delas. Cabe ao Estado, por meio de suas autoridades competentes, zelar pela supervisão da segurança, do bem-estar e do desenvolvimento de toda criança em acolhimento alternativo, bem como revisar periodicamente a adequação da modalidade de acolhimento adotada.” Cf. Assembleia Geral das Nações Unidas. Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças, A/RES/64/142, 24 de fevereiro de 2010, par. 5. Disponível em: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8064.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2010/80 64.

institucionalizados, entendendo que, quando o ambiente familiar não pode assegurar as condições necessárias para o seu desenvolvimento e cuidado, cabe ao Estado atuar como garantidor substituto e adotar medidas que satisfaçam o interesse superior de crianças e adolescentes. Em relação aos que se encontram em situação de rua, a Corte estabeleceu, seguindo o indicado na Convenção sobre os Direitos da Criança, que os Estados têm a obrigação de adotar medidas destinadas a garantir a não discriminação, a assistência especial, a garantia de sobrevivência e desenvolvimento, o direito a um nível de vida adequado e a reintegração social de toda criança vítima de qualquer forma de privação do ambiente familiar, exploração ou abuso. 278 Com relação à situação de crianças e adolescentes institucionalizados, a Corte assinalou que os Estados têm obrigações especiais, levando em conta as situações específicas de vulnerabilidade que podem surgir devido à confluência interseccional de vários fatores, como o fato de estarem privados de liberdade, serem jovens e, em alguns casos, serem mulheres. Assim, há uma posição especial de garantidor, que impõe aos Estados o dever de adotar medidas especiais e diferenciadas com o objetivo de garantir seus direitos. 279

180. Além das circunstâncias identificadas no parágrafo anterior, a Corte observa que, em alguns casos, crianças e adolescentes podem ser privados de seu ambiente familiar ou de outras referências familiares. Nesses casos, na opinião da Corte, "o Estado é responsável por proteger os direitos da criança e de buscar um acolhimento alternativo adequado para ela", por meio de recursos comunitários ou de outros recursos disponíveis. 280

181. Ademais, a Corte considera que, em qualquer caso em que o cuidado ou a responsabilidade por uma criança ou adolescente seja confiada ao Estado, em qualquer forma de institucionalização ou cuidado substituto, ele deve atender aos princípios de necessidade, excepcionalidade e temporariedade em relação à eventual separação de uma criança de sua família 281.Além disso, é responsabilidade do Estado supervisionar a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento das crianças e adolescentes que se encontrem em tais situações. Da mesma forma, a Corte recorda que, em caso de que haja previsão da institucionalização, ela deve ser o último recurso, pelo menor tempo possível e sujeita a revisão periódica. 282

182. Em virtude do acima exposto, os Estados têm a obrigação de estabelecer uma estrutura legal para o cuidado com o objetivo de garantir o acesso das crianças e adolescentes a cuidados de qualidade em condições de igualdade quando não puderem ser fornecidos por suas famílias e de acordo com suas características particulares. Para tanto, os Estados devem fortalecer: as iniciativas comunitárias voltadas para a prestação de cuidados; a criação de espaços de cuidados administrados pelo Estado com pessoal sob sua Caso dos "Meninos de Rua" (Villagrán Morales e outros) Vs. Guatemala, supra, par. 196. Ademais, ver: Comitê dos Direitos da Criança. Comentário Geral No 21 (2017) sobre crianças em situação de rua, CRC/C/GC/21, 21 de junho de 2017, pars. 10 a 12. Cf. Caso Mota Abarullo e outros Vs. Venezuela. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 18 de novembro de 2020. Série C No 417, pars. 88 e 91, e Caso Adolescentes Internados em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile, supra, par. 96. Cf. Assembleia Geral das Nações Unidas. Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças, A/RES/64/142, 24 de fevereiro de 2010, par. 5. Disponível em: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8064.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2010/80 64 . Cf. CIDH. Direito das crianças à família. Cuidados alternativos. Pondo fim à institucionalização nas Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54/13, 17 de outubro de 2013, pars. 65 a 71. Cf. Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, artigo 9, e CIDH. Direito das crianças à família. Cuidados alternativos. Pondo fim à institucionalização nas Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54/13, 17 de outubro de 2013, parágrafos 69 a 75.

responsabilidade; a criação de programas sociais que permitam o cuidado de crianças em casas particulares sob a supervisão do Estado; a promoção e o incentivo de iniciativas privadas voltadas para o cuidado de crianças; e a implementação de serviços de cuidados infantis no local de trabalho. 283 Ademais, a Corte considera que os Estados têm uma obrigação reforçada de contribuir para garantir o direito ao cuidado de crianças que se encontrem em situações de especial vulnerabilidade. Esse é o caso das crianças indígenas e afrodescendentes, em conflito com a lei, que tenham alguma deficiência ou doença e das crianças cujos pais ou famílias não tenham condições de prover-lhes os cuidados de que necessitam, entre outras.

B.2 O direito das pessoas idosas a receber cuidados 284

183. Depois das crianças e adolescentes, o segundo grupo com maior representação entre os que recebem cuidados são as pessoas idosas. Em 2015, as pessoas idosas representavam 10% do total de indivíduos que demandavam cuidados, e estima-se que esse percentual chegará a 12,7% até 2030. 285 Além disso, até 2050, um sexto da população mundial terá 65 anos ou mais, o que corresponderá entre 20% e 25% da população da América Latina e do Caribe. 286 Isso indica que as pessoas idosas constituem uma parcela significativa das destinatárias de cuidados. Esse percentual, ademais, continuará a aumentar devido ao envelhecimento constante e expressivo da população. 287 Essa mudança no cenário demográfico impacta o direito ao cuidado das pessoas idosas, na qualidade de sujeitos de especial proteção 288, e, nesse sentido, impõe aos Estados obrigações específicas.

184. A Corte fará referência às obrigações do Estado em relação ao direito ao cuidado à luz do direito à igualdade e da proibição de discriminação das pessoas idosas. A esse respeito, considera necessário destacar, em primeiro lugar, que existem algumas circunstâncias de vulnerabilidade similares ou comparáveis entre as pessoas idosas e as pessoas com deficiência, doenças graves ou crônicas ou que comprometam a independência, razão pela

Isso ocorre, por exemplo, na Argentina, Bolívia, Chile, Brasil, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai e Venezuela, onde as empresas com determinado número de empregados devem oferecer salas de amamentação e centros de cuidado ou, inclusive, arcar com os custos relacionados aos serviços de cuidado. Cf. A. Güezmes García e M. N. Vaeza (coords.), Avanços em matéria de legislação sobre o cuidado na América Latina e no Caribe: rumo a uma sociedade do cuidado com igualdade de gênero, Documentos de Projetos (LC/TS.2022/175/Rev.1), Santiago, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)/Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU-Mulheres), 2023, pp. 27 a 28. Disponível em: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2023- 03/S2201160_es.pdf. A Corte utilizará o termo pessoa idosa no presente Parecer Consultivo, por ser o termo utilizado no artigo segundo da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, adotada em 15 de junho de 2015 pela Assembleia Geral da OEA. Cf. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 21. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-decuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Cf. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Microsite: Pessoas Idosas. Disponível em: https://www.canalcidh.org/micrositios-1/personas-mayores/. Cf. Conselho de Direitos Humanos. Estudo temático sobre o exercício do direito à saúde das pessoas idosas realizado pelo Relator Especial sobre o direito de todas as pessoas ao gozo do mais alto padrão possível de saúde física e mental, Anand Grover, A/HRC/18/37, 4 de julho de 2011, par. 9, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Direitos das pessoas idosas: desafios para a interdependência e autonomia (LC/CRE.4/3/ReVs.1), Santiago, 2017. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/0e0bd0fc-b0da-4ead-8405-dba934255 5 87/content, e Caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile, supra, par. 130. Cf. Caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile, supra, par. 132, e Parecer Consultivo OC-29/22, supra, par. 342.

qual as considerações expostas nesta seção também serão aplicáveis a esses setores da população, quando for o caso. Em segundo lugar, a Corte nota que, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com crianças e adolescentes, as pessoas idosas não formam uma categoria uniforme para a qual se possa presumir a necessidade de cuidados. 289 Isso significa que ter mais de 60 ou 65 anos não significa que uma pessoa tenha necessidade de cuidados. 290 Essa necessidade depende, em cada caso específico, das barreiras sociais e condições como do estado de saúde, da posição socioeconômica e do gênero 291, entre outros. Por outro lado, deve-se reconhecer que as pessoas idosas também são cuidadoras. Nesse sentido, embora o número de horas dedicadas ao trabalho de cuidado não remunerado diminua com a idade, é prática comum que "os avós aumentem sua contribuição para o cuidado de crianças, especialmente nos locais em que faltem serviços públicos ou privados [...] ou [estes] sejam insuficientes para atender à demanda". 292 Essa categoria também inclui pais idosos que cuidam de filhos com deficiências, doenças graves, incapacitantes e terminais, ou pessoas idosas que cuidam uns dos outros. 293 Com base nesses esclarecimentos, a Corte se concentrará, neste capítulo, no direito a receber cuidado das pessoas idosas com necessidades específicas de cuidado, entendendo que elas também podem ser provedoras de cuidados.

185. Adicionalmente, a Corte considera necessário destacar que, em 2015, a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos (doravante denominada "Convenção sobre Pessoas Idosas") foi adotada no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Esse é o primeiro tratado internacional vinculante de direitos humanos especificamente relacionado aos direitos das pessoas idosas 294, e contém um sólido

Cf. Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Perita Independente sobre o gozo de todos os direitos humanos pelas pessoas idosas, Claudia Mahler, A/HRC/48/53, 4 de agosto de 2021, par. 24, e Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Perita Independente sobre o gozo de todos os direitos humanos pelas pessoas idosas, Rosa Kornfeld-Matte, A/HRC/30/43, 13 de agosto de 2015, par. 15. De acordo com o artigo 2º da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, considera-se pessoa idosa “[a]quela com 60 anos ou mais, salvo se a legislação interna estabelecer uma idade mínima inferior ou superior, desde que esta não ultrapasse os 65 anos. Esse conceito inclui, entre outros, o de pessoa adulta maior”. Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, 2015, artigo 2. De acordo com a OIT, "ao longo do ciclo de vida, as mulheres experimentam desvantagens cumulativas que se acumulam nos últimos estágios da vida. A discriminação dupla ou tripla geralmente aumenta à medida que as mulheres envelhecem. As mulheres[,] ademais, são particularmente vulneráveis, pois muitas recorrem ao trabalho não remunerado ou mal remunerado, ao trabalho em tempo parcial ou esporádico, ou ao trabalho informal. Por todos esses motivos, elas raramente conseguem ter acesso a benefícios previdenciários contributivos por direito próprio. E quando conseguem, as pensões são significativamente mais baixas do que as dos homens, devido aos rendimentos mais baixos e aos períodos de contribuição mais curtos. Grande parte da contribuição econômica das mulheres vem das tarefas envolvidas no cuidado das responsabilidades familiares, das tarefas domésticas e da atividade na economia informal.” OIT. Direitos, empregos e seguridade social: Uma nova visão para homens e mulheres de idade avançada, 1 de outubro de 2008, p. 4. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40gender/documents/publicat ion/wcms_098935.pdf. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 61. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-decuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Cf. Assembleia Geral das Nações Unidas. Acompanhamento da Segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento: Relatório do Secretário-Geral, A/66/173, 22 de julho de 2011, parágrafos 10 e 12. A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos estabelece de forma expressa quais são as obrigações dos Estados nessa matéria. Assim, o artigo 6º dispõe que “[o]s Estados Partes adotarão medidas para que as instituições públicas e privadas ofereçam à pessoa idosa acesso não discriminatório a cuidados integrais, incluindo os cuidados paliativos […], em conformidade com o direito da pessoa idosa de expressar o consentimento informado”. Do mesmo modo, o artigo 12 estabelece que “[a]

fundamento convencional do direito das pessoas idosas de serem cuidadas em igualdade de condições. Reconhece o cuidado como um princípio e um direito autônomo e se refere à corresponsabilidade da família, da sociedade e do Estado em garanti-lo. 295 Por exemplo, ela contém referências específicas ao direito ao cuidado em seus artigos 6, 7, 9 e 12, em particular com relação ao direito à independência e à autonomia, a uma vida livre de violência e ao cuidado de longo prazo. O direito das pessoas idosas ao acesso a cuidados também está consagrado no artigo 17 do Protocolo de San Salvador. 296

186. Pois bem, à luz do direito à igualdade e da proibição de discriminação, a Corte entende o direito das pessoas idosas a serem cuidadas a partir de duas perspectivas: a primeira, referente ao direito de acesso efetivo aos cuidados, que deve ser garantido com base no princípio da corresponsabilidade, de modo que o Estado deve participar quando a família e a sociedade não puderem fazê-lo, e a segunda, aos direitos das pessoas idosas que já estão recebendo cuidados. 297 Em relação aos direitos das pessoas idosas que já recebem cuidados, a Corte considera que eles incluem a liberdade de decidir o início e o término dos cuidados, o direito de ser atendido por pessoal especializado e o direito de receber serviços de cuidados paliativos que abranjam o paciente, seu entorno e sua família, tudo isso no âmbito dos direitos à independência e à autonomia, à segurança e a uma vida livre de violência. 298 Da mesma forma, deve haver um marco regulatório adequado para o funcionamento e a fiscalização dos cuidados de longo prazo 299, que considere a garantia de

pessoa idosa tem direito a um sistema integral de cuidados que proporcione proteção e promoção da saúde, cobertura de serviços sociais, segurança alimentar e nutricional, acesso à água, vestuário e moradia; promovendo que a pessoa idosa possa decidir permanecer em seu lar e manter sua independência e autonomia”. O exposto implica a obrigação dos Estados de atuar em conjunto com as famílias e a sociedade na provisão de cuidados às pessoas idosas, sempre que necessário, o que pode ser concretizado por meio do desenho e implementação de serviços de cuidado de qualidade, diferenciados e voltados às pessoas idosas. Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosss, 2015, artigos 6 e 12 Cf. Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, 2015, artigos 3.f e 3.o. O artigo 17 do Protocolo de San Salvador dispõe: "[t]oda pessoa tem direito a proteção especial durante a velhice". Esse último instrumento também assinala que os Estados Partes devem adotar de forma progressiva as medidas necessárias para "proporcionar instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada, às pessoas de idade avançada que não disponham delas e que não estejam em condições de adquiri-las por seus próprios meios.” Protocolo de San Salvador, 1988, artigo 17. Cf. CIDH. Direitos Humanos das Pessoas Idosas e Sistemas Nacionais de Proteção nas Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 397/22, 31 de dezembro de 2022, par. 427. Disponível em: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2023/PersonasMayores_ES.pdf. A Corte se pronunciou sobre essa questão em várias oportunidades. Por exemplo, no caso Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Paraguai, referiu-se à consideração especial que merecem as pessoas de idade avançada e à importância de o Estado adotar medidas destinadas a manter sua funcionalidade e autonomia. Posteriormente, no Parecer Consultivo OC-29/22 sobre enfoques diferenciados a determinados grupos de pessoas privadas de liberdade, a Corte ressaltou a importância de visibilizar as pessoas idosas como sujeitos de direitos que requerem uma proteção especial e, consequentemente, um "cuidado integral", com respeito a sua autonomia e independência, e sustentou que é imperativa a adoção de medidas positivas, determináveis de acordo com as necessidades particulares de proteção do sujeito de direito, seja por sua condição pessoal ou pela situação específica em que se encontra, como ocorre, precisamente, com as pessoas idosas. Cf. Caso Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Paraguai, supra, par. 175, e Parecer Consultivo OC- 29/22, supra, par. 342. No que diz respeito ao marco regulatório para o funcionamento e fiscalização dos serviços prestados por atores privados, devem ser levados em consideração os três pilares dos "Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos", bem como os princípios fundamentais derivados desses pilares, que indicam (i) o dever do Estado de proteger os direitos humanos; (ii) a responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos e (iii) que, caso necessário, deve ser garantido o acesso a mecanismos de reparação. Cf. ACNUDH. Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: posta em prática do marco das Nações Unidas para “proteger, respeitar e reparar”, HR/PUB/11/04, 2011. Ver também: Caso Vera Rojas e outros Vs. Chile, supra, par. 84.

acesso à informação 300; a prevenção de interferências ilegais na vida privada; a promoção do convívio familiar e social; a proteção da segurança, da liberdade e da mobilidade e a proteção da privacidade e da intimidade, bem como o desenho e a implementação de sistemas de responsabilidade em casos de negligência em detrimento das pessoas idosas. 301

187. A Corte considera, ademais, que as pessoas idosas, ao receberem cuidados, enfrentam estereótipos que associam a idade cronológica à dependência e segundo os quais as pessoas idosas têm algum tipo de deficiência devido à sua idade, ao contrário do restante da população. 302 Em virtude de tais estereótipos negativos, as pessoas idosas podem encontrar obstáculos e barreiras sociais para receber cuidado em igualdade de condições, especialmente porque lhes é negada sua autonomia e independência para decidir sobre o recebimento de cuidados. A Corte também nota que as pessoas idosas podem sofrer institucionalizações forçadas ou contra sua vontade. 303 Por essa razão, na opinião da Corte, os Estados têm a obrigação de adotar medidas destinadas a prover cuidados em favor das pessoas idosas, considerando a idade não como um critério de diferenciação, mas como uma construção social que orienta a garantia dos direitos desse grupo. 304 Isso implica reconhecer, em igualdade de condições com o restante da população, "a capacidade de ação, autonomia e independência das pessoas idosas[,] em vez de considerá-las inquestionavelmente vulneráveis e necessitadas de proteção". 305 Nesse sentido, no contexto do cuidado, nem a idade avançada nem a necessidade de assistência são suficientes para determinar a falta de capacidade de tomada de decisão em questões tão significativas como local ou modo de residência. Mesmo "em um caso de capacidade diminuída, os Estados têm a obrigação de garantir que existam mecanismos de apoio para a tomada de decisões". 306 Esse critério é igualmente aplicável a pessoas com deficiência ou com doenças graves ou crônicas que comprometam a independência.

A Corte se pronunciou especificamente sobre esse tema no caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile, e estabeleceu o aumento da vulnerabilidade devido ao desequilíbrio de poder existente na relação médicopaciente, o que impõe o dever de garantir às pessoas idosas, de maneira clara e acessível, as informações necessárias e a compreensão sobre seu diagnóstico ou situação particular, bem como as medidas ou tratamentos para enfrentar tal situação. Cf. Caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile, supra, par. 131. Ademais, ver: Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, 2015, artigos 7, 9 e 12. Cf. Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Perita Independente sobre o gozo de todos os direitos humanos pelas pessoas idosas, Claudia Mahler, A/HRC/48/53, 4 de agosto de 2021, pars. 21 e 37. Em relação a esse assunto, a Corte recorda que "os Estados têm o dever de regular e monitorar toda a assistência de saúde prestada às pessoas sob sua jurisdição, como um dever especial de proteger a vida e a integridade pessoal, independentemente de a entidade que presta tais serviços ser pública ou privada. Assim, para fins de cumprimento a obrigação de garantir o direito à integridade pessoal e no contexto da saúde, os Estados devem estabelecer um marco regulatório adequado para regular a prestação de serviços de saúde, estabelecendo padrões de qualidade para instituições públicas e privadas, a fim de evitar qualquer ameaça de violação da integridade pessoal em tais serviços. Da mesma forma, o Estado deve prever mecanismos de supervisão e fiscalização estatal das instituições de saúde, bem como procedimentos de tutela administrativa e judicial para a parte lesada, cuja efetividade dependerá, em última instância, da implementação que a administração competente realizar a esse respeito.” Caso Rodríguez Pacheco e outros Vs. Venezuela. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1º de setembro de 2023. Série C No 504, par. 116. Cf. Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Perita Independente sobre o gozo de todos os direitos humanos pelas pessoas idosas, Claudia Mahler, A/HRC/48/53, 4 de agosto de 2021, par. 37. Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Perita Independente sobre o gozo de todos os direitos humanos pelas pessoas idosas, Claudia Mahler, A/HRC/48/53, 4 de agosto de 2021, par. 37. Conselho de Direitos Humanos. Pessoas idosas privadas de liberdade: Relatório da Perita Independente sobre o gozo de todos os direitos humanos pelas pessoas idosas, Claudia Mahler. A/HRC/51/27, 9 de agosto de 2022, par. 55.

188. Por fim, existem situações análogas de discriminação, estigmatização e exclusão daspessoas idosas e pessoas com deficiência no que se refere aos cuidados oferecidos por terceiros, ao ponto que "[a] privação de liberdade com base na idade ou na deficiência, ou em ambas, é frequente e comum em todo o mundo". 307 Essas situações são caracterizadas por um desequilíbrio entre a posição de poder da pessoa cuidadora e a posição de sujeição da pessoa receptora. Portanto, do direito à igualdade e da proibição da discriminação decorre a obrigação dos Estados de corrigir essas assimetrias baseadas em preconceitos e estereótipos e de implementar serviços de cuidado e apoio que promovam o exercício da autonomia e da vida independente.

189. Conforme o exposto, a Corte entende que a garantia do direito das pessoas idosas a serem cuidadas obriga os Estados a adotar medidas para garantir o acesso a serviços de cuidado de qualidade e a permanência nesses serviços, sem discriminação, quando assim o requeiram, bem como para assegurar que possam exercer seu autocuidado. Os Estados devem cumprir essa obrigação no âmbito do respeito aos seus direitos à autonomia, independência, segurança e a uma vida livre de violência, à luz dos critérios estabelecidos neste capítulo (parágrafos 186 a 188 supra).

B.3 Direito de receber cuidado das pessoas com deficiência e com doenças graves, crônicas ou que comprometam a independência e que demandem a prestação de cuidados 308

190. De acordo com a OIT, "[a] prevalência de deficiências graves aumenta a carga de trabalho dos provedores de cuidados. As deficiências graves afetam 2,7% da população mundial com idade entre 15 e 59 anos, com números que variam de 2,6% nas Américas a 3,3% na África". 309 Ademais, de acordo com os números da OIT, 5% das crianças, 10% dos adultos em idade ativa e até 50% das pessoas idosas têm alguma deficiência. 310 Da mesma forma, o Relatório Mundial sobre Deficiência 2011 da OMS e do Banco Mundial estimou que havia um bilhão de pessoas com deficiência no mundo, das quais entre 110 e 190 milhões tinham deficiências significativas. 311 A Relatora Especial da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência estima que essas pessoas representam 15% da população mundial, ou aproximadamente um bilhão de pessoas. 312

Conselho de Direitos Humanos. Pessoas idosas privadas de liberdade: Relatório da Perita Independente sobre o gozo de todos os direitos humanos pelas pessoas idosas, Claudia Mahler. A/HRC/51/27, 9 de agosto de 2022, par. 20. A Corte entende as que doenças graves, crônicas ou que comprometem a independência podem ser de longa duração e são o resultado de uma combinação de fatores genéticos, fisiológicos, ambientais e comportamentais. As pessoas que padecem de tais doenças podem precisar de cuidados ou atenção especial durante o curso de sua doença. Embora a Corte compreenda que a situação das pessoas com deficiência e das pessoas com tais condições não são necessariamente equivalentes, inclui as pessoas com deficiência nesta seção, na medida em que os Estados possuem obrigações de cuidado e apoio que podem ser assimiláveis. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 24. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-decuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Cf. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 24. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-decuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Cf. Organização Mundial da Saúde e Banco Mundial. Relatório mundial sobre a deficiência 2011, 14 de dezembro de 2011, p. 34. Disponível em: https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241564182. Cf. Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, A/HRC/34/58, 20 de dezembro de 2016, par. 17.

191. Esta Corte entendeu que a deficiência é uma categoria protegida pelo artigo 1.1 da Convenção Americana e, por essa razão, é ilegítima qualquer norma, ato ou prática discriminatória baseada na deficiência real ou percebida da pessoa, e nenhuma norma, decisão ou prática de autoridades estatais ou indivíduos pode diminuir ou restringir de forma discriminatória os direitos de uma pessoa com base em sua deficiência. 313 Da mesma forma, o Protocolo de San Salvador, em seu artigo 18, afirma que "[t]oda pessoa afetada por diminuição de suas capacidades físicas e mentais tem direito a receber atenção especial, a fim de alcançar o máximo desenvolvimento de sua personalidade". 314 Ademais, a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (doravante denominada " CIADDIS ") indica que os Estados Partes reafirmam "que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano". 315

192. No âmbito do Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos, a deficiência também é entendida como uma das categorias de discriminação proibidas pelo artigo 2.2 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, à luz do conceito de "outra condição social". 316 A Convenção sobre os Direitos da Criança, por sua vez, inclui expressamente a deficiência como uma das categorias protegidas dentro do artigo que proíbe a discriminação. 317 E, finalmente, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (doravante denominada "CDPD") estabelece a não discriminação como um de seus princípios gerais e proíbe qualquer discriminação com base na deficiência. 318 Esse último tratado, assim como a CIADDIS, baseia-se em um modelo social de deficiência, que é desvinculado da abordagem médica ou capacitista. 319 Isso implica abordar a deficiência não apenas à luz das deficiências físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, mas também à luz das barreiras ou limitações sociais que existem para que as pessoas possam exercer seus direitos de maneira efetiva. 320 Ademais, a CDPD estabelece especificamente que:

Os Estados Partes também tomarão todas as medidas apropriadas para prevenir todas as formas de exploração, violência e abuso, assegurando, entre outras coisas, formas apropriadas de atendimento e apoio que levem em conta o gênero e a idade das pessoas com deficiência e de seus familiares e atendentes, inclusive mediante a provisão de informação e educação sobre a maneira de evitar, reconhecer e denunciar casos de exploração, violência e abuso. Os Estados Partes

Cf. Caso Guachalá Chimbo e outros Vs. Equador, supra, par. 79. Protocolo de San Salvador, 1988, artigo 17. Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, 1999, preâmbulo. Cf. Comitê DESC. Comentário Geral N° 5: As pessoas com deficiência, E/C.12/1994/13, 9 de dezembro de 1994, par. 5, e Comitê DESC. Comentário Geral N° 20: A não discriminação e os direitos econômicos, sociais e culturais (artigo 2, parágrafo 2 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), E/C.12/GC/20, 2 de julho de 2009, par. 28. Cf. Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, artigo 2, e Comitê sobre os Direitos da Criança. Comentário Geral N° 9 (2006): Os direitos das crianças com deficiência, CRC/C/GC/9, 27 de fevereiro de 2007, par. 2. Cf. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006, artigos 3 e 5. Cf. Conselho de Direitos Humanos. Transformação dos serviços para as pessoas com deficiência: Relatório do Relator Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, Gerard Quinn, A/HRC/52/32, 28 de dezembro de 2022, par. 20. Cf. Caso Vera Rojas e outros Vs. Chile, supra, pars. 101 e 102. Ademais, ver: Caso Furlan e familiares Vs. Argentina. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2012. Série C No 246.

assegurarão que os serviços de proteção levem em conta a idade, o gênero e a deficiência das pessoas (grifo nosso). 321

193. Apesar da proibição da discriminação contra pessoas com deficiência, a Corte verifica que as pessoas com deficiência enfrentam barreiras ao acesso em igualdade de condições ao direito a receber cuidados. Isso se deve à existência de estereótipos baseados em modelos médicos e de dependência associados à deficiência, que em alguns casos chegam ao ponto de negar o direito à personalidade jurídica às pessoas com deficiência.

194. A esse respeito, a Corte observa que os primeiros instrumentos sobre deficiência no direito internacional foram baseados em uma abordagem médica. É o caso da Declaração sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência Mental (1971) 322 e da Declaração sobre os Direitos das Pessoas Deficientes (1975) 323, instrumentos que entendiam as "deficiências" como uma razão legítima para restringir ou negar direitos. Sob esse modelo, as pessoas com deficiência não eram reconhecidas como detentoras de direitos iguais aos do restante da população, mas eram "reduzidas" às suas deficiências. 324

195. O enfoque médico foi amplamente superado no direito internacional, que deu lugar a uma abordagem baseada nos direitos humanos e que reconhece a deficiência como uma construção social, produzida no contexto em que vivem as pessoas com diversidade funcional — física, mental, intelectual ou sensorial —, e não essa condição em si mesma. 325 Isso significa que a deficiência surge quando a diversidade funcional de uma pessoa entra em contato com uma barreira social que limita o desenvolvimento de sua vida em igualdade de condições com o restante das pessoas. Essa perspectiva, ainda, entende que os enfoques médicos e capacitistas centrados no cuidador "criam um desequilíbrio de poder entre o cuidador e a pessoa que recebe os cuidados, dando lugar a práticas e atitudes paternalistas que criam um ambiente em que o risco de violência, exploração e abusos é maior" 326 . O enfoque social, em seu lugar, está centrado na independência e na autonomia da pessoa com deficiência, e pretende "substituir o legado de paternalismo, dependência e estigmatização que fundamenta os enfoques tradicionais de atendimento" 327, além de reconhecer a diversidade das pessoas com deficiência e as barreiras que elas enfrentam. 328

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006, artigo 16.2. Cf. Assembleia Geral das Nações Unidas. Declaração sobre os Direitos do Deficiente Mental, 2856 (XXVI), 20 de dezembro de 1971. Disponível em: https://www.oas.org/dil/esp/declaracion_ag-26- 2856_1971.pdf. Cf. Assembleia Geral das Nações Unidas. Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiências, 3448 (XXX), 9 de dezembro de 1975. Disponível em: https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/783/64/pdf/nr078364.pdf. Cf. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Comentário Geral No 6 (2018) sobre igualdade e não discriminação, CRPD/C/GC/6, 26 de abril de 2018, par. 8. Cf. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Comentário Geral No 6 (2018) sobre igualdade e não discriminação, CRPD/C/GC/6, 26 de abril de 2018, par. 9. Conselho de Direitos Humanos. Os sistemas de apoio para garantir a inclusão na comunidade de pessoas com deficiência, entre outras coisas, como um meio de construir um futuro melhor após a pandemia da doença do coronavírus (COVID-19): Relatório do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, A/HRC/52/52, 3 de janeiro de 2023, par. 7. Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, A/HRC/34/58, 20 de dezembro de 2016, par. 25. Cf. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Parecer aprovado pelo Comitê em virtude do artigo 5 do Protocolo Facultativo em relação à comunicação no 51/2018, CRPD/C/27/D/51/2018, 27 de janeiro de 2023.

196. Pois bem, apesar do reconhecimento formal da existência de um enfoque social da deficiência, a Corte considera que as pessoas com deficiência continuam a enfrentar obstáculos e barreiras ao acesso em igualdade de condições ao exercício do direito ao cuidado, na medida em que continuam a ser consideradas como destinatárias passivas de cuidado. Portanto, na opinião da Corte, a garantia do direito ao cuidado para pessoas com deficiência deve ser baseada na necessidade de "apoio" e não apenas de "atenção.” Isso se baseia no entendimento de que o apoio e o cuidado exigidos pelas pessoas com deficiência não são homogêneos, mesmo para pessoas que compartilham a mesma condição, de modo que sua prestação deve levar em conta as necessidades individuais das pessoas e não os interesses dos prestadores de serviços de apoio ou cuidado. Além disso, deve-se considerar as diferenças culturais, geográficas, socioeconômicas, de ciclo de vida e de gênero.

197. Sobre essa questão, a Relatora Especial das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência destacou que a comunidade de pessoas com deficiência critica os modelos de "atenção", que tratam as pessoas com deficiência unicamente como receptoras de cuidados, como dependentes ou como um "fardo" para a família e a sociedade, o que, na maioria dos casos, as impede de participar plenamente das decisões sobre suas próprias vidas 329 e leva à sua institucionalização e internação. 330 Em contraste, a partir de uma abordagem social da deficiência, o direito ao cuidado das pessoas com deficiência baseia-se no seu reconhecimento como seres com independência e autonomia, entendendo independência não necessariamente como autossuficiência, mas como a capacidade de ter controle sobre suas próprias vidas, em vez de seguir as opiniões, instruções ou decisões daqueles que atendem às suas necessidades. 331 Sob essa premissa, os Estados devem garantir que o critério da pessoa com deficiência seja determinante para estabelecer o conteúdo do direito de ser cuidado em cada caso concreto, sem prejuízo daqueles casos em que, tendo em vista a condição de cada pessoa e suas características particulares, seja excepcionalmente estabelecido que a tomada de decisões autônomas e independentes não é possível, e a necessidade de receber atendimento médico em estabelecimentos especializados. Nesse caso, deve-se garantir atenção e cuidados especializados à pessoa com deficiência, a partir de uma abordagem de direitos humanos e livre de qualquer tipo de violência. Em relação a essa questão, e à luz do princípio da corresponsabilidade, e de acordo com suas obrigações de desenvolvimento progressivo, deve-se levar em conta que "[a] falta de apoio, a pobreza e a exclusão criam as condições para práticas inaceitáveis, como a restrição da autonomia e as separações familiares, a violência, os abusos e o abandono" 332. Por essa razão, devem ser priorizados os enfoques de apoio e atendimento que, com base no princípio da corresponsabilidade, garantam, na maior medida possível, o exercício da autonomia, da capacidade de gestão e da capacidade de ação das pessoas com deficiência.

198. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência adota esse paradigma e reconhece o "apoio" como uma obrigação transversal em todo o tratado, especialmente em relação aos direitos à capacidade jurídica (artigo 12.3) e à vida independente (artigo 19.b). Desse modo, uma interpretação do direito ao cuidado, a partir de um enfoque social da deficiência, baseado no direito à igualdade das pessoas com deficiência, deve reconhecer os "apoios" como parte do conteúdo essencial desse direito, que deve ser garantido pelo

Cf. Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, A/HRC/34/58, 20 de dezembro de 2016, pars. 23 e 24. Cf. Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, A/HRC/34/58, 20 de dezembro de 2016, par. 24. Cf. Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, A/HRC/34/58, 20 de dezembro de 2016, pars. 26 e 27. Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, Heba Hagrass, 29 de janeiro de 2024, A/HRC/55/56, par. 65.

Estado. Da mesma forma, sua formulação deve corrigir os possíveis desequilíbrios de poder que possam existir entre os cuidadores e as pessoas com deficiência que recebem cuidados, e implementar serviços de cuidado e apoio que promovam o exercício da autonomia, a vida independente e a inclusão em igualdade de condições.

199. No mesmo sentido, conforme estabelecido pela Relatora Especial das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência, a obrigação dos Estados de garantir o acesso das pessoas com deficiência aos "apoios" não pode ser confundida com a obrigação de garantir a acessibilidade. 333 Nessa medida, não compreende a obrigação de transformar o ambiente físico para remover as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência, mas de garantir que a pessoa com deficiência seja capaz de realizar, em igualdade de condições, atividades quotidianas como tomar banho, vestir-se, alimentar-se ou comunicar-se. Embora tanto o cuidado, a partir de uma abordagem de "apoio", quanto a obrigação de garantir a acessibilidade tenham como objetivo assegurar que as pessoas com deficiência possam levar uma vida independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida 334, são obrigações com conteúdos diferentes.

200. Assim, à luz do direito à igualdade e da proibição de discriminação, e das obrigações de desenvolvimento progressivo, os Estados devem realizar todas as modificações e adaptações necessárias e adequadas para que as pessoas com deficiência e com doenças graves, crônicas ou que comprometem a independência e que demandem a prestação de cuidados, possam receber esses cuidados desde um enfoque que as reconheça como como sujeitos de direitos e lhes permita realizar suas atividades sem discriminação. Isso implica garantir o acesso a serviços de cuidado e apoio diferenciados, em razão das características específicas das pessoas que integram esse grupo. Além disso, os serviços de cuidado e apoio devem estar disponíveis, ser acessíveis, financeiramente viáveis, aceitáveis e adaptáveis, levando em consideração circunstâncias particulares, como as condições de vida ou a renda individual ou familiar, bem como estar orientados à garantia do autocuidado.

201. Em relação ao exposto, a Corte recorda que no caso Guachalá Chimbo e outros Vs. Equador, referiu-se às obrigações específicas do Estado com relação ao cuidado prestado a pessoas com deficiência que se encontram institucionalizadas. A Corte sustentou que "em ambientes institucionais, [...] o pessoal médico encarregado do cuidado dos pacientes exerce um forte controle ou domínio sobre as pessoas sob sua custódia”, o que exige uma rigorosa fiscalização por parte do Estado sobre esse tipo de estabelecimento, de modo a garantir que “em toda instituição psiquiátrica, pública ou privada, seja preservado o direito dos pacientes de receber um tratamento digno, humano e profissional, bem como de serem protegidos contra a exploração, o abuso e a degradação". 335 Da mesma forma, no caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, a Corte se referiu ao direito ao cuidado das pessoas com deficiência e estabeleceu que os Estados têm uma posição de garantidor em relação às pessoas sob sua custódia e devem garantir as condições para uma vida digna, especialmente para aquelas que estão recebendo assistência médica. 336 No caso Furlan e familiares Vs. Argentina, a Corte sustentou que os Estados devem promover a inclusão de

Cf. Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, A/HRC/34/58, 20 de dezembro de 2016, par. 33. Cf. Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, A/HRC/34/58, 20 de dezembro de 2016, par. 33. Caso Guachalá Chimbo e outros Vs. Equador, supra, par. 90. Cf. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra, par. 138.

pessoas com deficiência e adotar as medidas necessárias para garantir que toda discriminação associada à deficiência seja eliminada. 337

202. Em suma, a Corte constata que os Estados são obrigados a adotar as medidas necessárias para garantir o direito ao cuidado às pessoas com deficiência a partir de uma perspectiva de "apoio" e não apenas de "atenção" 338, no âmbito do respeito aos seus direitos à autonomia, independência, segurança e a uma vida livre de violência. Isso implica que o cuidado e o apoio prestados às pessoas com deficiência devem se basear em seu reconhecimento como sujeitos de direitos e não apenas como receptores de cuidado. Da mesma forma, devem considerar uma abordagem social da deficiência que supere a abordagem médica e que reconheça as pessoas com deficiência como sujeitos com autonomia e independência que podem exercer seu autocuidado.

C. Conclusão

203. A Corte entende que, devido aos estereótipos negativos de gênero, as mulheres assumem maiores cargas de cuidado não remunerado, o que, por sua vez, impõe obstáculos ao exercício de seus direitos em condições de igualdade em relação aos homens. Por essa razão, os Estados têm a obrigação de adotar as medidas necessárias para reverter tais estereótipos e eliminar as barreiras ao exercício de outros direitos, considerando a interseccionalidade dos fatores de discriminação que afetam as mulheres que realizam trabalhos de cuidado não remunerado e que as colocam em situações de especial vulnerabilidade. Essas medidas devem ser adotadas levando em conta que as responsabilidades dentro da família devem ser distribuídas de forma equitativa entre homens e mulheres. Além disso, os Estados estão obrigados a adotar medidas em favor das mulheres que desempenham tarefas de cuidado não remunerado e se encontram em situações de especial vulnerabilidade, como é o caso das mulheres chefes de famílias monoparentais, responsáveis pelo sustento do lar e pelo cuidado dos filhos e de outros membros da família; das mulheres cuidadoras vinculadas ao sistema penitenciário; das mulheres buscadoras; das mulheres migrantes; das mulheres indígenas e afrodescendentes; das mulheres idosas cuidadoras; das mulheres com deficiência; e das mulheres responsáveis pelo cuidado de pessoas com deficiência.

204. Por outro lado, a Corte conclui que as crianças, como principais destinatárias dos cuidados, especialmente nos primeiros estágios da vida, e de acordo com seu desenvolvimento progressivo, têm direito a receber cuidados que garantam o direito a uma proteção especial e reforçada. Os primeiros a serem chamados para garantir o cuidado de crianças e adolescentes são os membros de suas famílias, em particular seus pais. No entanto, caso a família não tenha condições de prestar os cuidados necessários, em virtude do princípio da corresponsabilidade, a sociedade e o Estado têm a obrigação de contribuir para garantir o direito ao cuidado em igualdade de condições. Da mesma forma, o Estado deve garantir o direito ao cuidado das pessoas idosas em igualdade de condições com o restante da população. Portanto, os Estados têm a obrigação de adotar as medidas necessárias para reverter os estereótipos baseados na idade e na capacidade, de modo que as pessoas pertencentes a esses setores da população sejam reconhecidas e protegidas. Finalmente, os Estados devem adotar as medidas necessárias para garantir o exercício do direito ao cuidado das pessoas com deficiência e das pessoas com doenças graves ou crônicas ou doenças que comprometam a independência e exijam a prestação de cuidados.

Cf. Caso Furlan e familiares Vs. Argentina, supra, par. 135. Cf. Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, A/HRC/34/58, 20 de dezembro de 2016, pars. 13 a 16.

VII O DIREITO AO CUIDADO E OS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS

205. O Estado da Argentina solicitou ao Tribunal que se pronunciasse sobre a relação de indivisibilidade e interdependência entre o direito ao cuidado e os DESCA. De maneira pontual, perguntou sobre o alcance dos direitos ao trabalho, à seguridade social, à saúde e à educação com relação às pessoas que cuidam e àquelas que recebem cuidados, bem como com relação ao autocuidado, no âmbito da proteção oferecida pela Convenção Americana, pelo Protocolo de San Salvador, pela Declaração Americana, pela Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e pela Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (par. 35 supra).

206. Para responder a essa pergunta, e tomando como eixo central a jurisprudência desta Corte em relação aos DESCA, o Tribunal considera relevante realizar a análise correspondente com base nos artigos 1.1, 2, 19, 24 e 26 da Convenção Americana, nos artigos 3, 6, 7, 9, 13, 15 e 16 do Protocolo de San Salvador, nos artigos II, VII, XI, XII, XIV e XVI da Declaração Americana, no artigo III da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, nos artigos 12 e 19 da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e no artigo 8.b) da Convenção de Belém do Pará, bem como o corpus iuris internacional relevante sobre a matéria.

207. Para esses efeitos, a Corte se referirá às obrigações dos Estados em matéria de cuidado à luz dos DESCA e, em particular, em relação a) ao direito ao trabalho e às suas condições justas, equitativas e satisfatórias; b) ao direito à seguridade social; c) ao direito à saúde e d) ao direito à educação.

A. Obrigações dos Estados em matéria de cuidados à luz dos DESCA em relação ao direito ao trabalho e às suas condições justas, equitativas e satisfatórias

208. Nesta seção, a Corte abordará a pergunta sobre se o trabalho de cuidado está relacionado ao direito ao trabalho e às condições de trabalho justas, equitativas e satisfatórias que garantam a segurança, a saúde e a higiene. Para tanto, em primeiro lugar, recordará a jurisprudência sobre a matéria. Posteriormente, examinará se o trabalho de cuidado pode ser considerado trabalho à luz do direito internacional dos direitos humanos. Por último, e como consequência dessa definição, o Tribunal se referirá ao alcance das garantias de que gozam as pessoas que realizam trabalho de cuidado remunerado e não remunerado.

A.1 Direito ao trabalho e às suas condições justas, equitativas e satisfatórias

209. A Corte observa que o direito ao trabalho em condições justas, equitativas e satisfatórias está contido no artigo XIV da Declaração Americana, nos artigos 6 e 7 do Protocolo de San Salvador e no artigo 26 da Convenção Americana. Desses instrumentos depreende-se uma definição ampla de trabalho, entendido como a possibilidade de as pessoas exercerem uma vocação e garantirem um padrão de vida para si mesmas e suas

famílias. Essa concepção também está refletida nos artigos 45.b e c 339, 46 340 e 34.g 341 da Carta da OEA. Em particular, a Corte observou que o artigo 45.b da Carta da OEA estabelece que "[o] trabalho é um direito e um dever social; confere dignidade a quem o realiza e deve ser exercido em condições que, compreendendo um regime de salários justos, assegurem a vida, a saúde e um nível econômico digno ao trabalhador e sua família, tanto durante os anos de atividade como na velhice, ou quando qualquer circunstância o prive da possibilidade de trabalhar.” Assim, a Corte considerou que há uma referência suficientemente específica ao direito ao trabalho para derivar sua existência e reconhecimento implícito na Carta da OEA.

210. Com relação ao conteúdo e ao alcance desse direito, a Declaração Americana estabelece que "[t]oda pessoa tem direito ao trabalho em condições dignas e o de seguir livremente sua vocação, na medida em que for permitido pelas oportunidades de emprego existentes", e que "[t]oda pessoa que trabalha tem o direito de receber uma remuneração que, em relação à sua capacidade de trabalho e habilidade, lhe garanta um nível de vida conveniente para si mesma e para sua família". 342 Por sua vez, o artigo 6 do Protocolo de San Salvador estabelece que "[t]oda pessoa tem direito ao trabalho, o que inclui a oportunidade de obter os meios para levar uma vida digna e decorosa por meio do desempenho de uma atividade lícita, livremente escolhida ou aceita.” Ademais, o artigo 7 do mesmo Protocolo estabelece que, para assegurar condições justas e equitativas de trabalho, os Estados devem garantir ao trabalhador uma "(r)emuneração que assegure [...] condições de subsistência digna e decorosa para eles e para suas famílias [...]; (b) [o] direito [...] de seguir sua vocação e de dedicar se à atividade que melhor atenda a suas expectativas [...]; (c) o direito [...] à promoção ou avanço […] [em consideração a] suas qualificações, competência, probidade e tempo de serviço; (d) [e]stabilidade [...] em seus empregos de acordo com as características das indústrias e profissões e com as causas de separação justa [e indenização] [em] casos de demissão injustificada [...]; e) [s]egurança e higiene no trabalho; f) [p]roibição de trabalho noturno ou em atividades insalubres ou perigosas para os menores de 18 anos [...]; g) [l]imitação razoável das horas de trabalho [...] [e]; h) [r]epouso, gozo do tempo livre, férias remuneradas [...]". 343 De igual forma, o Tribunal recorda que o direito ao trabalho e a condições de trabalho justas, equitativas e

Carta da OEA, 1948, artigo 45: "Os Estados Membros, convencidos de que o Homem somente pode alcançar a plena realização de suas aspirações dentro de uma ordem social justa, acompanhada de desenvolvimento econômico e de verdadeira paz, convêm em envidar os seus maiores esforços na aplicação dos seguintes princípios e mecanismos: [...(b) O trabalho é um direito e um dever social; confere dignidade a quem o realiza e deve ser exercido em condições que, compreendendo um regime de salários justos, assegurem a vida, a saúde e um nível econômico digno ao trabalhador e sua família, tanto durante os anos de atividade como na velhice, ou quando qualquer circunstância o prive da possibilidade de trabalhar; (c) Os empregadores e os trabalhadores, tanto rurais como urbanos, têm o direito de se associarem livremente para a defesa e promoção de seus interesses, inclusive o direito de negociação coletiva e o de greve por parte dos trabalhadores, o reconhecimento da personalidade jurídica das associações e a proteção de sua liberdade e independência, tudo de acordo com a respectiva legislação [...].” Carta da OEA, 1948, artigo 46: "Os membros reconhecem que, para facilitar o processo de integração regional latino-americana, é necessário harmonizar a legislação social dos países em desenvolvimento, especialmente no setor trabalhista e no da previdência social, a fim de que os direitos dos trabalhadores sejam igualmente protegidos, e convêm em envidar os maiores esforços com o objetivo de alcançar essa finalidade.” Carta da OEA, 1948, artigo 34.g: "Os Estados membros convêm em que a igualdade de oportunidades, a eliminação da pobreza crítica e a distribuição equitativa da riqueza e da renda, bem como a plena participação de seus povos nas decisões relativas a seu próprio desenvolvimento, são, entre outros, objetivos básicos do desenvolvimento integral. Para alcançá-los convêm, da mesma forma, em dedicar seus maiores esforços à consecução das seguintes metas básicas: [...] (g) Salários justos, oportunidades de emprego e condições de trabalho aceitáveis para todos.” Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 1948, artigo XIV. Protocolo de San Salvador, 1988, artigo 7.

satisfatórias compreendem uma multiplicidade de garantias reconhecidas por distintos instrumentos internacionais 344, bem como pelas constituições e legislações dos países que reconheceram a competência contenciosa da Corte Interamericana. 345

211. Este Tribunal já se pronunciou sobre vários aspectos do direito ao trabalho, incluindo o direito à estabilidade no emprego e o direito a condições que garantam a segurança, a saúde e a higiene do trabalhador. Com relação ao primeiro, a Corte estabeleceu que o direito à estabilidade no emprego se traduz, em princípio, nos seguintes deveres: a) adotar medidas adequadas para a devida regulamentação e fiscalização; b) proteger o trabalhador contra a demissão sem justa causa, especialmente nos casos em que esta se baseia em critérios discriminatórios; c) em caso de demissão sem justa causa, remediar a situação por meio de reintegração ou, se for o caso, por opção do trabalhador, por meio de indenização; d) dispor de mecanismos efetivos de reclamação em caso de situação de demissão sem justa causa. 346 Da mesma forma, o Tribunal assinalou que a estabilidade no emprego não consiste na permanência irrestrita no emprego, mas sim no respeito a esse direito, entre outras medidas, mediante a concessão das devidas garantias de proteção ao trabalhador para que, em caso de demissão, esta seja realizada por causas justificáveis. Isso implica que o empregador deve apresentar razões suficientes para impor tal sanção com as devidas garantias, e que o trabalhador pode recorrer de tal decisão perante as autoridades internas,

Cf. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, artigo 23; Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966, artigos 6.1 e 7; Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 1965, artigo 5.e, inciso i); Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 1979, artigos 11.1, inciso a), d) e f) e 2. c) e d); Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, artigo 32; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006, artigo 27; Carta Social das Américas, 2012, artigo 8; Carta Social Europeia, 1961, artigos 1 e 2; Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, 1981, artigo 15; Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, 2015, artigo 18. Cf. Constituição da Nação Argentina Lei nº 24.430, de 15 de dezembro de 1994, artigo 14 bis e Lei de Contrato de Trabalho nº 20.744, de 11 de setembro de 1974, artigo 75; Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia, 2009, artigo 46, e Lei Geral do Trabalho, de 8 de dezembro de 1942, artigo 67; Constituição Política da República do Chile, 17 de setembro de 2005, artigo 19.16, Código do Trabalho, 31 de julho de 2002, artigo 153, e Lei 16.744 sobre riscos de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais; Constituição Política da República da Colômbia, 20 de julho de 1991, artigos 25 e 53, e Decreto 1072 de 2015, ou Decreto Regulamentar Único do Setor Trabalhista, Livro 2, Parte 2, Título 4 (Riscos Ocupacionais), Capítulo 6; Constituição Política da República da Costa Rica, 7 de novembro de 1949, artigo 56, e Código do Trabalho, Lei nº 2 de 26 de agosto de 1943, artigos 283 e 284; Constituição da República do Equador, 2008, artigo 33, e Código do Trabalho, 16 de dezembro de 2005, artigos 38 e 42; Constituição Política de El Salvador, 15 de dezembro de 1986, artigo 2, e Código do Trabalho, 20 de junho de 1995, artigos 106 e 314; Constituição Política da Guatemala, 31 de maio de 1985, artigo 101 e Código do Trabalho, Decreto 1441 de 5 de maio de 1961, artigos 61, 122, 148, 197 e 278; Constituição Política da República do Haiti, 1987, artigo 35, e Código do Trabalho, artigos 438-441 e 451-487; Constituição Política do México, 1917, artigo 123 e Lei Federal do Trabalho, 1º de abril de 1970, artigos 23, 166, 175, 541 e 542; Constituição Política da República da Nicarágua de 2025, artigo 73, e Código do Trabalho, 5 de setembro de 1996, artigos 100 a 105; Constituição Política do Panamá, 11 de outubro de 1982, artigo 64, e Código do Trabalho, 30 de dezembro de 1971, artigos 282 e 284; Constituição da República do Paraguai, 20 de junho de 1992, artigos 86, 89, 90, 92 e 99, e Código do Trabalho, 29 de junho de 1993, artigos 36, 49, 194, 273, 274 e 398; Constituição Política do Peru, 1993, artigos 22 e 24, e Lei Geral do Trabalho, 15 de junho de 1993, artigo 322; Constituição Política da República Dominicana, 27 de outubro de 2024, artigo 62, e Decreto 522-06 de 2006, Regulamento de Segurança e Saúde no Trabalho, 17 de outubro de 2006; Constituição da República do Suriname, 1987, artigo 28; Constituição da República Oriental do Uruguai, 1967, artigos 7, 53 e 54, e Lei 5.032 de 1914, 21 de julho de 1914, e Lei 5.350, 19 de novembro de 1915. Cf. Caso Lagos del Campo Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2017. Série C No 340, par. 149; Caso Trabalhadores Demitidos da Petroperú e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 23 de novembro de 2017. Série C No 344, par. 192, e Caso San Miguel Sosa e outros Vs. Venezuela. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 8 de fevereiro de 2018. Série C No 348, par. 220.

que devem verificar se as razões apresentadas não são arbitrárias ou contrárias à lei. 347 Igualmente, a Corte também se referiu aos direitos à liberdade sindical e à negociação coletiva e ao direito de greve. 348

212. Por outro lado, em relação ao direito a condições equitativas e satisfatórias no trabalho, a Corte considerou que os Estados devem garantir que os trabalhadores possam realizar seu trabalho em condições adequadas de segurança, higiene e saúde que evitem acidentes de trabalho. 349 Embora isso seja aplicável a todos os trabalhos, é particularmente relevante no caso de atividades que envolvam riscos significativos à vida e à integridade das pessoas. 350 Ademais, no âmbito de sua competência contenciosa, a Corte estabeleceu, considerando as disposições do direito interno e as normas do direito internacional do trabalho, que esse direito obriga a: a) regular o desenvolvimento das atividades profissionais e industriais, incluindo equipamentos de proteção adequados contra os riscos decorrentes do trabalho; b) implementar medidas de prevenção de riscos inerentes ao trabalho, acidentes de trabalho e doenças profissionais e, c) manter sistemas de inspeção nos estabelecimentos industriais que garantam o cumprimento das disposições que protegem os trabalhadores, em particular as relativas às jornadas de trabalho, salários, segurança, higiene e bem-estar. 351

A.2 As tarefas de cuidado como uma forma de trabalho

213. Seguindo os critérios desenvolvidos pela jurisprudência desta Corte e indicados anteriormente, cabe a este Tribunal pronunciar-se sobre o alcance do direito ao trabalho em relação às pessoas que realizam trabalhos de cuidado remunerados e não remunerados, à luz da proteção conferida pelo artigo XIV da Declaração Americana, pelos artigos 6 e 7 do Protocolo de San Salvador e pelo artigo 26 da Convenção Americana.

214. Nesse sentido, a Corte considera pertinente pronunciar-se sobre a natureza dos trabalhos de cuidado como um trabalho. A esse respeito, observa que os instrumentos de proteção dos direitos humanos compreendem o trabalho a partir de uma concepção ampla.

Cf. Caso Lagos del Campo Vs. Peru, supra, pars. 149 e 150; Caso Casa Nina Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2020. Série C No 419, pars. 108 e 109; Caso Ex-trabalhadores do Órgão Judicial Vs. Guatemala. Exceções Preliminares, Mérito e Reparações. Sentença de 17 de novembro de 2021. Série C No 445, pars. 131 e 132; Caso Palacio Urrutia e outros Vs. Ecuador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2021. Série C No 446, pars. 155, 156 e 160; Caso Pavez Pavez Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de fevereiro de 2022. Série C No 449, pars. 88 e 140; Caso Mina Cuero Vs. Ecuador. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 7 de setembro de 2022. Série C No 464, par. 135; Caso Benites Cabrera e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de outubro de 2022. Série C No 465, par. 115; Caso Nissen Pessolani Vs. Paraguai. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2022. Série C Nº 477, pars. 100 e 102; Caso Aguinaga Aillón Vs. Equador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 30 de janeiro de 2023. Série C No 483, pars. 99 e 100; Caso Viteri Ungaretti e outros Vs. Equador, supra, par. 143; Caso Gutiérrez Navas e outros Vs. Honduras. Mérito, Reparações e Custos. Sentença de 29 de novembro de 2023. Série C No 514, par. 132, e Caso Peralta Armijos Vs. Ecuador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 15 de novembro de 2024. Série C No 546, par. 124. Cf. Parecer Consultivo OC-27/21, supra, pars. 55 a 105, e Caso Ex-Trabalhadores do Órgão Judicial Vs. Guatemala, supra, pars. 106 a 127. Cf. Caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares Vs. Brasil, supra, par. 174, e Parecer Consultivo OC-27/21, supra, par. 130. Cf. Caso Spoltore Vs. Argentina. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 9 de junho de 2020. Série C n° 404, par. 99, e Caso dos Mergulhadores Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras, supra, par. 75. Cf. Caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares Vs. Brasil, supra, par. 174, e Caso dos Mergulhadores Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras, supra, par. 76.

De fato, no âmbito do Sistema Interamericano, tanto na Declaração Americana como no Protocolo de San Salvador, o trabalho é entendido como a possibilidade que têm as pessoas de exercer sua vocação ou de realizar uma atividade livremente escolhida. 352 Dessa forma, a Corte observa que os instrumentos acima descritos e o corpus iuris internacional sobre a matéria protegem tanto os trabalhadores formais como os informais e autônomos e, em particular, as pessoas trabalhadoras domésticas e domiciliares. 353 De igual modo, o Tribunal observa que, como consequência dessa concepção ampla, o trabalho não se limita ao trabalho realizado no âmbito de uma relação remunerada. Conforme indicam os relatórios publicados pela OIT, a definição de trabalho "[...] inclui, mas transcende, o trabalho em troca de uma remuneração ou com o objetivo de obter benefício ou lucro, abrangendo todas as atividades realizadas por pessoas de qualquer sexo e idade com a finalidade de produzir bens ou prestar serviços para o consumo de terceiros ou para uso final próprio". 354

215. Em relação ao exposto, a Corte recorda que o cuidado se configura como o conjunto de ações necessárias para preservar o bem-estar humano, incluindo a assistência àqueles que se encontram em uma situação de dependência ou requerem apoio, de forma temporária ou permanente (par. 47 supra). Essas atividades são realizadas nos setores do lar, da educação, da saúde ou da assistência social, especialmente em relação a crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência ou com doenças graves, crônicas, incapacitantes ou que comprometam a independência e demandem a prestação de cuidados. 355 Cada um deles tem um inegável valor social, pois contribuem para garantir a vida e o desenvolvimento adequado das crianças, para possibilitar o bem-estar integral de toda a população, especialmente das pessoas em condições de vulnerabilidade, e para o desenvolvimento de inúmeras atividades produtivas. Quanto ao seu valor econômico, a Corte observa que o trabalho de cuidado foi considerado como uma atividade que contribui para o PIB (par. 143 supra). 356 Ademais, quando realizado com certa permanência e

Cf. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 1948, artigo XIV, e Protocolo de San Salvador, 1988, artigo 6. Cf. OIT, Convenção sobre Trabalho Doméstico, 1996 (No 177); Convenção sobre as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, 2011 (No 189); Recomendação sobre as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, 2011 (No 201) e Recomendação sobre a transição da economia informal para a economia formal, 2015 (No 204). Cf. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 8. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-decuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Ver também: OIT. Resolução que altera a resolução sobre as estatísticas de trabalho, a ocupação e a subutilização da força de trabalho, ICLS/21/2023/Res. II, 2023, par. 6. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40stat/documents/normativei nstrument/wcms_234036.pdf. Cf. CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 17: "São considerados trabalhos doméstico e de cuidado não remunerados ao menos as seguintes atividades: 1. Organização, distribuição e supervisão de tarefas domésticas. 2. Preparação de Alimentos. 3. Limpeza e manutenção de moradia e dos bens domésticos. 4. Limpeza e manutenção de roupas 5. Cuidado, formação e instrução de crianças (traslado para centros educativos e assistência com trabalhos escolares) 6. Cuidado de pessoas idosas, doentes ou dependentes. 7. Realizar as compras, pagamentos ou gestões relacionadas à casa. 8. Reparos no interior da residência. 9. Serviços comunitários e ajuda não remunerada a outras famílias de parentes, amizades e pessoas vizinhas.” Sobre a medição do valor econômico do trabalho de cuidado, ver: XI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, Consenso de Brasília, 2010, parágrafo 1 a); OEA, Programa Interamericano para a promoção dos direitos humanos da mulher e da equidade e igualdade de gênero. AG/RES. 1732 (XXX-O/00), 2000, Recomendação 1.18; CIM, Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 15; CIM, Declaração de San José sobre o empoderamento econômico e político das mulheres das Américas, 2012, compromisso 16; Comitê da CEDAW. Recomendação No 17 "Medição e quantificação do trabalho doméstico não remunerado das mulheres e seu reconhecimento no produto nacional bruto", A/46/38, 1991.

intensidade, o trabalho de cuidado constitui uma vocação ou uma atividade livremente escolhida. Assim, reconhecendo seu valor econômico e social, bem como a liberdade para exercê-las, as tarefas de cuidado constituem uma forma de trabalho protegida pelo artigo XIV da Declaração Americana, pelos artigos 6º e 7º do Protocolo de San Salvador e pelo artigo 26 da Convenção Americana, independentemente de estarem mediadas por uma relação econômica, familiar ou de solidariedade. Ademais, o Tribunal considera que as garantias decorrentes desse reconhecimento, no marco do direito ao trabalho, dependem da natureza da atividade, das condições em que é exercida e das necessidades das pessoas que a realizam.

216. Em relação ao acima exposto, o Comitê de Direitos Humanos instou os Estados a implementar "todas as medidas necessárias para reconhecer o trabalho de cuidado". 357 Ademais, o reconhecimento do trabalho de cuidado como uma forma de trabalho tem sido parte dos compromissos consagrados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que no Objetivo 5 sobre igualdade e não discriminação, consagram a meta de "[r]econhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais". 358 Ademais, esse reconhecimento ocorreu em nível nacional em diferentes Estados da região, como Bolívia, Colômbia, Equador, México, República Dominicana, Uruguai e Venezuela, que estabelecem que o trabalho de cuidado ou doméstico é um trabalho. 359 Isso também se reflete na Lei Modelo Interamericana de Cuidados, cujo artigo 22 estabelece que "[o] Estado, ao reconhecer o cuidado não remunerado de pessoas em situação de dependência como trabalho, garantirá que este dignifique e permita o desenvolvimento das competências próprias [...]". 360

217. No entanto, a Corte considera que o reconhecimento do trabalho de cuidado como trabalho deve ser interpretado no âmbito dos princípios de solidariedade e corresponsabilidade, e considerando os deveres que as pessoas têm para com a família, a comunidade e a humanidade. 361 Assim, a Corte considera necessário especificar que, devido à sua natureza, as atividades de assistência que são realizadas em caráter excepcional não

Conselho de Direitos Humanos. Importância dos cuidados e do apoio a partir de uma perspectiva de direitos humanos, A/HRC/RES/54/6, 12 de outubro de 2023, par. 4.b). Assembleia Geral das Nações Unidas, Transformar nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, A/RES/70/1, 21 de outubro de 2015, objetivo 5, meta 5.4. Cf. Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia, 2009, artigo 338: "O Estado reconhece o valor econômico do trabalho doméstico como fonte de riqueza e o quantificará na contabilidade pública"; Constituição da República do Equador, artigo 325: "O Estado garantirá o direito ao trabalho. São reconhecidas todas as formas de trabalho, dependente ou autônomo, inclusive o trabalho de autossustento e de cuidado humano [...]"; Constituição da República Dominicana, artigo 55.11: "O Estado reconhece o trabalho doméstico como uma atividade econômica que gera valor agregado e produz riqueza e bem-estar social e, portanto, deve ser incorporado na formulação e implementação de políticas públicas e sociais"; Senado e Câmara dos Deputados da República Oriental do Uruguai, Lei 19.353, artigo 9, seção E): "Profissionalizar o trabalho de cuidado, promovendo a educação e a capacitação das pessoas que prestam serviços de cuidado, incentivando seu desenvolvimento profissional contínuo, o trabalho em equipe interdisciplinar, a pesquisa científica e promovendo a participação ativa dos trabalhadores e das pessoas em situação de dependência"; Constituição da República Bolivariana da Venezuela, artigo 88: "[...] O Estado reconhecerá o trabalho doméstico como uma atividade econômica que gera valor agregado e produz riqueza e bem-estar social. [...].” Igualmente, alguns dos Tribunais Superiores da região reconheceram a natureza laboral do trabalho de cuidado, veja: Sentenças de “Amparo Directo en Revisión” 1754/2015, 5490/2016 e 6/2023, da Suprema Corte de Justiça do México de 14 de outubro de 2015, 7 de março de 2018 e 18 de outubro de 2023, respectivamente; Sentença C-400 da Corte Constitucional da Colômbia, de 18 de setembro de 2024. Cf. CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 22. Cf. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 1969, artigo 32.

devem ser consideradas como trabalho nos termos descritos acima. Com efeito, as atividades de gestão e sustentabilidade da vida humana que são realizadas esporadicamente para contribuir para o bem-estar físico, biológico e emocional de algumas pessoas, embora com um inegável valor social e econômico, não são realizadas em condições que requeiram a proteção do direito ao trabalho. Essas são atividades que se desenvolvem simultaneamente a outros trabalhos, como, por exemplo, acompanhar idosos a consultas ou tratamentos médicos, a preparação de alimentos ou o cuidado de crianças em caráter esporádico ou ocasional.

218. Portanto, considerando que o trabalho de cuidado é necessário para o gozo dos direitos de todas as pessoas, especialmente daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade; e reconhecendo que o trabalho de cuidado constitui uma atividade de livre escolha de prestação de serviços a terceiros, que tem um valor econômico e social e é realizado com certa permanência e intensidade, a Corte conclui que deve ser considerado uma forma de trabalho protegida pela Convenção Americana, pelo Protocolo de San Salvador e pela Declaração Americana. Como será explicado a seguir, o alcance e o conteúdo das garantias derivadas do direito ao trabalho dependerão da natureza do trabalho de cuidado, das condições em que é realizado e das necessidades daqueles que o realizam.

A.3 Os direitos das pessoas que realizam trabalhos de cuidado remunerados

219. O trabalho de cuidado remunerado é aquele realizado em troca de uma contraprestação econômica. Muitas dessas atividades são realizadas em creches, escolas, centros médicos, centros de cuidados para pessoas idosas ou dentro de casa, tanto em nível profissional quanto não profissional. 362 Conforme explicado acima, o trabalho de cuidado remunerado é realizado principalmente no setor informal, especialmente em residências. 363 A informalidade desse tipo de trabalho se deve ao fato de que ele tem sido historicamente desvalorizado, relegado à esfera privada e imbuído de lógicas estereotipadas de gênero. A Corte considera que o trabalho remunerado de cuidado deve contar com todas as garantias que derivam do direito ao trabalho - tanto no âmbito nacional como internacional - em condições justas, equitativas, satisfatórias e sem discriminação. Isso porque essas atividades têm um valor econômico e social e são realizadas no âmbito de relações de trabalho subordinado e remunerado. 364

220. O Tribunal considera que os trabalhadores e as trabalhadoras de cuidados remunerados devem ter uma remuneração justa e equitativa que lhes permita proporcionar um padrão de vida ideal para si mesmos e suas famílias, levando em consideração fatores externos, como as condições econômicas e sociais prevalecentes. 365 Também, as pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho devem ter estabilidade no emprego e recursos administrativos ou judiciais eficazes para reclamar nos casos em que seus direitos

OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 40. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-decuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Cf. OIT. Escritório Regional para a América Latina e o Caribe. O trabalho doméstico remunerado na América Latina e no Caribe, 10 anos depois da Convenção No 189, Lima, 2021, p. 44; I. Vaca Trigo e C. Baron, “Descentralizar o produto interno bruto (PIB): bem-estar, cuidados e tempo”, Documentos de Projetos (LC/TS.2022/80), Santiago, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), 2022. Cf. OIT. Recomendação sobre as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, 2011 (No 201), e Recomendação sobre a transição da economia informal para a economia formal, 2015 (No 204). Cf. Comitê DESC. Comentário Geral No 23 (2016) sobre o direito a condições de trabalho equitativas e satisfatórias (art. 7 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), E/C.12/GC/23, 27 de abril de 2016, par. 18. Convenção sobre Igualdade de Remuneração, 1951 (nº 100); Convenção sobre Fixação de Salário-Mínimo, 1970 (nº 131); Recomendação sobre Fixação de Salário-Mínimo, 1970 (nº 135).

trabalhistas forem afetados. 366 Da mesma forma, os Estados devem implementar medidas para garantir a segurança e a higiene no trabalho e prevenir doenças ou acidentes ocupacionais, especialmente quando isso envolver riscos à saúde e à integridade pessoal do trabalhador. 367 Ademais, a garantia do direito ao trabalho implica a limitação razoável das horas de trabalho, o que inclui: a) uma jornada normal de 8 horas diárias, como regra geral, com a flexibilidade necessária para o desenvolvimento do trabalho de cuidado; b) descanso que permita o gozo de tempo livre semanalmente e em um período anual de férias, e c) acesso ao sistema de seguridade social. 368 Ademais, desse reconhecimento decorre a obrigação dos Estados de implementar medidas de prevenção e atenção aos riscos associados ao trabalho de cuidado, bem como de regular e fiscalizar o respeito às garantias dos trabalhadores, independentemente do local onde realizem seu trabalho. 369

221. Quanto ao exposto, para interpretar as obrigações decorrentes da Convenção Americana e de outros instrumentos do Sistema Interamericano, a Corte considera relevantes os desenvolvimentos do direito internacional do trabalho no que se refere às trabalhadoras e aos trabalhadores domésticos, domiciliares e enfermeiros(as), que são, em sua maioria, pessoas que desempenham trabalho de cuidado remunerado. Tais desenvolvimentos não apenas reconhecem a igualdade de direitos entre todas as pessoas trabalhadoras, como também preveem medidas especiais para a garantia de seus direitos, considerando as condições em que historicamente exerceram suas atividades. Assim, a Convenção 189 da OIT sobre as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos estabelece que os Estados devem garantir aos trabalhadores domésticos o pleno gozo de "[...] condições equitativas de emprego e condições de trabalho decente, assim como, se residem no domicílio onde trabalham, assegurar condições de vida decentes que respeitem sua privacidade". 370 Da mesma forma, com relação aos trabalhadores domiciliares, a Convenção 177 da OIT afirma que "a política nacional sobre o trabalho doméstico deve promover a igualdade de tratamento entre os trabalhadores domésticos e outros assalariados, tendo em conta as características específicas do trabalho para casa". 371 Da mesma forma, a Convenção 149 da OIT sobre pessoal de enfermagem afirma que "o pessoal de enfermagem beneficiará de condições pelo menos equivalentes às dos outros trabalhadores do país interessado, nos seguintes domínios: (a) duração de trabalho, incluindo a regulamentação e a compensação das horas extraordinárias, das horas incómodas ou mais trabalhosas e do trabalho em equipa; (b) repouso semanal; (c) férias anuais remuneradas; (d) licença para

Cf. Caso Lagos del Campo Vs. Peru, supra, par. 149; Caso Trabalhadores Demitidos da Petroperú e outros Vs. Peru, supra, par. 192; Caso San Miguel Sosa e outros Vs. Venezuela, supra, par. 220; Caso Casa Nina Vs. Peru, supra, pars. 103 a 110; Caso Palacio Urrutia e outros Vs. Equador, pars. 153 a 160; Caso Pavez Pavez Vs. Chile, supra, pars. 88 a 90; Caso Ex-Trabalhadores do Órgão Judicial Vs. Guatemala, supra, parágrafos 128 a 133; Caso Nissen Pessolani Vs. Paraguai, supra, par. 101; Caso Aguinaga Aillón Vs. Equador, supra, par. 97; e Caso Gutiérrez Navas e outros Vs. Honduras, supra, par. 130. Cf. Caso dos Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares Vs. Brasil, supra, par. 174; e Caso dos Mergulhadores Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras, supra, par. 75. Cf. Comitê de Direitos Econômicos e Sociais. Comentário Geral No 23 (2016) sobre o direito a condições de trabalho equitativas e satisfatórias (artigo 7 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), E/C.12/GC/23, 27 de abril de 2016, par. 35. Cf. OIT. Convenção sobre Trabalho Doméstico, 1996 (No 177), artigo 9; Convenção sobre as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, 2011 (No 189), artigo 17.2, e Recomendação sobre as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, 2011 (No 201), par. 19.b). Veja também: Caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares Vs. Brasil, supra, par. 174, e Caso dos Mergulhadores Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras, supra, par. 75. OIT. Convenção sobre as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, 2011 (No 189), artigo 6. Recomendação No 17 "Medição e quantificação do trabalho doméstico não remunerado das mulheres e seu reconhecimento no produto nacional bruto", A/46/38, 1991. OIT. Convenção sobre Trabalho Doméstico, 1996 (No 177), artigo 4.

educação; (e) licença de maternidade; (f) licença por motivos de saúde; [e] (g) seguridade social". 372

222. Em particular, considerando a importância do trabalho doméstico na região, ao qual se dedicam mais de 12 milhões de pessoas, 90% delas mulheres 373, a Corte considera que, como advertiu a OIT, os Estados devem implementar medidas diferenciadas para garantir a proteção e o desfrute efetivo de seus direitos. 374 Essas medidas incluem, entre outras, que: a) sejam informadas sobre suas condições de trabalho e incentivar contratos de trabalho por escrito; b) possam decidir seu local de residência, especialmente no caso de trabalhadoras domésticas migrantes; c) trabalhem jornadas razoáveis e receber compensação por horas extras, mesmo que a jornada de trabalho não seja contínua; e) contem com períodos de descanso de pelo menos 24 horas por semana e feriados; e f) tenham acesso ao sistema de seguridade social. 375 Dessa mesma forma, esta Corte sustenta que os Estados devem garantir os direitos dos trabalhadores domésticos à liberdade de associação e negociação coletiva, incluindo a possibilidade de formar organizações, federações e confederações conforme julgarem apropriado. 376

223. De fato, o Tribunal reconheceu a relação intrínseca entre a liberdade de associação, a liberdade de expressão, a liberdade sindical, a negociação coletiva e o direito ao trabalho, na medida em que permitem que os trabalhadores estabeleçam a relação com o empregador e exijam condições de trabalho justas e equitativas. Especificamente, afirmou que os direitos acima mencionados são fundamentais "[...] para que os trabalhadores e seus representantes se organizem e expressem demandas específicas sobre suas condições de trabalho, para que possam representar efetivamente seus interesses perante o empregador e até mesmo participar de assuntos de interesse público com uma voz coletiva". 377 Nesse sentido, no que se refere às pessoas trabalhadoras domésticas e a outros trabalhadores informais, que, devido às condições em que geralmente trabalham, enfrentam maiores barreiras para se associarem, a Corte "ressalta a necessidade de que os Estados adotem medidas para facilitar a transição das trabalhadoras da economia informal para a formal e, ao mesmo tempo, adotem as medidas positivas necessárias para alcançar o pleno gozo de seus direitos sindicais durante a transição". 378 Isso também inclui o fortalecimento dos mecanismos de controle do trabalho informal e a geração de empregos por meio de políticas que envolvam o setor privado.

OIT. Convenção sobre Pessoal de Enfermagem, 1977 (No 149), artigo 6. Cf. A Corte recorda que, conforme salientado pela OIT, as trabalhadoras domésticas são predominantemente mulheres. De fato, "em 2019, 91,1 por cento% das pessoas que se dedicam ao trabalho doméstico remunerado na região são mulheres, uma porcentagem ligeiramente superior aos 90,5% estimados para 2012.” Ademais, ver: OIT. O trabalho doméstico remunerado na América Latina e no Caribe, 10 anos depois da Convenção No 189, 2021, p. 4. Ademais, destaca que, segundo as cifras de 2023, 12 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe desempenham trabalhos domésticos. Ver: S. Gontero e M. Velásquez Pinto, "Trabalho doméstico remunerado na América Latina: chaves para um caminho de formalização", Documentos de Projeto (LC/TS.2023/82/Corr.1), Santiago, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), 2023, p. 5. Cf. OIT. Convenção sobre as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, 2011 (No 189), artigos 7, 9, 10, 11 e 14. No mesmo sentido: Convenção sobre Trabalho Doméstico, 1996 (No 177), artigo 4. Cf. OIT. Convenção sobre as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, 2011 (No 189), artigos 7, 9, 10, 11 e 14. No mesmo sentido: Convenção sobre Trabalho Doméstico, 1996 (No 177), artigo 4. Cf. Parecer Consultivo OC-27/21, supra, par. 181. Parecer Consultivo OC-27/21, supra, par. 141. Parecer Consultivo OC-27/21, supra, par. 182.

224. Por outro lado, o Tribunal observa que ainda existem trabalhadoras domésticas, especialmente mulheres migrantes, que realizam seu trabalho sob coerção, em relações de exploração contrárias à sua dignidade humana 379, o que pode ser qualificado como servidão e/ou tráfico de pessoas e deve ser erradicado. 380 Por sua vez, a Corte observa que esse fenômeno está relacionado com as denominadas "redes globais de cuidado" e com condições de discriminação interseccional derivadas da pobreza, migração, idade e gênero (par. 169 supra). O conceito de "cadeias globais de cuidado" é utilizado para explicar a migração de mulheres de países de menor renda, devido a fatores como pobreza, falta de emprego, crise econômica ou política, violência, insegurança ou desastres naturais que as colocam em situação de vulnerabilidade, para assumir trabalhos remunerados de cuidado em países de maior renda, especialmente o trabalho doméstico. 381 A Corte reitera que essa transferência de trabalho de cuidado tem um impacto sobre a garantia de direitos tanto das mulheres migrantes como das mulheres em seu país de origem (par. 170 supra). 382

225. Portanto, a Corte recorda que, em contextos em que a discriminação estrutural é a causa de práticas trabalhistas abusivas, como o trabalho forçado ou as condições precárias de emprego de mulheres migrantes, os Estados devem implementar ações positivas para preveni-las. 383 Essas ações devem ser direcionadas tanto aos empregadores, por meio de regulação, supervisão e fiscalização, quanto às pessoas trabalhadoras, por meio do fortalecimento dos serviços de apoio e conscientização, bem como do fomento da liberdade sindical e da negociação coletiva. Por fim, a Corte considera que os Estados têm a obrigação de implementar medidas para prevenir e punir todas as formas de abuso, assédio e violência

Cf. Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). Global Report on Trafficking in Persons 2024 (United Nations publication, Sales no.: E.24.XI.11), pp. 15 e 47. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2024/GLOTIP2024_BOOK.pdf; CIDH. Direitos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, vítimas de tráfico de pessoas e deslocados internos: Normas e Parâmetros do Sistema Interamericano, 31 de dezembro de 2015, par. 68; Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Relatora Especial sobre tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, Maria Grazia Giammarinaro, A/HRC/29/38, 31 de março de 2015, par. 10. Cf. Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de outubro de 2016, Série C. No 318, par. 268; OIT, Convenção sobre Trabalho Forçado, 1930 (No 29); TEDH. Caso Siliadin Vs. França, No 73316/01. Sentença de 26 de julho de 2005, par. 124; Caso C.N. Vs. Reino Unido, No 4239/08. Sentença de 13 de novembro de 2012, par. 80. De acordo com a CEPAL, "[o] conceito de redes globais de cuidado foi originalmente associado à migração de mulheres de países asiáticos e latino-americanos para assumir tarefas reprodutivas na Europa e na América do Norte. No entanto, com o passar do tempo, esses fluxos se expandiram tanto em relação aos países de origem quanto aos países de destino. Ao mesmo tempo, a América Latina deixou de ser apenas uma região de origem de mão de obra de cuidados para o Norte e deu lugar a fluxos Sul-Sul de trabalhadoras que se deslocam entre países da mesma região, marcados por diferenças intrarregionais nos mercados de trabalho e nos níveis de renda.” Conforme o exposto, "surgiram vários corredores de migração de cuidados na região. Os principais países de destino das mulheres migrantes empregadas no trabalho doméstico e de cuidados são Argentina, Chile e Costa Rica. Os corredores migratórios da Guatemala até a fronteira sul do México e do Haiti até a República Dominicana também são relevantes. O Panamá, por sua vez, tem se tornado cada vez mais um destino para mulheres de outros países da América Central que também ingressam no setor de trabalho doméstico remunerado. No Brasil, por sua vez, mulheres migrantes de vários países da América Latina e do Caribe, bem como de fora da região, estão ingressando no trabalho doméstico remunerado. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), A sociedade do cuidado: um horizonte para uma recuperação sustentável com igualdade de gênero (LC/CRM.15/3), Santiago, 2022, pp. 63 e 64. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e3fd981b-467e-4659-a977- 86d51798e0dc/content. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) (2022). A sociedade do cuidado: um horizonte para uma recuperação sustentável com igualdade de gênero (LC/CRM.15/3), Santiago, 2022, pp. 21 e 64. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e3fd981b-467e-4659-a977- 86d51798e0dc/content. Mutatis mutandis, Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde Vs. Brasil, supra, par. 341, e Caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares Vs. Brasil, supra, par. 181.

no local de trabalho, especialmente no âmbito doméstico 384, bem como de "formular e implementar medidas relativas à inspeção do trabalho, aplicação e sanções, prestando a devida atenção às características especiais do trabalho doméstico". 385

226. Em última análise, a Corte conclui que os trabalhadores de cuidado remunerados, em qualquer setor em que desenvolvam suas atividades, possuem os mesmos direitos que qualquer trabalhador e devem exercê-los sem discriminação. Por isso, os Estados devem implementar medidas especiais para assegurar o pleno exercício das garantias do direito ao trabalho em condições justas, equitativas e satisfatórias. Isso é necessário não apenas para respeitar e garantir os direitos dos trabalhadores de cuidado remunerados, em particular o direito de cuidar, mas também para garantir a qualidade na prestação de seus serviços e, consequentemente, a garantia do direito de ser cuidado.

A.4 Os direitos das pessoas que realizam trabalhos de cuidado não remunerados

227. Os trabalhos de cuidado não remunerados são aqueles realizados sem uma contraprestação financeira. No geral, essas atividades são realizadas em casa, embora também possam ser realizadas em centros comunitários, como creches ou cantinas. Incluem as ações de gestão e sustentabilidade do bem-estar integral das pessoas que são realizadas com um certo nível de permanência e intensidade. 386 No que se refere ao trabalho de cuidado não remunerado, a Corte observa que existe um compromisso acentuado com o reconhecimento de seu valor econômico e social, tanto na esfera privada quanto na pública, especialmente levando em consideração que é realizado principalmente por mulheres e meninas. 387 Assim, conforme explicado acima, o trabalho de cuidado, seja ele realizado como uma vocação ou como uma atividade livremente escolhida, é uma forma de trabalho, independentemente de ser remunerado ou de ser mediado por uma relação familiar ou de solidariedade.

228. No entanto, a Argentina consultou sobre o alcance e o conteúdo dos direitos das pessoas envolvidas em trabalho de cuidado não remunerado. A esse respeito, a Corte considera que o reconhecimento do trabalho de cuidado como trabalho confere proteções no âmbito do direito ao trabalho, cujo alcance e conteúdo dependem de sua natureza, das condições em que é realizado e das necessidades de quem o realiza. As pessoas que se dedicam ao trabalho de cuidado não remunerado com certo grau de permanência e intensidade devem poder fazê-lo livremente, o que implica decidir como e por quanto tempo desejam se dedicar a esse trabalho. Ademais, devem ter garantias para proteger seu bemestar, as quais devem levar em conta os diferentes tipos de encargos que as pessoas cuidadoras suportam e os efeitos que podem ter sobre seu bem-estar, e devem ser estendidas de acordo com o princípio da progressividade. Nesse sentido, diante de deveres

Cf. OIT. Convenção sobre as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, 2011 (No 189), artigo 5. OIT. Convenção sobre as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, 2011 (No 189), artigo 17.2. No mesmo sentido, ver: Convenção sobre Trabalho Doméstico, 1996 (No 177), artigo 9. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 43. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-decuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Cf. OEA, Programa Interamericano para a Promoção dos Direitos Humanos da Mulher e da Equidade e Igualdade de Gênero. AG/RES. 1732 (XXX-O/00), 2000, recomendação 1.18. Veja também: CIM. Declaração de San José sobre o Empoderamento Econômico e Político das Mulheres das Américas, 2012, compromisso 16; CIDH. O trabalho, a educação e os recursos das mulheres: o caminho para a igualdade na garantia dos direitos econômicos, sociais e culturais, OEA/Ser. L/V/II.143 Doc. 59, 3 de novembro de 2011, pars. 144 e 169.

familiares, como aqueles existentes em relação à infância ou entre filhos e filhas e seus pais e mães na idade adulta, os Estados devem implementar medidas, com base no princípio da corresponsabilidade, para apoiar as tarefas dos cuidadores não remunerados e proteger as liberdades e garantias anteriormente mencionadas, por exemplo, por meio de Sistemas Nacionais de Cuidado.

229. Em relação ao exposto, a Corte observa que o direito internacional do trabalho avançou na proteção do trabalho como atividade humana e independente da relação de emprego, o que implica estender certas garantias às pessoas que realizam formas atípicas de trabalho. 388 De fato, é ilustrativo considerar que a OIT, em sua Recomendação No 204 sobre "a transição da economia informal para a economia formal", apontou que algumas das garantias oferecidas aos trabalhadores informais poderiam ser estendidas a formas de trabalho que não são reconhecidas ou reguladas. 389 Ademais, a OIT afirmou que os Estados devem “tomar medidas para conseguir um trabalho decente e respeitar, promover e aplicar os princípios e direitos fundamentais no trabalho [...]", o que inclui a eliminação de todas as formas de trabalho forçado e infantil e a eliminação da discriminação em matéria de emprego. 390

230. Ademais, a Corte constata que o alcance da proteção do direito ao trabalho, derivado do artigo XIV da Declaração Americana, dos artigos 6 e 7 do Protocolo de San Salvador e do artigo 26 da Convenção Americana, em relação aos artigos 1.1 e 24 da Convenção Americana e ao artigo 8.b) da Convenção de Belém do Pará, exige que as garantias derivadas de condições de trabalho justas, equitativas e satisfatórias sejam parcial e progressivamente estendidas àquelas pessoas que realizam trabalho de cuidado não remunerado, como um mecanismo para garantir o direito à igualdade material e o gozo efetivo dos direitos das mulheres. De fato, considerando a sobrecarga do trabalho de cuidado não remunerado para as mulheres (par. 142 supra), especialmente as camponesas, indígenas, afrodescendentes, migrantes e chefes de família, os Estados têm a obrigação de implementar ações positivas, em conformidade com sua obrigação de desenvolvimento progressivo e com o princípio da igualdade e da não discriminação, para evitar que essa distribuição desigual as impeça de realizar seus projetos de vida e de desfrutar de seus direitos, em particular à educação, ao trabalho, à seguridade social e à saúde. 391 Para tanto,

Cf. OIT. O emprego atípico no mundo: Desafios e perspectivas. Apresentação resumida do relatório, Genebra, 2016, p. 35; A economia informal e o trabalho decente: um guia de recursos sobre políticas de apoio à transição para a formalidade, 2013, p. 11. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_emp/%40emp_policy/documents/publi cation/wcms_229429.pdf; A economia informal e a transição para a economia formal: o desafio do trabalho decente. Relatório V (1) da Conferência Internacional do Trabalho, 103ª reunião, 2014, p. 14. Cf. OIT. Recomendação sobre a transição da economia informal para a economia formal, 2015 (No 204), parágrafo 4.d). Cf. OIT. Recomendação sobre a transição da economia informal para a economia formal, 2015 (No 204), par. 16. Ademais, veja: OIT. Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, adotada na 86ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho (1998) e alterada na 110ª Sessão (2022), par. 2: "Declara que todos os Membros, ainda que não tenham ratificado as Convenções mencionadas acima, têm a obrigação, decorrente de seu mero pertencimento à Organização, de respeitar, promover e realizar, de boafé e de acordo com a Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas Convenções, a saber a) a liberdade de associação e a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva; b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório; c) a abolição efetiva do trabalho infantil; d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação; e e) um ambiente de trabalho seguro e saudável." Cf. Comitê da CEDAW, Recomendação Geral n° 39 sobre os direitos das mulheres e meninas indígenas, CEDAW/C/GC/39, 2022, par. 46 e) par. 43; Recomendação Geral n° 34 sobre os direitos das mulheres rurais, CEDAW/C/GC/36, 2016, par. 14; Recomendação Geral n° 27 sobre as mulheres idosas e a proteção de seus direitos humanos, CEDAW/C/GC/27, 2010. Ademais, consulte: Parlamento Europeu e

poderão conceder benefícios pecuniários e não pecuniários por meio dos Sistemas de Seguridade Social ou, se for o caso, dos Sistemas Nacionais de Cuidados, com o objetivo de reconhecer e neutralizar os efeitos da discriminação interseccional gerada pela pobreza, status migratório, etnia, idade e gênero, entre outros.

231. Levando em conta o exposto, este Tribunal considera que os Estados devem assegurar garantias mínimas às pessoas que realizam trabalho de cuidado não remunerado, com o objetivo de que a realização desse trabalho não afete o gozo de seus direitos humanos. 392 Em particular, a Corte considera que os Estados devem a) adotar medidas para eliminar todas as formas de trabalho forçado e infantil e eliminar a discriminação em relação às pessoas que realizam trabalho de cuidado não remunerado. Ademais, b) devem assegurar progressivamente o acesso a certas garantias que protejam a saúde, a dignidade e o autocuidado das pessoas envolvidas nessas atividades de forma permanente, por exemplo, por meio da implementação de um Sistema Nacional de Cuidados. Essas garantias devem incluir, entre outras, a limitação da jornada de trabalho diário, períodos mínimos de descanso e acesso a um sistema de seguridade social que as proteja contra as contingências da doença e da velhice. 393 Sobre esse último ponto, a Corte se pronunciará mais detalhadamente na seção sobre a relação entre o direito ao cuidado e o direito à seguridade social (parágrafos 256 a 262 infra).

A.5 Os direitos das pessoas que trabalham com responsabilidades familiares

232. Por outro lado, a Corte considera relevante fazer referência aos trabalhadores com responsabilidades familiares. Ou seja, aquelas pessoas que realizam trabalhos de cuidado como parte de seus projetos de vida ou como resultado de um exercício permanente de corresponsabilidade familiar e social, ao mesmo tempo em que têm empregos formais ou informais. Trata-se de pessoas que, no exercício de suas funções de pais, filhos, irmãos ou netos, ou em resposta a outros modelos familiares ou comunitários, dedicam parte de seu tempo ao cumprimento de deveres de cuidado e/ou ao exercício de um trabalho de cuidado livremente escolhido. A esse respeito, este Tribunal considera que os Estados devem implementar ações para que essas pessoas possam exercer seu direito ao trabalho e desenvolver sua vocação e suas funções sem discriminação.394

233. Nesse sentido, a Corte observa que a Convenção 156 da OIT sobre trabalhadores com responsabilidades familiares estabelece que os Estados devem "[...] entre os seus objetivos de política nacional, ter em vista permitir às pessoas com responsabilidades familiares e que ocupem ou desejem ocupar um emprego que exerçam o seu direito de o ocupar ou de o obter sem Serem alvo de discriminação e, tanto quanto possível, sem conflito entre as suas

Conselho da União Europeia, Diretiva 2006/54/CE, de 5 de julho de 2006, relativa ao princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres em matéria de emprego e ocupação. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. xxxix. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajode-cuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Ademais, veja: União Europeia, Recomendação Nº (98) 9 do Comitê de Ministros aos Estados Membros relativa à dependência (Adotada pelo Comitê de Ministros em 18 de setembro de 1998, na 641ª Reunião de Delegados de Ministros), Anexo, parágrafo 4.2 [Apoio aos cuidadores e serviços temporários]. Cf. CIM, Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 23. Cf. Parecer Consultivo OC-27/21, supra, par. 176. Ademais, veja: OIT. Convenção sobre a discriminação (emprego e ocupação), 1958 (No 111); Recomendação sobre Emprego de Mulheres com Responsabilidades Familiares, 1965 (No 123); Convenção sobre Igualdade de Remuneração, 1951 (No 100); Recomendação sobre Igualdade de Remuneração, 1951 (No 90).

responsabilidades profissionais e familiares". 395 Da mesma forma, a Corte considera que os Estados devem implementar medidas para melhorar as condições dos trabalhadores com responsabilidades familiares e promover uma conciliação adequada entre suas necessidades de trabalho e de cuidados. 396 Para esses fins, os direitos à liberdade sindical e à negociação coletiva são particularmente relevantes, pois permitem que os trabalhadores exijam condições que possibilitem trabalhar enquanto realizam trabalho doméstico ou de cuidado, levando em consideração as particularidades do setor ou atividade em questão.

234. Sobre esse ponto, a Corte assinalou, em seu Parecer Consultivo nº 27, que devem existir "condições para que as mulheres disponham de tempo suficiente para realizar seu trabalho e participar do âmbito sindical, tais como creches, licenças-maternidade ou paternidade igualitárias ou licenças especiais para atender a assuntos familiares, e também podem exigir melhores condições de trabalho e de vida mediante o exercício de seus direitos sindicais". 397 De igual modo, o Tribunal observa que, conforme a OIT, os Estados devem "[...] desenvolver ou promover serviços comunitários, públicos ou privados, tais como serviços e instalações de cuidados à infância e de ajuda à família” 398 e implementar "medidas no campo da orientação e treinamento vocacional para permitir que os trabalhadores com responsabilidades familiares se integrem e permaneçam na força de trabalho, bem como se reintegrem". 399

235. Ademais, o Tribunal considera que os Estados devem implementar medidas destinadas a "(a) reduzir progressivamente a jornada de trabalho e reduzir as horas extraordinárias [e]; (b) adotar mais flexibilidade na organização dos horários de trabalho, dos períodos de repouso e das férias [...]". 400 A esse respeito, a Corte observa que a Lei

OIT. Convenção sobre Trabalhadores com Responsabilidades Familiares, 1981 (No 156), artigo 3. Entre as medidas previstas, encontram-se também: "(1) Os serviços e meios de assistência à infância e de apoio familiar, de qualquer tipo, devem estar em conformidade com as normas estabelecidos pelas autoridades competentes e devem estar sob sua supervisão. (2) Essas normas deveriam prescrever, em particular, o equipamento de tais serviços e meios de assistência, os requisitos técnicos e higiênicos a serem cumpridos por eles e o número e as qualificações de seu pessoal. (3) As autoridades competentes devem fornecer ou ajudar a fornecer treinamento adequado, nos vários níveis, para o pessoal necessário para o funcionamento dos serviços e meios de assistência à infância e ajuda familiar.” Ver: Recomendação sobre trabalhadores com responsabilidades familiares, 1981 (No 165), par. 26. Cf. CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 7. Ademais, veja: Grupo de Trabalho do Protocolo de San Salvador. Indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo de San Salvador, OEA/Ser.D/XXVI.11, 2015, p. 86. Parecer Consultivo OC-27/21, supra, par. 178. OIT. Convenção sobre os trabalhadores com responsabilidades familiares, 1981 (No 156), artigo 5. Veja também: Recomendação sobre os trabalhadores com responsabilidades familiares, 1981 (No 165), par. 33. OIT. Convenção sobre os trabalhadores com responsabilidades familiares, 1981 (No 156), artigo 7. Cf. OIT. Recomendação sobre os trabalhadores com responsabilidades familiares, 1981 (No 165), par. 18. Ademais, veja: EU. Comitê de Ministros para os Estados. Recomendação R (96) 5 sobre conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Para exemplos de políticas de conciliação laboral e flexibilização na região, ver: Congresso da Nação Argentina, Lei 27555, Regime Legal do Contrato de Teletrabalho, Artigo 6 “Tarefas de cuidado. As pessoas que trabalhem sob esta modalidade e que comprovem ter sob sua responsabilidade o cuidado de pessoas menores de treze (13) anos, pessoas com deficiência ou pessoas idosas que convivam com a pessoa que trabalha e que requeiram assistência específica, terão direito a coordenar com o empregador, desde que não afete o exigido de seu trabalho, horários compatíveis com a tarefa de cuidado sob sua responsabilidade e/ou a interrupção esporádica de sua jornada, compensando tais períodos de tempo de maneira condizente com as tarefas atribuídas”; Ministério do Trabalho e Previdência Social do Chile, Lei 21645 de 2023, artigo único, número 6: “Acrescentam-se [ao artigo 194 do Código do Trabalho]: […] Os empregadores, levando em consideração, em cada caso, a natureza da relação trabalhista e os serviços prestados, deverão promover o equilíbrio entre o trabalho e a vida privada, realizando ações destinadas a informar, educar e sensibilizar sobre a importância da conciliação da vida pessoal, familiar e laboral, por meio

Modelo Interamericana de Cuidados é um guia relevante para a elaboração e regulação da flexibilidade trabalhista em relação às responsabilidades de cuidados. Em particular, estabelece que os empregadores devem ter medidas para a conciliação da vida profissional e da vida familiar, bem como medidas de flexibilidade e apoio para trabalhadores com responsabilidades de cuidado, entre as quais se encontram "[...] a) A redução da jornada diária de trabalho. b) A implementação de medidas de teletrabalho ou teletrabalho estendido. c) Flexibilidade horária, tanto no início quanto no final do dia. d) A priorização do trabalho orientado a resultados. e) O apoio da rede de cuidados interna ou externa. [f) Licenças temporárias de ausência do trabalho sem deduções salariais". 401 Isso significa reconhecer que as pessoas trabalhadoras têm o direito a cuidar e ao autocuidado. Isso implica tempo para alimentação, limpeza, tratamento médico, educação e recreação de crianças e adolescentes, pessoas idosas ou pessoas com deficiência sob seus cuidados, bem como para descanso, lazer e cuidados com a saúde física e mental individual.

236. Em relação ao acima exposto, a Corte considera que a adoção de políticas de teletrabalho pode constituir um mecanismo para a garantia dos direitos dos trabalhadores com responsabilidades de cuidado. Isso se deve ao fato de que se trata de uma medida que promove a autonomia dos trabalhadores e lhes permite alcançar um equilíbrio adequado entre vida pessoal e profissional. 402 Ademais, conforme apontado em relatórios publicados pela OIT, desde a pandemia da COVID-19, foi demonstrado que é uma medida que pode aumentar a produtividade e contribuir para o bem-estar individual e familiar dos

de campanhas de sensibilização e divulgação realizadas diretamente pelo empregador ou por meio dos organismos administradores da lei nº 16.744. A Superintendência de Segurança Social, mediante norma de caráter geral, entregará as diretrizes para a execução dessas ações e para a entrega de informações por parte das entidades administradoras da lei nº 16.744.”; Congresso da Colômbia, Lei 2121 de 3 de agosto de 2021 por meio da qual se cria o regime de trabalho remoto e se estabelecem normas para promovê-lo, regulamentálo e se ditam outras disposições, artigo 24: “Tarefas de cuidado. As pessoas que trabalhem de maneira remota e que comprovem ter sob sua responsabilidade, de maneira exclusiva, o cuidado de pessoas menores de catorze (14) anos, pessoas com deficiência ou pessoas idosas em primeiro grau de consanguinidade que convivam com o trabalhador remoto e que requeiram assistência específica, terão direito a horários compatíveis com as tarefas de cuidado sob sua responsabilidade e/ou a interromper a jornada, com autorização prévia do empregador que permita a interrupção, sem prejuízo de suas condições laborais”; Ministério do Trabalho da República do Equador, Acordo Ministerial No MDT-2022-035, artigo 4, “Da análise e da aprovação. […] A modalidade de teletrabalho poderá ser aplicada unicamente para os trabalhadores e servidores públicos cujas atividades laborais o permitam de acordo com sua natureza, priorizando-se as seguintes pessoas, sem que isso implique obrigatoriedade na aprovação da modalidade: […] d) Aqueles que tiverem sob sua responsabilidade o cuidado de uma pessoa com deficiência severa determinada pela autoridade competente”; Congresso da Nação Paraguaia, Lei nº 6738 de 2021, artigo 1: “A presente lei tem por objeto regulamentar o teletrabalho, e estabelecer as condições das relações laborais no setor público e privado, com o propósito de impulsionar a modernização, reduzir os custos, incrementar a produtividade e oferecer a possibilidade de conciliar as atividades laborais e as responsabilidades familiares"; Assembleia Legislativa da República do Panamá, Lei nº 44 de 12 de agosto de 1995 pela qual se ditam normas para regularizar e modernizar as relações laborais, artigo 17, “acrescentam-se os números 27, 28, 29 e 30 ao Artigo 128 do Decreto de Gabinete 252 de 1971 [Código Substantivo do Trabalho], assim: […] ‘Artigo 128. São obrigações dos empregadores, além daquelas que surgirem especialmente do contrato, as seguintes: […] 30. Conceder permissão remunerada por jornada parcial ao trabalhador que, mediante aviso prévio e comprovação posterior, tenha necessidade de atender a consultas de controle médico para seu cuidado pessoal ou para a atenção de seus filhos menores de dois anos’”; Assembleia Geral da República Oriental do Uruguai, Lei 19.996 de 9 de novembro de 2021, artigo 20: “Todo funcionário público que tiver um filho com deficiência, terá direito a solicitar até um total de dez dias anuais com remuneração, com o objetivo de realizar controles médicos para o mesmo, devendo comunicar tal circunstância com uma antecedência mínima de quarenta e oito horas […]” e artigo 21: “Todo funcionário público que tiver familiares com deficiência ou doença terminal sob sua responsabilidade, terá direito a uma licença especial de noventa e seis horas no ano […].” CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 33. Cf. Tempo de trabalho e conciliação da vida profissional e pessoal no mundo, Genebra: Escritório Internacional do Trabalho, 2023, p. 143. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/%40protrav/%40travail/docu ments/publication/wcms_883389.pdf.

trabalhadores. 403 No entanto, o uso desse tipo de medidas deve estar sujeito a controles, para que não afete as garantias mínimas de saúde e segurança do trabalhador. 404 Ademais, a implementação dessas medidas deve ser avaliada a partir de uma perspectiva de gênero e deve ser voluntária, na medida do possível, para evitar a exacerbação da distribuição desigual dos encargos de cuidados na esfera doméstica. 405 Nesse sentido, tanto as políticas de teletrabalho, como a redução das jornadas de trabalho, licenças temporárias ou licenças para cuidados, devem ser destinadas a todas as pessoas que tenham responsabilidades familiares, e não exclusivamente às mulheres. Da mesma forma, isso implica a adequação da legislação nacional para reconhecer como beneficiários pais e mães adotivos, pessoas com vínculos familiares não tradicionais, como as pessoas LGBTIQ+ ou as pessoas em famílias monoparentais.

237. Como esta Corte já assinalou, a adoção de medidas como as mencionadas anteriormente se mostra particularmente relevante como mecanismo para garantir a igualdade entre homens e mulheres, especialmente em relação ao direito de acesso e permanência no emprego. 406 A esse respeito, o Comitê DESC considerou que "[...] os Estados Partes têm a obrigação de respeitar o direito das mulheres e dos jovens de ter acesso a um trabalho decente e, portanto, de adotar medidas para combater a discriminação e promover a igualdade de acesso e de oportunidades". 407 Nesse sentido, em virtude das obrigações derivadas do direito ao trabalho em relação aos artigos 1.1 e 24 da Convenção Americana e 8.b) da Convenção de Belém do Pará, os Estados devem garantir que a realização de trabalhos de cuidado não constitua um obstáculo para a estabilidade no emprego de pessoas com responsabilidades de cuidado, em particular para mulheres grávidas ou lactantes. 408 A esse respeito, a Corte considera que, conforme previsto na Convenção 183 da OIT, "[é] proibido ao empregador despedir uma mulher durante a sua gravidez, durante a licença [maternidade ou por doença][...], ou durante um período posterior ao seu regresso ao trabalho a determinar pela legislação nacional, exceto por motivos não relacionados com a gravidez, o nascimento da criança e as suas consequências, ou a amamentação", de modo que o ônus da prova sobre os motivos da demissão recai sobre o empregador. 409 Ademais, o Tribunal observa que essa proibição está refletida na

Cf. Tempo de trabalho e conciliação da vida profissional e pessoal no mundo, Genebra: Escritório Internacional do Trabalho, 2023, p. 136. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/%40protrav/%40travail/docu ments/publication/wcms_883389.pdf. Cf. Healthy and safe telework: technical brief. Geneva: World Health Organization and the International Labour Organization, 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, p. 16. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351182/9789240040977-eng.pdf?sequence=1. Cf. ONU Mulheres, Documento de Políticas nº 16: “COVID-19 e a economia do cuidado: Ações imediatas e transformação estrutural para uma recuperação com perspectiva de gênero", 2020, p. 7. Disponível em: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020 /Policy-brief-COVID-19-and-the-care-economy-es.pdf. Ver Parecer Consultivo OC-27/21, supra, par. 178. Comitê DESC. Comentário Geral No 18: O direito ao trabalho (artigo 6), E/C.12/GC/18, 6 de fevereiro de 2006, par. 23. Cf. OIT. Convenção sobre Trabalhadores com Responsabilidades Familiares, 1981 (No 156), artigo 8: "[a] responsabilidade familiar não constituirá, por si só, justa causa para rescisão do contrato de trabalho.” Cf. OIT. Convenção sobre a Proteção da Maternidade, 2000 (No 183), artigo 8. Ademais, ver: Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 1979, artigo 11.2 "A fim de prevenir a discriminação contra a mulher por motivo de casamento ou maternidade e assegurar o exercício efetivo de seu direito ao trabalho, os Estados Partes tomarão as medidas adequadas para: a) proibir, sob pena de sanções, a demissão por motivo de gravidez ou licença-maternidade e a discriminação na demissão por motivo de estado civil [...].”

legislação dos Estados da região, que estabeleceram medidas para garantir a estabilidade no emprego das mulheres grávidas e para erradicar práticas discriminatórias que prejudicam suas condições de emprego em razão de suas responsabilidades de cuidado. 410

238. Por outro lado, a Corte adverte que os Estados devem adotar as normas e estabelecer as condições necessárias para que as mães possam decidir exercer seu direito de amamentar, tanto no âmbito privado quanto no público. 411 Isso implica que os Estados devem garantir que as mães grávidas e lactantes tenham acesso a informações, apoio e aconselhamento profissional sobre o assunto. Também devem ser adotadas medidas para garantir que os locais de trabalho e os estabelecimentos de ensino tenham espaços privados, higiênicos e seguros para amamentar, extrair e armazenar o leite materno. Ademais, os Estados devem adotar medidas para permitir que as mães dediquem tempo durante o horário de trabalho exclusivamente à amamentação ou à extração do leite materno, por meio de uma ou mais pausas por dia ou de uma redução diária do tempo de trabalho, que deve ser proporcional ao número de crianças para as quais a amamentação está sendo garantida. Essas pausas ou redução diária do tempo de trabalho devem ser contadas como parte da jornada de trabalho sem qualquer redução de salário 412. A Corte considera que as medidas descritas acima facilitam que a decisão informada de continuar a amamentação seja tomada pelas mulheres e não dependa das dificuldades de retomar as atividades laborais sem apoio à amamentação, de modo que os direitos ao trabalho e ao cuidado sejam garantidos.

239. Assim, a Corte considera que a interpretação do direito ao trabalho em relação ao direito ao cuidado, à luz dos instrumentos do corpus iuris internacional, implica que os Estados devem garantir às pessoas trabalhadoras com responsabilidades familiares seu direito ao trabalho sem discriminação, para o que devem implementar progressivamente medidas de conciliação entre as necessidades de trabalho e de cuidado e eliminar as barreiras que impedem que os trabalhos de cuidado lhes permitam acessar ou manter o emprego.

Os Tribunais Constitucionais e as Cortes Supremas da Região têm desempenhado um papel central nessa tarefa. Ademais, ver, por exemplo: Sentença F. 441. XXXVI Feole, Renata Rosa c/ Arte Radiotelevisivo s/ demissão da Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina, de 5 de março de 2002; Sentença SU-070/13 da Corte Constitucional da Colômbia, de 13 de fevereiro de 2013; Resolução nº 3330 – 2022 da Sala Segunda da Corte Suprema de Justiça da Costa Rica, de 7 de dezembro de 2022; Sentença nº 3-19-JP/2020 da Corte Constitucional do Equador, de 5 de agosto de 2020. Cf. OIT. Convenção sobre Proteção à Maternidade, 2000 (No 183), artigo 10. Además, ver: OIT. Convenção sobre Proteção à Maternidade (revisada), 1952 (No 103), artigo 5.2; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigo 7. Cf. OIT. Convenção sobre a proteção da maternidade, 2000 (n.º 183), artigo 10. Além disso, ver: A. Güezmes García e M. N. Vaeza (coord.), “Avanços em matéria de regulamentação dos cuidados na América Latina e no Caribe: rumo a uma sociedade de cuidados com igualdade de gênero”, Documentos de Projetos (LC/TS.2022/175/Rev.1), Santiago, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)/Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU-Mulheres), 2023, p. 21. Disponível em: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2023-03/S2201160_es.pdf; OIT. A maternidade no trabalho: análise da legislação nacional, 2ª edição, 2010, p. 92: “Em pelo menos 92 países, a legislação prevê, além das pausas normais, interrupções para amamentação para as mães que amamentam seus filhos”. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/%40publ/documen ts/publication/wcms_142159.pdf; Guia para a aplicação: proteger, promover e apoiar a amamentação em estabelecimentos que prestam serviços de maternidade e neonatologia - Revisão da Iniciativa Hospitais Amigos da Criança 2018 [Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: implementing the revised Baby-friendly Hospital Initiative 2018]. Genebra: Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); 2019, p. 1. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/326162/9789243513805-spa.pdf?sequence=1.243513805spa.pdf?sequence=1.

A.6 Conclusões: relação do direito ao cuidado com o direito ao trabalho em condições justas, equitativas e satisfatórias

240. Em conclusão, o Tribunal considera que, de acordo com o disposto nos artigos 1.1, 24 e 26 da Convenção Americana, 45.b e c, 46 e 34.g da Carta da OEA, XIV da Declaração Americana, 6 e 7 do Protocolo de San Salvador e 8.b) da Convenção de Belém do Pará, o direito ao cuidado e o direito ao trabalho em condições justas, equitativas e satisfatórias têm uma clara relação de interdependência e indivisibilidade. A interpretação desses instrumentos permite concluir que os trabalhos de cuidado consistem em serviços livremente escolhidos, prestados a terceiros e com valor econômico e social, que, dependendo de sua permanência e intensidade, são considerados como trabalho. Da mesma forma, os trabalhadores de cuidados remunerados, em qualquer um dos setores em que exercem seu trabalho, contam com os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador. Por esse motivo, e considerando sua invisibilidade histórica, os Estados devem implementar medidas especiais para garantir o pleno exercício de seu direito ao trabalho em condições justas, equitativas e satisfatórias. Ademais, os Estados devem assegurar progressivamente que os trabalhadores de cuidados não remunerados recebam garantias mínimas derivadas do direito ao trabalho. Essas garantias devem ter como objetivo garantir sua saúde, dignidade e autocuidado, e seu alcance e conteúdo dependerão da natureza do trabalho, das condições em que é realizado e das necessidades daqueles que o realizam. De igual forma, os Estados devem garantir que as pessoas trabalhadoras com responsabilidades de cuidado possam exercer seu direito ao trabalho sem discriminação, implementando progressivamente medidas para conciliar o trabalho e as necessidades de cuidado tanto de seus dependentes quanto deles próprios, e removendo as barreiras que impedem que o trabalho de cuidado impossibilite seu ingresso ou permanência no emprego.

B. Obrigações dos Estados em matéria de cuidados à luz dos DESCA em relação ao direito à seguridade social

241. Nesta seção, a Corte abordará a pergunta sobre se os trabalhos de cuidado têm relação com o direito à seguridade social. Para tanto, em primeiro lugar, mencionará a jurisprudência da Corte sobre o assunto. Em seguida, analisará a relação de interdependência e indivisibilidade entre esses direitos, com menção específica, por um lado, à figura da licença parental e aos benefícios familiares e, por outro lado, às pensões por invalidez, velhice e morte.

B.1 O direito à seguridade social

242. A Corte considera que a seguridade social é um direito contido no artigo XVI da Declaração Americana, no artigo 9 do Protocolo de San Salvador e no artigo 26 da Convenção Americana, e abarca o direito de toda pessoa a receber proteção contra contingências futuras que possam lhe causar consequências prejudiciais ou que a impeçam de prover sua subsistência. 413. Essa concepção está refletida nos artigos 3.j 414, 45.b e h 415

Cf. Caso Muelle Flores Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de março de 2019. Série C N° 375, par. 183, e Caso Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Superintendência Nacional de Administração Tributária (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2019. Série C No 394, par. 167. Carta da OEA, 1948, artigo 3: "Os Estados Americanos reafirmam os seguintes princípios: [...] j) [a] justiça e a segurança sociais são bases de uma paz duradoura [...].” Carta da OEA, 1948, artigo 45: "Os Estados Membros, convencidos de que o Homem somente pode alcançar a plena realização de suas aspirações dentro de uma ordem social justa, acompanhada de desenvolvimento econômico e de verdadeira paz, convêm em envidar os seus maiores esforços na aplicação

e 46 416 da Carta da OEA. Especificamente, o artigo 3.j) da Carta da OEA estabelece que "justiça e a segurança sociais são bases de uma paz duradoura" e o artigo 45.h) 417 estabelece que "os homens [e as mulheres] só podem alcançar a plena realização de suas aspirações dentro de uma ordem social justa", por meio da qual os Estados concordam em envidar esforços para a aplicação de certos princípios e mecanismos, incluindo o "[d]esenvolvimento de uma política eficiente de seguridade social.” Assim, a Corte considera que existe uma referência suficientemente específica ao direito à seguridade social para se inferir sua existência e reconhecimento implícito na Carta da OEA. 418

243. Quanto ao seu conteúdo e alcance, o Tribunal apontou que o direito à seguridade social tem como objetivo assegurar às pessoas uma vida, saúde e padrões econômicos dignos na velhice ou em casos de contingências que as privem, de forma temporária ou permanente, de sua capacidade para o trabalho. 419 Nesse sentido, o artigo XVI da Declaração Americana estabelece que "[t]oda pessoa tem direito à previdência social de modo a ficar protegida contra as consequências do desemprego, da velhice e da incapacidade que, provenientes de qualquer causa alheia à sua vontade, a impossibilitem física ou mentalmente de obter meios de subsistência.” O artigo 9 do Protocolo de San Salvador estabelece que "[t]oda pessoa tem direito à previdência social que a proteja das consequências da velhice e da incapacitação que a impossibilite, física ou mentalmente, de obter os meios de vida digna e decorosa [...].” Ademais, o Protocolo estabelece que o direito à seguridade social dos trabalhadores inclui "[...] pelo menos o atendimento médico e o subsídio ou pensão em caso de acidentes de trabalho ou de doença profissional e, quando se tratar da mulher, licença remunerada para a gestante, antes e depois do parto.” Da mesma forma, essas garantias relacionadas ao direito à seguridade social estão previstas em vários instrumentos internacionais 420, bem como nas Constituições dos Estados que são

dos seguintes princípios e mecanismos: [...] (b) O trabalho é um direito e um dever social; confere dignidade a quem o realiza e deve ser exercido em condições que, compreendendo um regime de salários justos, assegurem a vida, a saúde e um nível econômico digno ao trabalhador e sua família, tanto durante os anos de atividade como na velhice, ou quando qualquer circunstância o prive da possibilidade de trabalhar; (c) Os empregadores e os trabalhadores, tanto rurais como urbanos, têm o direito de se associarem livremente para a defesa e promoção de seus interesses, inclusive o direito de negociação coletiva e o de greve por parte dos trabalhadores, o reconhecimento da personalidade jurídica das associações e a proteção de sua liberdade e independência, tudo de acordo com a respectiva legislação [...].” Carta da OEA, 1948, artigo 46: "Os Estados Membros reconhecem que, para facilitar o processo de integração regional latino-americana, é necessário harmonizar a legislação social dos países em desenvolvimento, especialmente no setor trabalhista e no da previdência social, a fim de que os direitos dos trabalhadores sejam igualmente protegidos, e convêm em envidar os maiores esforços com o objetivo de alcançar essa finalidade. Carta da OEA, 1948, artigo 45: "Os Estados Membros, convencidos de que o Homem somente pode alcançar a plena realização de suas aspirações dentro de uma ordem social justa, acompanhada de desenvolvimento econômico e de verdadeira paz, convêm em envidar os seus maiores esforços na aplicação dos seguintes princípios e mecanismos: [...] h) Desenvolvimento de uma política eficiente de previdência social [...].” Cf. Caso Muelle Flores Vs. Peru, supra, par. 173, e Caso Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Superintendência Nacional de Administração Tributária (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Peru, supra, par. 157. Cf. Caso Muelle Flores Vs. Peru, supra, par. 173, e Caso Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Superintendência Nacional de Administração Tributária (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Peru, supra, par. 158. Ademais, ver: Grupo de Trabalho para a Análise dos Relatórios Nacionais previstos no Protocolo de San Salvador. Indicadores de progresso para medição de direitos contemplados no Protocolo de San Salvador, OEA/Ser.L/XXV.2.1; GT/PSS/doc.2/11 reVs.2, 16 de dezembro de 2011, par. 62. Disponível em: https://www.oas.org/en/sedi/pub/indicadores_progreso.pdf. Cf. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, artigos 22 e 25; Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1948, artigo 9; Declaração das Nações Unidas sobre Progresso e Desenvolvimento Social, 1969, artigo 11; Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as

parte da Convenção e que reconheceram a competência contenciosa da Corte Interamericana. 421

244. No que diz respeito à garantia do direito à seguridade social, o Comitê DESC assinalou que isso inclui o direito de obter e manter benefícios sem discriminação, seja em dinheiro ou em espécie, e o direito de não ser submetido a restrições arbitrárias à cobertura social existente, seja no setor público ou seja no privado. 422 Por sua vez, a Convenção 102 da OIT sobre Seguridade Social (normas mínimas) estabelece como garantias mínimas de seguridade social a assistência médica e benefícios em dinheiro em casos de doença, desemprego, velhice, acidente de trabalho e doença profissional, situações familiares, maternidade, invalidez e benefícios para sobreviventes. 423 Ademais, a OIT estabeleceu que "[o]s regimes de seguridade [...] devem atenuar a carência e prevenir a pobreza, restaurando, em um nível razoável, a renda perdida devido à incapacidade para o trabalho [...]". 424 Da mesma forma, indicou que os Estados devem garantir benefícios de seguridade social seguindo, entre outros, os princípios de universalidade, adequação e previsibilidade, inclusão social, progressividade, solidariedade e sustentabilidade para assegurar que "durante todo o ciclo de vida, todas as pessoas necessitadas tenham acesso a cuidados essenciais de saúde e uma segurança básica de renda que assegurem conjuntamente um acesso efetivo a bens e serviços definidos como necessários em nível nacional". 425

Formas de Discriminação contra a Mulher, 1989, artigos 11 e 13; Convenção sobre os Direitos da Criança, 1969, artigo 26.1; Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 1965, artigo 5; Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e seus Familiares, 1990, artigos 27 e 54; Carta Social Europeia, 1961, artigos 12, 13 e 14. Cf. Constituição da Nação Argentina, Lei nº 24.430, de 15 de dezembro de 1994, artigo 14 bis; Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia, de 2009, artigo 45; Constituição Política da República do Chile, de 17 de setembro de 2005, art. 19.18; Constituição Política da República da Colômbia, de 20 de julho de 1991, artigo 48; Constituição Política da República da Costa Rica, de 7 de novembro de 1949, artigo 73; Constituição da República do Equador, de 20 de outubro de 2008, artigo 34; Constituição da República de El Salvador, de 15 de dezembro de 1986, artigo 50; Constituição Política da Guatemala, de 31 de maio de 1985, artigo 100; Constituição Política da República do Haiti, de 1987, artigo 22; Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, de 1917, artigo 123; Constituição Política da República da Nicarágua, de 2025, artigo 55; Constituição Política da República do Panamá, de 11 de outubro de 1972, artigo 113; Constituição da República do Paraguai, de 20 de junho de 1992, artigo 95; Constituição Política do Peru, de 1993, artigo 10; Constituição Política da República Dominicana, de 27 de outubro de 2024, artigo 60; Constituição da República do Suriname, de 1987, artigo 50; Constituição da República Oriental do Uruguai, de 1967, artigo 195. Cf. Caso Muelle Flores Vs. Peru, supra, par. 187, e Comitê DESC, Comentário Geral N° 19: O direito à seguridade social (artigo 19), E/C.12/GC/19, 4 de fevereiro de 2008, pars. 9 a 28. Cf. OIT. Convenção sobre a Seguridade Social (norma mínima), 1952 (nº 102), artigos 7, 13, 19, 25, 31, 39, 46 e 59. No mesmo sentido: Convenção sobre Prestações de Invalidez, Velhice e Sobrevivência, 1967 (nº 128); Recomendação sobre a Garantia dos Meios de Subsistência, 1944 (nº 67); Recomendação sobre a Manutenção dos Direitos da Segurança Social, 1983 (nº 167); e Recomendação relativa aos Pisos de Proteção Social, 2012 (nº 202). OIT. Recomendação sobre a Garantia dos Meios de Subsistência, 1944 (No 67), Anexo, Princípio Normativo 1. OIT. Recomendação relativa aos Pisos de Proteção Social, 2012 (No 202), pars. 4, 5 e 8. Ademais, ver: par. 3: "Reconhecendo a responsabilidade geral e principal do Estado de pôr em prática a presente Recomendação, os Membros deveriam aplicar os seguintes princípios: (a) universalidade da proteção, baseada na solidariedade social; (b) direito às prestações estabelecidas pela legislação nacional; (c) adequação e previsibilidade das prestações; (d) não discriminação, igualdade de género e capacidade de resposta a necessidades especiais; (e) inclusão social, inclusive de pessoas que trabalham na economia informal; (f) inclusão social, inclusive de pessoas que trabalham na economia informal; g) realização progressiva, inclusive através do estabelecimento de metas e prazos; h) solidariedade no financiamento, procurando o melhor equilíbrio possível entre as responsabilidades e os interesses daqueles que financiam e daqueles que beneficiam de regimes de segurança social; i) consideração da pluralidade de métodos e abordagens, inclusive quanto a mecanismos de financiamento e sistemas de provisão de prestações; j) gestão financeira e

245. Este Tribunal se pronunciou sobre o direito à seguridade social em relação ao direito a uma pensão de aposentadoria em casos envolvendo o Estado do Peru e, considerando seu direito interno, decidiu que as obrigações do Estado em relação a esse direito são as seguintes: a) proporcionar o acesso ao benefício após o cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação nacional, para o que deve haver um sistema administrado ou supervisionado pelo Estado; b) garantir que os benefícios sejam suficientes em quantidade e duração; c) oferecer condições razoáveis, proporcionais e transparentes para o acesso ao benefício e o acesso a informações oportunas e transparentes, especialmente diante de medidas que possam afetar o direito; d) fornecer benefícios em tempo hábil e sem atrasos, especialmente para pessoas idosas; e e) dispor de mecanismos eficazes de reclamação em caso de violação do direito à seguridade social. 426 Igualmente, a Corte sustentou que os Estados devem fornecer benefícios a pessoas impossibilitadas de trabalhar por motivos de saúde e devem garantir proteção aos trabalhadores que sofreram um acidente laboral durante o emprego ou outro trabalho produtivo. Nesse sentido, os Estados devem fornecer apoio suficiente às pessoas com deficiência. 427

B.2 Relação entre o direito ao cuidado e o direito à seguridade social

246. A Corte considera que o direito à seguridade social e o direito ao cuidado têm uma estreita relação, já que a garantia progressiva do primeiro é necessária para o gozo do direito ao cuidado de todas as pessoas. 428 De fato, a cobertura do sistema de seguridade social, em particular as licenças parentais, os benefícios familiares e as pensões por invalidez, velhice e aos sobreviventes, permitem às pessoas cuidar, ser cuidadas e prover o autocuidado, como se explicará a seguir. 429

a. O caráter universal do sistema de seguridade social

247. Para explicar a relação de interdependência entre a seguridade social e o cuidado, a Corte considera relevante enfatizar que todas as pessoas são titulares do direito à

administração transparentes, responsáveis e sólidas; k) sustentabilidade financeira, fiscal e econômica, tendo devidamente em conta a justiça social e a equidade; l) coerência com as políticas sociais, económicas e de emprego; (m) coerência entre as instituições responsáveis por prestar os serviços de proteção social; n) serviços públicos de elevada qualidade, que melhorem o desempenho dos sistemas de segurança social; o) eficiência e acessibilidade dos procedimentos de reclamação e de recurso; p) monitorização regular da implementação e avaliação periódica; q) pleno respeito pela negociação coletiva e liberdade de associação para todos os trabalhadores; e r) participação tripartida com as organizações representativas dos empregadores e trabalhadores, assim como consulta a outras organizações pertinentes e representativas das pessoas envolvidas." Cf. Caso Muelle Flores Vs. Peru, supra, par. 192, e Caso Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Superintendência Nacional de Administração Tributária (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Peru, supra, pars. 172 e 175. Cf. Caso dos Mergulhadores Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras, supra, par. 91. Cf. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 1948, artigo XVI; Protocolo de San Salvador, 1988, artigo 9; e Carta da OEA, 1948, artigos 3.j), 45.b e h e 46. Cf. OIT. Convenção sobre a Proteção da Maternidade, 2000 (nº 183); Recomendação sobre a Proteção da Maternidade, 2000 (nº 191); Recomendação sobre Assistência Médica e Prestações de Doença, 1969 (nº 134); Convenção sobre Prestações de Invalidez, Velhice e Sobrevivência, 1967 (nº 128); Recomendação sobre Prestações de Invalidez, Velhice e Sobrevivência, 1967 (nº 131); Convenção sobre Prestações em caso Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, 1964 (Anexo I, conforme emendado em 1980) (nº 121); Recomendação sobre Prestações em caso de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, 1964 (nº 121); e Convenção sobre Assistência Médica e Prestações de Doença, 1969 (nº 130).

seguridade social. 430 Embora o trabalho formal tenha sido historicamente o principal meio de acesso aos sistemas de seguridade social, isso não significa que esse direito seja uma garantia exclusiva do trabalhador formal. 431 Por isso, com fundamento nos artigos XVI da Declaração Americana, 9 do Protocolo de San Salvador e 26 da Convenção Americana, os Estados têm a obrigação de estabelecer sistemas que, em aplicação dos princípios de universalidade, inclusão social, progressividade e solidariedade, permitam a garantia progressiva do direito à seguridade social para todas as pessoas. 432 Esse é um mandato derivado das normas sobre seguridade social e também é essencial para a garantia de outros direitos, como o direito ao cuidado. Isso se deve ao fato de que a cobertura do sistema de seguridade social é, para muitas pessoas, o único mecanismo pelo qual elas podem fornecer ou obter a assistência necessária para garantir seu próprio bem-estar ou o de sua família. Portanto, eles são um meio adequado de garantir o direito ao cuidado dentro do âmbito do princípio da corresponsabilidade.

248. Em relação ao exposto, o Tribunal considera que, como indicou o Comitê de Direitos Humanos, para materializar o caráter universal do sistema de seguridade social, os Estados podem estabelecer progressivamente regimes contributivos e não contributivos. 433 Ademais, a Corte observa que o direito à seguridade social está diretamente vinculado à dignidade humana, à vida digna e à contribuição, para a sociedade, das pessoas que provêm cuidados. Nesse sentido, os Estados devem regular e fiscalizar a acessibilidade e a disponibilidade de regimes contributivos que se baseiam no pagamento de contribuições obrigatórias cobertas de forma compartilhada pelo trabalhador, pelo empregador e, às vezes, pelo Estado. Devem também remover todas as barreiras que, direta ou indiretamente, impeçam o acesso ou prejudiquem os benefícios oferecidos. 434 Ademais, os Estados devem regular e implementar regimes não contributivos ou de proteção social que abranjam progressivamente todas as pessoas que não tenham condições de se vincular ao regime contributivo, seja por estarem impossibilitadas de trabalhar, seja por atuarem na informalidade, de forma autônoma ou como trabalhadores de cuidados não remunerados. 435

Cf. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, artigo XVI; Protocolo de San Salvador, de 1988, artigo 9; Carta da OEA, de 1948, artigos 3.j), 45.b e h e 46; Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, artigos 22 e 25; Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, artigo 9; Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia, de 2009, artigo 45; Constituição Política da República do Chile, de 17 de setembro de 2005, artigo 19.18; Constituição Política da República da Colômbia, de 20 de julho de 1991, artigo 48; Constituição Política da República da Costa Rica, de 7 de novembro de 1949, artigo 73; Constituição da República do Equador, de 20 de outubro de 2008, artigo 34; Constituição Política da República da Guatemala, de 31 de maio de 1985, artigo 100; Constituição Política da República do Haiti, de 1987, artigo 22; Constituição Política da República da Nicarágua, de 2025, artigo 55; Constituição Política da República do Panamá, de 11 de outubro de 1972, artigo 113; Constituição Política do Peru, de 1993, artigo 10; e Constituição Política da República Dominicana, de 27 de outubro de 2024, artigo 60; Constituição da República do Suriname, de 1987, artigo 50. Cf. Comitê DESC. Comentário Geral No 19: O direito à seguridade social (artigo 9), E/C.12/GC/19, 4 de fevereiro de 2008, par. 1. Cf. OIT. Recomendação relativa aos Pisos de Proteção Social, 2012 (No 202), pars. 3 e 9.3. Ademais, ver: Comitê DESC, Comentário Geral No 19: O direito à seguridade social (artigo 9), E/C.12/GC/19, 4 de fevereiro de 2008, par. 1, e Conferência Interamericana sobre Seguridade Social, Declaração nº 115 sobre o acesso universal ao pleno gozo do direito à seguridade social, 2023, Declaração I, inciso b: "A ampliação da cobertura dos sistemas de seguridade social deve considerar todos os grupos populacionais e todas as formas de trabalho, remunerado e não remunerado, ao longo de todo o ciclo de vida.” Cf. Comitê DESC, Comentário Geral Nº 19: O direito à seguridade social (artigo 9), E/C.12/GC/19, 4 de fevereiro de 2008, par. 4. Cf. Comitê DESC, Comentário Geral No 19: O direito à seguridade social (artigo 9), E/C.12/GC/19, 4 de fevereiro de 2008, pars. 4.a e 11. Cf. Comitê DESC, Comentário Geral No 19: O direito à seguridade social (artigo 9), E/C.12/GC/19, 4 de fevereiro de 2008, par. 4.b.

Nesse sentido, os Estados devem implementar ações para promover a formalização das pessoas trabalhadoras, especialmente aqueles pertencentes a comunidades historicamente vulneráveis.

249. Por outro lado, a Corte adverte que o fortalecimento de regimes não contributivos e da solidariedade no financiamento do sistema de seguridade social é fundamental para garantir o direito ao cuidado, especialmente para as mulheres. Como foi amplamente exposto nesta decisão (pars. 142 e 222 supra), as pessoas que, em sua maioria, se dedicam às tarefas de cuidado são mulheres que trabalham de maneira informal ou não remunerada. Nesse sentido, os artigos XVI da Declaração Americana, 9 do Protocolo de San Salvador e 26 da Convenção Americana devem ser lidos em relação aos artigos 1.1 e 24 da Convenção Americana, II da Declaração Americana, 45.a) da Carta da OEA, 3 do Protocolo de San Salvador e 8.b) da Convenção de Belém do Pará. Consequentemente, os Estados devem implementar ações para garantir o direito à seguridade social sem discriminação com relação às pessoas que realizam trabalhos de cuidado - tanto remunerado quanto não remunerado - e implementar ações positivas para reduzir as lacunas no acesso que afetam majoritariamente as mulheres. 436 Igualmente, devem implementar medidas que permitam estender a cobertura financeira e não financeira dos sistemas de seguridade social a pessoas em situação de vulnerabilidade, como crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, especialmente aqueles que se encontram em situação de pobreza e que requerem a assistência do Estado para cobrir suas necessidades básicas. 437

b. Licenças para cuidado familiar, proteção da maternidade e direito ao cuidado

250. O direito à seguridade social também está relacionado ao direito ao cuidado por meio da prestação de assistência médica - especialmente durante a maternidade -, licença parental e benefícios familiares. 438 Nesse sentido, este Tribunal considera que essa assistência permite que as pessoas com responsabilidades familiares obtenham os recursos necessários para proporcionar um padrão de vida adequado para si e para seus familiares, garantindo, assim, os direitos de cuidar, de ser cuidado e ao autocuidado.

251. Com relação à licença-maternidade, o artigo VII da Declaração Americana estabelece que "[t]oda mulher em estado de gravidez ou em época de lactação, assim como toda criança, têm direito à proteção, cuidados e auxílios especiais.” Da mesma forma, o artigo 9 do Protocolo de San Salvador estabelece que "[...] quando se tratar da mulher, [o direito à seguridade social abrangerá] licença remunerada para a gestante, antes e depois do parto.” Ademais, o Tribunal considera que o alcance dessa obrigação deve ser lido em relação às normas do direito internacional do trabalho, em particular a Convenção 183 da OIT sobre proteção da maternidade, que estabelece que toda mulher terá direito a uma licençamaternidade de, pelo menos, 14 semanas a partir do momento do parto, bem como pelo

Cf. Conselho de Direitos Humanos. Relatório do Grupo de Trabalho sobre a questão da discriminação contra a mulher na legislação e na prática, A/HRC/29/40, 2 de abril de 2015, par. 70; Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Perita Independente sobre o gozo de todos os direitos humanos pelas pessoas idosas, A/HRC/33/44, 8 de julho de 2016, par. 53; VIII Conferência Regional sobre a Mulher na América Latina e no Caribe, Consenso de Lima, 2000, e CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigos 8 e 23.2. Cf. Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Comitê DESC), Comentário Geral nº 6: Os direitos econômicos, sociais e culturais das pessoas idosas, E/C.12/1995/16/Rev.1, de 5 de dezembro de 1995, par. 20; e Relatora Especial sobre a extrema pobreza e os direitos humanos. Relatório sobre a extrema pobreza e os direitos humanos, A/68/293, de 9 de agosto de 2013, par. 51. Cf. OIT. Convenção sobre seguridade social (norma mínima), 1952 (No 102), artigos 42, 49 e 50, e Convenção sobre a Proteção da Maternidade, 2000 (No 183); Recomendação sobre a Proteção da Maternidade, 2000 (No 191).

período que seja necessário para salvaguardar sua saúde em caso de doenças ou riscos que se produzam como consequência da gravidez. 439 Nesse sentido, a Corte considera que os Estados devem fornecer benefícios médicos que incluam "os cuidados pré-natais, os relativos ao parto, os posteriores ao parto e a hospitalização, se for necessária". 440 Da mesma forma, as mulheres devem gozar progressivamente de licenças-maternidade ou por doença que incluam um benefício pecuniário que lhes permita manter certo padrão de vida enquanto estiverem disfrutando da licença, a ser coberto pelo sistema de seguridade social ou por fundos públicos. 441 Esses benefícios são um meio de garantir os direitos da mãe a cuidar e ao autocuidado, bem como o direito de seus filhos e filhas de ser cuidados.

252. No que diz respeito aos benefícios familiares, embora a Declaração Americana e o Protocolo de San Salvador não se refiram expressamente a eles, a Corte observa que a Convenção 102 da OIT sobre benefícios mínimos de seguridade social dispõe que os Estados devem garantir progressivamente benefícios familiares, incluindo um pagamento periódico ou o fornecimento de alimentos, moradia, roupas e férias para filhos e filhas. 442 Por sua vez, o Comitê DESC afirmou que "[a]o conceder os benefícios, o Estado Parte deve levar em conta os recursos e a situação da criança e das pessoas responsáveis pelo sustento da criança ou do adulto sob cuidados, bem como quaisquer outras considerações relevantes para um pedido de benefícios feito por ou em nome da criança ou do adulto sob cuidados". 443 Esses benefícios podem ser pecuniários, como subsídios para o pagamento de material escolar ou para acesso à moradia, que são concedidos por meio de provedores do sistema de seguridade social. Também podem ser em espécie, mediante assistência para o cuidado de crianças menores de cinco anos de idade, durante o horário de trabalho, ou por meio de espaços de recreação para crianças durante as férias escolares, que permitem que seus pais continuem trabalhando. 444 Assim, o Tribunal observa que esse benefício pode ser um meio de garantir o direito de cuidar daqueles que têm responsabilidades de cuidado, bem como o direito a ser cuidado de seus filhos e filhas.

253. Por outro lado, a Corte observa que as Recomendações nº 123 e nº 165 da OIT e a Lei Modelo Interamericana de Cuidados referem-se a outros tipos de benefícios ou licenças

Cf. OIT. Convenção sobre a Proteção da Maternidade, 2000 (No 183), artigos 4 e 5. Ademais, ver: Recomendação sobre a Proteção da Maternidade, 2000 (No 191): "Os membros devem se esforçar para estender a duração da licença-maternidade mencionada no artigo 4 da Convenção para, ao menos, dezoito semanas", e CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 27: "As trabalhadoras terão direito a uma licença-maternidade de seis semanas antes do parto e de dezoito (18) semanas após o parto, com o gozo de cem por cento (100%) de sua remuneração.” OIT. Convenção sobre a Proteção da Maternidade, 2000 (No 183), artigo 6.7. Cf. OIT. Convenção sobre a Proteção da Maternidade, 2000 (No 183), artigo 6. Ademais, ver: Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 1979, artigo 11: "[...] A fim de prevenir a discriminação contra a mulher em razão do casamento ou da maternidade e assegurar a realização de seu direito ao trabalho, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para: [...] (b) Proporcionar licença-maternidade com remuneração ou benefícios sociais comparáveis, sem perda do emprego anterior, a antiguidade ou os benefícios sociais [...].” Cf. OIT. Convenção sobre seguridade social (norma mínima), 1952 (No 102), artigos 49 e 50. Ademais, ver: OIT. A Estratégia de Desenvolvimento dos Sistemas de Seguridade Social da OIT. O Papel dos Pisos de Proteção Social na América Latina e no Caribe. Lima: OIT. Escritório Regional para a América Latina e o Caribe, 2014, p. 44; Comitê DESC. Comentário General No 19: O direito à seguridade social (artigo 9), E/C.12/GC/19, 4 de fevereiro de 2008, par. 18. Comitê DESC. Comentário Geral No 19: O direito à seguridade social (artigo 9), E/C.12/GC/19, 4 de fevereiro de 2008, par. 18. Cf. Comitê DESC. Comentário Geral No 19: O direito à seguridade social (artigo 9), E/C.12/GC/19, 4 de fevereiro de 2008, par. 18. Sobre a garantia desse benefício na região, ver: Conferência Interamericana de Seguridade Social. Inventário de programas de seguridade social: avanços da Convenção nº 102 da OIT nas instituições de seguridade social nas Américas, 2024, p. 160.

familiares que poderiam ser considerados parte do direito à seguridade social. 445 Concretamente, essa última prevê que os Estados devem estabelecer progressivamente licenças para o cuidado, remuneradas ou subsidiadas, que permitam que os trabalhadores com responsabilidades familiares contem com disponibilidade de tempo "quando [pessoas dependentes sob seus cuidados] requeira[m] cuidados pessoais e estiverem em uma situação de doença grave ou acidente grave, agudo ou com risco de vida; e em casos de tratamento ou doença crônica, independentemente de sua gravidade, quando a pessoa trabalhadora não tiver uma pessoa cuidadora substituta" 446, bem como licençaspaternidade irrenunciáveis, progressivamente equiparáveis às licenças-maternidade, licenças parentais e permissões para cuidar de filhos e filhas. 447 Na opinião da Corte, isso implica que as licenças concedidas pelo sistema de seguridade social não devem se restringir à gravidez e à amamentação, mas devem ser progressivamente ampliadas para cobrir outras dimensões do cuidado e beneficiar todas as pessoas com responsabilidades familiares. Nesse sentido, a Corte considera que, conforme reconhecido pela OIT, a licençapaternidade irrenunciável ou a licença parental compartilhada entre homens e mulheres nos períodos posteriores à licença-maternidade são fundamentais para avançar na distribuição igualitária dos encargos de cuidado, bem como para garantir adequadamente os direitos de ser cuidado e ao autocuidado. 448

254. Levando em conta o acima exposto, o Tribunal reitera que a licença-maternidade, outras licenças para cuidados e os benefícios familiares, como parte do direito à seguridade social, têm uma relação inseparável com o direito ao cuidado e, portanto, devem ser garantidos progressivamente. Benefícios monetários e de saúde no período do parto, pósparto e amamentação permitem que as mães cuidem de seus recém-nascidos nos primeiros meses de vida. Ademais, a licença-maternidade permite que as mães tenham tempo e recursos econômicos para recuperar seu estado integral de bem-estar após o parto e durante os primeiros meses do período de amamentação, tornando-se um mecanismo indispensável para garantir seu autocuidado no processo de adaptação física e mental que a maternidade acarreta. Nesse sentido, é fundamental considerar as condições particulares de saúde da mãe e do recém-nascido, por exemplo, no caso de bebês prematuros, para determinar a duração da licença, que, de qualquer forma, não deve ser inferior àquelas previstas nas normas internacionais do trabalho. 449 Ademais, tanto essa licença quanto os benefícios familiares para moradia ou alimentação são fundamentais para o direito de cuidar das pessoas com responsabilidades de cuidado com a infância, especialmente as mães, e para o direito de ser cuidado das crianças. Essas garantias não são exclusivas das pessoas trabalhadoras, devendo os Estados implementar medidas para que, progressivamente, sejam estendidas a todas as pessoas com responsabilidades de cuidado, por meio de

Cf. OIT. Recomendação sobre Emprego de Mulheres com Responsabilidades Familiares, 1965 (No 123); Recomendação sobre Trabalhadores com Responsabilidades Familiares, 1981 (No 165); CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 31. Cf. CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 31. Cf. XI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe, Consenso de Brasília, 2010, preâmbulo e ponto 1. Cf. OIT e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Trabalho decente e cuidado compartilhado: Rumo a uma proposta de paternidade, 2013, pp. 27 a 29. Ademais, ver: OIT. Recomendação sobre a Proteção da Maternidade, 2000 (No 191), par. 10.3, e Recomendação sobre Trabalhadores com Responsabilidades Familiares, 1981 (No 165), par. 22.1: "Durante um período imediatamente posterior à licença-maternidade, a mãe ou o pai deveria ter a possibilidade de obter uma licença (licença parental) sem perder seu emprego e conservando os direitos inerentes a ele.” Cf. OIT. Convenção sobre a Proteção da Maternidade, 2000 (No 183), artigo 6.7; Recomendação sobre a Proteção da Maternidade, 2000 (No 191). Ver: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6237 do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Relator Ministro Edson Fachin, decisão de 22 de outubro de 2022, publicada em 07 de novembro de 2022.

programas de assistência social vinculados aos seguros sociais ou aos sistemas de seguridade social. 450 Para tanto, em virtude do princípio da corresponsabilidade, os Estados poderão promover a colaboração de outros atores, como as famílias, a comunidade e o setor privado.

255. Adicionalmente, a Corte considera que os Estados devem avançar no sentido de reconhecer a licença-paternidade irrenunciável, a licença parental compartilhada, a licença para mães e pais adotivos e a licença remunerada ou subsidiada para cuidados familiares, o que permitiria o exercício do direito ao cuidado em todas as suas facetas. O Tribunal observa que a ampliação das licenças que possibilitem cuidar, e que ao mesmo tempo viabilizem o autocuidado em períodos distintos do parto, pós-parto e amamentação, é parte da garantia do direito ao cuidado e é essencial para o avanço na distribuição igualitária das responsabilidades de cuidado (pars. 146 a 149 supra). Ademais, os Estados devem garantir a adequação dessas licenças de cuidado para os vínculos familiares não tradicionais, como as famílias monoparentais ou as formadas por casais do mesmo sexo, de modo a assegurar que os direitos ao cuidado e à seguridade social sejam exercidos sem discriminação. 451 Igualmente, a Corte considera que os Estados devem implementar ações destinadas a estabelecer progressivamente benefícios familiares em seus sistemas de seguridade social, os quais, em virtude do princípio de solidariedade, contribuem para o exercício do trabalho de cuidado, em particular no que se refere a atividades de assistência em matéria de recreação e alimentação, para a infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

c. Benefícios monetários por idade, invalidez e morte e direito ao cuidado

256. O direito à seguridade social também está ligado ao direito ao cuidado por meio do fornecimento de benefícios monetários em razão da idade, da invalidez e por morte. A pensão por velhice e invalidez como um componente do direito à seguridade social está consagrada nos artigos XVI da Declaração Americana, 45.b) da Carta da OEA, 7 do Protocolo de San Salvador e 17 da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Por sua vez, a pensão por morte está consagrada no artigo 60 da Convenção 102 da OIT em favor da viúva, do viúvo ou dos filhos como consequência do falecimento do/da provedor(a) da família. Ademais, conforme explicado acima, a Corte considerou que o direito a uma pensão por idade está protegido pelo artigo XVI da Declaração Americana, pelo artigo 7 do Protocolo de San Salvador e pelo artigo 26 da Convenção Americana. Por sua vez, este Tribunal entende que a pensão em razão de aposentadoria busca satisfazer a necessidade de subsistência econômica que persiste para aqueles que pararam de trabalhar, quando a contingência é cumprida com base na sobrevivência além da idade prescrita. 452

Cf. Conselho de Direitos Humanos. Importância dos cuidados e do apoio a partir de uma perspectiva de direitos humanos, A/HRC/54/L.6/ReVs.1, 10 de outubro de 2023, par. 4, inciso b). Nesse sentido, a Corte observa que, como assinalou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, "“[é] possível que pessoas lésbicas, gays, bissexuais e trans tenham negado o acesso a benefícios que são assegurados a empregados heterossexuais — desde a licença parental ou familiar até a participação em planos de previdência e seguro de saúde.” Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Leis e práticas discriminatórias e atos de violência cometidos contra pessoas em razão de sua orientação sexual e identidade de gênero, A/HRC/19/41, 17 de novembro de 2011, par. 52. Igualmente, pesquisas têm demonstrado a existência de formas e grupos cuidadores adicionais que foram invisibilizados ou desconsiderados, em razão de lógicas heteronormativas que reconhecem apenas a família nuclear. Nesse sentido, identificam-se redes como as das comunidades afrodescendentes ou dos grupos de famílias escolhidas pela comunidade LGBTI. Além disso, veja-se: The Care Collective. O manifesto dos cuidados: A política da interdependência, Bellaterra, 2021, pp. 48 a 49. Cf. Caso Muelle Flores Vs. Peru, supra, par. 185.

257. Pois bem, no que se refere à garantia desses benefícios, o Tribunal observa que as Convenções 102 e 128 da OIT relacionam a garantia das pensões por velhice, invalidez e sobrevivência a períodos de qualificação nos quais se tenham realizado contribuições de 5 a 30 anos. 453 Por sua vez, preveem que as pessoas que não cumprirem o período de qualificação devem receber um benefício reduzido, de modo que os Estados garantam "segurança de uma renda básica para pessoas idosas, pelo menos equivalente a um nível mínimo definido nacionalmente". 454 No entanto, a Corte adverte que isso não significa que os benefícios pecuniários em razão da idade, da invalidez e por morte, como um componente do direito à seguridade social, sejam um direito exclusivo dos trabalhadores formais que fizeram o número mínimo de contribuições, pois o único mecanismo para garanti-los não é o esquema contributivo. 455 De fato, o Tribunal considera, como sustentou o Comitê DESC, que o direito aos benefícios em razão da idade, da invalidez e por morte deve ser concedido progressivamente a todas as pessoas no território de um Estado, por meio de um modelo que, entre outros, reconheça um componente contributivo e um componente de assistência social. 456

258. Em relação ao direito ao cuidado, e conforme desenvolvido anteriormente, os Estados devem implementar progressivamente medidas para que as pessoas trabalhadoras de cuidados remunerados e as pessoas que se dedicam às tarefas de cuidado não remuneradas tenham acesso ao sistema de seguridade social e recebam os benefícios derivados dos regimes contributivos e não contributivos, conforme o caso. Para esse fim, os Estados devem prever em sua legislação interna mecanismos para a transferência progressiva da economia informal para a economia formal e mecanismos para que as pessoas com formas atípicas de trabalho possam acessar o regime contributivo com as mesmas condições e

Cf. OIT. Convenção sobre Prestações de Invalidez, Velhice e Sobrevivência, 1967 (No 128), artigo 11: "1. A prestação mencionada no artigo 10 deverá ser garantida, no caso de ocorrência da contingência coberta, pelo menos: (a) à pessoa protegida que, antes da ocorrência da contingência, tenha cumprido, conforme regras prescritas, um período de qualificação que poderá ser de quinze anos de contribuição ou de emprego, ou de dez anos de residência; ou (b) quando, em princípio, todas as pessoas economicamente ativas estiverem protegidas, à pessoa protegida que, antes da ocorrência da contingência, tenha cumprido, conforme regras prescritas, um período de qualificação de três anos de contribuição e em cujo nome tenham sido pagas, durante o período ativo de sua vida, contribuições cujo valor médio anual ou número anual atinja um valor prescrito […]”; artigo 18: "1. A prestação mencionada no artigo 17 deverá ser garantida, no caso de ocorrência da contingência coberta, pelo menos: (a) à pessoa protegida que, antes da ocorrência da contingência, tenha cumprido, conforme regras prescritas, um período de qualificação que poderá ser de trinta anos de contribuição ou de emprego, ou de vinte anos de residência; ou (b) quando, em princípio, todas as pessoas economicamente ativas estiverem protegidas, à pessoa protegida que, antes da ocorrência da contingência, tenha cumprido um período de qualificação de contribuição prescrito e em cujo nome tenha sido pago, durante o período ativo de sua vida, o valor médio anual de contribuições prescrito [...]"; artigo 24: "1. A prestação mencionada no artigo 23 deverá ser garantida, no caso de ocorrência da contingência coberta, pelo menos: (a) à pessoa protegida cujo arrimo de família tenha cumprido, conforme regras prescritas, um período de qualificação que poderá ser de quinze anos de contribuição ou de emprego, ou de dez anos de residência. Contudo, no caso de prestação por sobrevivência destinada a viúva, o cumprimento, por ela própria, de um período prescrito de residência poderá ser considerado suficiente; (b) quando, em princípio, os cônjuges e filhos de todas as pessoas economicamente ativas estiverem protegidos, à pessoa protegida cujo arrimo de família tenha cumprido, conforme regras prescritas, um período de três anos de contribuição e em cujo nome tenham sido pagas, durante o período ativo de sua vida, contribuições cujo valor médio anual ou número anual atinja um valor prescrito [...].” Ademais, veja: OIT. Convenção sobre a seguridade social (normas mínimas), 1952 (nº 102), artigos 29, 57 e 63. OIT. Recomendação relativa aos Pisos de Proteção Social, 2012 (No 202), par. 5, inciso d). Ademais, ver: Convenção sobre a seguridad social (norma mínima), 1952 (No 102), artigo 29.1, e Convenção sobre Prestações de Invalidez, Velhice e Sobrevivência, 1967 (No 128), artigo 18.2. Cf. Comitê DESC. Comentário Geral No 19: O direito à seguridade social (artigo 9), E/C.12/GC/19, 4 de fevereiro de 2008, par. 23. Cf. Comitê DESC. Comentário Geral No 19: O direito à seguridade social (artigo 9), E/C.12/GC/19, 4 de fevereiro de 2008, par. 50.

benefícios que as pessoas que se encontram em relações de trabalho formais. 457 Isso se mostra fundamental para materializar o direito das pessoas ao cuidado e o direito à igualdade e a não discriminação, de modo que o exercício desse trabalho não constitua uma barreira ao acesso aos benefícios que lhes garantam um padrão de vida adequado em caso de contingências associadas à invalidez ou à velhice. Por sua vez, permite materializar o autocuidado das pessoas cuidadoras, pois, diante das necessidades de assistência decorrentes da invalidez ou da velhice, são as prestações do sistema de seguridade social que possibilitam às pessoas cuidadoras buscar, de forma direta, o maior grau possível de bem-estar.

259. Dessa forma, para os trabalhadores de cuidado remunerado, conforme mencionado (pars. 221, 222 e 226 supra), os Estados devem implementar medidas para garantir o acesso aos sistemas de seguridade social. Isso apesar de que, por se tratar de setores em que prevalece a informalidade e o trabalho domiciliar ou o trabalho em tempo parcial, as normas existentes não permitem que eles se incorporem ao regime contributivo. Por exemplo, os Estados poderiam permitir a afiliação de múltiplos empregadores para pessoas trabalhadoras domésticas ou enfermeiras, ou sistemas de contribuição parcial ou esporádica para trabalhadores informais. 458 Para esses fins, em virtude do princípio da corresponsabilidade, os Estados poderiam implementar mecanismos para regular a divisão de encargos com o setor privado.

260. Por outro lado, a Corte considera que os Estados devem implementar progressivamente medidas para que as pessoas que se dedicam ao trabalho de cuidado não remunerado possam ter acesso aos benefícios econômicos do sistema de seguridade social (par. 231 supra). 459 A esse respeito, o Comitê DESC sustentou que "[...] os Estados Partes devem prestar atenção às mulheres de idade avançada que, tendo dedicado toda ou parte de suas vidas a cuidar de suas famílias, sem ter exercido uma atividade produtiva que lhes desse direito a uma pensão por velhice, ou que também não têm direito a pensões para viúvas, encontram-se em situações críticas de desamparo". 460 Da mesma forma, a Perita Independente sobre o Gozo de todos os Direitos Humanos pelas Pessoas Idosas afirmou que "[...] [a] atribuição de créditos aos cuidadores informais no cálculo de sua pensão em razão de aposentadoria é uma forma de reconhecimento oficial do trabalho que realizam e

Cf. OIT. Recomendação sobre a transição da economia informal para a economia formal, 2015 (No 204), par. 11, inciso n). Cf. OIT. Convenção sobre as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, 2011 (No 189), artigo 14; Convenção sobre Pessoal de Enfermagem, 1977 (No 149), artigo 6 g); Convenção sobre Trabalho o Doméstico, 1996 (No 177), artigo 7; Recomendação sobre a transição da economia informal para a economia formal, 2015 (No 204), par. 11, inciso n). Ademais, ver: OIT. O trabalho doméstico remunerado na América Latina e no Caribe, 10 anos depois da Convenção No 189, 2021. Exemplos desses modelos: Congresso da Nação Argentina. Lei nº 26.844, Regime Especial de Contrato de Trabalho para o Pessoal de Casas Particulares, de 13 de março de 2013, artigo 1º; Congresso Nacional do Chile. Lei nº 21.269, de 11 de setembro de 2020, que incorpora os trabalhadores domésticos ao seguro-desemprego previsto na Lei nº 19.728, e Código do Trabalho, de 31 de julho de 2002, artigo 146; Presidente da República da Colômbia. Decreto nº 2616 de 2013, que regula a contribuição à seguridade social para trabalhadores dependentes que laboram por períodos inferiores a um mês, desenvolve o mecanismo financeiro e operacional previsto no artigo 172 da Lei nº 1450 de 2011 e estabelece disposições visando à formalização laboral de trabalhadores informais, artigo 3; Congresso Constitucional da República da Costa Rica. Código do Trabalho, Lei nº 2, de 26 de agosto de 1943, artigo 104; Congresso Nacional da República do Equador. Código do Trabalho, Codificação 2005-017, artigo 264; Congresso da República do Peru. Lei nº 31047, Lei das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos, de 30 de setembro de 2020, artigo 19; Congresso da Nação Paraguaia. Lei nº 5407 sobre o Trabalho Doméstico, de 17 de março de 2015, artigo 18. Cf. Grupo de Trabalho do Protocolo de San Salvador. Diretrizes para a elaboração de indicadores de progresso em matéria de DESC, OEA/Ser.D/XXVI.11, 2015, p. 39. Comitê DESC. Comentário Geral Nº 6: Os direitos econômicos, sociais e culturais das pessoas idosas, E/1996/22, 8 de dezembro de 1995, par. 20.

reduz o risco de pobreza ao chegar à velhice entre aqueles que cuidam de seus familiares". 461 Na mesma linha, a Lei Modelo Interamericana de Cuidados prevê que as pessoas que se dedicam ao trabalho de cuidado não remunerado devem ser "beneficiárias progressivas do sistema de seguridade social, de modo a que se compense o trabalho de cuidado não remunerado realizado ao longo de suas vidas e se garanta seu acesso a pensões de velhice dignas e suficientes". 462 Finalmente, a Corte observa que alguns dos Estados da região previram medidas como a compensação do tempo de contribuição por filhos e filhas, ou o reconhecimento de anos de compensação que beneficiam as pessoas que se dedicaram aos trabalhos de cuidado. 463

261. Adicionalmente, a Corte considera pertinente assinalar que o acesso aos sistemas de seguridade social, tanto contributivos como de assistência social, favorece a garantia dos direitos a ser cuidado e ao autocuidado. Com efeito, da relação existente entre o direito à seguridade social e o direito ao cuidado, depreende-se que as prestações pecuniárias, em particular as pensões por velhice, invalidez ou morte, são um mecanismo para assegurar que as crianças e adolescentes, as pessoas idosas e as pessoas com deficiência disponham de recursos suficientes para poder proporcionar a si mesmas condições de bem-estar, ou para cobrir o custo do trabalho de cuidado necessário em situações de dependência. 464 Nesse sentido, para crianças e adolescentes que perderam o sustento da família ou pessoas idosas e pessoas com deficiência que não podem trabalhar, os benefícios monetários do sistema de seguridade social são essenciais para promover o nível mais alto possível de independência. Adicionalmente, para essas pessoas, os sistemas de seguridade social poderiam incluir medidas para a prestação direta de cuidados, por exemplo, por meio de apoio domiciliar ou instituições de permanência temporal.

262. Por último, a Corte considera que os componentes dos direitos ao cuidado e à seguridade social descritos nesta seção devem ser garantidos sem discriminação, o que implica que os Estados devem adaptar sua legislação interna para reconhecer como

Conselho de Direitos Humanos. Relatório da Perita Independente sobre o gozo de todos os direitos humanos pelas pessoas idosas, A/HRC/33/44, 8 de julho de 2016, par. 40. CIM. Lei Modelo Interamericana de Cuidados, 2022, artigo 23.2. Cf. Congresso da Nação Argentina. Lei nº 24.241, Sistema Integrado de Aposentadorias e Pensões, de 18 de outubro de 1993, artigo 27 bis [o período da licença-maternidade é computado como tempo de contribuição]; Assembleia Legislativa Plurinacional da Bolívia. Lei nº 065 de 2010, artigos 77 e 78 [12 contribuições por filho, até o máximo de 36 períodos; redução de até três anos na idade para acesso à pensão solidária]; Câmara dos Deputados do Brasil, Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, artigo 29 [cinco anos de contribuição são automaticamente adicionados às mulheres para fins de aposentadoria]; Congresso da Colômbia, Lei nº 2381 de 2024, que institui o sistema de proteção social integral para a velhice, invalidez e morte de origem comum, e dá outras disposições, artigos 25 e 33 [Fundo solidário previdenciário para financiar contribuições de mulheres que exercem trabalhos de cuidado e redução de 50 semanas de contribuição para mulheres por cada filho nascido]; Congresso Nacional do Chile, Lei nº 20.255 de 2008, que estabelece a reforma previdenciária, artigo 75 [bonificação na aposentadoria para mulheres por cada filho nascido]; Assembleia Nacional da República do Equador, Lei Orgânica de Justiça Trabalhista e Reconhecimento do Trabalho Doméstico, de 15 de abril de 2015, artigo 66 [contribuições voluntárias para aposentadoria de trabalhadores não remunerados do lar, calculadas com base na renda familiar]; Assembleia Geral da República Oriental do Uruguai, Lei nº 18.395, de 24 de outubro de 2008, artigo 14 [um ano de serviço adicional computado para aposentadoria por cada filho nascido]. Cf. Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, 2015, artigo 17; Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, 1999, artigo III.

beneficiários os pais e mães adotivas e as pessoas com vínculos familiares não tradicionais, como as pessoas LGBTIQ+ e as pessoas em famílias monoparentais. 465

B.3 Conclusão: interdependência e indivisibilidade do direito à seguridade social e do direito ao cuidado

263. Em conclusão, o Tribunal entende que, à luz do disposto nos artigos 1.1, 24 e 26 da Convenção Americana, VII e XVI da Declaração Americana, 45.b) da Carta da OEA, 7, 9 e 15 do Protocolo de San Salvador, 17 da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas e 8.b) da Convenção de Belém do Pará, o direito ao cuidado e o direito à seguridade social possuem uma relação indiscutível de interdependência e indivisibilidade. Como consequência, os Estados devem implementar medidas para a garantia progressiva do direito à seguridade social em favor de todas as pessoas e, particularmente, das mulheres cuidadoras. O direito à seguridade social permite garantir o direito ao cuidado por meio da licença-maternidade e paternidade, das adaptações para a amamentação e dos benefícios familiares. Pelo exposto, os Estados devem garantir progressivamente a licença-maternidade e paternidade e os benefícios familiares que permitam: que mães e pais exerçam o direito de cuidar; que as crianças desfrutem do direito de serem cuidadas, mantendo um padrão de vida adequado durante os períodos essenciais para o seu desenvolvimento; e que as mães desfrutem do autocuidado, tanto durante o período da gravidez, quanto no parto e durante o período do pós-parto. Ademais, devem assegurar progressivamente benefícios por invalidez, velhice e morte que permitam garantir os direitos a cuidar e ao autocuidado das pessoas cuidadoras, evitando que fiquem desamparadas em caso de contingências de velhice ou invalidez que as impeçam de prover sua própria subsistência por terem dedicado suas vidas ao cuidado. Da mesma forma, a fim de garantir os direitos de ser cuidado e ao autocuidado, os Estados devem implementar progressivamente medidas para garantir que os benefícios econômicos da seguridade social sejam estendidos às pessoas que, devido à sua idade, saúde ou condição de deficiência, não possam produzir os recursos necessários para sua subsistência e tenham um grau de dependência em razão do qual requerem cuidados. Finalmente, todas as garantias descritas acima devem ser garantidas sem discriminação, o que implica fazer os ajustes necessários para estender a proteção a pais e mães adotivas e pessoas com vínculos familiares não tradicionais, como pessoas LGBTIQ+ e as pessoas em famílias monoparentais.

C. Obrigações dos Estados em matéria de cuidados à luz dos DESCA em relação ao direito à saúde

264. Nesta seção, a Corte responderá à pergunta sobre a relação entre o direito ao cuidado e o direito à saúde. Para tanto, em primeiro lugar, será apresentada a jurisprudência sobre a matéria. Posteriormente, será analisado o alcance do direito à saúde em relação às pessoas que cuidam, assim como a respeito das pessoas que recebem cuidados. Por último, será explicada a relação entre o direito ao autocuidado e o direito à saúde.

Cf. Caso Duque Vs. Colômbia, supra, par. 125. A esse respeito, relatórios publicados pela OIT indicaram que “[a]inda que muitas políticas estejam centradas no modelo da família nuclear, os lares monoparentais são numerosos e, na prática, as famílias ampliadas exercem um papel muito relevante, sendo que as redes de mulheres (avós, tias e outras mulheres do domicílio) desempenham papéis chave nas estratégias de cuidado. Ademais, um número crescente de pessoas do mesmo sexo se une em relações de coabitação ou casamento, o que desafia a base heteronormativa das famílias”. OIT. As pessoas trabalhadoras da América Latina com responsabilidades de cuidado: um olhar regional sobre a Convenção nº 156 (2024), p. 30. Ademais, ver: Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Leis e práticas discriminatórias e atos de violência cometidos contra pessoas em razão de sua orientação sexual e identidade de gênero, A/HRC/19/41, 17 de novembro de 2011, pars. 69 e 70.

C.1 O direito à saúde

265. A Corte reconheceu que a saúde é um direito humano fundamental e indispensável para o exercício adequado de outros direitos humanos, que está contido no artigo XI da Declaração Americana, no artigo 10 do Protocolo de San Salvador e no artigo 26 da Convenção Americana. Compreende o direito de toda pessoa a contar com um completo estado de bem-estar físico, mental e social resultante de um estilo de vida que permita alcançar um equilíbrio integral. 466 Nesse sentido, esse direito não protege as pessoas exclusivamente em relação a doenças, mas inclui o gozo do mais alto padrão de saúde possível, permitindo uma vida digna. 467 Essa concepção está refletida nos artigos 34.i e 34.l e 45 h) da Carta da OEA. 468 De fato, os artigos 34.i e 34.l estabelecem entre os objetivos básicos do desenvolvimento integral a "[d]efesa do potencial humano mediante extensão e aplicação dos modernos conhecimentos da ciência médica" e o estabelecimento de "[c]ondições urbanas que proporcionem oportunidades de vida sadia, produtiva e digna.” Por sua vez, o artigo 45 enfatiza que "o homem somente pode alcançar a plena realização de suas aspirações dentro de uma ordem social justa", razão pela qual os Estados concordam em dedicar esforços para a aplicação de princípios, entre eles o: "(h) [d]esenvolvimento e uma política eficiente de previdência social.” Assim, como foi assinalado em diversas sentências, a Corte reitera que existe uma referência com um grau de especificidade suficiente para derivar a existência do direito à saúde reconhecido pela Carta da OEA. 469

266. Com relação ao conteúdo e ao alcance do direito à saúde, o artigo XI da Declaração Americana estabelece que toda pessoa tem direito "a que sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e sociais relativas [...] [aos] cuidados médicos correspondentes ao nível

Cf. Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de setembro de 2015. Série C n° 298, pars. 172 a 174; Caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile, supra, pars. 100 a 116; Caso Cuscul Pivaral e outros Vs. Guatemala, supra, pars. 98 a 107; Caso Hernández e outros Vs. Argentina. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de novembro de 2019. Série C No 395, pars. 62 a 75; Caso Guachalá Chimbo e outros Vs. Equador, supra, pars. 96 a 16; Caso dos Mergulhadores Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras, supra, pars. 79 a 81; Caso Vera Rojas e outros Vs. Chile, supra, pars. 95 a 100; Caso Manuela e outros Vs. El Salvador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 2 de novembro de 2021. Série C No 441, pars. 182 a 186; Caso Valencia Campos e outros Vs. Bolivia, supra, pars. 232 a 235; Caso Brítez Arce e outros Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 16 de novembro de 2022. Série C No 474, pars.57 a 68; Caso Rodríguez Pacheco e outros Vs. Venezuela, supra, pars. 113 a 118; Caso Habitantes de La Oroya Vs. Peru, supra, pars. 130 a 134; Caso Povos Indígenas Tagaeri e Taromenane Vs. Equador. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de setembro de 2024. Série C No 537, par. 256; Caso Adolescentes Internados em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile, supra, par. 178, e Caso Beatriz e outros Vs. El Salvador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de novembro de 2024. Série C No 549, par. 120. Cf. Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, par. 172; e Caso Habitantes de La Oroya Vs. Peru, supra, pars. 130 a 133. Carta da OEA, 1948, artigo 34 "Os Estados membros convêm em que a igualdade de oportunidades, a eliminação da pobreza crítica e a distribuição equitativa da riqueza e da renda, bem como a plena participação de seus povos nas decisões relativas a seu próprio desenvolvimento, são, entre outros, objetivos básicos do desenvolvimento integral. Para alcançá-los convêm, da mesma forma, em dedicar seus maiores esforços à consecução das seguintes metas básicas: [...] (i) Defesa do potencial humano mediante extensão e aplicação dos modernos conhecimentos da ciência médica; [...] (l) Condições urbanas que proporcionem oportunidades de vida sadia, produtiva e digna", e artigo 45: "Os Estados Membros, convencidos de que o Homem somente pode alcançar a plena realização de suas aspirações dentro de uma ordem social justa, acompanhada de desenvolvimento econômico e de verdadeira paz, convêm em envidar os seus maiores esforços na aplicação dos seguintes princípios e mecanismos: [...] (h) Desenvolvimento de uma política eficiente de previdência social." Cf. Caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile, supra, par. 106, e Caso Beatriz Vs. El Salvador, supra, par. 120.

permitido pelos recursos públicos e os da coletividade". 470 Da mesma forma, o artigo 10 do Protocolo de San Salvador estabelece que toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social, e indica que a saúde é um bem público. 471 O mesmo artigo estabelece que, entre as medidas para garantir o direito à saúde, os Estados devem promover a "[t]otal imunização contra as principais doenças infecciosas", a "[p]revenção e [o] tratamento das doenças endêmicas, profissionais e de outra natureza" e a "[s]atisfação das necessidades de saúde dos grupos de mais alto risco e que, por sua situação de pobreza, sejam mais vulneráveis.” Da mesma forma, a Corte observa um amplo consenso na consolidação do direito à saúde, que é explicitamente reconhecido por diferentes instrumentos internacionais472, bem como nas constituições e leis internas dos Estados da região. 473

267. Com base no exposto, a Corte entende que a obrigação geral de proteger a saúde se traduz no dever do Estado de assegurar o acesso da população a serviços essenciais de saúde, garantindo atendimento médico eficaz e de qualidade, bem como de promover a melhoria das condições de saúde da população. 474 Esse direito abrange a assistência médica oportuna e adequada, de acordo com os princípios de disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade, cuja implementação dependerá das condições prevalecentes em cada Estado. 475 O cumprimento da obrigação do Estado de respeitar e garantir esse direito deverá dar atenção especial aos grupos vulneráveis e marginalizados, e deverá ser

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 1948, artigo XI. Cf. Protocolo de San Salvador, 1988, artigo 10.1 " Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. 2. A fim de tornar efetivo o direito à saúde, os Estados Partes comprometem se a reconhecer a saúde como bem público e, especialmente, a adotar as seguintes medidas para garantir este direito: a. Atendimento primário de saúde, entendendo se como tal a assistência médica essencial colocada ao alcance de todas as pessoas e famílias da comunidade; [e] b. A extensão dos benefícios dos serviços de saúde a todas as pessoas sujeitas à jurisdição do Estado.” Cf. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, artigo 25; Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966, artigo 12; Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 1965, artigo 5.e, inciso iv); Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 1979, artigo 12.1; Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, artigo 24.1; Convenção sobre a Proteção dos Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias, 1990, artigo 28; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006, artigo 25; Carta Social das Américas, 2012, artigo 17; Carta Social Europeia, 1961, artigo 11; Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, 1981, artigo 16; Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, 2015, artigo 19. Entre as normas constitucionais dos Estados Partes da Convenção Americana, veja: Constituição da Nação Argentina, Lei nº 24.430, de 15 de dezembro de 1994, artigo 42; Barbados (artigo 17.2.A); Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia, de 2009, artigo 35; Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, artigo 196; Constituição Política da República do Chile, de 17 de setembro de 2005, artigo 19.9; Constituição Política da República da Colômbia, de 20 de julho de 1991, artigo 49; Constituição Política da República da Costa Rica, de 7 de novembro de 1949, artigo 21, e Sala Constitucional da Corte Suprema de Justiça da Costa Rica, decisão nº 1915-92, de 22 de julho de 1992; Constituição da República do Equador, de 20 de outubro de 2008, artigo 32; Constituição da República de El Salvador, de 15 de dezembro de 1986, artigo 65; Constituição Política da República da Guatemala, de 31 de maio de 1985, artigos 93 e 94; Constituição Política da República do Haiti, de 1987, artigo 19; Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, de 1917, artigo 4º; Constituição Política da República da Nicarágua, de 2025, artigo 53; Constituição Política da República do Panamá, de 11 de outubro de 1972, artigo 109; Constituição da República do Paraguai, de 20 de junho de 1992, artigo 68; Constituição Política do Peru, de 1993, artigo 7º; Constituição Política da República Dominicana, de 27 de outubro de 2024, artigo 61; Constituição da República do Suriname, de 1987, artigo 36; Constituição da República Oriental do Uruguai, de 1967, artigo 44; e Constituição da República Bolivariana da Venezuela, de 30 de dezembro de 1999, artigo 83. Cf. Caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile, supra, par. 118; Caso Brítez Arce e outros Vs. Argentina, supra, par. 61; e Caso Habitantes de La Oroya Vs. Peru, supra, par. 134. Cf. Caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile, supra, pars. 120 e 121, e Caso Habitantes de La Oroya Vs. Peru, supra, par. 134.

realizado em conformidade com os recursos disponíveis de forma progressiva e a legislação nacional aplicável. 476

268. Este Tribunal se pronunciou sobre o direito à saúde, referindo-se, entre outros, à proteção devida a pessoas que sofrem de doenças graves, pessoas privadas de liberdade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e, em geral, pessoas em situação de vulnerabilidade. A Corte sustentou que, entre as obrigações do Estado em relação a esse direito, estão os deveres de: (a) regular e fiscalizar continuamente a prestação de serviços de saúde públicos e privados 477; (b) garantir as precondições necessárias para uma vida saudável, incluindo o acesso à alimentação, à água e a um meio ambiente saudável 478; c) adotar medidas para garantir o acesso a bens, serviços e informações de qualidade para a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a atenção e o apoio a doenças, especialmente aquelas de maior gravidade, como o HIV ou a tuberculose 479; d) implementar ações diferenciadas para pessoas em condições de vulnerabilidade, incluindo, entre outros, serviços de saúde adequados, especializados e diferenciados 480; e) acesso a informações precisas e oportunas sobre saúde reprodutiva e materna para as mulheres em período de gestação, parto e pós-parto, incluindo medidas para garantir o consentimento informado em relação a qualquer procedimento 481; f) atendimento gratuito e qualificado e protocolos de atendimento que incluam históricos médicos, diagnóstico rápido e traslado, quando necessário, para pessoas privadas de liberdade 482, e g) serviços sanitários de reabilitação e cuidados paliativos, levando em consideração as particularidades do tratamento médico que requerem as crianças que sofrem de deficiências ou doenças não frequentes. 483

C.2 Direitos das pessoas que cuidam em relação ao direito à saúde

269. A partir dos desenvolvimentos jurisprudenciais expostos acima de forma resumida, a Corte considera relevante referir-se, em primeiro lugar, à relação entre o direito à saúde e o direito a cuidar. 484 A esse respeito, a Corte observa que alguns dos trabalhos de cuidado está intimamente relacionado com a garantia do direito à saúde. De fato, o trabalho dos profissionais de saúde, em particular médicos e enfermeiros, é uma forma de trabalho de cuidado que visa promover e manter o bem-estar geral das pessoas, especialmente daquelas que se encontram com uma doença grave, crônica, incapacitante ou que

Cf. Caso Cuscul Pivaral e outros Vs. Guatemala, supra, par. 107, e Caso dos Habitantes de La Oroya Vs. Peru, supra, par. 134. Cf. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra, pars. 89 e 99; e Caso Rodríguez Pacheco e outra Vs. Venezuela, supra, par. 116. Cfr. Caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú, supra, par. 133. Ademais, ver: Comitê DESC, Comentário Geral No 14: O direito ao mais alto padrão possível de saúde (artigo 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), Doc. ONU E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, par. 4. Cf. Caso Cuscul Pivaral e outros Vs. Guatemala, supra, par. 114, e Caso Hernández Vs. Argentina, supra, par. 80. Cf. Caso Brítez Arce e outros Vs. Argentina, supra, par. 68, e Caso Povos Tagaeri e Taromenane Vs. Equador, supra, par. 258. Cf. Caso Brítez Arce e outros Vs. Argentina, supra, par. 73, e Caso Beatriz Vs. El Salvador, supra, par. 148. Cf. Parecer Consultivo OC-29/22, supra, par. 85, e Caso Adolescentes Internados em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile, supra, par. 180. Caso Vera Rojas e outros Vs. Chile, supra, par. 110. Cf. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 1948, artigo XI; Protocolo de San Salvador, 1988, artigo 10; Carta da OEA, 1948, artigos 34.i e 34.l.

comprometa a independência e que demande a prestação de cuidados. 485 Nesse sentido, os Estados devem assegurar que os serviços prestados nos estabelecimentos de saúde atendam aos padrões de qualidade e eficiência, para o que, entre outras medidas, devem promover condições de trabalho justas, equitativas e satisfatórias para os profissionais de saúde. Com esse propósito, os Estados devem implementar progressivamente medidas em favor desse grupo de trabalhadores, especialmente a respeito daqueles com vínculos de trabalho informais ou atípicos. 486

270. Ademais, o Tribunal nota que os Estados devem reconhecer o papel que cumprem as pessoas trabalhadoras que se dedicam ao trabalho de cuidado não remunerado, particularmente aqueles no âmbito doméstico, na garantia progressiva do direito à saúde e no aprimoramento das condições de saúde da população. 487 De fato, aqueles que estão encarregados do cuidado de pessoas doentes com alta precoce, hospitalizações em casa ou doenças crônicas são responsáveis por fases cruciais da recuperação e manutenção da saúde das pessoas sob seus cuidados. 488 Por isso, o Estado deve implementar ações que possibilitem que as pessoas encarregadas de trabalhos de cuidado tenham acesso a outros serviços a expensas do Estado, quando o cuidado exigir tarefas especializadas ou quando estas forem excessivamente demandantes, de modo que possam exercer adequadamente seus direitos de cuidar e ao autocuidado. 489

OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 174. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-decuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Cf. OIT. Convenção sobre o Pessoal de Enfermagem, 1977 (No 149); Recomendação sobre o Pessoal de Enfermagem, 1977 (No 157). A esse respeito, os relatórios da OIT dispõem que "[...] o trabalho decente no setor de saúde tem um duplo papel crucial a desempenhar no fortalecimento de resultados positivos: garantir a sustentabilidade da força de trabalho em saúde e a prestação de cuidados de qualidade. A melhoria do emprego e das condições de trabalho atrai e retém os profissionais de saúde, permitindo que eles desempenhem suas funções com mais eficiência. OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 178. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-de-cuidados-y-los-trabajadores-delcuidado-para-un-futuro-con. Ademais, ver: Melhoria do emprego e das condições de trabalho no âmbito dos serviços de saúde: Relatório para discussão na Reunião Tripartite sobre a Melhoria do Emprego e das Condições de Trabalho no âmbito dos Serviços de Saúde (Genebra, 24 a 28 de abril de 2017), Escritório Internacional do Trabalho, Genebra, OIT, 2017; Manual operativo do HealthWISE – Melhorias laborais nos serviços de saúde, Escritório Internacional do Trabalho, Genebra, 2014. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_dialogue/%40sector/documents/instru ctionalmaterial/wcms_604886.pdf; e OMS, Health workforce requirements for universal health coverage and the Sustainable Development Goals, 2016. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/250330/9789241511407-eng.pdf?sequence=1 . Cf. Organização Pan-Americana da Saúde. O trabalho não remunerado do cuidado da saúde: um olhar a partir da igualdade de gênero, 2020. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52207/9789275322307-spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y; OIT. O trabalho de cuidados e os trabalhadores do cuidado para um futuro com trabalho decente, Genebra, 2019, p. 179. Disponível em: https://www.ilo.org/es/publications/major-publications/el-trabajo-de-cuidadosy-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). A sociedade do cuidado: um horizonte para uma recuperação sustentável com igualdade de gênero (LC/CRM.15/3), Santiago, 2022, p. 118. Assim foi reconhecido em alguns países da região, por exemplo, no Chile, por meio do Programa de Pagamento a Cuidadores de Pessoas com Deficiência (estipêndio) [Presidenta da República do Chile. Decreto nº 28, aprova regulamento para a execução da dotação “Programa Pagamento a Cuidadores de Pessoas com Deficiência”, estabelecida na parte 21, capítulo 01, programa 01, subtítulo 24, item 03, dotação 352, glosa nº 14, da Lei nº 20.882 de Orçamento do Setor Público, correspondente ao ano de 2016, de 9 de setembro de 2016]; na Argentina, mediante o Programa Nacional de Cuidadores Domiciliares [Ministério do Desenvolvimento Social da República Argentina. Resolução nº 1120/02, Programa Nacional de Cuidados Domiciliares, de 5 de setembro de 2002]; e no Uruguai, com o Sistema Nacional Integrado de Cuidados [Assembleia Geral da República Oriental do Uruguai. Lei nº 19.353, Sistema Nacional Integrado de Cuidados, de 27 de novembro de 2015]. Por sua vez, isso também foi determinado pela Corte Constitucional da Colômbia,

271. Por outro lado, o Tribunal nota que os altos níveis de informalidade e invisibilidade com os quais o trabalho de cuidado é realizado - particularmente o trabalho de cuidado não remunerado - podem representar um risco para a saúde física e mental das pessoas que cuidam, fenômeno este que afeta as mulheres de forma diferenciada. 490 Esses riscos não estão relacionados apenas à natureza da atividade, que às vezes pode envolver a exposição a vírus ou doenças potencialmente contagiosos e ao manuseio de substâncias perigosas. Também estão relacionados às condições em que é realizada: longas jornadas de trabalho, sem períodos de descanso e em condições precárias de infraestrutura, o que afeta não apenas o direito a cuidar, mas também o direito ao autocuidado das pessoas cuidadoras. 491 Nesse sentido, a Corte recorda que o artigo 10.a) do Protocolo de San Salvador estabelece que a atenção primária à saúde deve estar disponível para todas as pessoas e, por sua vez, dispõe que os Estados devem estender os benefícios dos serviços de saúde a todos os indivíduos. 492 Isso implica, em relação ao direito de cuidar, que os Estados devem implementar ações para garantir o direito à saúde das pessoas que atendem. 493 Isso inclui o acesso progressivo aos sistemas de seguridade social e a implementação de sistemas integrais de cuidado, para que essas pessoas tenham tempo, espaço e recursos que lhes permitam alcançar seu pleno bem-estar físico, mental, emocional, espiritual e cultural. 494

C.3 Direitos das pessoas que recebem cuidados em relação ao direito à saúde

272. Conforme assinalado anteriormente (par. 116 supra), o direito de ser cuidado inclui o direito das pessoas que possuem algum grau de dependência de receber cuidados de qualidade, suficientes e adequados para viver com dignidade. Nesse sentido, esse componente do direito ao cuidado está relacionado ao direito à saúde, uma vez que a satisfação das necessidades de cuidado é indispensável para alcançar o bem-estar integral

na sentença T-015/21 de 20 de janeiro de 2021, e pela Suprema Corte de Justiça da Nação do México, na sentença de amparo direto 6/2023 de 18 de outubro de 2023. Cf. Comitê DESC. Comentário Geral No 16: A igualdade de direitos de homens e mulheres ao gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais (artigo 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), E/C.12/2005/4, 11 de agosto de 2005, par. 29. Cf. Relatora especial sobre a extrema pobreza e os direitos humanos. A extrema pobreza e os direitos humanos, A/68/293, 9 de agosto de 2013, pars. 43 e 44. Em relação aos riscos que implicam as tarefas domésticas em algumas regiões do mundo, ver: ONU Mulheres. Tornar as promessas realidade: a igualdade de gênero na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, 2018, p. 230. Disponível em: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/ar/ba186b687705d29dcebc2ab31426e6d152c 3a3aaa248a07f1529b216bb3880f1.PDF; Grupo de Trabalho Regional sobre Gênero e Meio Ambiente do Fórum de Ministros e Ministras do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe. Gênero e meio ambiente: uma análise preliminar das lacunas e oportunidades na América Latina e no Caribe. XXII Reunião do Fórum de Ministros do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe, 29 de janeiro de 2021, pp. 40 e 41. Cf. Caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile, supra, pars. 120 e 121, e Caso dos Habitantes de La Oroya Vs. Peru, supra, par. 134. Ademais, ver: Comitê DESC, Comentário Geral No 14: O direito ao mais alto padrão possível de saúde (artigo 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), Doc. ONU E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, par. 12, e Grupo de Trabalho sobre o Protocolo de San Salvador, Indicadores de progresso para medição de direitos contemplados no Protocolo de San Salvador, OEA/Ser.L/XXV.2.1; GT/PSS/doc.2/11 reVs.2, 16 de dezembro de 2011, pp. 44 e 45. Disponível em: https://www.oas.org/en/sedi/pub/indicadores_progreso.pdf. Cf. OMS. Código de Prática Global da OMS sobre Recrutamento de Pessoal de Saúde: segunda rodada de apresentação de relatórios nacionais, A69/37 Add.1, 29 de abril de 2016; Fourth Global Forum on Human Resources for Health. Dublin Declaration on Human Resources for Health: Building the Health Workforce of the Future, WHO, 2017. Cf. OIT. Convenção sobre a Seguridade Social (norma mínima), 1952 (No 102), artigo 7; Convenção sobre Trabalhadores com Responsabilidades Familiares, 1981 (No 156), artigo 5.b).

e garantir a saúde física e mental. 495 Da mesma forma, a assistência médica integral e o acesso a tratamento médico em caso de doença fazem parte das necessidades de cuidado das pessoas, especialmente daquelas com alguma condição de dependência. Esses cuidados devem sempre ser prestados respeitando a autonomia da pessoa requer cuidados e promovendo o máximo exercício possível de seu autocuidado.

273. Sobre esse aspecto, o artigo 10.f) do Protocolo de San Salvador estabelece como um componente do direito à saúde a obrigação dos Estados de satisfazer "[...] as necessidades de saúde dos grupos de mais alto risco.” Ademais, o artigo 17.a) dispõe que os Estados devem "[p]roporcionar instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada, às pessoas de idade avançada que careçam delas e não estejam em condições de provê-las por seus próprios meios.” Por sua vez, o artigo 12.b) da Convenção Interamericana para a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos estabelece que os sistemas de atenção devem "[i]ncentivar que esses serviços contem com pessoal especializado que possa oferecer uma atenção adequada e integral e prevenir ações ou práticas que possam produzir dano ou agravar a condição existente.” No mesmo sentido, a Corte considerou que os Estados devem implementar ações diferenciadas para garantir o direito à saúde das pessoas em condições de vulnerabilidade, o que inclui, entre outros, serviços de saúde adequados, especializados e diferenciados para crianças, pessoas com deficiência e mulheres, especialmente no período de gravidez, parto e pós-parto. 496

274. A Corte observa que a qualidade dos serviços de saúde contribui para a garantia do direito de ser cuidado, na medida em que as pessoas podem estar em uma condição em que seu cuidado requer atenção médica e serviços de saúde física ou mental. Por essa razão, a Corte considera que os Estados devem assegurar que os serviços de saúde sejam culturalmente aceitáveis e científica e medicamente apropriados 497 como forma de garantir tanto o direito à saúde quanto os direitos de ser cuidado e ao autocuidado. Para tanto, a equipe médica deve ser capacitada, os medicamentos e equipamentos devem ser aprovados cientificamente e deve haver acesso a água potável e condições sanitárias adequadas. 498 Da mesma forma, conforme assinalado pela jurisprudência desta Corte, a prestação de serviços de saúde deve ser regulada, supervisionada e fiscalizada 499, entre outros, para assegurar que se adeque às necessidades do cuidado. Ademais, a Corte considera que a garantia de qualidade e disponibilidade de serviços de saúde em relação ao direito de ser cuidado exige que os Estados implementem ações para assegurar que as pessoas que necessitam de cuidados tenham acesso a serviços de atenção primária, prevenção de doenças, diagnóstico e tratamento, entre outros, por meio do sistema de seguridade social. 500 Isso também inclui cuidados paliativos para pessoas com doenças terminais, que

Cf. Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, pars. 172 a 174, e Caso dos Habitantes de La Oroya Vs. Peru, supra, pars. 130 a 134. Cf. Caso Cuscul Pivaral e outros Vs. Guatemala, supra, par. 114, e Caso Beatriz e outros Vs. El Salvador, supra, par. 125. Cf. Assunto Membros dos povos indígenas Yanomami, Ye’kwana e Munduruku em relação ao Brasil. Adoção de medidas provisórias. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 1º de julho de 2022, ponto resolutivo 1. Cf. Comitê DESC, Comentário Geral No 14: O direito ao mais alto padrão possível de saúde (artigo 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), Doc. ONU E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, par. 12, inciso d). Cf. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, supra, pars. 89 e 99, e Caso Rodríguez Pacheco e outros Vs. Venezuela, supra, par. 116. Cf. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 1948, artigo XVI; Protocolo de San Salvador, 1988, artigo 9; Carta da OEA, 1948, artigos 3.j), 45.b e h, e 46; OIT. Convenção sobre a Seguridade

incluem apoio espiritual, emocional e psicossocial relacionado ao enfrentamento da doença, da morte, e da dor física. 501 Ademais, tudo o que foi mencionado acima implica a implementação de ações relativas a serviços de saúde prestados em instituições públicas ou privadas, bem como aqueles prestados exclusivamente no âmbito doméstico.

C.4 O direito ao autocuidado e o direito à saúde

275. Segundo explicado (par. 118 supra), o Tribunal entende o autocuidado é o direito daqueles que cuidam e dos que são cuidados de buscar seu próprio bem-estar e de atender às suas necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais e culturais. Nesse sentido, a Corte considera que o exercício do autocuidado está intimamente relacionado ao direito à saúde. Essas ações são, antes de tudo, pessoais, pois cabe a cada indivíduo cuidar de seu próprio bem-estar, mas também são de responsabilidade do Estado.

276. A inter-relação entre o direito à saúde e o direito ao autocuidado permite que a Corte aponte para a importância de promover serviços de saúde abrangentes e centrados nas pessoas. A esse respeito, as diretrizes da OMS sobre intervenções de autocuidado para a saúde e o bem-estar afirmam que "[a] abordagem centrada nas pessoas [...] vê as pessoas como participantes ativos e beneficiários de sistemas de saúde confiáveis que respondem às suas necessidades e preferências de maneira humana e holística". 502 Isso implica que a assistência médica não se limita ao tratamento de doenças ou condições específicas, mas que medidas devem ser implementadas para garantir progressivamente o acesso a serviços de saúde preventiva, inclusive saúde sexual e reprodutiva, saúde mental, práticas nutricionais saudáveis e atividade física. 503 A esse respeito, a Corte observa que o artigo 10.e) do Protocolo de San Salvador estabelece que a educação da população sobre a prevenção e o tratamento de doenças é um componente do direito à saúde e que este, por sua vez, está estreitamente vinculado à noção de autocuidado. 504

277. Sobre esse ponto, a Corte recorda que os Estados devem adotar medidas para garantir o acesso a bens, serviços e informações de qualidade para a prevenção, diagnóstico, tratamento, cuidado e apoio de doenças, especialmente aquelas de maior gravidade, como o HIV ou a tuberculose. 505 Ademais, para garantir o direito à saúde, os Estados devem fornecer acesso a informações precisas e oportunas, especialmente sobre saúde

Social (norma mínima), 1952 (No 102), artigo 7, e Convenção sobre Trabalhadores com Responsabilidades Familiares, 1981 (No 156), artigo 5.b). Cf. Primeira Reunião da Conferência Regional sobre População e Desenvolvimento na América Latina e no Caribe, Consenso de Montevidéu sobre População e Desenvolvimento, 2013, medidas prioritárias C.23, C.29 e C.31; Conselho Econômico e Social. Relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, E/2012/51, 20 de abril de 2012, par. 54. Cf. Organização Pan-Americana da Saúde. Diretrizes da OMS sobre intervenções de autocuidado para a saúde e o bem-estar. Washington, DC: OPAS; 2022. Disponível em: https://doi.org/10.37774/9789275326275, p. 17. Cf. Organização Pan-Americana da Saúde. Diretrizes da OMS sobre intervenções de autocuidado para a saúde e o bem-estar. Washington, DC: OPAS; 2022. Disponível em: https://doi.org/10.37774/9789275326275, p. 17. Ademais, ver: Conselho de Direitos Humanos. Resolução 43/13: Saúde Mental e Direitos Humanos, A/HRC/RES/43/13, 1 de julho de 2020, par. 7; Conferência Regional para a Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas, Princípios Orientadores para o Desenvolvimento da Atenção à Saúde Mental nas Américas, 2005. Mutatis mutandis, Comitê DESC, Comentário Geral No 14: O direito ao mais alto padrão possível de saúde (artigo 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), Doc. ONU E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, par. 17. Cf. Caso Cuscul Pivaral e outros Vs. Guatemala, supra, par. 114, e Caso Hernández Vs. Argentina, supra, par. 80.

reprodutiva, a todas as pessoas em idade reprodutiva, incluindo saúde materna para mulheres em gestação, parto e pós-parto 506, e devem garantir que o consentimento prévio, livre e informado seja obtido dos pacientes antes da realização de qualquer ato médico. 507 A Corte observa que a garantia desses componentes do direito à saúde, por sua vez, permite o exercício adequado do autocuidado, uma vez que o acesso à informação, para a prevenção e o tratamento de doenças, bem como a disponibilidade de recursos, que possibilitam a implementação de práticas saudáveis, são um meio para que as pessoas incorporem livremente, sob orientação médica, estratégias que as ajudem a obter seu próprio bem-estar integral. Isso é particularmente relevante e deve ser adaptado às necessidades específicas de pessoas em situações de vulnerabilidade, como pessoas LGBTIQ+, mulheres migrantes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, que, devido a práticas de discriminação estrutural, sofrem de problemas de saúde física e mental e têm dificuldades para acessar o sistema de saúde ou para ter sua autonomia respeitada no âmbito dos procedimentos médicos. 508

C.5 Conclusão: interdependência e indivisibilidade do direito à saúde e do direito ao cuidado

278. Em conclusão, o Tribunal constata que, de acordo com os artigos 1.1, 24 e 26 da Convenção Americana, os artigos 34.i e 34.l da Carta da OEA, o artigo XI da Declaração Americana, os artigos 10 e 17 do Protocolo de San Salvador e os artigos 12 e 19 da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, o direito ao cuidado e o direito à saúde têm uma clara relação de interdependência e indivisibilidade. Na dimensão de cuidar, os Estados devem reconhecer o papel central desempenhado pelas pessoas envolvidas no trabalho de cuidado remunerado e não remunerado na garantia do direito à saúde, bem como implementar medidas para garantir seus direitos, considerando os riscos à saúde que esse trabalho acarreta. Da mesma forma, em relação ao direito de ser cuidado, os Estados devem implementar medidas para garantir progressivamente a qualidade, a disponibilidade e a adaptabilidade dos serviços de saúde para pessoas com algum grau de dependência, levando em conta que esse é um componente central de seu bem-estar integral e respeitando sua autonomia. Por fim, com relação ao direito ao autocuidado, os Estados devem garantir a disponibilidade e o acesso progressivo a serviços de saúde que permitam a todas as pessoas buscar atendimento de saúde formal, tanto para a prevenção quanto para o tratamento de doenças, e participar ativamente do processo de atenção médica que tenha implicações para seu bem-estar individual.

D. Obrigações dos Estados em matéria de cuidados à luz dos DESCA em relação ao direito à educação

279. Nesta seção, a Corte responderá à pergunta sobre a relação entre o direito ao cuidado e o direito à educação. Para tanto, em primeiro lugar, será feita referência à jurisprudência deste Tribunal com relação ao direito à educação. Posteriormente, será analisado o alcance do direito à educação em relação aos direitos das pessoas que cuidam, assim como a respeito das pessoas que recebem cuidados. Por último, será apresentada a relação desse direito com o direito ao autocuidado.

Cf. Caso Brítez Arce e outros Vs. Argentina, supra, par. 73, e Caso Rodríguez Pacheco e outra Vs. Venezuela, supra, par. 101. Cf. Caso I.V. Vs. Bolívia, supra, par. 165, e Caso Povos Indígenas Tagaeri e Taromenane Vs. Equador, supra, par. 436. Cf. ONU e OMS. Declaração Conjunta sobre a Eliminação da Discriminação nos Ambientes de Atenção à Saúde, OMS/FWC/GER/17.4, 9 de agosto de 2017.

D.1 O direito à educação

280. O direito à educação está contido no artigo XII da Declaração Americana, no artigo 13 do Protocolo de San Salvador e no artigo 26 da Convenção. Compreende o direito de adquirir conhecimentos voltados para o pleno desenvolvimento da personalidade humana, bem como para a participação efetiva em uma sociedade democrática e pluralista. 509 Ademais, o Protocolo estabelece que a educação é um meio indispensável para a garantia de outros direitos e, portanto, os Estados são obrigados a garantir a educação primária gratuita e obrigatória e a educação secundária e superior generalizada, acessível e progressivamente gratuita, assim como a promover a educação básica para as pessoas que não tenham tido acesso à educação primária. 510

281. Ademais, o Tribunal indicou que o direito à educação é protegido pela Carta da Organização dos Estados Americanos 511, cujo artigo 49 contempla o "direito à educação.” Tal disposição estabelece o compromisso dos Estados de empreender “os maiores esforços para assegurar [...] o exercício efetivo do direito à educação”, sobre “bases” que implicam: a) no que se refere ao “ensino primário”: i.- a obrigatoriedade para a população em idade escolar; ii.- que se “ofereça” a outras pessoas “que possam dela se beneficiar”, y iii.- a gratuidade quando ministrada pelo Estado; b) quanto ao “ensino médio”: i.- extensão progressiva a maior parte possível da população, com base em um critério de promoção social, e ii.- diversificação de forma a atender às necessidades do desenvolvimento de cada país, sem prejuízo da formação geral dos educandos; e c) no que diz respeito à “educação de grau superior”, que está “aberta a todos”, desde que “e cumpram as normas regulamentares ou acadêmicas respectivas.” Também são relevantes os artigos 3.n, 31, 34.h, 47, 48, 50, 51 e 52 da Carta. Ademais, a Corte observa um amplo consenso quanto à consolidação do direito à educação, o qual se encontra reconhecido explicitamente por

Cf. Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, par. 234, e Caso Guzmán Albarracín e outros Vs. Equador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de junho de 2020. Série C No 405, par. 117. Protocolo de San Salvador, 1988, artigo 13 “1. Toda pessoa tem direito à educação. 2. Os Estados Partes neste Protocolo convêm em que a educação deverá orientar se para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e deverá fortalecer o respeito pelos direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz. Convêm, também, em que a educação deve capacitar todas as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista, conseguir uma subsistência digna, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades em prol da manutenção da paz. 3 - Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem que, a fim de conseguir o pleno exercício do direito à educação: a. O ensino de primeiro grau deve ser obrigatório e acessível a todos gratuitamente; b. O ensino de segundo grau, em suas diferentes formas, inclusive o ensino técnico e profissional de segundo grau, deve ser generalizado e tornar-se acessível a todos, pelos meios que forem apropriados e, especialmente, pela implantação progressiva do ensino gratuito; c. O ensino superior deve tornar se igualmente acessível a todos, de acordo com a capacidade de cada um, pelos meios que forem apropriados e, especialmente, pela implantação progressiva do ensino gratuito; d. Deve se promover ou intensificar, na medida do possível, o ensino básico para as pessoas que não tiverem recebido ou terminado o ciclo completo de instrução do primeiro grau; e. Deverão ser estabelecidos programas de ensino diferenciado para os deficientes, a fim de proporcionar instrução especial e formação a pessoas com impedimentos físicos ou deficiência mental. 4 - De acordo com a legislação interna dos Estados Partes, os pais terão direito a escolher o tipo de educação a ser dada aos seus filhos, desde que esteja de acordo com os princípios enunciados acima. 5. Nada do disposto neste Protocolo poderá ser interpretado como restrição da liberdade dos particulares e entidades de estabelecer e dirigir instituições de ensino, de acordo com a legislação interna dos Estados Partes.” Cf. Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, nota de rodapé 264, e Caso Adolescentes Internados em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile, supra, par. 160.

diversos instrumentos internacionais 512, bem como pelas constituições e leis internas dos Estados da região. 513

282. Este Tribunal se pronunciou sobre o direito à educação no exercício de sua competência contenciosa, em casos relacionados a crianças e adolescentes. A esse respeito, a Corte indicou que, "entre as medidas especiais de proteção da infância e entre os direitos reconhecidos a ela no artigo 19 da Convenção Americana, destaca-se o direito à educação, que favorece a possibilidade de desfrutar de uma vida digna e contribui para evitar situações desfavoráveis para o menor e para a própria sociedade". 514 Especificamente, o Tribunal considerou que, entre as obrigações do Estado em relação a esse direito, encontram-se os deveres de: a) eliminar barreiras ao acesso à educação, especialmente para crianças que sofrem de doenças graves como o HIV ou que têm deficiências, e erradicar considerações baseadas em estereótipos ao determinar seu acesso a instituições educacionais 515; b) adotar ações adequadas para prevenir violações de direitos humanos durante o processo educacional de meninas e meninos, observando particularmente a gravidade e as especificidades da violência de gênero, da violência sexual e da violência contra a mulher 516, e c) oferecer educação primária gratuita a todos os menores de idade que se encontram em seu território, em um ambiente e condições propícias ao seu pleno desenvolvimento intelectual, e com as adaptações necessárias para tornar a educação aceitável, tanto de uma perspectiva étnica diferenciada, quanto em contextos de institucionalização. 517

D.2 Direitos das pessoas que cuidam em relação ao direito à educação

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, artigo 26; Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966, artigos 13 e 14; Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 1965, artigo 5.e, inciso v); Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 1979, artigos 10, 14.2, inciso d), 16.1, inciso e); Convenção sobre os Direitos da Criança, 1989, artigo 28; Convenção sobre a Proteção dos Trabalhadores Migrantes e de seus Familiares, 1990, artigos 12.4 e 30; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006, artigos 16.2, 23.1, inciso b), 24; Carta Social das Américas, 2012, artigo 19; Carta Social Europeia, 1961, artigos 7.1 e 17; Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, 1981, artigo 17.1; e Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, 2015, artigo 20. Entre as normas constitucionais dos Estados Partes da Convenção Americana, ver: Constituição da Nação Argentina, Lei No. 24.430, 15 de dezembro de 1994, artigo 14; Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia, 2009, artigo 17; Constituição da República Federativa do Brasil, 5 de outubro de 1988, artigos 6 e 205; Constituição Política da República do Chile, 17 de setembro de 2005, artigo 19.10; Constituição Política da República da Colômbia, 20 de julho de 1991, artigos 44 e 67; Constituição Política da República da Costa Rica, 7 de novembro de 1949, artigos 77 e 78; Constituição da República do Equador, 20 de outubro de 2008, artigos 3.1 e 26; Constituição da República de El Salvador, 15 de dezembro de 1986, artigos 35 e 53; Constituição Política da República da Guatemala, 31 de maio de 1985, artigo 71; Constituição Política da República do Haiti, 1987, artigo 22 e 32; Constituição Política dos Estados Mexicanos, 1917, artigo 3; Constituição Política da República da Nicarágua, 2025, artigo 58; Constituição Política da República do Panamá, 11 de outubro de 1972, artigo 91; Constituição da República do Paraguai, 20 de junho de 1992, artigo 73; Constituição Política do Peru, 1993, artigo 13; Constituição Política da República Dominicana, 27 de outubro de 2024, artigo 63; Constituição da República do Suriname, 1987, artigo 38; Constituição da República Oriental do Uruguai, 1967, artigos 41 e 71, e Constituição da República Bolivariana da Venezuela, 30 de dezembro de 1999, artigo 102. Parecer Consultivo OC-17/02, supra, par. 84, e Caso dos Caso Adolescentes Internados em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile, supra, par. 164. Cf. Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, pars. 266 a 274. Cf. Caso Guzmán Albarracín e outros Vs. Equador, supra, par. 118. Caso das meninas Yean e Bosico Vs. República Dominicana. Sentença de 8 de setembro de 2005. Série C No 130, par. 185; Caso Comunidade Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguai. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de agosto de 2010. Série C No 214, par. 211; Caso "Instituto de Reeducação do Menor" Vs. Paraguai, supra, par. 174, e Caso Adolescentes Internados em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile, supra, par. 164.

283. Em relação ao acesso à educação das pessoas que cuidam, a Corte considera pertinente recordar que, a partir da interpretação conjunta dos artigos 1.1, 24 e 26 da Convenção Americana, do artigo XII da Declaração Americana, do artigo 13 do Protocolo de San Salvador e dos artigos 49 e 50 da Carta da OEA, o direito à educação deve ser garantido a todas as pessoas sem discriminação. Nesse sentido, a Declaração Americana estabelece que "[o] direito à educação compreende o de igualdade de oportunidade em todos os casos" e que toda pessoa tem direito à educação para " subsistir de uma maneira digna, para melhorar o seu nível de vida" 518, o que implica a obrigação do Estado de implementar ações para remover barreiras que impeçam determinados grupos ou pessoas de exercer esse direito. 519 Isso é particularmente relevante considerando que, como esta Corte afirmou, a educação é um mecanismo para o exercício de outros direitos. 520 Ademais, como afirmou o Comitê DESC, "[...] é o principal meio pelo qual adultos e crianças marginalizados econômica e socialmente podem sair da pobreza e participar plenamente de suas comunidades". 521

284. Nesse sentido, a Corte nota que vários organismos concordam que o trabalho de cuidado não remunerado tem um impacto sobre o gozo do direito à educação de meninas e mulheres. 522 De fato, conforme explicado (par. 138 supra), devido aos estereótipos arraigados sobre o papel da mulher no lar e na família, as mulheres e meninas às vezes não têm tempo ou autonomia para priorizar o exercício do seu direito à educação em detrimento do exercício do trabalho de cuidado. 523 Isso aprofunda os ciclos de dependência econômica, reduz as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho e contribui para explicar os ciclos de feminização da pobreza. 524 Consequentemente, o Tribunal considera que os Estados têm a obrigação de implementar medidas para eliminar as barreiras, por exemplo, por meio de campanhas de conscientização para que as famílias desistam do tratamento diferenciado entre filhos e filhas, e de oferecer medidas de segurança para o acesso das meninas à educação. 525 Ademais, o Tribunal adverte que os Estados devem garantir que o trabalho doméstico não impeça a escolarização, entre outras coisas, promovendo a corresponsabilidade no trabalho de cuidado entre homens e mulheres, e a provisão

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 1948, artigo XII. Cf. Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, pars. 266 a 274. Ademais, ver: Caso Furlan e familiares Vs. Argentina, supra, par. 267, e Parecer Consultivo OC-29/22, supra, par. 59. Cf. Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, par. 234. Cf. Comitê DESC. Comentário Geral No 13: Aplicação do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, E/C.12/1999/10, 8 de dezembro de 1999, par. 1. Cf. Comitê da CEDAW. Recomendação Geral No 37 (2018) sobre as dimensões de gênero da redução do risco de desastres no contexto das mudanças climáticas, CEDAW/C/GC/37, 13 de março de 2018, par. 62; Comitê DESC. Relatório sobre o 66º período de sessões da Comissão sobre a Situação Jurídica e Social da Mulher, Conclusões acordadas, E/2022/27 E/CN.6/2022/16, 2022, par. 47; Comitê DESC. Comentário Geral Nº 16: A igualdade de direitos entre o homem e a mulher no gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais (artigo 3º do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), E/C.12/2005/4, 11 de agosto de 2005, par. 30; CIDH. O trabalho, a educação e os recursos das mulheres: O caminho para a igualdade na garantia dos direitos econômicos, sociais e culturais, OEA/Ser. L/V/II.143 Doc. 59, 3 de novembro de 2011, par. 203. Cf. Relatora Especial sobre a extrema pobreza e os direitos humanos. A extrema pobreza e os direitos humanos, A/68/293, 9 de agosto de 2013, par. 39. Cf. Relatora Especial sobre a extrema pobreza e os direitos humanos. A extrema pobreza e os direitos humanos, A/68/293, 9 de agosto de 2013, par. 39, e Comitê DESC. Comentário Geral No 13: Implementação do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, E/C.12/1999/10, 8 de dezembro de 1999, pars. 1, 26, 29 e 30. Cf. Comitê DESC. Comentário Geral No 16: A igualdade de direitos de homens e mulheres ao gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais (artigo 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), E/C.12/2005/4, 11 de agosto de 2005, par. 30.

progressiva de serviços sociais ou de infraestrutura de apoio que reduza o tempo que as mulheres e meninas devem dedicar a esse trabalho. 526

285. Além do exposto, o Tribunal adverte que as mulheres com maternidade precoce ou adolescente sofrem em maior medida os efeitos da carga de cuidados em detrimento de seu direito à educação, de modo que os Estados devem implementar ações especiais para garantir o gozo de seus direitos. 527 Nesse sentido, a Corte nota que o Comitê dos Direitos da Criança considerou que os Estados devem assegurar progressivamente que as mães adolescentes recebam apoio adequado para cuidar de seus filhos e filhas. A Corte considera que isso implica adotar, no âmbito dos estabelecimentos de ensino públicos e privados, medidas equivalentes às licenças-maternidade e paternidade e àquelas relativas às condições adequadas para a amamentação (par. 238 supra), que permitam evitar o abandono escolar. Da mesma forma, implica prestar assistência material em termos de nutrição, vestuário e moradia. 528 Ademais, o Tribunal adverte que os Estados devem implementar medidas progressivas para erradicar considerações baseadas em estereótipos associados a responsabilidades familiares ou situação de dependência que possam impedir o acesso ou dificultar a permanência de mulheres, meninas e adolescentes, especialmente mães, em instituições educacionais. 529

286. Finalmente, o Tribunal considera que os Estados devem implementar medidas progressivas para promover a capacitação profissional e técnica das pessoas que dedicam aos trabalhos de cuidado, bem como para promover sua sensibilização quanto às perspectivas diferenciais de gênero e de capacidades. Isso não apenas lhes permitiria ter acesso a oportunidades de emprego mais bem remuneradas e menos precárias, mas também resultaria em um melhor desempenho de seu trabalho em benefício de crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência que precisam de cuidados. 530 Ademais, a implementação de medidas educacionais progressivas para as pessoas que cuidam contribuiria para a redefinição do trabalho de cuidado e a redistribuição do ônus entre homens e mulheres. Esses processos de treinamento permitiriam avançar no reconhecimento de que o desenvolvimento adequado do trabalho de cuidado não depende de estereótipos negativos sobre a capacidade das mulheres de cuidar, mas sim das habilidades especializadas adquiridas para cuidar de pessoas dependentes, especialmente nas áreas de saúde e educação. Nesse sentido, as medidas de profissionalização não devem ser direcionadas apenas às pessoas trabalhadoras de cuidado remunerado, mas também àqueles envolvidos no trabalho de cuidado não remunerado.

D.3 Direitos das pessoas que recebem cuidados em relação ao direito à educação

287. Conforme exposto pela Corte anteriormente (par. 116 supra), o direito de ser cuidado inclui o direito das pessoas de receber assistência adequada para viver com dignidade. Essa

Cf. Relatora Especial sobre a extrema pobreza e os direitos humanos. A extrema pobreza e os direitos humanos, A/68/293, 9 de agosto de 2013, par. 41. Cf. Comitê da CEDAW e Comitê sobre os Direitos da Criança. Recomendação Geral n° 31 do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher e Comentário Geral n° 18 do Comitê dos Direitos da Criança sobre práticas nocivas, adotados conjuntamente, CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18, 14 de novembro de 2014, par. 63. Cf. Comitê sobre os Direitos da Criança. Comentário Geral No 20: Não discriminação e direitos econômicos, sociais e culturais (artigo 2, parágrafo 2 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), E/C.12/GC/20, 2 de julho de 2009, par. 4, e Relatora Especial sobre a extrema pobreza e os direitos humanos. A extrema pobreza e os direitos humanos, A/68/293, 9 de agosto de 2013, par. 45. Mutatis mutandis, Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Ecuador, supra, pars. 266 a 274. Cf. Protocolo de San Salvador, 1988, artigo 18.b).

dimensão do direito ao cuidado está relacionada ao direito à educação, uma vez que essa assistência é fornecida, entre outros, por meio dos sistemas educacionais. 531 A esse respeito, a Corte considera que os Estados devem assegurar progressivamente que os sistemas educacionais tenham os elementos necessários para garantir a qualidade e a suficiência da assistência exigida para todas as pessoas, de acordo com suas necessidades. Essa obrigação é particularmente relevante com relação a crianças e adolescentes e pessoas com deficiência.

288. A esse respeito, o Comitê DESC sustentou que os Estados devem garantir que os programa de estudo e os métodos pedagógicos sejam pertinentes, culturalmente adequados e de boa qualidade. 532 Ademais, os Estados devem garantir que os sistemas educacionais sejam suficientemente flexíveis para atender às necessidades dos alunos de acordo com seu contexto. 533 Nesse sentido, a Corte considera que os Estados devem implementar ações para garantir que os sistemas educacionais sejam adaptados às necessidades dos indivíduos de acordo com o momento de seu ciclo de vida e seu grau de dependência, bem como suas características étnicas, de gênero, de orientação sexual ou de qualquer outra índole.

289. Em relação aos direitos da infância, a Corte afirmou que os Estados devem oferecer educação primária gratuita a todas as crianças, em um ambiente e condições propícios ao seu pleno desenvolvimento intelectual e com as adaptações necessárias para tornar a educação aceitável às suas necessidades diferenciadas. 534 Ademais, o Tribunal adverte que a educação na primeira infância é crucial para o desenvolvimento dos indivíduos devido ao seu impacto na vida adulta em termos socioemocionais, cognitivos e físicos. 535 A esse respeito, o Comitê sobre os Direitos da Criança sustentou que "programas de educação de qualidade podem ter um impacto muito positivo na transição bem-sucedida de crianças pequenas para a escola primária, em seu desempenho educacional e em sua integração social de longo prazo". 536 Na opinião do Tribunal, os Estados devem implementar progressivamente ações para aumentar a cobertura da educação infantil. 537 Eles também devem garantir a qualidade dos programas educacionais, incluindo o treinamento e a sensibilização dos professores e a implementação de medidas destinadas a incorporar abordagens de cuidado que garantam o bem-estar e a consolidação da autonomia nos espaços educacionais.

290. Com relação ao direito à educação e ao direito a ser cuidado das pessoas com deficiência, em conformidade com o disposto no artigo III da Convenção Interamericana

Cf. Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, supra, pars. 240 a 241. Cf. Comitê DESC. Comentário Geral No 13: Aplicação do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, E/C.12/1999/10, 8 de dezembro de 1999, par. 6 inciso c). Cf. Comitê DESC. Comentário Geral No 13: Aplicação do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, E/C.12/1999/10, 8 de dezembro de 1999, par. 6 inciso d). Mutatis mutandis, Caso das meninas Yean e Bosico Vs. República Dominicana, supra, par. 185, e Caso Adolescentes Internados em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile, supra, 168. Cf. UNESCO. Recomendações de Políticas Educacionais na América Latina baseadas no TERCE, 2016, p. 22. Comitê dos Direitos da Criança, Comentário Geral No 7: Realização dos direitos da criança na primeira infância, CRC/C/GC/7/ReVs.1, 20 de setembro de 2006, par. 30. Cf. Relatório da Quinta Reunião de Ministros da Educação no âmbito do CIDI, "Compromisso Hemisférico com a Educação da Primeira Infância", AG, AG/RES. 2386 (XXXVIII-O/08), 3 de junho de 2008; Relatório da Terceira Reunião de Ministros da Educação no âmbito do CIDI, Declaração do México, AG, AG/RES. 1985 (XXXIV-O/04), 8 de junho de 2004, par. 7, e UNICEF. Pesquisa Nacional de Crianças e Adolescentes (MICS) 2019-2020. Acesso a serviços de educação e cuidado na primeira infância, 2023.

para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, a Corte considera que os Estados devem implementar ações para garantir a adaptabilidade dos sistemas educacionais. A esse respeito, a Corte recorda que o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência considerou que os Estados devem implementar ações para oferecer programas de educação inclusiva, com pessoal capacitado, especialmente no caso de crianças com deficiência. 538 Assim, a fim de garantir ambos os direitos, a Corte considera que as necessidades de cuidado a serem atendidas pelos sistemas educacionais devem estar baseadas no modelo social e de direitos humanos, com apoios e adaptações razoáveis para uma inclusão adequada e com o objetivo de promover a autonomia e a independência das pessoas com deficiência. 539

D.4 O direito ao autocuidado e o direito à educação

291. O Tribunal considera que o direito ao autocuidado, nos termos que foi descrito (par. 118 supra), possui uma íntima relação com o direito à educação. A Corte considera que, para exercer a liberdade de buscar seu bem-estar e cuidar de suas necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais e culturais, os indivíduos devem ter acesso a informações e capacitação a respeito de estratégias sobre como cuidar de si mesmos, inclusive por meio do sistema educacional. Nesse sentido, o Comitê DESC especificou que a educação permite que as pessoas consolidem sua esfera de autonomia de acordo com as diferentes etapas de seu ciclo de desenvolvimento.540 Da mesma forma, a Corte considera que os processos de formação oferecidos pelos sistemas formais de educação primária, básica, secundária e universitária devem permitir que as pessoas se desenvolvam de maneira integral, alcancem seu pleno potencial e se tornem membros participativos da sociedade, o que deve incluir ferramentas para a manutenção de seu próprio bem-estar integral. 541

292. Ademais, o Tribunal considera que, como parte da garantia do autocuidado e do direito à educação, os Estados devem implementar medidas para eliminar os estereótipos relacionados ao cuidado (par. 138 supra). Isso implica eliminar as barreiras formais e materiais que estão na base da distribuição desigual dos encargos de cuidado entre homens e mulheres, inclusive por meio da promoção de práticas individuais de cuidado, de acordo com a condição e o estágio de desenvolvimento dos indivíduos. Para tanto, a Corte considera que os Estados devem implementar progressivamente programas educativos por meio dos quais o trabalho de cuidado seja desvinculado dos papéis de gênero, de modo que estes se baseiem em valores de autonomia, corresponsabilidade e solidariedade. Ademais, a Corte adverte que a relação entre esses dois direitos requer a implementação de ações para eliminar estereótipos relacionados à dependência de crianças e pessoas com deficiência e para promover sua independência e capacidade de tomada de decisões.

293. Em suma, garantir o direito à educação é um mecanismo essencial para a transformação de paradigmas em relação aos cuidados. Por um lado, no que se refere à distribuição do ônus do cuidado e à autonomia, a educação permite avançar na consolidação de modelos sociais que reconhecem que o indivíduo tem autonomia em relação às escolhas

Cf. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Comentário Geral No 4 sobre o direito à educação inclusiva, CRPD/C/GC/4, 25 de novembro de 2016, pars. 47 e 54. Cf. Conselho de Direitos Humanos. Resolução 40/14: Direitos da criança: empoderar as crianças com deficiência para que desfrutem de seus direitos humanos, particularmente por meio da educação inclusiva, A/HRC/RES/40/14, 8 de abril de 2019, pars. 18 a 31. Cf. Comitê DESC. Comentário Geral No 13: Implementação do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, E/C.12/1999/10, 8 de dezembro de 1999, par. 1. Cf. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 1948, art. XII.

sobre seu projeto de vida, seu corpo e o pleno desenvolvimento de sua personalidade. 542 Ademais, os processos educacionais possibilitam a compreensão do alcance do princípio da corresponsabilidade, segundo o qual é o indivíduo, de acordo com suas capacidades e estágio de vida, o principal responsável por garantir seu próprio bem-estar, sendo que a família, a sociedade e o Estado se unem, quando necessário, para oferecer apoio e cuidados para o exercício de sua autonomia e o gozo de seus direitos humanos. Por outro lado, os processos educacionais são um mecanismo para compreender a relação entre o bem-estar individual, comunitário e ambiental. Nesse sentido, a Corte tem sustentado que os Estados têm a obrigação de adotar medidas para garantir a proteção, a mitigação e a remediação do meio ambiente contra danos significativos, tanto como um fim em si mesmo quanto como um meio de garantir os direitos dos indivíduos, inclusive o direito ao cuidado. Essas medidas devem reconhecer diversos modelos de organização do cuidado e, em particular, devem valorizar o conhecimento tradicional, local e indígena que reconhece uma relação inseparável entre o cuidado com as pessoas e o cuidado com o meio ambiente. 543 Essa perspectiva é relevante em contextos indígenas, onde a visão do cuidado pode estar entrelaçada com o território, os recursos naturais e os ciclos ecológicos, de acordo com suas próprias visões de mundo.

D.5 Conclusão: interdependência e indivisibilidade do direito à educação e do direito ao cuidado

294. A Corte conclui que, de acordo com os artigos 1.1, 24 e 26 da Convenção Americana, 49 e 50 da Carta da OEA, XII da Declaração Americana, 13 do Protocolo de San Salvador e 3 da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, o direito ao cuidado e o direito à educação são interdependentes e indivisíveis. O Tribunal considera, em relação ao direito de cuidar, que os Estados devem implementar ações progressivas para evitar que a sobrecarga de trabalho de cuidado não remunerado seja uma barreira ao acesso à educação, especialmente nos casos de maternidade precoce. Da mesma forma, com relação à dimensão de ser cuidado, os Estados devem implementar medidas para garantir a qualidade dos sistemas educacionais e sua adaptação às necessidades de cuidado das pessoas de acordo com o momento de seu ciclo de vida, seu grau de dependência e suas características étnicas, de gênero, de orientação sexual ou quaisquer outras. Finalmente, nesse contexto, com relação ao direito ao autocuidado, os Estados devem garantir progressivamente que os sistemas educacionais contribuam para a transformação dos estereótipos de gênero, promovam a autonomia e a independência dos indivíduos e forneçam ferramentas para que, na medida de suas capacidades, eles possam prover seu próprio bem-estar integral, inclusive aqueles provenientes de práticas tradicionais, locais e indígenas que reconheçam a relação entre indivíduos, comunidades e o meio ambiente.

VIII. PARECER

Pelas razões expostas, na interpretação dos artigos 1.1, 2, 4.1, 5.1, 8, 11.2, 17.1, 19, 24 e 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16 e 17 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais "Protocolo de San Salvador", artigos I, II, V, VI, VII, XI, XII, XIV, XVI e XIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; artigo 8.b) da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher;

Mutatis mutandis, Caso I.V. Vs. Bolivia, supra, par. 150, e Caso Povos Indígenas Tagaeri e Taromenane Vs. Ecuador, supra, par. 435. Cf. Parecer Consultivo OC-32/25, supra, pars. 283 e 476.

artigo III da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência; artigos 12, 17 e 19 da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, e artigos 34, 45, 46 e 50 da Carta da Organização dos Estados Americanos.

A CORTE

DECIDE

Por unanimidade, que:

1. É competente para emitir o presente Parecer Consultivo, nos termos dos parágrafos 15 a 38.

E EXPRESSA O PARECER

Por unanimidade, que:

2. O direito ao cuidado é um direito autônomo derivado da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e da Carta da Organização dos Estados Americanos, nos termos dos parágrafos 39 a 114 e 132.

Por unanimidade, que:

3. O direito ao cuidado tem três dimensões: ser cuidado, cuidar e o autocuidado, nos termos dos parágrafos 115 a 118 e 132.

Por unanimidade, que:

4. O fundamento e o alcance do direito ao cuidado se encontram intimamente vinculados aos princípios da corresponsabilidade social e familiar e ao princípio da solidariedade, nos termos dos parágrafos 119 a 121 e 132.

Por unanimidade, que:

5. Os Estados encontram-se obrigados a respeitar e garantir o direito ao cuidado, a adotar medidas legislativas e de outra natureza para alcançar sua plena eficácia; a adotar medidas para alcançar progressivamente a efetividade do direito ao cuidado e a realizar o devido controle de convencionalidade, nos termos dos parágrafos 122 a 131 e 132.

Por unanimidade, que:

6. Os Estados devem adotar medidas legislativas e de políticas públicas destinadas à distribuição equitativa do trabalho de cuidado não remunerado no interior das famílias, e a proteger as pessoas que realizam trabalhos de cuidado não remunerados contra a violência ou assédio devido a seu trabalho, nos termos dos parágrafos 136 a 152.

Por unanimidade, que:

7. Os Estados devem adotar medidas progressivas que apoiem a incorporação ou a reintegração das pessoas cuidadoras não remuneradas no mercado de trabalho formal, em trabalhos não relacionados ao trabalho de cuidado não remunerado, quando assim o desejarem, e que facilitem o acesso aos regimes de seguridade social para as pessoas que

se vêm executando trabalhos de cuidado não remunerados, nos termos dos parágrafos 153 a 162.

Por unanimidade, que:

8. Os Estados devem garantir que as pessoas cuidadoras que se encontram em situações de especial vulnerabilidade, bem como aquelas que estão privadas de liberdade, possam exercer o direito ao cuidado sem discriminação, nos termos dos parágrafos 163 a 171.

Por unanimidade, que:

9. Os Estados devem garantir, mediante políticas públicas de cuidado, a proteção especial de crianças e adolescentes cujas famílias não tenham condições de oferecerlhes cuidados adequados, ou que estejam em qualquer forma de institucionalização, nos termos dos parágrafos 173 a 182.

Por unanimidade, que:

10. Os Estados devem adotar as medidas necessárias para garantir às pessoas idosas, quando assim o requeiram, o acesso a serviços de cuidado de qualidade e a permanência nesses serviços sem discriminação, no âmbito do respeito a seus direitos à autonomia, independência, segurança e a uma vida livre de violência, nos termos dos parágrafos 183 a 189.

Por unanimidade, que:

11. Os Estados devem adotar as medidas necessárias para garantir que as pessoas com deficiência e com doenças graves, crônicas ou que comprometam a independência e que demandem a prestação de cuidados, recebam os cuidados e o apoio de que necessitam, sem discriminação, no âmbito do respeito aos seus direitos à autonomia, independência, segurança e a uma vida livre de violência, nos termos dos parágrafos 190 a 202.

Por cinco votos a favor e um contra, que:

12. Os cuidados constituem uma forma de trabalho protegida pelo artigo XIV da Declaração Americana, pelos artigos 6 e 7 do Protocolo de San Salvador e pelo artigo 26 da Convenção Americana, seja ou não mediado por uma relação econômica, familiar ou de solidariedade, nos termos dos parágrafos 208 a 218 e 240.

Parcialmente dissidente da Juíza Patricia Pérez Goldberg em relação à fundamentação do artigo 26 da Convenção.

Por unanimidade, que:

13. Os Estados devem implementar as medidas diferenciadas apropriadas para garantir que os trabalhadores e trabalhadoras de cuidado remunerados de cuidados, em qualquer dos setores em que desempenhem suas atividades, tenham os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador e possam exercê-los sem discriminação, nos termos dos parágrafos 219 a 226 e 240.

Por unanimidade, que:

14. As pessoas que se dedicam ao trabalho de cuidado não remunerado devem poder exercê-lo de forma livre, razão pela qual os Estados devem oferecer progressivamente garantias mínimas para proteger seu bem-estar, nos termos dos parágrafos 227 a 231 e 240.

Por unanimidade, que:

15. Os Estados devem garantir progressivamente que os trabalhadores com responsabilidades familiares possam exercer seu direito ao trabalho sem discriminação, implementando medidas para a conciliação da vida profissional e das necessidades de cuidados, e removendo as barreiras que impedem que os trabalhos de cuidado lhes permitan acessar ou permanecer no emprego, nos termos dos parágrafos 232 a 240.

Por unanimidade, que:

16. Os Estados devem estabelecer progressivamente sistemas que, em aplicação dos princípios de universalidade, inclusão social e solidariedade, permitam a garantia do direito à seguridade social para todas as pessoas, nos termos dos parágrafos 241 a 249 e 263.

Por unanimidade, que:

17. Os Estados devem garantir progressivamente a licença-maternidade, a licençapaternidade, a licença parental, a licença para cuidados e os benefícios familiares que permitam que as mulheres grávidas e lactantes, bem como os pais e/ou outras pessoas com responsabilidades de cuidado, exerçam os direitos de cuidar, de ser cuidada e ao autocuidado, nos termos dos parágrafos 250 a 255 e 263.

Por unanimidade, que:

18. Os Estados devem assegurar progressivamente benefícios por invalidez, idade e morte às pessoas que se dedicam a trabalhos de cuidado não remunerados, de modo a garantir seus direitos de cuidar e ao autocuidado, e evitar que restem desamparadas diante de contingências de invalidez ou a velhice, nos termos dos parágrafos 256 a 260 e 263.

Por unanimidade, que:

19. Os Estados devem implementar progressivamente medidas para assegurar que os benefícios monetários da seguridade social sejam estendidos a pessoas que, em razão de sua idade, saúde ou condição de deficiência, não contem com os recursos necessários para seu cuidado, nos termos dos parágrafos 261 a 263.

Por unanimidade, que:

20. Os Estados devem reconhecer o papel central que ocupam os trabalhadores e as trabalhadoras do cuidado na garantia do direito à saúde e implementar progressivamente medidas para garantir seus direitos, considerando os riscos à saúde envolvidos nesse trabalho, nos termos dos parágrafos 264 a 271 e 278.

Por unanimidade, que:

21. Os Estados devem assegurar a disponibilidade e o acesso progressivo a serviços de saúde que permitam a todas as pessoas - quer prestem ou recebam cuidados - buscar atendimento de saúde formal, tanto para a prevenção quanto para o tratamento de doenças, e participar ativamente do processo de atenção médica que tenha implicações para seu bem-estar individual, nos termos dos parágrafos 272 a 278.

Por unanimidade, que:

22. Os Estados devem implementar progressivamente ações para prevenir que a sobrecarga dos trabalho de cuidado não remunerados seja uma barreira ao acesso à educação das pessoas, especialmente de meninas com maternidades precoces. Da mesma forma, os Estados devem implementar medidas progressivas para promover a capacitação das pessoas cuidadoras, nos termos dos parágrafos 279 a 286 e 294.

Por unanimidade, que:

23. Os Estados devem implementar medidas progressivas para garantir a qualidade dos sistemas educacionais e sua adequação às necessidades de cuidado das pessoas segundo o momento do ciclo de vida, seu grau de dependência e suas características étnicas, de gênero, orientação sexual ou quaisquer outras características, nos termos dos parágrafos 287 a 290 e 294.

Por unanimidade, que:

24. Os Estados devem garantir progressivamente que os sistemas educacionais contribuam para a superação dos estereótipos de gênero, promovam a autonomia e a independência das pessoas e forneçam ferramentas para que, na medida de suas capacidades, elas possam buscar seu próprio bem-estar integral, nos termos dos parágrafos 291 a 294.

Por unanimidade, que:

25. Os Estados devem garantir o reconhecimento de diversos modelos de organização dos cuidados e, em especial, devem valorizar os saberes tradicionais, locais e indígenas que reconhecem uma relação inseparável entre o cuidado com as pessoas e com o meio ambiente, nos termos dos parágrafos 293 e 294.

A Juíza Patricia Pérez Goldberg apresentou seu Voto parcialmente divergente. A Juíza Nancy Hernández López , o Juiz Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot e a Juíza Verónica Gómez apresentaram seus Votos concorrentes.

Redigido em espanhol, em San José, Costa Rica, em 12 de junho de 2025.

Corte IDH. O conteúdo e o alcance do direito ao cuidado e sua inter-relação com outros direitos. Parecer Consultivo OC-31/25 de 12 de junho de 2025.

Nancy Hernández López Presidenta

Rodrigo Mudrovitsch Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Ricardo C. Pérez Manrique Verónica Gómez

Patricia Pérez Goldberg

Pablo Saavedra Alessandri Secretário

Comuniquese-se y execute-se,

Nancy Hernández López Presidenta

Pablo Saavedra Alessandri Secretário

VOTO CONCORRENTE

DA JUÍZA NANCY HERNÁNDEZ LÓPEZ

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

PARECER CONSULTIVO OC-31/25

(O conteúdo e o alcance do direito ao cuidado e sua inter-relação com outros direitos)

1. Emito o presente voto concorrente com o objetivo de manifestar minha adesão ao sentido e aos fundamentos principais do Parecer Consultivo OC-31/25, sobre o conteúdo e o alcance do direito ao cuidado e sua inter-relação com outros direitos (doravante, “Parecer Consultivo”) solicitado pela República Argentina.

2. Neste voto, desejo enfatizar um aspecto muito pontual, que é o fato de considerar que as obrigações estatais decorrentes do direito ao cuidado a que se refere o Parecer Consultivo devem ser entendidas como de natureza progressiva, no que couber. O Parecer Consultivo reitera essa natureza progressiva em 13 pontos resolutivos; no entanto, algumas questões não ficam tão claras, razão pela qual me referirei a elas pontualmente.

3. Assim, no que diz respeito à obrigação dos Estados de adotar medidas que apoiem a incorporação ou a reintegração de pessoas cuidadoras não remuneradas à força de trabalho formal, o próprio resolutivo 7 do Parecer Consultivo determina que tais medidas, desenvolvidas nos parágrafos 153 a 162, são progressivas. 1 Portanto, considero que as obrigações descritas nos parágrafos 160, 161 e 162 devem ser entendidas sob essa caracterização. Ao afirmar que os Estados devem garantir (i) medidas para o gozo de direitos em condições de igualdade, sem discriminação por conta do exercício de tarefas de cuidados não remuneradas, (ii) medidas para a garantia do direito à seguridade social e a concepção dos seus regimes; e (iii) medidas dirigidas ao enfrentamento da discriminação estrutural e interseccional, respectivamente; tais medidas são de natureza progressiva e devem ser executadas pelos Estados sob essa condição. Isso sem prejuízo de que direitos como a igualdade e a não discriminação sejam de proteção imediata. As medidas relacionadas à garantia do direito ao cuidado devem ser entendidas em um marco de progressividade em sua execução, o que implica a adoção por parte dos Estados de ações concretas que reflitam seus melhores esforços para assegurar seu cumprimento.

4. Sobre as obrigações dos Estados de garantir que as pessoas cuidadoras que se encontram em especial vulnerabilidade, bem como as privadas de liberdade, possam exercer o direito ao cuidado sem discriminação 2, embora o resolutivo 8 vinculado com essas obrigações não o mencione, da leitura integral dos parágrafos 163 a 171, conclui-se que as

O Conteúdo e o Alcance do Direito ao Cuidado e sua inter-relação com outros direitos (Interpretação e alcance dos artigos 1.1, 2, 4, 17, 19, 24, 26 e 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; 34 e 45 da Carta da Organização dos Estados Americanos; I, II, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XXX e XXXV da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; 7, 8 e 9 da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; 6, 9, 12 e 19 da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, e III da Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com Deficiência). Parecer Consultivo OC-31/25 de 12 de junho de 2025. Série A n.º 31, Ponto Resolutivo 7. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, Ponto Resolutivo 8.

obrigações são progressivas. Assim, destacando as obrigações descritas nos parágrafos 166 a 168 e 171, cabe concluir que as medidas são progressivas. Assim, a Corte afirmou que “[...] o Estado deve adotar medidas progressivas para garantir que as alternativas à prisão permitam o exercício adequado do direito ao cuidado” 3 (destaque acrescido).

5. Adicionalmente, a Corte assinalou que: (i) “[...] o Estado deve adotar medidas para cuidar das mulheres nessa situação, levando em conta a vulnerabilidade especial em que se encontram” 4; (ii) citando o caso Leite de Souza e outros Vs. Brasil, afirma-se que a Corte sustentou que os Estados Partes da Convenção Americana têm a obrigação de realizar ações para reconhecer e garantir o trabalho das mulheres buscadoras na prevenção e investigação do desaparecimento forçado e devem garantir a permanência de seu projeto de vida em condições dignas, tanto para elas quanto para seus dependentes 5; e (iii) que “a Corte nota que as mulheres indígenas e afrodescendentes se encontram em uma situação de especial vulnerabilidade no que diz respeito ao direito ao cuidado e, portanto, o Estado deve adotar medidas especiais para sua proteção”. 6 Ainda que as referências não explicitem de forma expressa a cláusula da progressividade, é necessário realizar uma interpretação sistemática à luz do artigo 26 da Convenção Americana. Por se tratar do âmbito dos direitos econômicos, sociais e culturais, a própria natureza dessas obrigações implica o seu cumprimento de forma progressiva, na medida em que sua plena realização requer políticas públicas, marcos normativos, instituições e recursos que não podem ser implementados de maneira imediata. Assim, as obrigações do Estado de atender à situação de especial vulnerabilidade das mulheres, de reconhecer o trabalho das buscadoras e de garantir condições dignas para elas e seus dependentes, bem como de proteger as mulheres indígenas e afrodescendentes no âmbito do direito ao cuidado, devem ser entendidas no marco da progressividade. Isso significa que os Estados devem adotar medidas iniciais e imediatas que não podem ser postergadas — como o reconhecimento formal dessas atividades, a prevenção da violência e o desenho de programas específicos —, mas sua consolidação estrutural só pode ser alcançada de forma gradual e contínua, de acordo com suas capacidades e sob o princípio da não regressividade.

6. Sobre a obrigação de garantir, por meio de políticas públicas de cuidado, a proteção especial de crianças e adolescentes cujas famílias não possam lhes proporcionar cuidados adequados, ou daqueles que se encontrem em qualquer modalidade de institucionalização 7, afirma-se que as medidas devem considerar o desenvolvimento progressivo das crianças e adolescentes. 8 A esse respeito, é importante observar que, em conformidade com o disposto no artigo 19 da Convenção e com a jurisprudência da Corte, [t]oda criança tem direito às medidas de proteção que, [em razão de] sua condição de pessoa menor de idade, lhe são devidas por parte de sua família, da sociedade e do Estado”. 9 Nesse contexto, a atenção às medidas de proteção de crianças e adolescentes pressupõe uma “atenção [ao seu] desenvolvimento progressivo”. 10 Nesse sentido, embora a obrigação de proteção tenha caráter imediato, determinadas medidas de política pública podem ser necessariamente

Parecer Consultivo OC-31/25, supra, par. 166. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, par. 167. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, parágrafo 169, e Caso Leite de Souza e outros Vs. Brasil. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de julho de 2024. Série C n.º 531, par. 192. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, par. 171. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, Ponto Resolutivo 9. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, par. 177. Artigo 19 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, par. 177.

progressivas, na medida em que atendam à evolução das capacidades e às necessidades próprias de cada etapa da vida. Isso exige um projeto e uma implementação diferenciados, que harmonizem a urgência na salvaguarda dos direitos com a consideração do desenvolvimento progressivo, assegurando assim uma proteção integral e efetiva.

7. Sobre a obrigação de adotar as medidas necessárias para garantir o cuidado às pessoas idosas, quando assim o requeiram 11, e às pessoas com deficiência e acometidas por doenças graves 12, assim como no caso das crianças e adolescentes, essas obrigações foram construídas com base no direito à igualdade e na proibição da discriminação das pessoas idosas. Nesse sentido, a obrigação de proteção é de cumprimento imediato — em particular, o dever de se abster de discriminar, de prevenir riscos e de adotar salvaguardas e ajustes razoáveis — mesmo quando a implementação de determinadas medidas estruturais ou orçamentárias possa ser realizada de forma progressiva, sujeita aos princípios de não regressividade, razoabilidade e utilização do máximo de recursos disponíveis. Assim o entendeu a Corte, por exemplo, ao indicar, em relação às pessoas com deficiência e com doenças graves, que “[...] à luz do princípio da corresponsabilidade e de acordo com suas obrigações de desenvolvimento progressivo, deve-se levar em conta que ‘a falta de apoio, a pobreza e a exclusão criam as condições para práticas inaceitáveis, como a restrição da autonomia e as separações familiares, a violência, os abusos e o abandono’”. 13 Da mesma forma, afirma-se que “[...] à luz do direito à igualdade e da proibição da discriminação, e das obrigações de desenvolvimento progressivo, os Estados devem realizar todas as modificações e adaptações necessárias e adequadas para que as pessoas com deficiência e com doenças graves [...] possam recebê-las a partir de uma abordagem que as reconheça como sujeitos de direitos e lhes permita desenvolver suas atividades sem discriminação”. 14

8. Sobre o cuidado como forma de trabalho 15 e as obrigações decorrentes 16, a Corte, atendendo ao disposto nos artigos 1.1, 24 e 26 da Convenção Americana, 45.b e c, 46 e 34.g da Carta da OEA, XIV da Declaração Americana, 6 e 7 do Protocolo de San Salvador e 8.b) da Convenção de Belém do Pará, estabeleceu que existe uma interdependência e indivisibilidade entre o direito ao cuidado e o direito ao trabalho em condições justas. Nesse contexto, afirma-se que:

[...] os Estados devem implementar medidas especiais para garantir o pleno exercício de seu direito ao trabalho em condições justas, equitativas e satisfatórias. Ademais, os Estados devem assegurar progressivamente que os trabalhadores de cuidados não remunerados recebam garantias mínimas derivadas do direito ao trabalho. Essas garantias devem ter como objetivo garantir sua saúde, dignidade e autocuidado, e seu alcance e conteúdo dependerão da natureza do trabalho, das condições em que é realizado e das necessidades daqueles que o realizam. 17 (ênfase adicionada)

9. Ou seja, a configuração convencional do cuidado como forma de trabalho ativo contém um conjunto de obrigações de cumprimento imediato e de realização progressiva. São imediatas — e, portanto, exigíveis sem demora — as obrigações de respeitar e proteger: proibição da discriminação (artigos 1.1 e 24 da Convenção), adoção de salvaguardas contra riscos, eliminação de barreiras de acesso e ajustes razoáveis para pessoas cuidadoras

Parecer Consultivo OC-31/25, supra, Ponto Resolutivo 10. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, Ponto Resolutivo 11. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, par. 197. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, par. 200. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, Ponto Resolutivo 12. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, Pontos Resolutivos 13, 14 e 15. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, par. 240.

(incluindo a prevenção de violências e de estereótipos, de acordo com Belém do Pará, artigo 8.b). Por outro lado, as prestações positivas de alcance estrutural decorrentes do artigo 26 da Convenção e dos artigos 6 e 7 do Protocolo de San Salvador — tais como créditos previdenciários por cuidado, serviços de descanso, licenças, corresponsabilidade do setor empregador ou sistemas de certificação de competências —implementam-se de forma progressiva, sob os parâmetros da não regressividade, da razoabilidade, da participação informada e da utilização do máximo de recursos disponíveis.

10. Nesse contexto, a frase “assegurar progressivamente [...] garantias mínimas” deve ser lida como um mandato programático verificável, e não como uma mera cláusula aspiracional. Ela exige (i) um plano público com metas, prazos e orçamento; (ii) indicadores desagregados que permitam identificar sobrecargas desproporcionais (por sexo, idade, ruralidade, informalidade); (iii) priorização de núcleos essenciais — saúde, dignidade e autocuidado de quem cuida — e (iv) um teste de razoabilidade que evite retrocessos injustificados. Assim, a proteção é imediata (igualdade e não discriminação, prevenção e ajustes razoáveis), enquanto a ampliação de prestações e de coberturas se efetiva de forma progressiva, com controle judicial dos meios e dos resultados intermediários, respeitando a margem de configuração estatal, mas exigindo justificativa estrita diante de atrasos, omissões ou retrocessos.

11. Sobre a obrigação de garantir os benefícios da seguridade social 18, as licenças maternidade, paternidade, cuidado e benefícios familiares que permitam o exercício dos direitos de cuidar, de ser cuidado e ao autocuidado 19, os benefícios por invalidez, idade e morte 20, o papel central que ocupam os trabalhadores e trabalhadoras de cuidados 21, o acesso aos serviços de saúde 22, as ações para prevenir a sobrecarga das tarefas de cuidado 23, as ações para garantir a qualidade dos sistemas educacionais 24, a Corte foi clara ao decidir que essas obrigações têm caráter progressivo em todos os seus aspectos. Portanto, o desenvolvimento prestacional dessas obrigações deve ser cumprido progressivamente, de acordo com os princípios de não regressividade, razoabilidade e uso máximo dos recursos disponíveis, conforme indicado acima.

12. Por outro lado, a Corte faz menção à relação entre cuidado e meio ambiente, e povos indígenas 25, afirmando a obrigação de “[...] adotar medidas para garantir a proteção, mitigação e remediação do meio ambiente diante de danos significativos, como um fim em si mesmo e como um meio para garantir os direitos das pessoas, incluindo o direito ao cuidado”, reconhecendo, neste contexto, os contextos indígenas e a visão de cuidado ligada ao meio ambiente. Embora as medidas a serem executadas pelo Estado para desenvolver essa proteção não sejam descritas especificamente, o certo é que se analisa um direito de caráter progressivo, como é o direito a um ambiente saudável, ao abrigo do artigo 26 da Convenção. Nesse sentido, não há dúvida de que a execução de tais medidas deverá considerar esse fator.

Parecer Consultivo OC-31/25, supra, Pontos Resolutivos 16 e 19. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, Ponto Resolutivo 17. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, Ponto Resolutivo 18. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, Ponto Resolutivo 20. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, Ponto Resolutivo 21. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, Ponto Resolutivo 22. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, Pontos Resolutivos 23 e 24. Parecer Consultivo OC-31/25, supra, par. 293.

13. Finalmente, e independentemente dos argumentos anteriores, é importante precisar o alcance do “projeto de vida” comentado no fundamento 107 do Parecer Consultivo. Assim, afirma-se que “a Corte concedeu proteção especial ao projeto de vida”. A esse respeito, e como afirmei em meu voto motivado no caso Dos Santos Nascimento e Ferreira Gomes Vs. Brasil, o projeto de vida não foi reconhecido como um direito convencional autônomo, mas como um dano passível de reparação decorrente da violação de outros direitos protegidos pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Desde sua primeira menção no caso Loayza Tamayo Vs. Peru (1998), decorrente da jurisprudência doméstica, a Corte abordou o projeto de vida como uma expectativa razoável de desenvolvimento pessoal, familiar e profissional, cujo dano implica uma perda irreparável ou dificilmente reparável de oportunidades vitais. Assim, não se justificou um desenvolvimento normativo específico em torno desse conceito como direito independente, uma vez que a Corte estabeleceu sua análise em relação a violações concretas de direitos convencionais, tais como a vida, a integridade pessoal, a liberdade e a vida privada e familiar, e ordenou reparações integrais além da compensação econômica, incluindo medidas de satisfação, reabilitação e garantias de não repetição. 26 Portanto, o conceito de “projeto de vida” não constitui um direito autônomo no âmbito convencional, mas um critério de reparação não menos importante, derivado da vulneração de outros direitos expressamente reconhecidos na Convenção.

14. Em virtude do exposto, reafirmo minha plena adesão ao sentido e aos fundamentos do Parecer Consultivo. O reconhecimento do direito ao cuidado como um direito autônomo constitui um marco na evolução do Direito Internacional dos Direitos Humanos, e a precisão sobre seu caráter progressivo, com as exceções indicadas, assegura que seu desenvolvimento se realize de maneira sustentável, razoável e de acordo com as capacidades institucionais dos Estados. Com essa ênfase, acompanho a decisão da Corte, convencida de que esse pronunciamento projeta um caminho de avanço gradual, mas firme, em direção a sociedades mais justas e inclusivas em nosso continente.

Nancy Hernández López Presidenta

Pablo Saavedra Alessandri Secretário

Caso Dos Santos Nascimento e Ferreira Gomes Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 7 de outubro de 2024. Série C n.º 539. Voto concorrente da Juíza Nancy Hernández López.

VOTO CONCORRENTE DO JUIZ EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT

PARECER CONSULTIVO OC-31/25 DE 12 DE JUNHO DE 2025 SOLICITADO PELA REPÚBLICA ARGENTINA

O CONTEÚDO E O ALCANCE DO DIREITO AO CUIDADO E SUA INTER-RELAÇÃO COM OUTROS DIREITOS

I. INTRODUÇÃO: O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CUIDADO, DEZ ANOS APÓS A JUSTICIABILIDADE DIRETA DOS DESCA (2015-2025)

1. É particularmente significativo que o presente parecer consultivo seja emitido em 2025, uma década após a Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante “Corte IDH” ou “Tribunal Interamericano”) ter declarado pela primeira vez uma violação de um direito social. De fato, em 2015, no caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador 1, a Corte IDH declarou violado o direito à educação, protegido pelo Protocolo Adicional à Convenção Americana em matéria Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 2

2. O presente parecer consultivo (doravante OC-31) constitui a primeira ocasião em que um Tribunal internacional de direitos humanos, e em especial a primeira vez que a Corte IDH, se pronuncia sobre o direito ao cuidado como direito autônomo, protegido pela Convenção Americana; seu alcance, bem como a inter-relação que tem com outros direitos civis e sociais contidos no Pacto de San José. A importância do tema para a ordem pública interamericana refletiu-se na ampla participação hemisférica: 129 observações escritas 3, bem como uma audiência pública substancial realizada durante três dias, na qual foram ouvidas as observações orais sobre a temática. 4 É muito significativa a participação de 7 Estados na audiência 5, além do Estado requerente do presente parecer consultivo. Isso reflete o dinamismo participativo e deliberativo, além da abertura do sistema interamericano. Todas essas contribuições foram altamente valorizadas e levadas em consideração na deliberação e elaboração da presente OC-31.

Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1º de setembro de 2015. Série C nº 298. Especificamente sobre a responsabilidade internacional pela violação do direito à educação, ver pars. 233 a 291 e Ponto Resolutivo 5. Em casos posteriores, a Corte IDH considerou que o direito à educação também se encontra protegido pelo artigo 26 do Pacto de San José. Ver par. 39 infra, nota 63 do presente voto. As valiosas observações escritas, apresentadas por vários Estados, CIDH, CIM, CEPAL, ONU- Mulheres, ACNUDH, Relator das Nações Unidas sobre pessoas com deficiência, órgãos estatais, organizações não governamentais, associações de magistrados e advogados, instituições acadêmicas e universidades, grupos de pessoas e interessados da sociedade civil, podem ser consultadas em: https://www.corteidh.or.cr/observaciones_oc_new.cfm?lang=es&lang_oc=es&nId_oc=2639. Realizada nos dias 12, 13 e 14 de março de 2024, de forma presencial, na sede da Corte IDH em San José, Costa Rica. Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador, México, Panamá e Paraguai.

3. Na OC-31, o direito ao cuidado foi reconhecido como um direito autônomo, composto por três dimensões: prestar cuidados, receber cuidados e ao autocuidado. 6 Esse reconhecimento representa um marco na consolidação do corpus iuris interamericano em matéria de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais (DESCA), além de estabelecer um parâmetro importante do ponto de vista do princípio da igualdade e da não discriminação.

4. Por meio deste parecer, a Corte IDH contribuiu para visibilizar o papel essencial que o cuidado, tanto remunerado quanto não remunerado, desempenha na sustentabilidade da vida e no funcionamento de nossas sociedades. 7 Além disso, afirmou que o cuidado não deve ser considerado uma responsabilidade individual, exclusiva de certos grupos ou identidades, mas sim uma função social compartilhada que requer a ação coordenada do Estado, da comunidade e das famílias.

5. Concordo com o expresso na OC-31. No entanto, no que se refere especificamente à dimensão do autocuidado, a interpretação adotada pela Corte IDH parece estar ligada principalmente àqueles que exercem tarefas de cuidado ou se encontram em situação de dependência 8:

[...]

6. Embora essa perspectiva reflita uma preocupação legítima com os contextos de maior vulnerabilidade, considero necessário salientar que tal interpretação é desnecessariamente restritiva e não atende à tendência de reconhecer o autocuidado como um direito de todas as pessoas.

7. Pelo contrário, considero que o autocuidado constitui uma dimensão inerente a todas as pessoas, ligado — mas não subordinado — ao exercício da autonomia, ao direito à saúde integral, à dignidade humana e à igualdade de gênero. Considero que o seu reconhecimento não deve estar condicionado à posição que uma pessoa ocupa dentro de uma relação de cuidado. Trata-se de uma dimensão transversal que possibilita o gozo de outros direitos e que deve ser entendida como uma condição necessária para uma vida plena.

8. Consequentemente, considero necessário deixar clara a minha posição, a fim de aprofundar o alcance da dimensão do autocuidado, à luz do Direito Internacional dos

O direito ao cuidado em sua tripla dimensão, da perspectiva jurídica, foi abordado pela primeira vez pela jurista argentina Laura C. Pautassi: O cuidado como questão social a partir de uma abordagem de direitos, CEPAL/ONU-AECI, Santiago do Chile, 1º de outubro de 2007. Desta autora, ver, inter alia, “O cuidado como direito: um caminho virtuoso, um desafio imediato”, em Revista da Faculdade de Direito, 68 /272), UNAM, 2018; O direito ao cuidado. Da conquista ao seu exercício efetivo, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2023. É preciso reconhecer o importante trabalho e o papel dos movimentos sociais e da academia, que durante décadas têm tentado visibilizar a problemática do cuidado a partir de abordagens interdisciplinares, particularmente o trabalho não remunerado historicamente realizado por mulheres. Par. 118 da presente OC-31.

Direitos Humanos, bem como de experiências normativas e jurisprudenciais comparadas que reforçam a necessidade de o reconhecer como um direito autónomo, universal e exigível para todas e todos.

9. Outro aspecto relevante da OC-31 é a relação entre o direito ao cuidado e os DESCA. Neste cenário, a Corte IDH identifica que o direito ao cuidado encontra seu fundamento em diversas disposições da Convenção Americana, que reconhecem e protegem conteúdos tanto de direitos civis quanto sociais. Considero particularmente relevante destacar o papel que desempenha o artigo 26 desse instrumento, à luz do conteúdo dos direitos à saúde, ao trabalho e à seguridade social, como base do direito ao cuidado. Da mesma forma, a interdependência e indivisibilidade que o direito ao cuidado mantém com o direito à educação, também protegido pelo artigo 26 do Pacto de San José e pelo artigo 13 do Protocolo de San Salvador.

10. Nesse sentido, no que diz respeito a esse vínculo entre o direito ao cuidado e o direito à educação, também se mostra relevante que a Corte IDH faça referência à ligação entre o direito ao cuidado e o direito ao meio ambiente — também protegido pelo artigo 26 do Pacto de San José —, na medida em que os processos educacionais são um mecanismo para compreender a relação entre o bem-estar individual, das comunidades e do meio ambiente. Especialmente ao apontar que os Estados devem garantir o reconhecimento de diversos modelos de organização dos cuidados, devendo valorizar os conhecimentos tradicionais indígenas. Essa perspectiva — tão relevante para nossa região —, no entanto, não é desenvolvida com a amplitude necessária. Mostra-se particularmente importante em contextos indígenas em que a visão do cuidado está ligada à terra e ao território, aos recursos naturais e aos ciclos ecológicos, de acordo com suas próprias cosmovisões. 9 Embora não aprofundarei este aspecto nesta ocasião, considero necessário deixar claro que essa dimensão deve necessariamente estar ligada à jurisprudência deste Tribunal Interamericano em matéria de povos indígenas e tribais, bem como à recente OC-32, sobre Emergência Climática e Direitos Humanos. 10

11. Dada a importância que tem a presente OC-31 para a ordem pública interamericana, considero necessário emitir o presente voto individual para expressar a necessidade de (1) reconhecer o direito ao autocuidado para todas as pessoas (pars. 12-38); assim como (2) alertar para a importância dos DESCA no reconhecimento desse direito “perdido” ou “inominado”, por não estar explicitamente previsto no Pacto de San José (pars. 39-72). Por fim, esboçar algumas (3) conclusões (pars. 73-80).

II. A DIMENSÃO DO AUTOCUIDADO COMO DIREITO PARA TODAS AS PESSOAS (E NÃO APENAS LIGADO ÀS PESSOAS QUE CUIDAM OU SÃO CUIDADAS)

12. A dimensão do autocuidado tem sido abordada por diversos instrumentos do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Esta seção se concentra em analisar como ela tem sido conceituada por distintos sistemas de proteção, tanto no plano universal quanto nos sistemas regionais europeu, africano e interamericano.

Ver pars. 293, 294 e Ponto Resolutivo 25 da presente OC-31. Parecer Consultivo OC-32/25, de 28 de maio de 2025. Emergência Climática e Direitos Humanos. Série A n.º 32. Esta ligação é observada na presente OC-31, ao apontar a Corte IDH que os Estados têm a obrigação de adotar medidas para garantir a proteção, mitigação e remediação do meio ambiente diante de danos significativos, como um fim em si mesmo e como um meio para garantir os direitos das pessoas, incluindo o direito ao cuidado. Ver par. 293.

13. O autocuidado tem sido entendido como uma necessidade universal e uma condição indispensável para uma vida digna. Muitas vezes, é reconhecido através do direito à saúde, ao descanso ou ao bem-estar integral, na medida em que implica a possibilidade de atender às próprias necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais.

A. Sistema Universal

14. No sistema universal, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais estabelece em seu artigo 12 que toda pessoa tem direito ao “gozo do mais alto nível possível de saúde física e mental”. 11 Em sua Observação Geral nº 14, o Comitê DESC esclareceu que esse direito inclui fatores socioeconômicos determinantes que permitem levar uma vida saudável e exercer controle sobre o próprio corpo e a saúde, livre de interferências arbitrárias. 12

15. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher contempla diversas obrigações destinadas a garantir condições adequadas para o bem-estar das mulheres. Entre elas, está a adoção de medidas para assegurar o acesso a serviços sociais que permitam conciliar o trabalho com a participação na vida pública 13, a fim de evitar a sobrecarga de cuidados. Também está previsto o direito à licença maternidade com os benefícios necessários 14, bem como a eliminação de todas as formas de discriminação que afetem o acesso e a qualidade da assistência médica. 15

16. Na sua Recomendação Geral n.º 24, o Comité CEDAW abordou especificamente o direito à saúde das mulheres, reconhecendo que existem fatores diferenciados que afetam de forma desproporcional o seu bem-estar físico e mental. Em particular, destacou que as mulheres enfrentam um risco maior de problemas de saúde mental como consequência das múltiplas responsabilidades que assumem, razão pela qual os Estados devem implementar condições que garantam uma assistência integral, promover o conhecimento dos seus direitos e sensibilizar a sociedade sobre esses impactos desiguais. Tais medidas são indispensáveis para garantir o exercício efetivo do direito ao autocuidado a partir de uma perspectiva de gênero e com enfoque em direitos humanos. 16

17. Nessa mesma linha de reconhecimento do próprio bem-estar, a Convenção sobre os Direitos da Criança, em seu artigo 24, reconhece o direito ao mais alto nível de saúde, bem como à garantia da assistência e dos cuidados de saúde necessários desde as fases mais precoces da vida. O instrumento também estabelece o direito, e a obrigação dos Estados e das pessoas responsáveis, de proporcionar os cuidados necessários para o seu desenvolvimento integral e bem-estar físico, mental e emocional. 17

Cf. Artigo 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Comitê DESC. Observação geral n.º 14 (2000) O direito ao gozo do mais alto nível possível de saúde, pars. 4 e 8. Artigo 11.2, alínea c. Artigo 11.2, alíneas a e b. Artigo 12. Pars. 12-13. Artigo 3.

18. Ademais, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência contém diversos dispositivos que reconhecem o direito de viver de forma independente 18, à saúde 19 e que os Estados tomem medidas que sejam favoráveis ao bem-estar, à autoestima, à dignidade e à autonomia. 20

B. Sistemas regionais de direitos humanos

19. Nos âmbitos regionais, o autocuidado também foi reconhecido para além das pessoas cuidadoras e cuidadas. Embora a Convenção Europeia de Direitos Humanos não consagre explicitamente o direito à saúde, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos interpretou o artigo 8.1 21, relativo ao direito ao respeito pela vida privada e familiar, como fonte de obrigações positivas por parte dos Estados para proteger a integridade física e moral das pessoas, mesmo contra interferências de terceiros. Essa interpretação permitiu expandir o alcance do artigo para o reconhecimento de condições de vida dignas, incluindo o direito de tomar decisões informadas sobre o próprio corpo e bemestar. 22

20. A Carta Social Europeia reconhece expressamente o direito das pessoas grávidas a um período adequado de descanso antes e depois do parto, o que implica não só a proteção da sua saúde física, mas também o reconhecimento do seu direito ao bemestar e à recuperação pessoal como elementos essenciais do cuidado de si mesmas. 23

21. No sistema africano de proteção dos direitos humanos, o autocuidado também encontra sustentação normativa em diferentes instrumentos regionais. A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos estabelece em seu artigo 16.1 que toda pessoa tem direito ao “melhor estado possível de saúde física e mental”, o que impõe aos Estados a obrigação de adotar as medidas necessárias para proteger a saúde e o bem-estar de suas populações. 24

22. De forma complementar, o Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos das Mulheres na África “Protocolo de Maputo” dispõe que os Estados devem eliminar todas as práticas que atentem contra a saúde e o “bem-estar geral” 25 das mulheres, reconhecendo amplamente o seu direito a condições que favoreçam a sua dignidade 26 e uma vida plena. 27

23. No entanto, mesmo dentro do Sistema Interamericano, é possível identificar antecedentes normativos que reconhecem a dimensão do autocuidado com um alcance mais amplo do que o desenvolvido na presente OC-31. Por exemplo, o artigo XV da

Artigo 9.1. Artigo 25. Artigo 16.4. “Todas as pessoas têm direito ao respeito de sua vida privada e familiar, de seu domicílio e de sua correspondência”. Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Caso M.S. Vs. Croácia, par. 74. Carta Social Europeia, Parte II, artigo 8. Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos, artigo 16. Artigo II.1, alínea b. Artigo III. Artigo IV.

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem estabelece expressamente que “toda pessoa tem direito ao descanso, ao recreio honesto e à oportunidade de aproveitar utilmente o seu tempo livre em benefício de seu melhoramento espiritual, cultural e físico”. 28 Este dispositivo reflete uma compreensão precoce do bem-estar como um componente integral do desenvolvimento pessoal e do pleno exercício da liberdade. 29

24. Da mesma forma, no Protocolo de San Salvador, a dimensão do autocuidado é implicitamente reconhecida através do direito à saúde, entendido como o mais alto nível de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente como a ausência de doença. 30 Além disso, ao observar em seus artigos 9.2 31 e 15.3 32 que toda pessoa tem direito à previdência social e à saúde, estabelece-se que toda mulher tem direito a assistência médica, apoio e licenças antes e depois do parto. Isso reforça a ideia de que o autocuidado foi reconhecido como parte do conteúdo do catálogo de direitos especialmente relevantes para grupos em situação de vulnerabilidade ou atenção prioritária.

25. Da mesma forma, outros documentos adotados por entidades interamericanas também incorporaram referências explícitas ao autocuidado. Por exemplo, a Comissão Interamericana de Mulheres, na Declaração do Panamá “Construindo pontes para um novo pacto social e econômico liderado por mulheres” 33, destacou o compromisso dos Estados em avançar na construção de um marco normativo e de políticas públicas que reconheça e promova os cuidados como uma responsabilidade compartilhada, incluindo o direito ao autocuidado como parte de um novo modelo de bem-estar com enfoque de gênero e justiça social.

26. A partir desta análise das normas internacionais e regionais em matéria de autocuidado, é possível observar que, embora esta faceta do direito ao cuidado nem sempre seja formulada de forma expressa, sua essência é reconhecida de forma transversal em diversos instrumentos e pronunciamentos. Neste contexto, é pertinente examinar como esta dimensão do autocuidado tem sido abordada no âmbito do direito interno em alguns países da região. 34

C. Sistemas nacionais

Artigo XV da Declaração Americana de Direitos Humanos. Preâmbulo da Declaração Americana: O cumprimento do dever de cada um é exigência do direito de todos. Direitos e deveres integram-se correlativamente em toda a atividade social e política do homem. Se os direitos exaltam a liberdade individual, os deveres exprimem a dignidade dessa liberdade. Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos Em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, “Protocolo de San Salvador”, 1988: Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. Quando se tratar de pessoas em atividade, o direito à previdência social abrangerá pelo menos o atendimento médico e o subsídio ou pensão em caso de acidentes de trabalho ou de doença profissional e, quando se tratar da mulher, licença remunerada para a gestante, antes e depois do parto. Dispensar atenção e assistência especiais à mãe, por um período razoável, antes e depois do parto. Promover a adoção de marcos normativos, legislação e políticas públicas que tenham como objetivo atender aos cuidados com corresponsabilidade social, tomando como referência, entre outras ferramentas, a Lei Modelo Interamericana de Cuidados, para que as mulheres possam participar ativamente no mundo do trabalho e produtivo. Com base nas observações enviadas à OC 31 do Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador e Panamá.

27. No caso do Chile, o autocuidado começou a receber reconhecimento normativo por meio de recentes reformas legislativas. A Lei nº 21.375 35 tem como objetivo reconhecer, proteger e regulamentar, sem qualquer discriminação, o direito das pessoas que sofrem de uma doença terminal ou grave de receberem atendimento integral de saúde. No mesmo texto legal, o autocuidado é reconhecido como parte do processo de assistência à saúde, particularmente em situações de especial vulnerabilidade.

28. Para a Colômbia, tanto a jurisprudência constitucional quanto a legislação recente avançaram no sentido de reconhecer o autocuidado como uma dimensão essencial do direito à assistência. Após a Sentença C-400 da Corte Constitucional 36, que reconheceu o direito ao cuidado, foi promulgada a Lei 2281, que criou o Sistema Nacional de Cuidado com o objetivo de reconhecer, reduzir, redistribuir, representar e recompensar o trabalho de cuidado, com a intenção de que seja uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, o setor privado, a sociedade civil, as comunidades, as mulheres e os homens. 37

29. Outrossim, na Costa Rica, o autocuidado foi incorporado no âmbito da Política Nacional para a Igualdade Efetiva entre Mulheres e Homens 2018-2030 38, como parte dos objetivos destinados a transformar os padrões estruturais da desigualdade de gênero. Essa política reconhece que a sobrecarga de trabalho doméstico e de cuidados não remunerados limita o acesso das mulheres a oportunidades de desenvolvimento pessoal, social e econômico. Por isso, será incentivado o cuidado e o bem-estar das mulheres para que alcancem o desenvolvimento pessoal e social. 39

30. No Equador, o autocuidado é explicitamente reconhecido. A Lei Orgânica do Direito ao Cuidado, artigo 10, indica que: o autocuidado é a faculdade e a possibilidade que uma pessoa tem de cuidar de si mesma de acordo com as condições estabelecidas na lei, devidamente justificadas. 40 A abordagem da lei equatoriana implica que o autocuidado não se limita ao contexto de dependência ou cuidados assistidos, mas faz parte integrante do direito a uma vida digna, em consonância com os princípios de igualdade, corresponsabilidade e garantia progressiva de direitos. Trata-se, assim, de um dos avanços mais claros na América Latina no sentido da codificação expressa do autocuidado como parte substancial do direito humano ao cuidado.

31. Em El Salvador, o autocuidado foi reconhecido no âmbito da Política Nacional de Corresponsabilidade dos Cuidados 2022–2030 41, como parte de uma estratégia destinada a transformar a organização social dos cuidados. Esta política define o autocuidado como as atividades que as pessoas realizam por si mesmas com o objetivo

Disponível em: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1166846. Disponível em: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/c-400-24.htm. Lei 2281, artigo 6. Disponível em: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=200325. Disponível em: https://www.inamu.go.cr/documents/37629/80933/INAMU+PIEG+2018- 2030+NEW.pdf/e143aacf-1863-0514-edd7-f5281b70bf41?t=1732775641827. Pp. 70-72. Disponível em: https://www.inamu.go.cr/documents/37629/80933/INAMU+PIEG+2018- 2030+NEW.pdf/e143aacf-1863-0514-edd7-f5281b70bf41?t=1732775641827. Artigo 10. Disponível em: https://procuraduria.utpl.edu.ec/NormativaExterna/LEY%20ORG%C3%81NICA%20DEL%20DERECHO%20A L%20CUIDADO%20HUMANO-2-26.pdf. Disponível em: https://observatoriolaboral.ormusa.org/politica-nacional-de-corresponsabilidad-delos-cuidados-12022-2030/.

de manter uma boa saúde, prevenir e tratar doenças, manter uma higiene adequada, nutrição e um estilo de vida saudável. 42

32. No caso do México, embora não tenha sido reconhecido como um direito humano em nível constitucional, deve-se levar em consideração que a Constituição da Cidade do México incorpora em seu artigo 9 (Cidade Solidária) o seguinte: “toda pessoa tem direito aos cuidados que sustentem sua vida e lhe proporcionem os elementos materiais e simbólicos para viver em sociedade ao longo de toda a sua vida. As autoridades estabelecerão um sistema de cuidados que preste serviços públicos universais, acessíveis, pertinentes, suficientes e de qualidade e desenvolva políticas públicas. O sistema atenderá prioritariamente as pessoas em situação de dependência por doença, deficiência, ciclo de vida, especialmente a infância e a velhice, e aqueles que, de forma não remunerada, estão encarregados de seus cuidados”. 43 Inclusive, jurisprudencialmente, a Primeira Câmara da Suprema Corte de Justiça da Nação reconheceu que, desde a Constituição federal, “os cuidados são um bem fundamental e estabeleceu que o direito ao cuidado implica que todas as pessoas, principalmente aquelas que requerem cuidados intensivos ou extensivos e/ou especializados, como idosos, pessoas com deficiência e com alguma doença crônica, tenham a oportunidade de acessá-los, sem que isso prejudique a saúde, o bem-estar ou o plano de vida de quem cuida”. 44

33. Finalmente, no Panamá, essa dimensão do autocuidado também foi explicitamente reconhecida. A Lei nº 431, artigo 3º, estabelece que o direito ao autocuidado compreende “receber a atenção, a assistência e o apoio de que necessitam para desenvolver suas vidas com o maior grau possível de autonomia e bem-estar; o direito de cuidar em condições de qualidade e igualdade, em um contexto de corresponsabilidade social, e o direito ao autocuidado”. 45

34. Em conjunto, essas experiências refletem uma tendência regional emergente de compreender o autocuidado como um direito transversal, vinculado à autonomia pessoal, à saúde integral, à dignidade humana e à equidade de gênero. Embora existam diferenças quanto ao seu nível de reconhecimento e exigibilidade, todos os sistemas jurídicos analisados coincidem em destacar que o autocuidado não pode ser entendido como um privilégio, nem como um fardo individualizado, mas como um direito que requer condições materiais, institucionais e culturais para seu exercício efetivo por todas as pessoas.

35. É evidente que o autocuidado não deve ser entendido como uma prerrogativa limitada a determinados setores da população, mas como um direito humano universal que acompanha o exercício de outros direitos fundamentais, como saúde, educação, autonomia pessoal e dignidade. Mesmo na própria OC-31, a Corte IDH deixou transparecer essa amplitude conceitual. Por exemplo, no parágrafo 164, afirma-se que os Estados devem priorizar a corresponsabilidade social e estatal para garantir o

P. 10. Disponível em: https://observatoriolaboral.ormusa.org/politica-nacional-decorresponsabilidad-de-los-cuidados-12022-2030/. Art. 39 da Constituição da Cidade do México. Primeira Turma da Suprema Corte de Justiça da Nação, Amparo direto 6/2023, de outubro de 2023. Disponível em: https://vlex.com.pa/vid/ley-431-2024-crea-1049341511.

autocuidado das mulheres, reconhecendo assim sua importância como medida estrutural de equidade de gênero. 46

36. Além disso, nos parágrafos 291 47 e 293 48 , a Corte IDH destacou a estreita relação entre o autocuidado e o direito à educação, observando que o acesso à informação e à capacitação sobre como cuidar de si mesmas permite que as pessoas exerçam sua liberdade, atendam às suas necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais e culturais e desenvolvam plenamente sua personalidade. Esse raciocínio reforça a ideia de que o autocuidado é um direito que possibilita o exercício de outros direitos e cuja titularidade não pode ser restringida a um grupo específico.

37. Se partirmos do reconhecimento de que todas as pessoas, em algum momento de suas vidas, precisam de cuidados, então fica evidente que todas as pessoas têm direito ao autocuidado. Na verdade, o autocuidado é uma necessidade que deve acompanhar permanentemente as pessoas, como um elemento que permite uma vida digna. Essa conclusão, embora possa ser deduzida de uma análise lógica e sistêmica do corpus iuris internacional e regional, precisa ser formulada de maneira expressa para evitar interpretações restritivas que vinculem necessariamente o autocuidado à condição de cuidador ou pessoa cuidada, e assim avançar para uma compreensão mais justa, inclusiva e coerente com os princípios fundamentais do sistema interamericano.

No que diz respeito às mulheres que chefiam famílias monoparentais, a Corte IDH nota que, de acordo com a ONU Mulheres, 84,3% das famílias monoparentais, ou seja, a imensa maioria, são chefiadas por mulheres. Além disso, a América Latina e o Caribe são a região onde os lares monoparentais chefiados por mulheres são mais comuns, representando 9,5% do total dos lares, o que implica que nessas estruturas são as mulheres as responsáveis exclusivamente pela criação e sustento econômico de seus filhos, o que lhes impõe uma carga ainda mais desproporcional, somada ao fato de que esse tipo de lar tem maior probabilidade de sofrer pobreza econômica. Por isso, os Estados têm a obrigação de adotar medidas progressivas destinadas a garantir a colaboração da sociedade e do Estado, como forma de garantir que as pessoas que necessitam de cuidados dentro de famílias monoparentais possam recebê-los. Da mesma forma, nesses casos, a corresponsabilidade social e estatal para garantir o direito ao autocuidado das mulheres assume especial relevância. O Tribunal considera que o direito ao autocuidado, nos termos descritos pela Corte IDH, está intimamente relacionado com o direito à educação. De fato, a Corte considera que, para exercer a liberdade de buscar o bem-estar e atender às suas necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais e culturais, as pessoas devem ter acesso a informações e capacitação sobre estratégias de como cuidar de si mesmas, entre outras, por meio do sistema educacional. Nesse sentido, o Comitê DESC precisou que a educação permite aos indivíduos consolidar seu âmbito de autonomia de acordo com as diferentes etapas de seu ciclo de desenvolvimento. Da mesma forma, a Corte considera que os processos de formação oferecidos pelos sistemas de educação formal primária, básica, secundária e universitária devem permitir que as pessoas se desenvolvam de forma integral, alcancem seu pleno potencial e se tornem membros participativos da sociedade, o que deve incluir ferramentas para a manutenção de seu próprio bem-estar integral. Em suma, a garantia do direito à educação é um mecanismo essencial para transformar os paradigmas relacionados aos cuidados. Por um lado, no que se refere à distribuição das cargas de cuidados e à autonomia, a educação permite avançar na consolidação de modelos sociais que reconhecem que o indivíduo tem autonomia nas escolhas sobre seu projeto de vida, seu corpo e o pleno desenvolvimento de sua personalidade. Além disso, os processos educacionais permitem compreender o alcance do princípio da corresponsabilidade, segundo o qual é o indivíduo, de acordo com suas capacidades e fase da vida, o primeiro responsável por buscar seu bem-estar, com a participação da família, da sociedade e do Estado quando necessário para fornecer apoio e cuidados para o exercício de sua autonomia e o gozo de seus direitos humanos. Por outro lado, os processos educacionais são um mecanismo para compreender a relação entre o bem-estar individual, das comunidades e do meio ambiente. Nesse sentido, a Corte sustentou que os Estados têm a obrigação de adotar medidas para garantir a proteção, mitigação e remediação do meio ambiente diante de danos significativos, como um fim em si mesmo e como um meio para garantir os direitos das pessoas, incluindo o direito ao cuidado. Essas medidas devem reconhecer diversos modelos de organização dos cuidados e, em especial, devem valorizar os saberes tradicionais, locais e indígenas que reconhecem uma relação indissociável entre o cuidado das pessoas e do meio ambiente 23. Essa perspectiva é relevante em contextos indígenas, onde a visão do cuidado pode estar entrelaçada com o território, os recursos naturais e os ciclos ecológicos, de acordo com suas próprias cosmovisões.

38. Por todo o exposto, sem desconsiderar o valor dos avanços alcançados na OC-31, considero necessário afirmar claramente que o autocuidado deve ser reconhecido como uma das dimensões do direito ao cuidado, de forma autônoma, universal e exigível, cuja garantia deve ser promovida em todas as etapas da vida e a partir de uma abordagem interseccional, com base na dignidade humana e na igualdade real de condições.

III. A IMPORTÂNCIA DOS DESCA NO RECONHECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DO DIREITO AO CUIDADO

A. A uma década da justiciabilidade direta dos DESCA no Sistema Interamericano (2015-2025) 39. Desde o primeiro caso que conheci como juiz interamericano (2013), deixei clara minha profunda convicção sobre a possibilidade da justiciabilidade direta dos DESCA por meio de uma interpretação evolutiva do artigo 26 do Pacto de San José. 49 Posteriormente, caso a caso, expressei minha posição enfatizando essa possibilidade. 50

40. A justiciabilidade direta dos DESCA ganhou espaço em 2015, quando, pela primeira vez, a Corte IDH declarou uma violação do direito à educação no caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador, contemplado no Protocolo de San Salvador”. 51

41. Posteriormente, a jurisprudência interamericana foi substancialmente enriquecida nesta matéria a partir da ativação da cláusula de remissão prevista no artigo 26 da Convenção Americana, desde o caso Lagos del Campo Vs. Peru, em 2017.

42. Dez anos após o primeiro caso em que a Corte IDH declarou a responsabilidade internacional por violação de um direito social, produziu-se uma rica jurisprudência sobre o assunto que abordou o conteúdo dos DESCA: i) direito ao trabalho 52 (e suas diferentes

Ver voto concorrente emitido no Caso Suárez Peralta Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de maio de 2013. Série C No. 261. Por exemplo, ver os votos emitidos nos casos: Caso Canales Huapaya e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de junho de 2015. Série C n.º 296; Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1º de setembro de 2015. Série C nº 298; Caso Yarce e outros Vs. Colômbia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de novembro de 2016. Série C nº 325; Caso I.V. Vs. Bolívia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 30 de novembro de 2016. Série C n.º 329, e Caso Vereda La Esperanza Vs. Colômbia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2017. Série C n.º 341. Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1º de setembro de 2015. Série C nº 29. Posteriormente, com base novamente no Protocolo de San Salvador, também foi declarada violação do direito à educação nos casos: Caso Guzmán Albarracín e outros Vs. Equador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de junho de 2020. Série C n.º 405, e Caso Comunidades Quilombolas de Alcântara Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2024. Série C n.º 548. Ver: Caso Lagos del Campo Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2017. Série C n.º 340; Caso Trabalhadores Demitidos da Petroperú e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 23 de novembro de 2017. Série C n.º 344; Caso San Miguel Sosa e Vs. Venezuela. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 8 de fevereiro de 2018. Série C n.º 348; Caso Casa Nina Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2020. Série C n.º 419; Caso Ex-trabalhadores do Órgão Judicial Vs. Guatemala. Exceções Preliminares, Mérito e Reparações. Sentença de 17 de novembro de 2021. Série C n.º 445; Caso Palacio Urrutia e outros Vs. Equador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de novembro de 2021. Série C n.º 446: Caso Guevara Díaz Vs. Costa Rica. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de junho de 2022. Série C n.º 453; Caso Mina Cuero Vs. Equador. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 7 de setembro de 2022. Série C n.º 464; Caso Benites Cabrera e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares,

facetas, tais como salário 53 , vocação 54 ou promoção) 55; ii) direito a condições justas e equitativas 56; iii) direito à previdência social 57; iv) direito à saúde 58 (incluindo a saúde

Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de outubro de 2022. Série C n.º 465; Caso Nissen Pessolani Vs. Paraguai. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2022. Série C n.º 477; Caso Aguinaga Aillón Vs. Equador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 30 de janeiro de 2023. Série C n.º 483; Caso Gutiérrez Navas e outros Vs. Honduras. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 29 de novembro de 2023. Série C n.º 514; Caso Viteri Ungaretti e outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de novembro de 2023. Série C n.º 510, e Caso Dos Santos Nascimento e Ferreira Gomes Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 7 de outubro de 2024. Série C n.º 539. Ver: Caso Federação Nacional dos Trabalhadores Marítimos e Portuários (FEMAPOR) Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito e Reparações. Sentença de 1º de fevereiro de 2022. Série C nº 448. Ver: Caso Pavez Pavez Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de fevereiro de 2022. Série C n.º 449. Ver: Caso Peralta Armijos Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 15 de novembro de 2024. Série C n.º 546. Ver: Caso Spoltore Vs. Argentina. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 9 de junho de 2020. Série C n.º 404; Caso dos Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 15 de julho de 2020. Série C n.º 407, e Caso dos Mergulhadores Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras. Sentença de 31 de agosto de 2021. Série C n.º 432. Ver: Caso Muelle Flores Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de março de 2019. Série C n.º 375; Caso Associação Nacional de Desempregados e Aposentados da Superintendência Nacional de Administração Tributária (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2019. Série C n.º 394; Caso dos Mergulhadores Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras. Sentença de 31 de agosto de 2021. Série C n.º 432, e Caso Vera Rojas e outros Vs. Chile. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de outubro de 2021. Série C n.º 439. Ver: Caso Poblete Vilches e outros Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 8 de março de 2018. Série C n.º 349; Caso Cuscul Pivaral e outros Vs. Guatemala. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 23 de agosto de 2018. Série C n.º 359; Caso Hernández Vs. Argentina. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de novembro de 2019. Série C n.º 395; Caso Guachalá Chimbo e outros Vs. Equador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 26 de março de 2021. Série C n.º 423; Caso dos Mergulhadores Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras. Sentença de 31 de agosto de 2021. Série C n.º 432; Caso Vera Rojas e outros Vs. Chile. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1º de outubro de 2021. Série C n.º 439; Caso Valencia Campos e outros Vs. Bolívia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 18 de outubro de 2022. Série C n.º 469; Caso Rodríguez Pacheco e outra Vs. Venezuela. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de setembro de 2023. Série C n.º 504; Caso Habitantes de La Oroya Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de novembro de 2023. Série C n.º 511; Caso Povos Indígenas Tagaeri e Taromenane Vs. Equador. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de setembro de 2024. Série C n.º 537 e Caso Adolescentes Reclusos em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. Mérito, reparações e custas. Sentença de 20 de novembro de 2024. Série C n.º 547.

sexual e reprodutiva) 59; v) direito a um ambiente saudável 60; vi) direito à água 61; vii) direito à moradia 62; viii) direito à educação 63; ix) direito à alimentação 64; x) direito à liberdade sindical 65 (incluindo a negociação coletiva) 66; xi) direito à greve 67; xii) direito

Ver: Caso Manuela e outros Vs. El Salvador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 2 de novembro de 2021. Série C n.º 441; Caso Brítez Arce e outros contra Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 16 de novembro de 2022. Série C n.º 474, e Adolescentes Reclusos em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2024. Série C n.º 547. Ver: Caso Comunidades Indígenas Membros da Associação Lhaka Honhat (Nossa Terra) Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de fevereiro de 2020. Série C n.º 400; Caso Habitantes de La Oroya Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de novembro de 2023. Série C n.º 511; Caso Povos Rama e Kriol, Comunidade Negra Crioula Indígena de Bluefields e outros contra Nicarágua. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1º de abril de 2024. Série C n.º 522; Caso Povos Indígenas Tagaeri e Taromenane Vs. Equador. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de setembro de 2024. Série C n.º 537; Caso Comunidades Quilombolas de Alcântara Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2024. Série C n.º 548 e Caso do Povo Indígena U'wa e seus membros Vs. Colômbia. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de julho de 2024. Série C n.º 530. Ver: Caso das Comunidades Indígenas Membros da Associação Lhaka Honhat (Nossa Terra) Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de fevereiro de 2020. Série C n.º 400; Caso Comunidades Quilombolas de Alcântara Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2024. Série C n.º 548, e Caso Adolescentes Reclusos em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2024. Série C n.º 547. Ver: Caso Povos Indígenas Tagaeri e Taromenane Vs. Equador. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de setembro de 2024. Série C n.º 537, e Caso Comunidades Quilombolas de Alcântara Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2024. Série C n.º 548. Embora o direito à educação seja um dos dois direitos que podem ser justiciáveis por meio do mecanismo de petições individuais previsto no Protocolo de San Salvador, no Caso Adolescentes Reclusos em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile, no momento dos fatos, o Estado não havia ratificado o referido Protocolo. Assim, a Corte IDH recorreu à cláusula de remissão previsto no artigo 26 para extrair, entre outros, o direito à educação e declarar sua violação. Cf. Caso Adolescentes Reclusos em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2024. Série C n.º 547. Sobre a violação do direito à educação por meio do artigo 26 do Pacto de San José, ver também Caso Comunidades Quilombolas de Alcântara Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2024. Série C n.º 548. Ver: Caso Comunidades Indígenas Membros da Associação Lhaka Honhat (Nossa Terra) Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de fevereiro de 2020. Série C n.º 400; Caso Povos Indígenas Tagaeri e Taromenane Vs. Equador. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de setembro de 2024. Série C n.º 537, e Caso Comunidades Quilombolas de Alcântara Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2024. Série C n.º 548. Ver: Caso Ex-trabalhadores do Poder Judiciário Vs. Guatemala. Exceções Preliminares, Mérito e Reparações. Sentença de 17 de novembro de 2021. Série C n.º 445. Ver: Caso Membros do Sindicato Único dos Trabalhadores da ECASA (SUTECASA) Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de junho de 2024. Série C n.º 526. Ver: Caso Ex-trabalhadores do Poder Judiciário Vs. Guatemala. Exceções Preliminares, Mérito e Reparações. Sentença de 17 de novembro de 2021. Série C n.º 445.

ao saneamento 68; e xiii) direito à cultura 69 (incluindo a livre determinação 70 e a recreação 71).

43. Ou seja, na última década (2015-2025), a Corte IDH declarou a responsabilidade internacional pela violação de algum dos DESCA em mais de 40 casos 72, o que envolveu 13 países sobre os quais exerce sua competência contenciosa. 73

44. A isso devemos acrescentar os 5 pareceres consultivos aos quais se refere à justiciabilidade direta dos DESCA. Em particular, esses pareceres abordaram direitos como o ambiente saudável, a associação sindical, a greve, a negociação coletiva, bem como o direito a um clima saudável no contexto da emergência climática. 74 Além disso, no OC-29, foi abordada a forma como devem ser garantidos os direitos à educação, à saúde, à alimentação e à cultura de diversos grupos privados de liberdade. 75 Agora, no presente OC-31, é reconhecido o direito ao cuidado, com base em vários DESCA.

45. Nesse contexto, os DESCA no Sistema Interamericano constituem uma linha jurisprudencial importante e robusta. Nos relatórios de mérito submetidos ao

Ver: Caso Adolescentes Reclusos em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2024. Série C n.º 547. Ver: Caso Comunidades Indígenas Membros da Associação Lhaka Honhat (Nossa Terra) Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de fevereiro de 2020. Série C n.º 400; Caso Povos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango e outros Vs. Guatemala. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de outubro de 2021. Série C n.º 440; Caso Povos Indígenas Tagaeri e Taromenane Vs. Equador. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de setembro de 2024. Série C n.º 537; Caso Comunidades Quilombolas de Alcântara Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2024. Série C n.º 548 e Caso do Povo Indígena U'wa e seus membros Vs. Colômbia. Mérito, reparações e custas. Sentença de 4 de julho de 2024. Série C n.º 530 e Caso Adolescentes Reclusos em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2024. Série C n.º 547. Ver: Caso Povos Rama e Kriol, Comunidade Negra Crioula Indígena de Bluefields e outros Vs. Nicarágua. Mérito, Reparações e custas. Sentença de 1º de abril de 2024. Série C n.º 522, e Caso Huilcamán Paillama e outros Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 18 de junho de 2024. Série C n.º 527. Ver: Caso Adolescentes Reclusos em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2024. Série C n.º 547. Esta lista não inclui os casos em que foi alegada a violação do artigo 26 e a Corte IDH declarou que não houve violação. Até o momento, apenas Barbados, Haiti, México, Panamá, República Dominicana, Suriname e Uruguai não foram declarados internacionalmente responsáveis pela violação do artigo 26. Isso se deve ao fato de que, até o momento, a CIDH não encaminhou casos desses países relacionados aos DESCA. Ver Direitos à liberdade sindical, negociação coletiva e greve, e sua relação com outros direitos, com perspectiva de gênero (interpretação e alcance dos artigos 13, 15, 16, 24, 25 e 26, em relação aos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, dos artigos 3, 6, 7 e 8 do Protocolo de San Salvador, dos artigos 2, 3, 4, 5 e 6 da Convenção de Belém do Pará, dos artigos 34, 44 e 45 da Carta da Organização dos Estados Americanos e dos artigos II, IV, XIV, XXI e XXII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem). Parecer Consultivo OC-27/21 de 5 de maio de 2021. Série A n.º 27, e Meio ambiente e direitos humanos (obrigações estatais em relação ao meio ambiente no âmbito da proteção e garantia dos direitos à vida e à integridade pessoal - interpretação e alcance dos artigos 4.1 e 5.1, em relação aos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Parecer Consultivo OC-23/17 de 15 de novembro de 2017. Série A n.º 23. Enfoques diferenciadas a respeito de determinados grupos de pessoas privadas da liberdade (Interpretação e alcance dos artigos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 e 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e de outros instrumentos que dizem respeito à proteção dos direitos humanos). Parecer Consultivo OC-29/22 de 30 de maio de 2022. Série A n.º 29.

conhecimento da Corte IDH, nenhum dos membros da Comissão Interamericana nas últimas integrações votou contra a submissão dos casos por possíveis violações do artigo 26 do Pacto de San José. E cada vez mais Estados reconhecem violações aos DESCA.

46. Hoje, o artigo 26 da Convenção Americana se erige como uma disposição versátil que ajuda a compreender de forma integral as violações que se tem a oportunidade de analisar. Essa disposição complementa aspectos que já haviam sido analisados anteriormente pelo Tribunal Interamericano e acrescenta dimensões necessárias para compreender o alcance de todos os direitos protegidos pela Convenção Americana. Não se deve ignorar que, no próprio Preâmbulo do Pacto de San José, aludindo à Declaração Universal, afirma-se que “o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos”.

47. Estou convencido de que o despertar dos DESCA no âmbito da Convenção Americana e do Sistema Interamericano em geral constitui agora um dos pilares sobre os quais se sustenta a ordem pública interamericana, o que se reveste de especial importância em um continente com altos índices de desigualdade e injustiça social e pobreza estrutural, especialmente importante em tempos de retrocessos na vigência dos direitos em nível global.

B. Os direitos perdidos no Sistema Africano de Direitos Humanos e seu processo de integração

48. Quando se fala da justiciabilidade direta dos DESCA no direito internacional dos direitos humanos, uma referência obrigatória é o Sistema Africano de Direitos Humanos e dos Povos. 76 Embora seja o mais jovem de todos os existentes, foi, na sua época, o Sistema que abordou os direitos sociais como direitos justiciáveis de forma direta perante instâncias supranacionais.

49. A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos de 1981 contempla tanto direitos civis e políticos como direitos de índole econômica, social e cultural 77, entre os quais se encontram: o direito ao trabalho (art. 15), o direito à saúde (art. 16), o direito à educação (art. 17.1), o direito à cultura (art. 17.2 e 17.3), o direito ao uso e gozo de suas riquezas e recursos naturais (art. 21), o direito ao desenvolvimento (art. 22) e o direito ao meio ambiente (art. 24), sem hierarquia entre um ou outro e de forma indivisível e interdependente.

50. Existem também outros instrumentos no Sistema Africano, relativos a determinados grupos historicamente discriminados, como mulheres, crianças e idosos, que também incorporaram direitos sociais de forma expressa.

51. No caso do Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Mulheres 78 (adotado em 2003 e que entrou em vigor em 2005),

No Sistema Africano, a Comissão Africana e a Corte Africana declararam violações autônomas de direitos sociais consagrados na Carta Africana ou desenvolveram outros direitos sociais que não se encontram expressamente reconhecidos na Carta através dos existentes nesse instrumento internacional. Ssenyonjo, Manisuli, “Economic, Social and Cultural Rights in the African Charter”, em Ssenyonjo, Manisuli (ed.), The African Regional Human Rights System: 30 years after the African Charter on Human and People´s Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 2012, p. 57. Disponível em: http://www.achpr.org/files/instruments/womenprotocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf.

contempla o direito à educação 79, ao trabalho e à previdência social 80, à saúde e à saúde sexual reprodutiva 81, à segurança alimentar e à água 82, à moradia adequada 83, a um contexto cultural positivo 84, o direito a um ambiente saudável e sustentável 85 e o direito ao desenvolvimento sustentável. 86

52. Por outro lado, encontramos a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança (adotada em 1990 e que entrou em vigor em 1999). Este instrumento protege, nos seus dispositivos, o direito à educação 87, ao lazer e à cultura 88, e à saúde 89, além de proibir o trabalho infantil. 90

53. Por fim, no caso do Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os direitos das pessoas idosas na África (adotado em 2016), protege o direito à previdência social 91, o direito à saúde 92, o acesso à educação 93 e o direito ao lazer e à cultura 94 das pessoas idosas.

54. Embora existam vários dispositivos que protegem essa categoria de direitos, a prática jurisprudencial é muito escassa nessa matéria. Tanto a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos como a Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos se pronunciaram sobre violações diretas e autônomas em matéria de direitos sociais. 95 Nesse sentido, por exemplo, a Comissão Africana afirmou que “a singularidade da situação africana e as qualidades especiais da Carta Africana impõem à Comissão Africana uma tarefa importante, pois o direito internacional e os direitos humanos devem ser sensíveis às circunstâncias africanas; claramente, os direitos coletivos, os direitos ambientais e os direitos econômicos e sociais são elementos essenciais dos direitos humanos na África”. 96

55. Independentemente de outros desenvolvimentos jurisprudenciais, uma das

Artigo 12. Direito à educação e à formação. Artigo 13. Direitos ao bem-estar econômico e social. Artigo 14. Saúde e direitos reprodutivos. Artigo 15. Direito à segurança alimentar. Artigo 16. Direito a uma moradia adequada. Artigo 17. Direito a um contexto cultural positivo. Artigo 18. Direito a um ambiente saudável e sustentável. Artigo 19. Direito ao desenvolvimento sustentável. Artigo 11. Educação. Artigo 12. Lazer, recreação e atividades culturais. Artigo 14. Saúde e serviços de saúde. Artigo 15. Trabalho infantil. Artigo 7. Proteção social. Artigo 15. Acesso aos serviços de saúde. Artigo 16. Acesso à educação. Artigo 17. Participação em programas e atividades recreativas. Cfr. Mzikenge Chirwa, Danwood e Chenwi, Lilian, The protection of economic, social and cultural rights in Africa. International, Regional and National Perspectives, Cambridge University Press, 2016. African Commission on Human and People´s Rights. The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights Vs. Nigeria, Communications No. 155/96, par. 68.

grandes questões que se colocou neste sistema foi a dos direitos sociais perdidos. Assim, a Carta de Banjul, apesar de consagrar os direitos sociais, não faz referência expressa a um modo de vida adequado (incluindo o direito à alimentação, ao vestuário e à habitação), ao direito à previdência social ou ao benefício do progresso científico; e o mais desconcertante é que esses direitos “perdidos” na Carta de Banjul estão relacionados com as necessidades socioeconômicas das pessoas da África predominantemente rural e empobrecida, que têm pouco acesso a água potável, moradia adequada, alimentação, etc. 97

56. No entanto, a prática jurisprudencial desenvolveu o alcance dos dispositivos da Carta Africana. Um caso em que a Comissão Africana interpretou além da literalidade da Carta Africana foi o caso Social and Economic Rights Action Center (SERAC) e Center for Economic and Social Rights (CESR) Vs. Nigéria — conhecido como o caso do povo Ogoni. Nesse caso, os representantes argumentaram que o governo da Nigéria havia participado diretamente da produção de petróleo por meio de uma empresa petrolífera estatal (Companhia Nacional de Petróleo da Nigéria — NNPC) e que as operações haviam causado degradação ambiental e problemas de saúde decorrentes da contaminação do meio ambiente no povo Ogoni. 98

57. Em relação ao direito à saúde (art. 16) e ao direito ao meio ambiente (art. 24), a Comissão Africana observou que esses direitos reconhecem a importância de um ambiente limpo e seguro, que está intimamente ligado aos direitos econômicos, sociais e culturais, na medida em que o ambiente afeta a qualidade de vida e a segurança das pessoas. 99 Especificamente, no que diz respeito ao artigo 24, a Comissão Africana considerou que a expressão utilizada neste artigo (direito a um ambiente geral satisfatório e favorável ao seu desenvolvimento) equivale ao direito a um ambiente saudável. Assim, no âmbito desse direito, impõe-se ao Estado que adote medidas razoáveis e de outra natureza para prevenir a poluição e a degradação ecológica, promover a conservação, garantir um desenvolvimento ecologicamente sustentável e o uso dos recursos naturais. 100

58. Desta forma, o cumprimento das obrigações dos governos, nos termos dos artigos 16 e 24 da Carta Africana, deve incluir estudos de impacto ambiental e social antes de qualquer desenvolvimento industrial importante, a realização de um acompanhamento adequado e a informação às comunidades expostas a materiais e atividades perigosas, proporcionando oportunidades significativas para que as pessoas sejam ouvidas na tomada de decisões sobre os planos de desenvolvimento que afetam as suas comunidades. 101 Neste caso, verificou-se que nenhuma das medidas descritas acima tinha sido tomada pelo governo nigeriano na terra das comunidades Ogoni.

59. Quanto ao direito de usufruir dos recursos naturais (art. 21), os demandantes alegaram que o governo da Nigéria estava envolvido na produção de petróleo e, portanto, não supervisionava nem regulamentava as operações das empresas petrolíferas no território Ogoni. Por outro lado, o governo não incluiu as comunidades

Cf. Alemahu Yeshanew, Sisay, The Justiciability of Economis, Social and Cultural Rights in the African Regional Human Rights System, Intersentia, Cambridge, 2013, p. 241. ACHPR, Comunicação 155/96 Centro de Ação pelos Direitos Sociais e Econômicos (SERAC) e Centro pelos Direitos Econômicos e Sociais (CESR) / Nigéria, 27 de outubro de 2001, par. 1. Ibidem, par. 51. Ibidem, par. 52. Ibidem, par. 53.

Ogoni nas decisões que afetavam o desenvolvimento da região Ogoni, razão pela qual não houve benefícios materiais para a população. 102 Nesse sentido, a Comissão Africana fez referência a que, apesar da obrigação do Estado de proteger as pessoas contra interferências no gozo de seus direitos, o governo da Nigéria facilitou a destruição da terra Ogoni, o que afetou de forma devastadora o bem-estar das comunidades, além de que essas comunidades não tiveram nenhum benefício, o que equivalia à violação do artigo 21 da Carta. 103

60. Em relação aos direitos perdidos a que nos referimos anteriormente, neste caso, a Comissão Africana desenvolveu o direito à moradia adequada e o direito à alimentação a partir de outros direitos da Carta Africana. Quanto à violação do direito à moradia adequada, foi analisada — em conjunto — a violação dos artigos 14 (direito à propriedade), 16 (direito ao melhor estado de saúde física e mental possível/saúde) e 18.1 (proteção da família). A Comissão Africana sustentou, em relação a esse direito não expresso na Carta de Banjul, que:

60. Embora o direito à moradia ou ao abrigo não esteja explicitamente previsto na Carta Africana, o corolário da combinação das disposições que protegem o direito de desfrutar do melhor estado possível de saúde física e mental, o direito à propriedade e a proteção da família proíbe a destruição sem sentido do abrigo, porque quando a moradia é destruída, a propriedade, a saúde e a vida familiar são afetadas de maneira adversa. Portanto, observa-se que o efeito combinado dos artigos 14, 16 e 18.1 da Carta Africana deve ser interpretado no sentido de que protege o direito à moradia [...].

61. No mínimo, o direito à moradia obriga [...] a não destruir a moradia de seus cidadãos ou a não impedir os esforços de indivíduos ou comunidades para reconstruir suas casas perdidas. A obrigação do Estado de respeitar o direito à moradia exige — e, portanto, todos os seus órgãos e agentes — que se abstenha de realizar, promover ou tolerar qualquer prática, política ou medida legal que viole a integridade da pessoa ou infrinja sua liberdade de usar os recursos materiais ou de outro tipo disponíveis, da maneira que for mais adequada para o indivíduo, a família famílias ou comunidades, para satisfazer o direito à moradia. As obrigações de proteger obrigam a impedir a violação do direito de toda pessoa a uma moradia por qualquer outro ator individual ou não estatal, como proprietários, incorporadores imobiliários e proprietários de terras, e onde essas violações ocorrem, deve-se agir para evitar ou impedir novos abusos, bem como garantir o acesso a recursos legais. O direito à moradia vai além de um teto, pois se estende ao direito de todo indivíduo de viver em paz, seja sob um teto ou não. 104

61. No que diz respeito à violação do direito à alimentação, foi estudada em conjunto a violação dos artigos 4 (direito à vida), 16 (direito à saúde) e 22 (direito ao desenvolvimento econômico, social e cultural) da Carta Africana, estimando-se que:

65. O direito à alimentação está indissociavelmente ligado à dignidade do ser humano e, portanto, é essencial para o gozo e o exercício de outros direitos, como saúde, educação, trabalho e participação política. A Carta Africana e o Direito Internacional exigem [que os Estados] protejam e melhorem as fontes de alimentos existentes e garantam o acesso a uma alimentação adequada para todos os cidadãos. [Exigem, além disso,] que os governos não destruam nem contaminem as fontes de alimentos. Não se deve permitir que particulares destruam ou contaminem as fontes de alimentos e impeçam os esforços das pessoas para se alimentarem. 105

Ibidem, par. 55. Ibidem, par. 58. Ibidem, pars. 60 e 61. Ibidem, par. 65.

62. A técnica argumentativa utilizada pelo Sistema Africano, ao afirmar que os direitos que não estão expressos nos instrumentos do sistema são o resultado da combinação do conteúdo de outros direitos expressos e, assim, extrair os direitos perdidos; constitui uma espécie de integração do conteúdo essencial dos direitos humanos, a partir da qual é possível delimitar o conteúdo essencial de outro direito não expressamente previsto

C. O direito ao cuidado como um direito perdido ou inominado na Convenção Americana: seu processo de integração

63. Avalio positivamente que, em 10 anos, a Corte IDH tenha desenvolvido de forma muito robusta o conteúdo do artigo 26 da Convenção Americana. Esse desenvolvimento jurisprudencial gradual nesta década serviu de base para que, hoje, o Tribunal Interamericano pudesse concluir que o direito ao cuidado é um direito autônomo a partir da Convenção Americana.

64. Os direitos sociais que podem ser extraídos do artigo 26, entre outros casos, podem ser aqueles que fazem parte de outros direitos (seja como componentes ou facetas). Neste contexto, são direitos que não estão expressamente contemplados nos instrumentos internacionais interamericanos e, por isso, são uma espécie de “direitos perdidos” no nosso sistema de proteção internacional.

65. Assim como o Sistema Africano, a Corte IDH “combina” parte do conteúdo dos direitos previstos na Convenção Americana para “integrar” o conteúdo de um novo direito; neste caso, o direito ao cuidado, tanto como direito em si mesmo, quanto como garantia de outros direitos. Nesse contexto, apenas para contribuir com o indicado na presente OC-31, referir-me-ei à forma como — acertadamente — o direito ao cuidado é incorporado como um direito protegido na Convenção Americana e, por outro lado, à importância da dupla faceta dos direitos sociais como “mecanismos” ou “garantias” de outros direitos (sociais ou civis e políticos).

66. Quanto ao primeiro ponto, a Corte IDH conclui que o direito ao cuidado “constituise como um direito autônomo protegido pelos artigos 4.1, 5, 7, 11, 17, 19, 24 e 26 da Convenção Americana, pelo que os Estados têm o dever de respeitá-lo e garanti-lo nos termos dos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana”. Considero adequado que o direito ao cuidado surja da combinação do conteúdo dos seguintes direitos:

a. Do direito à vida, pois toda pessoa tem direito a uma vida digna (e isso inclui que, como medidas positivas derivadas da obrigação de garantia, devem ser proporcionadas as condições para o desenvolvimento de condições dignas);

b. Do direito à integridade, uma vez que a falta de adoção de medidas (por exemplo, cuidados) pode colocar o ser humano em uma condição que se traduza em tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes ou, em casos extremos, em casos de tortura;

c. O direito à liberdade pessoal, uma vez que a liberdade entendida de forma ampla implica que as pessoas possam ter autonomia e liberdade para se integrarem à sociedade;

d. O direito à honra e à dignidade, uma vez que o objetivo desse direito é que as pessoas possam ter uma existência digna, evitando que as pessoas que

precisam de cuidados sejam colocadas em uma situação que se configure como degradante;

e. Do direito à família, uma vez que as tarefas de cuidados, embora não exclusivamente, são muitas vezes prestadas diretamente pelo núcleo familiar;

f. Dos direitos da infância, uma vez que, por exemplo, os tratamentos de reabilitação por deficiência e os cuidados paliativos são serviços essenciais para as crianças, os quais devem ser realizados levando em consideração as necessidades específicas do tratamento médico necessário e com o apoio às famílias responsáveis por seus cuidados, especialmente às mães, que tradicionalmente assumem as tarefas de cuidado 106;

g. Do direito à igualdade e a não discriminação, uma vez que, no âmbito da igualdade substantiva que decorre do artigo 24 da Convenção, a Corte IDH indicou que os Estados devem adotar medidas que permitam equilibrar as tarefas domésticas e de cuidados entre homens e mulheres, o que implica adotar políticas destinadas a fazer com que os homens participem ativa e equilibradamente na organização do lar e na criação dos filhos 107;

h. Do direito ao trabalho, uma vez que, em muitos casos, o cuidado é a principal atividade das pessoas que o prestam;

i. Do direito à saúde, uma vez que, em muitos casos, para concretizar este direito, são necessários tratamentos médicos (físicos, como reabilitação, ou psicológicos); e

j. Do direito à previdência social, uma vez que inclui os cuidados no âmbito da sua proteção. Com efeito, trata-se de um direito que oferece garantias às pessoas que não podem trabalhar em caso de morte, velhice, desemprego, doença, invalidez, acidentes de trabalho ou maternidade, para cuidar de si e dos seus dependentes.

67. A combinação desses conteúdos protegidos por esses direitos ou a integração dos campos de proteção, de todos e cada um dos direitos contidos no Pacto de San José, é o que permite ao Tribunal Interamericano concluir que o direito ao cuidado é um direito autônomo. Em suma, não se trata de uma violação conjunta de direitos, mas de uma violação particular e específica de um direito, cujo conteúdo encontra fundamento nos direitos protegidos pela Convenção Americana.

68. Este exercício de integração não é estranho à jurisprudência do Tribunal Interamericano. Recentemente, a Corte IDH, utilizando essa técnica de integração do conteúdo de outros direitos protegidos pela Convenção Americana, determinou que,

Cf. Caso Vera Rojas e outros Vs. Chile. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1º de outubro de 2021. Série C nº 439, pars. 109-111. Cf. Direitos à liberdade sindical, à negociação coletiva e à greve, e sua relação com outros direitos, com perspectiva de gênero (interpretação e alcance dos artigos 13, 15, 16, 24, 25 e 26, em relação aos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, dos artigos 3, 6, 7 e 8 do Protocolo de San Salvador, dos artigos 2, 3, 4, 5 e 6 da Convenção de Belém do Pará, dos artigos 34, 44 e 45 da Carta da Organização dos Estados Americanos e dos artigos II, IV, XIV, XXI e XXII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem). Parecer Consultivo OC-27/21 de 5 de maio de 2021. Série A n.º 27, par. 174.

embora os direitos à consulta prévia, livre e informada 108 e à livre determinação 109 não sejam direitos previstos no texto do Pacto de San José, são direitos que encontram sua base no conteúdo dos direitos expressos na Convenção. O mesmo se aplica a outros direitos, por exemplo, o direito à verdade, o direito de defender os direitos humanos, o direito à autodeterminação informativa e, agora, na presente OC-31, o direito autônomo ao cuidado.

69. Nesse contexto, a relação entre o direito ao cuidado e o artigo 26 do Pacto de San José parte precisamente dos elementos que protegem os direitos ao trabalho, à saúde e à previdência social. Por isso, considero correto, tal como foi feito no desenvolvimento da OC-31, que, para estabelecer a ligação entre os direitos sociais e o direito ao cuidado, primeiro se extraia o direito social respectivo do artigo 26 110 e, como um segundo grau de análise, se determine se esse direito social, em algum de seus componentes ou facetas, tem uma ligação com o direito ao cuidado. Como a Corte IDH tem feito em sua jurisprudência, o fundamental para tornar justiciável um determinado direito social é partir das normas ou direitos consagrados na Carta da OEA, ou determinar se algum ou alguns dos direitos derivados do artigo 26 têm uma ligação com um novo direito.

70. Em segundo lugar, também considero oportuno destacar a dupla dimensão do direito ao cuidado, tanto como direito em si mesmo, quanto como garantia para concretizar outros direitos. No parecer consultivo, a Corte IDH conclui que “a garantia do direito ao cuidado e seu conteúdo estão intimamente relacionados a outros direitos em razão dos princípios de interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos, e adquirem características específicas a partir das exigências e necessidades dos grupos em situação de vulnerabilidade”. 111 Aqui, cabe enfatizar, como já fizemos no início deste voto fundamentado (ver supra, par. 10), a estreita relação do direito ao cuidado com os direitos à educação, ao ambiente e ao clima saudáveis 112 — também protegidos pelo artigo 26 do Pacto de San José. Especialmente, na medida em que os processos educacionais são um mecanismo para compreender a relação entre o bem-estar individual, das comunidades e do meio ambiente, pelo que a Corte IDH assinalou “que os Estados devem garantir o reconhecimento de diversos modelos de organização dos cuidados, devendo valorizar os conhecimentos tradicionais indígenas. 113

71. Nesse cenário, os direitos sociais não são apenas direitos que devem ser concretizados, mas também, em alguns casos, os mecanismos ou garantias pelos quais outros direitos são concretizados. Por exemplo, a Corte IDH já havia abordado o caráter

Ver Caso Comunidade Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Vs. Guatemala. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 16 de maio de 2023. Série C n.º 488. Ver Caso Povos Rama e Kriol, Comunidade Negra Crioula Indígena de Bluefields e outros contra Nicarágua. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1º de abril de 2024. Série C nº 522. Ver pars. 189, 226 e 248 da presente OC-31. Par. 133 da presente OC-31. Embora a Corte IDH se refira apenas à ligação entre o direito ao cuidado e o direito a um ambiente saudável, considero que também há uma relação com o direito a um clima saudável, recentemente reconhecido na OC-32 sobre Emergência Climática e Direitos Humanos, devido à sua interdependência e indivisibilidade. Daí a importância ineludível de vincular esse aspecto à jurisprudência da Corte IDH em matéria de povos indígenas e tribais, bem como aos padrões da recente OC-32, sobre Emergência Climática e Direitos Humanos.

instrumental de direitos como o salário 114, a previdência social 115 ou o meio ambiente 116 para poder satisfazer outros direitos humanos sociais.

72. Assim, o direito ao cuidado, por exemplo, é um meio pelo qual se pode garantir o direito à saúde de uma pessoa ou pelo qual se garante o direito ao trabalho através do exercício de uma vocação específica. Essa relação é uma demonstração de que os direitos são indivisíveis e interdependentes. Abordar os direitos a partir de sua função de mecanismo ou garantia de direitos tem como benefício permitir a instrumentalização das políticas públicas para seu exercício de forma integral. Não se trata apenas de focar nos sujeitos que merecem cuidados (direito em si), mas nas condições em que isso pode ser realizado (mecanismo).

IV. CONCLUSÕES

73. A OC-31 constitui a primeira ocasião em que a Corte IDH se pronuncia sobre o direito ao cuidado como direito autônomo, em sua tripla dimensão (prestar cuidados, receber cuidados e o autocuidado), bem como sua inter-relação com outros direitos previstos no Sistema Interamericano. Constitui um marco na consolidação da jurisprudência interamericana sobre DESCA, precisamente dez anos depois de o Tribunal Interamericano ter declarado violado pela primeira vez um direito social (2015-2025). 117

74. É significativo — expresso isso com profunda nostalgia — que esta seja a última ocasião em que me pronuncio sobre um tema relacionado aos direitos sociais, como fiz há treze anos no primeiro caso contencioso que conheci como juiz titular da Corte IDH (2013). Naquela ocasião, expressei, com profunda convicção, a necessidade e a possibilidade interpretativa da justiciabilidade direta dos DESCA. 118

75. Na presente OC-31, reveste-se de especial relevância o fato de que parte dos direitos em que se fundamenta o direito ao cuidado são aqueles DESCA protegidos pelo artigo 26 — direitos à saúde, ao trabalho e à segurança social — ou que têm especial ligação com outros DESCA, como os direitos à educação, ao ambiente ou ao clima saudáveis, especialmente importantes para os povos e comunidades indígenas (ver supra, pars. 10 e 70 do presente voto). Assim, o direito ao cuidado se erige como uma espécie de “direito perdido” ou “direito inominado” na Convenção Americana. A partir de um processo de integração de diversos dispositivos do Pacto de San José — entre os quais se encontram os referidos direitos sociais —, ele encontra sua base para poder se configurar jurisprudencialmente como um direito autônomo. Isso é especialmente importante na América Latina e no Caribe para a realização da justiça social, por ser

Ver Caso Federação Nacional dos Trabalhadores Marítimos e Portuários (FEMAPOR) Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito e Reparações. Ver Caso Muelle Flores Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 6 de março de 2019. Série C n.º 375. Ver Parecer Consultivo OC-27/21 de 5 de maio de 2021. Série A n.º 27; e Meio ambiente e direitos humanos (obrigações estatais em relação ao meio ambiente no âmbito da proteção e garantia dos direitos à vida e à integridade pessoal - interpretação e alcance dos artigos 4.1 e 5.1, em relação aos artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). Parecer Consultivo OC-23/17 de 15 de novembro de 2017. Série A n.º 23. Ver meu voto fundamentado no Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1º de setembro de 2015. Série C nº 298. Voto fundamentado no Caso Suárez Peralta Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de maio de 2013. Série C n.º 261.

uma das regiões mais desiguais e injustas do mundo, com índices preocupantes de pobreza, insegurança e fragilidade em suas instituições democráticas.

76. Esse reconhecimento do direito ao cuidado, como direito autônomo, é fundamental na construção de um ius constitutionale commune na América Latina. 119 Particularmente importante, pelo efeito que produzem os padrões estabelecidos na presente OC-31, por meio do controle de convencionalidade, em sua dimensão de norma interpretada 120, para todas as autoridades nacionais no âmbito de sua competência. Com efeito, os Estados são obrigados a respeitar e garantir o direito ao cuidado à luz deste Parecer Consultivo, bem como a adotar medidas legislativas e de outra natureza para alcançar sua plena eficácia. Isso implica que toda autoridade (legislador, juiz ou aqueles que elaboram, aprovam ou implementam políticas públicas) está sujeita aos parâmetros previstos na presente OC-31 121, para garantir a proteção adequada dos direitos humanos. A Corte IDH lembra que esses parâmetros não derivam apenas da Convenção Americana, mas também da Declaração Americana e da Carta da OEA, pelo que são aplicáveis em todos os países membros do sistema interamericano. 122

77. Embora a presente OC-31 reconheça o autocuidado como uma dimensão ou conteúdo do direito ao cuidado, sua conceituação parece limitada exclusivamente àqueles que exercem tarefas de cuidado ou se encontram em situação de dependência. Essa restrição parece contradizer a própria premissa de que o cuidado constitui uma necessidade humana universal e uma condição indispensável para uma vida digna. A partir dessa perspectiva, a dimensão do direito ao autocuidado não deveria depender de uma relação prévia de dependência ou de função de cuidado, mas sim ser projetada como uma expressão inerente da autonomia pessoal e do direito ao desenvolvimento integral de toda pessoa, em qualquer etapa de sua vida.

78. O autocuidado não é apenas uma condição para sustentar as relações de cuidado existentes, mas representa, em si mesmo, parte essencial do direito fundamental de preservar o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual, independentemente de a pessoa cuidar ou ser cuidada. Limitar sua titularidade impede o reconhecimento de que todas as pessoas precisam, em algum grau e momento, buscar condições para seu bemestar, o que é essencial para sua agência, autonomia e plena participação na vida comunitária. Essa visão limitada corre o risco de reproduzir uma visão utilitária do autocuidado, com o objetivo de tornar mais eficientes as relações de cuidado, em vez de compreendê-lo como um fim em si mesmo.

79. Confio que a Corte IDH complementará no futuro essa dimensão do direito ao autocuidado para todas as pessoas e não o vinculará necessariamente às pessoas que prestam e recebem cuidados. Não se deve perder de vista a abordagem original formulada pela Argentina em seu pedido: “Um direito que deve ser garantido em suas três dimensões essenciais: prestar cuidados, receber cuidados e o autocuidado”. O

Mostra-se relevante a análise de direito comparado realizada pela Corte IDH sobre a normativa constitucional, legal e jurisprudencial sobre o direito ao cuidado nos países da região. Ver, especialmente, a seção “A.7. Sobre o reconhecimento constitucional dos trabalhos de cuidados como direito fundamental em alguns países da região” na presente OC-31. O acima exposto tem implicações interpretativas importantes pelo disposto no art. 29, inciso b) do Pacto de San José. Sobre as duas dimensões que produz o controle de convencionalidade, com efeitos de coisa julgada e como norma interpretada, ver Caso Gelman Vs. Uruguai. Supervisão de Cumprimento de Sentença. Resolução da Corte Interamericana de 20 de março de 2013, pars. 67-69, bem como meu voto fundamentado. Ver Ponto Resolutivo 5 da presente OC-31, bem como os pars. 37 e 122 a 132. Par. 124 da presente OC-31.

acima exposto está de acordo com o reconhecimento progressivo do autocuidado pela jurisprudência e pela legislação internacional e nacional — de forma implícita ou explícita — 123; assim como também foi reconhecido pela melhor doutrina sobre o assunto desde 2007 124 e pela CEPAL 125, ao reconhecê-lo como um direito humano fundamental para a sustentabilidade da vida e do planeta, com base nos princípios de igualdade, universalidade e corresponsabilidade social e de gênero.

80. Em suma, é necessário afirmar que o direito ao (auto)cuidado ou de cuidar (de si mesmo) é universal e autônomo: toda pessoa tem direito a contar com o tempo, os espaços e os recursos necessários para cuidar de seu bem-estar integral. Reconhecê-lo dessa forma não apenas fortalece a compreensão do cuidado como uma responsabilidade compartilhada, mas também abre caminho para sociedades mais equitativas, nas quais o desenvolvimento pessoal não se subordina a papéis ou categorias previamente atribuídos, mas se baseia na dignidade de cada ser humano.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Juiz

Pablo Saavedra Alessandri Secretário

Ver supra, seção 2 do presente voto fundamentado, pars. 12-38. Ver o trabalho pioneiro sobre o tema, de Laura C. Pautassi: O cuidado como questão social a partir de um enfoque de direitos, CEPAL/ONU-AECI, Santiago do Chile, 1º de outubro de 2007. Cf. Nota de rodapé 6 da presente OC-31. Ver CEPAL, O direito ao cuidado na América Latina e no Caribe: avanços normativos, Observatório de Igualdade de Gênero da América Latina e do Caribe. Estudos (4) (LC/PUB.2025/9-P), CEPAL-ONU Mulheres- OIT, 2025. Este documento tem como antecedente “Avanços em matéria de regulamentação dos cuidados na América Latina e no Caribe: rumo a uma sociedade de cuidados com igualdade de gênero”, apresentado em novembro de 2022 por ocasião da XV Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe (Güezmes e Vaeza, 2023).

PARECER CONSULTIVO OC-31/25 DE 12 DE JUNHO DE 2025 SOLICITADO PELA REPÚBLICA ARGENTINA

CONTEÚDO E ALCANCE DO DIREITO AO CUIDADO E SUA INTER- RELAÇÃO COM OUTROS DIREITOS

VOTO CONCORRENTE DA JUÍZA VERÓNICA GÓMEZ

1. O posicionamento da Corte na presente decisão aborda a essência das questões levantadas pela República Argentina em seu pedido de Parecer Consultivo, à luz da interpretação das normas do sistema interamericano e do direito internacional. A natureza dos temas que são objeto do Parecer merece as reflexões adicionais que se esboçam a seguir.

I. GÊNESE CONCEITUAL DO DIREITO AO CUIDADO

2. O conceito de cuidado como direito humano autônomo, com suas três abordagens — prestar cuidados, receber cuidados e autocuidado — surgiu há duas décadas, por iniciativa da sociedade civil e da academia. Nesse sentido, cabe destacar a contribuição seminal da doutora Laura Pautassi, 1 reiteradamente reconhecida pelos Estados e organismos intergovernamentais que participaram do procedimento escrito e oral da OC-31/25, bem como em múltiplas intervenções da sociedade civil. Desde então e durante as últimas duas décadas, a sociedade civil e os Estados da região, por meio de suas instituições nacionais e de sua participação em agências internacionais como a CEPAL e a CIM, têm trabalhado progressivamente para consolidar esse reconhecimento e sua materialização por meio de políticas públicas.

3. É importante destacar a articulação transnacional que a sociedade civil planejou e colocou em prática para acompanhar o processo do presente Parecer Consultivo, com abordagens temáticas conceituais apresentadas de forma

Pautassi, L. (2007) “O cuidado como questão social a partir de uma abordagem de direitos”, Série Mulher de Direitos, CEPAL. Ver também Pautassi, Laura (2023) “Da polissemia à norma. O direito humano ao cuidado”. Buenos Aires, Fundação Medifé, Coleção Horizontes do Cuidado, disponível em https://www.fundacionmedife.com.ar/leer/horizontes-del-cuidado; Pautassi, Laura (2024) “Regressando ao futuro. A interdependência do direito à seguridade social e do direito ao cuidado” em González Carvallo, Diana (coord.) O direito à seguridade social e as responsabilidades de cuidado, Cidade do México, Tirant lo Blanch Editorial, pp. 1-36; Pautassi, Laura (2024) “A abordagem de gênero nas relações trabalhistas na América Latina: uma transformação inadiável para o ICCAL” em Armin von Bogdandy, Mariela Morales Antoniazzi, Humberto Villasmil Prieto, Franz Christian Ebert, Ricardo Buendía Esteban (coordenadores acadêmicos). A dimensão trabalhista do constitucionalismo transformador na América Latina: construção de um ius commune, Bogotá, Edições Uniandes - Instituto Max Planck de Direito Público Comparado e Direito Internacional - Deutsche Forschungsgemeinschaft, Coleção Série Justiça Social, pp. 89-140; Pautassi, Laura (2025) “The Human Right to Care in Latin America: Legal Conceptualization, Social Demand, and Public Policy” em Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, Volume 32, Edição 2, Verão 2025, pp. 266–286; Pautassi, Laura (2025) “Desigualdades estruturais no trabalho e no cuidado: as demandas em curso no sistema interamericano”, em Anuário de Direitos Humanos, Vol. 21 N° 1, pp. 171-198; Pautassi, Laura (2025) “Bases normativas e fundamentos políticos do direito humano ao cuidado” em Suprema Corte de Justiça do México (ed.) O direito humano ao cuidado: uma agenda em construção, México, Suprema Corte de Justiça da Nação, pp. 87-138.

ordenada e estratégica ao procedimento. Entre essas contribuições, destacam-se apresentações que galvanizam consensos importantes para o reconhecimento do direito ao cuidado como direito autônomo. 2 Sem dúvida, tanto as diversas e substanciais contribuições escritas quanto as notáveis jornadas de audiência pública 3 que fizeram parte da construção da OC-31/25 constituem uma contribuição de grande valor para a compreensão das múltiplas dimensões do direito ao cuidado, seus desafios e boas práticas.

4. O benefício residual de ter tornado públicas — de forma excepcional — as opiniões concorrentes a esta Opinião Consultiva após a adoção do texto da maioria permite destacar que — poucos dias após sua publicação em agosto de 2025 — os Estados membros da CEPAL já reconheceram formalmente o direito humano autônomo ao cuidado, em suas três dimensões (receber cuidados, prestar cuidados e autocuidado) e têm chamado a respeitar e garantir esse direito, bem como a adotar medidas legislativas e de outra natureza para alcançar sua plena eficácia, com base na OC-31/25. De fato, no Compromisso de Tlatelolco, os Estados se comprometem a adotar marcos normativos, políticas, programas e sistemas integrais de cuidados com perspectiva de interseccionalidade e interculturalidade, sustentáveis no tempo, que respeitem, protejam e cumpram os direitos daqueles que recebem e prestam cuidados de forma remunerada e não remunerada, que previnam todas as formas de violência no mundo do trabalho formal e informal, garantam a participação plena, significativa e igualitária das mulheres na vida pública, na política e na economia, e liberem tempo para que as mulheres possam ingressar no emprego e na educação e desfrutar plenamente de sua autonomia. 4

5. Sem dúvida, o Parecer Consultivo OC-31/25 é um marco em um iter cujo segmento mais desafiador em matéria de desenvolvimento de políticas públicas está apenas começando e merece apoio e construção contínua por parte dos

Entre os muito valiosos amici curiae apresentados pela sociedade civil e pela academia no âmbito do procedicmento escrito e oral da OC-31/25, cumpre destacar o Amicus conjunto da Laura Pautassi e da Natalia Gherardi (em representação da ELA - Equipe Latino-Americana de Justiça e Gênero) juntamente com Abramovich, Víctor; Ávila Santamarina, Ramiro; Barcala, Alejandra; Bestard, Ana María; Borrillo, Daniel; Brocca, Mariana; Burijovich, Jacinta; Cain, Cindy; Clérico, Laura; Cranford, Cynthia; De León Aulina, Emilienne, (em representação da Aliança Global pelos Cuidados); Duffy, Mignon; Falú, Ana; Franganillo, Virginia; García Rapp, Jorge; Gómez Yanéz, Yaiza; González Carvallo, Diana Beatriz; González Velez, Ana Cristina; Gonzalez, Julieta Belen; Harari, Sofía; Jaramillo Fonnegra, Verónica; Jimenez Brito, Lourdes; Krasnow, Adriana (em representação da Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Rosário); Lerussi, Romina Carla; Litvachky, Paula (em representação do Centro de Estudos Legais e Sociais CELS); Lubertino, María José (em representação da Associação Cidadã pelos Direitos Humanos); Mancini, Marcela Sabrina; Marco Navarro, Flavia; Martínez Franzoni, Juliana; Marzoneto, Gabriela; Minaggia, María Gabriela; Minyersky, Nelly; Nazar, María Esther (em representação da CISCSA); Percovich, Margarita (em representação da Rede Pro Cuidados do Uruguai); Pérez, Laura Elisa; Pinto, Mónica; Radcliffe, Maria Silvina; Ramírez, Silvina; Rico, María Nieves; Rojas Rodriguez, Mayra (em representação da Associação Civil Paz Cívica); Rodríguez Enríquez, Corina; Rossi, Julieta; Rubel, Luciana (Universidade Nacional de Lanús, Instituto de Justiça e Direitos Humanos e Doutorado em Saúde Mental e Comunitária); Saba, Roberto; Salguero Torres Friné, Haydeé (Instituto de Liderança Simone de Beauvoir); Scagliola, Andrés; Schiro, María Victoria; Sosa, María Fabiana; Torres Santomé, Natalia E. (diretora do Projeto DECyT UBA); Troiano, Gabriela Alejandra (em representação da Rede pelos Direitos das Pessoas com Deficiência); Urrejola, Antonia; Velarca, Álvaro (em representação da Conferência Interamericana de Seguridade Social); Tamagnini, Carolina (FUNDEPS); Yoma, Solana María. O texto do Amicus pode ser consultado em https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-31/35_ELA.pdf

Para acessar as Audiências sobre o Pedido de Parecer Consultivo sobre o Conteúdo e o Alcance do Direito ao Cuidado, realizadas nos dias 12, 13 e 14 de março de 2024, visite https://www.youtube.com/watch?v=qaHk5v6gdOo.

Compromisso de Tlatelolco, XVI Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe. Cidade do México, 12 a 15 de agosto de 2025, CEPAL. Disponível em https://conferenciamujer.cepal.org/16/sites/crm16/files/2500331s_crm.16_compromiso_tlatelolco.pdf.

Estados, da sociedade civil, da academia e da sociedade como um todo, como paradigma de desenvolvimento sustentável, igualdade e paz.

II. ALGUMAS NOTAS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DO PARECER CONSULTIVO

6. O Parecer Consultivo defende o reconhecimento do direito ao cuidado como um direito autônomo, em uma longa lista de direitos consagrados em vários tratados de direitos humanos, sempre com base nos princípios de corresponsabilidade social e familiar e no princípio da solidariedade. Concretamente, a OC-31 faz referência ao direito à igualdade, com especial referência à igualdade de gênero; à questão da relação entre o cuidado e o direito ao trabalho; à relação entre o direito ao cuidado e a seguridade social; à relação entre o direito ao cuidado e o direito à saúde; e à relação entre o direito ao cuidado e o direito à educação. Abaixo, apresentam-se breves reflexões sobre três aspectos que merecem ser aprofundados.

7. Quanto ao cuidado e à seguridade social, a OC-31/25 estabelece que os Estados devem implementar sistemas que integrem progressivamente os setores sem cobertura (parágrafo 248), incluindo aqueles que realizam trabalho não remunerado, e enfatiza a necessidade de avançar nos esforços para formalizar este setor do emprego. Nesse sentido, cabe destacar que o trabalho remunerado no lar — o mais feminizado — tende a ser o setor mais excluído da seguridade social. Historicamente, essa exclusão decorre de formas de discriminação direta, tanto na legislação quanto devido a tratamentos menos favoráveis que se naturalizaram ao longo da história e que afetam setores especialmente vulneráveis, como mulheres e meninas de baixa renda. A OC-31/25 deve ser interpretada no sentido de avançar no acesso das trabalhadoras domésticas à seguridade social, a fim de superar a discriminação histórica direta e indireta que as afeta, igualando as condições de acesso e de benefícios para esse setor profissional que carrega pesados estereótipos.

8. Quanto ao cuidado e às licenças, embora o cuidado não seja uma contingência — ocorre de forma cotidiana e inevitável —, pode sim incluir situações contingentes. Embora a OC-31/25 faça referência explícita às licenças e benefícios familiares em situações extremas (doença grave ou acidente), cabe considerar as situações e necessidades contingentes do cuidado que fazem parte do exercício do direito ao cuidado em suas três dimensões. Nesse sentido, quando se fala em licença maternidade, paternidade e parentalidade, deve-se pensar em “outras licenças de cuidados” que os próprios Estados começaram a implementar (parágrafo 250).

9. Quanto ao cuidado e à deficiência, é importante refletir sobre a situação das mulheres cuidadoras com deficiência. Os estereótipos baseados no gênero e na deficiência têm um impacto direto sobre as mulheres com deficiência que exercem a maternidade ou são cuidadoras, devido à confusão entre a necessidade de contar com apoio e a aptidão para exercer a maternidade ou prestar cuidados. 5 Os Estados devem reconhecer ativamente o papel das mulheres com deficiência como

Ver: Relatora Especial das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2017) “A saúde e os direitos sexuais e reprodutivos das meninas e jovens com deficiência”, Documento A/72/133.

potenciais cuidadoras e visibilizá-las nas leis e políticas públicas sobre cuidados. Nesse sentido, a acessibilidade a apoios (dispositivos e tecnologias assistivas), serviços de mobilidade e infraestrutura (moradia) são fundamentais para garantir o direito ao cuidado e ao autocuidado das mulheres com deficiência.

III. VÍNCULO ENTRE A OC-31/25 E A OC-32/25

10. A OC-31/25 sobre o Direito ao Cuidado foi julgada quase simultaneamente à OC-32/25 sobre Emergência Climática. Além de coincidirem no momento de sua redação, ambos os pareceres abrem canais de sinergia mútua sobre os quais cabe refletir.

11. O Parecer Consultivo OC-32/25 sobre Emergência Climática aborda o reconhecimento do direito a um meio ambiente saudável — já reconhecido pelo Protocolo de San Salvador e pela OC-23/17 — como um direito humano, visando o reconhecimento do direito a um clima saudável, como componente vital de um sistema livre de interferências antropogênicas perigosas, que merece proteção, também como um direito humano. A OC-32/25 constitui um roteiro em relação às obrigações que os Estados da comunidade internacional, as empresas e as sociedades devem enfrentar conjuntamente diante da emergência climática.

12. No exercício de sua competência como intérprete da Convenção Americana e de outros tratados de direitos humanos, a Corte também aborda o impacto da emergência climática na vida das pessoas por meio de três dimensões principais: uma dimensão intergeracional; uma dimensão antropológica e cultural; e uma dimensão socioeconômica.

13. O eixo intergeracional permite avaliar o impacto da emergência climática ao longo da vida das pessoas e os interesses em jogo na tomada de decisões: promover e elaborar medidas de mitigação e adaptação que afetam ou transformam o exercício dos direitos individuais no final da vida constitui um desafio e acarreta uma responsabilidade diferente daquela de fazê-lo em uma idade precoce e com a certeza de um impacto prolongado. O eixo antropológico e cultural permite avaliar a forma diferenciada como a emergência climática afeta o modo de vida ancestral dos povos indígenas e das comunidades afrodescendentes que habitam as Américas em uma grande variedade de ecossistemas e climas. Por fim, a dimensão socioeconômica revela os impactos extremos da emergência climática provocados pela falta de recursos, frequentemente associada ao acesso à moradia limitado a zonas altamente vulneráveis a eventos climáticos de alta letalidade, à escassez de água potável e saneamento, à falta de infraestrutura para mitigação e adaptação, entre outras circunstâncias.

14. Essas três dimensões encontram sua maior interseção em setores da população de baixa idade que vivem em áreas geográficas particularmente vulneráveis, com foco em mulheres e meninas, como responsáveis históricas por tarefas de cuidado que requerem acesso à água potável e ao saneamento adequado, essenciais para a alimentação e a saúde das famílias e comunidades. É nessa interseção que a OC-32/25 se conecta com a OC-31/25 sobre o direito ao cuidado.

15. Entre os direitos referenciados na OC-31/25 está o direito a um meio ambiente saudável e, nesse sentido, o Parecer Consultivo sobre Cuidados proclama irmandade com a Opinião Consultiva sobre Emergência Climática. Concretamente, a OC-31/25, em sua parte resolutiva, declara a existência de modelos de organização dos cuidados baseados em conhecimentos tradicionais, locais e indígenas sobre a relação inseparável entre o cuidado das pessoas e o cuidado do meio ambiente.

16. Cabe manifestar um reconhecimento especial às associações indígenas e de mulheres indígenas que compartilharam contribuições escritas e orais com a Corte no âmbito da OC-31/25 e da OC-32/25 sobre a relação indissociável entre o cuidado da pessoa, de sua comunidade e de seu ecossistema, 6 bem como as de outras organizações da sociedade civil e agências estatais. Essas contribuições combinam dimensões fundamentais para compreender e abordar a emergência climática a partir de consensos culturais vitais sobre o cuidado com o meio ambiente.

VI. A OPORTUNIDADE DO RECONHECIMENTO E IMPULSO DO DIREITO AO CUIDADO

17. As revoluções tecnológicas do século XX e início do século XXI intensificaram a amplitude e o alcance dos modelos de negócios privados ou público-privados, sejam eles extrativos, de infraestrutura, produtivos, tecnológicos, digitais ou de outra natureza, de caráter ou com impacto transnacional. Esses modelos de negócios em grande escala são permitidos por lei e, de fato, incentivados por políticas públicas como instrumentos — por sua vez, circunstanciais — de desenvolvimento econômico dos Estados em termos de investimento, emprego, consumo e influência nos mercados internacionais.

18. Alguns desses modelos de negócios em grande escala geram novos tipos de riscos globais que merecem a atenção urgente da comunidade internacional. Os danos ambientais causados por essas atividades continuam sendo abordados de forma individualizada por meio de ações judiciais de reparação movidas pelas

FIAN Colômbia, FIAN Internacional, Associação Semilleros de Libertad, Organização de Mulheres Negras/Afrocolombianas, Movimento Agroecológico Latino-Americano e do Caribe – MAELA, Colômbia, Kilombo Niara Sharay de Medicina Ancestral do Ser Afro, Sembrando Agricultura para a Paz, Organização de Vítimas do Conflito Interno na Colômbia, AFROTUMAC. Disponível em: https://corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC- 31/129_FIAN_otros.pdf. Coordenação do Enlace Continental de Mulheres Indígenas – ECMIA da região Sul e Organização Nacional de Mulheres Indígenas, Andinas e Amazônicas do Peru – ONAMIAP. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-31/22_ONAMIAP.pdf. Observatório de Direitos Humanos dos Povos Indígenas de Neuquén (Argentina). Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC- 31/89_observ_pueblosind.pdf. Instituto Alana. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-31/49_instituto_alana.pdf. Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), Associação de Mulheres Meretrizes da Argentina (AMMAR), Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS), Escritório para a América Latina da Coalizão Internacional para o Habitat (HIC-AL), Fundação para o Desenvolvimento de Políticas Sustentáveis (Fundeps), Iniciativa Global para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (GI ESCR), Instituto de Liderança Simone de Beauvoir (ILSB), Maru Meléndez Margarida, Observatório DESCA, Sindicato dos Trabalhadores Curtidores da República Argentina (SOCRA), Viviana Osorio Pérez e Women’s Legal Center (WLC), com a compilação e coordenação da Secretaria da Rede- DESC - Rede Internacional pelos Direitos Econômicos. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-31/47_AIDA_AMMAR.pdf.

pessoas prejudicadas — frequentemente em outras jurisdições — com argumentos baseados na responsabilidade objetiva e respaldados pelo histórico sistema de seguros. Ao mesmo tempo, as revoluções tecnológicas geram mudanças nas condições de trabalho que afetam famílias e comunidades cujo bem-estar é prejudicado.

19. Não se deve ignorar as lições da história que revelam o impacto inexorável das revoluções tecnológicas sobre as condições de trabalho, sociais e familiares das pessoas e sobre o meio ambiente em que vivem. Repetidamente — na Idade Média, no Renascimento e na Era Moderna — os impactos iniciais da introdução de novas tecnologias na produção privilegiaram o lucro dos investidores iniciais em detrimento da condição social e da qualidade de vida dos trabalhadores e suas famílias, comunidades e biomas.

20. Em vista do exposto, cabe transformar a inexorável revolução digital da IA — com seu marketing opressivo — em uma oportunidade de inclusão sem discriminação, com foco no cuidado com a pessoa e seu espaço natural, superando os ameaçadores danos ambientais, a erosão do cuidado e o consequente aprofundamento da desigualdade. A galvanização do direito ao cuidado — graças à sua conceituação e materialização em políticas públicas — constitui uma ferramenta a ser invocada em favor da preservação dos direitos das pessoas, famílias e comunidades em um contexto histórico em transformação, no qual prevalecem as narrativas sobre mudanças de paradigma que afetarão o trabalho.

Verónica Gómez Juíza

Pablo Saavedra Alessandri Secretário

VOTO CONCORDANTE E PARCIALMENTE DISSIDENTE

DA JUÍZA PATRICIA PÉREZ GOLDBERG

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

PARECER CONSULTIVO OC-31/25 DE 12 DE JUNHO DE 2025 SOLICITADO PELA REPÚBLICA ARGENTINA

CONTEÚDO E ALCANCE DO DIREITO AO CUIDADO E SUA INTERRELAÇÃO COM OUTROS DIREITOS

Introdução

A vulnerabilidade e a dependência não são estados excepcionais ou episódicos, mas sim traços constitutivos da condição humana, que se manifestam em diferentes etapas do nosso ciclo vital. Em correlação com o exposto e com base na leitura de um conjunto de disposições do Direito Internacional dos Direitos Humanos (doravante, DIDH), a Corte Interamericana de Direitos Humanos (a seguir, “o Tribunal” ou “a Corte”) afirmou, neste Parecer Consultivo (doravante, “Parecer” ou “OC”), que “o cuidado constitui também uma necessidade básica, inadiável e universal, da qual dependem tanto a existência da vida humana quanto o funcionamento da vida em sociedade, na medida em que assegura condições mínimas de atenção para uma existência digna, especialmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade, dependência ou limitação”. 1

O cuidado permaneceu historicamente invisibilizado na sociedade; uma invisibilidade que se reflete com especial nitidez em disciplinas como a economia e a filosofia política. Como assinala Katrine Marçal, Adam Smith explicou a provisão de bens a partir do interesse próprio do açougueiro ou do padeiro, mas omitiu sua mãe, que todos os dias lhe servia o jantar. 2 Essa imagem revela a exclusão sistemática do trabalho de cuidado, relegado a uma “segunda economia”, sem reconhecimento nem remuneração, apesar de constituir a própria base sobre a qual o mercado se sustenta. Essa omissão não implicou apenas um déficit na teoria econômica, mas também consolidou desigualdades estruturais que perduram até hoje.

Algo semelhante ocorreu no campo da filosofia política e, particularmente, nas teorias da justiça. Como adverte Martha Nussbaum, até mesmo as formulações mais influentes do liberalismo — como a teoria da justiça de John Rawls — partiram de um modelo de cooperação entre sujeitos livres, iguais e independentes, 3 invisibilizando a situação daqueles que vivem em condições de dependência ou vulnerabilidade, como pessoas com deficiência, crianças ou idosos. 4 Diante dessa exclusão, a abordagem das capacidades 5 propõe uma reformulação: colocar a vulnerabilidade e a interdependência

Cf. Par. 48. Cf. MARCAL, K. (2016). ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Una historia de las mujeres y la economía. Taurus, p. 51. Cf. RAWLS, J. (1995). Teoría de la justicia. Fondo de Cultura Económica. Como afirma Nussbaum, nesse modelo contratual clássico “algumas questões que parecem extremamente importantes para a justiça social-questões relativas à distribuição de assistência, do trabalho destinado à assistência e dos custos sociais de promover mais inclusão dos cidadãos com deficiência - não chegam a entrar na proposta ou são explicitamente enviadas a uma fase posterior”. Cf. NUSSBAUM, M. C. (2007). Las fronteras de la justicia: Consideraciones sobre la exclusión. Ediciones Paidós Ibérica, pp. 51-52. A abordagem de capacidades de Martha Nussbaum é uma teoria de justiça social parcial que propõe que os Estados têm o dever de garantir a todas as pessoas um limiar mínimo de certas capacidades humanas

no centro da teoria e medir a justiça por meio das oportunidades reais de cada pessoa para desenvolver suas capacidades e viver com dignidade. Nessa perspectiva, o cuidado deixa de ser um assunto privado ou secundário e passa a ser um componente essencial de qualquer concepção substantiva de justiça.

Nesse sentido, o Parecer desta Corte põe em foco esse âmbito há tanto tempo mergulhado na penumbra: reconhece o cuidado como um direito humano autônomo, em suas três dimensões — cuidar, ser cuidado e o autocuidado —, e como um meio indispensável para o gozo de uma vida digna. Ao fazê-lo, a Corte sustenta uma concepção de pessoa fundada na dignidade, que reconhece a vulnerabilidade inerente à condição humana e a interdependência entre os indivíduos. Esse reconhecimento implica que o cuidado não constitui um resíduo invisível da economia nem um vazio teórico da filosofia política, mas uma condição indispensável para o exercício efetivo de todos os demais direitos.

Assim, o cuidado deixa de ser apenas um ideal ético ou um dever privado, para consolidar-se como um verdadeiro direito humano. Seu reconhecimento pressupõe uma mudança de paradigma na forma como os Estados, as sociedades e as famílias distribuem as responsabilidades e garantem o acesso aos cuidados.

Como propôs Laura Pautassi, a transição “da polissemia à norma” 6 é fundamental para compreender essa evolução: da dispersão conceitual em que o cuidado era entendido em múltiplos sentidos — econômicos, sociais, afetivos —, avança-se para sua afirmação como um direito. Isso significa superar visões fragmentárias 7 e assistencialistas, para reconhecer que o cuidado é pressuposto indispensável para a autonomia pessoal, a igualdade substantiva e o gozo de uma vida digna.

Entretanto, à medida que se avança na identificação desse direito, surge também a necessidade de interpretar seus alcances. Assim, por exemplo, no caso de uma criança ou adolescente, qual é a relação ou o impacto do uso intensivo e/ou não supervisionado do mundo digital em seu bem-estar físico e psíquico? Como isso se relaciona com o direito ao cuidado?

Em consequência, com o objetivo de enfatizar alguns aspectos abordados pelo PC e formular algumas precisões complementares, apresento este voto, 8 que se desenvolve de acordo com a seguinte estrutura:

fundamentais, necessárias para levar uma vida digna. Estas capacidades não devem ser definidas de forma utópica ou mínima, mas com um nível desafiante e alcançável. Cf. PÉREZ GOLDBERG, P. (2021) Las mujeres privadas de libertad y el enfoque de capacidades (1.ª ed.), pp. 94-98. A autora sublinha que esta evolução e os seus resultados requerem uma abordagem integral com base nos direitos humanos e perspectiva de gênero. PAUTASSI, L. (2023). De la polisemia a la norma. Fundación Medifé, p. 88. Cf. Par. 112. Artigo 65.2 do Regulamento da Corte IDH: “Todo Juiz que houver participado no exame de um caso tem direito a acrescer à sentença seu voto concordante ou dissidente, que deverá ser fundamentado. Esses votos deverão ser apresentados dentro do prazo fixado pela Presidência, para que possam ser conhecidos pelos Juízes antes da notificação da sentença. Os mencionados votos só poderão referir-se à matéria tratada nas sentenças”. Agradeço as sugestões da Dra. Astrid Orjuela e do Dr. Pablo González, e também a colaboração de pesquisa do Dr. Esteban Oyarzún.

Índice Página I. O direito a receber cuidados de crianças e adolescentes 3 a. Crianças e adolescentes sob tutela ou cuidado do Estado 3 b. Cuidado e proteção de crianças e adolescentes diante dos riscos do 19 ambiente digital i. Riscos do ambiente digital e seus impactos no desenvolvimento de crianças 19 e adolescentes ii. Quadro jurídico internacional sobre o ambiente digital e a infância 25 iii. Padrões de proteção e deveres de Estados e cuidadores em ambientes 30 digitais II. O direito ao cuidado e as pessoas com deficiência 35 III. Sobre a improcedência de estender a justiciabilidade dos DESCA 43 além do marco convencional expresso a. O Direito dos Tratados 45 b. Trabalhos preparatórios da Convenção Americana 46 c. O Protocolo de San Salvador 53 d. Considerações específicas no âmbito do Parecer Consultivo 55 IV. Sobre o valor institucional dos votos e a necessidade de sua 60 publicação conjunta com a opinião majoritária Conclusão 62

I. O direito de crianças e adolescentes a receber cuidados

a. Crianças e adolescentes sob a tutela ou cuidado do Estado

No Parecer Consultivo objeto deste voto, a Corte desenvolveu um marco geral sobre o direito de receber cuidados no caso de crianças e adolescentes, destacando sua centralidade no âmbito da proteção especial que lhes corresponde. Em primeiro lugar, assinalou que a infância constitui o principal grupo destinatário do direito ao cuidado, especialmente em suas primeiras etapas de desenvolvimento, conforme dados internacionais que revelam que a grande maioria das pessoas que necessitam de cuidados se concentra na população de 0 a 14 anos. 9 Com base nisso, recordou que o DIDH reconhece de maneira unânime que as crianças e os adolescentes gozam de um direito à proteção e à assistência especiais, consagrado expressamente no artigo 19 da Convenção Americana, disposição que influencia a interpretação de todos os demais direitos reconhecidos nesse tratado e, além disso, estabelece que esse grupo da população “tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado.” 10

Do mesmo modo, a Corte reiterou sua jurisprudência no sentido de que o artigo 19 obriga os Estados a respeitar e garantir os direitos da infância reconhecidos em instrumentos internacionais; por isso, o corpus iuris internacional e, em particular, a Convenção sobre os Direitos da Criança (doravante, CDC), constituem parâmetros indispensáveis para delimitar o conteúdo dessas obrigações. 11 A partir disso, indicou que os Estados devem assumir uma posição de garantidor e promover medidas de proteção especial, que incluem a garantia do direito de ser cuidado, de acordo com as necessidades e etapas de desenvolvimento de cada criança. 12

Cf. Par. 173. Cf. Par. 174. Cf. Par. 175. Cf. Par. 176.

O Tribunal também enfatizou que “em vista do desenvolvimento progressivo de crianças e adolescentes, a família, a sociedade e o Estado devem trabalhar juntos para garantir a proteção especial e reforçada”. 13 Como consequência, reconheceu-se “a família como o núcleo central de proteção à criança e ao adolescente, bem como o direito da criança de viver em sua família e de ser cuidada dentro dessa estrutura, com a participação da sociedade e do Estado”. 14 Nesse sentido, destacou as obrigações dos Estados de apoiar os pais na criação dos filhos, fomentar a corresponsabilidade parental e criar serviços e instituições que assegurem o cuidado adequado. 15

No entanto, reconheceu-se que nem todas as famílias podem garantir esse cuidado e que, em virtude do princípio da corresponsabilidade, cabe ao Estado e à sociedade atuar conjuntamente para assegurar serviços de cuidado, prestando assistência aos pais ou assumindo diretamente essa função quando necessário. 16 Assim, a Corte afirmou:

“[…] falta de capacidade pode ter diferentes graus e ocorre, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes: privadas do cuidado parental ou daquelas que correm o risco de se encontrar em tal situação; em situações de pobreza ou pobreza extrema; que se encontram em outras situações de risco; em conflito com a lei ou que se encontram institucionalizadas por qualquer outro motivo; cujos pais não podem cuidar delas devido a que possuem alguma doença, deficiência ou impossibilidade de trabalhar, ou nos casos em que os pais têm responsabilidades profissionais e não têm a capacidade econômica para pagar pelos cuidados de seus filhos”. 17

De forma específica, a Corte especificou que os Estados têm obrigações reforçadas em relação a crianças e adolescentes em situação de alta vulnerabilidade, como aqueles que vivem nas ruas ou que se encontram institucionalizados. 18 Nesses casos, o Estado deve atuar como garantidor substituto, adotando medidas especiais e diferenciadas para assegurar o interesse superior de meninos e meninas, considerando também fatores de interseccionalidade. 19 Do mesmo modo, a Corte afirmou que, quando crianças e adolescentes são privados do meio familiar, o Estado tem a responsabilidade de lhes proporcionar um acolhimento alternativo adequado, por meio de recursos comunitários ou de outros disponíveis. 20

Ora, em qualquer modalidade de institucionalização ou cuidado substitutivo, a Corte estabeleceu que esta deve ser regida pelos princípios de necessidade, excepcionalidade e temporalidade, cabendo ao Estado a obrigação de supervisionar permanentemente o bem-estar e o desenvolvimento das crianças e adolescentes envolvidos. 21 Além disso, recordou que “em caso de que haja previsão da institucionalização, ela deve ser o último recurso, pelo menor tempo possível e sujeita a revisão periódica.” 22 Por fim, sublinhou que os Estados devem estabelecer um quadro jurídico de cuidados que garanta o acesso a serviços de qualidade em condições de igualdade, fortalecendo tanto as iniciativas comunitárias quanto as estatais e privadas, com especial atenção às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, incluindo indígenas, afrodescendentes,

Cf. Par. 177. Cf. Par. 177. Cf. Par. 177. Cf. Par. 177. Cf. Par. 178. Cf. Par. 179. Cf. Par. 179. Cf. Par. 180. Cf. Par. 181. Cf. Par. 181.

pessoas com deficiência, com doenças ou cujos pais ou famílias não possam assegurar o cuidado necessário. 23

Embora o Parecer Consultivo desenvolva os parâmetros interamericanos relativos ao direito de crianças e adolescentes a receber cuidados, considero que um aspecto que não foi abordado com a devida profundidade diz respeito ao cuidado das pessoas que se encontram sob custódia estatal, ainda que esse tema tenha sido tratado nas intervenções apresentadas perante a Corte. 24 Com efeito, embora a Corte tenha assinalado que os Estados ocupam uma posição especial de garantidores em relação a crianças e adolescentes institucionalizados, e tenha identificado certos princípios orientadores, como a necessidade, a excepcionalidade e a temporalidade na separação do meio familiar, não aprofundou no modo como devem ser configuradas e concretizadas as obrigações estatais quando o cuidado é assumido diretamente pelo próprio Estado. Considero necessário deter-me neste ponto, dado que se trata de um âmbito particularmente sensível, no qual o risco de violação de direitos se intensifica e em que os princípios do DIDH sobre a matéria precisam ser especificados e desenvolvidos para assegurar uma proteção efetiva.

Para examinar adequadamente a questão do cuidado de crianças e adolescentes sob custódia estatal, é imprescindível partir do corpus iuris de proteção da infância que a própria Corte Interamericana reconheceu como marco interpretativo. Nesse sentido, a CDC, que constitui o tratado de direitos humanos com o maior número de ratificações em nível universal, oferece parâmetros essenciais para definir o alcance das obrigações estatais nessa matéria.

A CDC estabelece que os pais, ou, conforme o caso, os tutores legais, têm “a responsabilidade primordial na criação e no desenvolvimento da criança” e que o interesse superior da criança será “sua preocupação fundamental”. 25 É isso que a doutrina e as regulações mais atualizadas do Direito de Família denominam “responsabilidade parental”: o conjunto de direitos e deveres dos pais de cuidar, educar e proteger seus filhos, buscando seu bem-estar e desenvolvimento integral, incluindo a administração de seus bens. Essa figura jurídica substitui o antigo pátrio poder e se caracteriza por seu foco no “interesse superior da criança” e por ser uma função compartilhada que os progenitores devem exercer de maneira igualitária e responsável. 26

Cf. Par. 182. Por exemplo, na intervenção realizada pela organização DONCEL e pelo Coletivo de Direitos da Infância e Adolescência, referente ao caso argentino, destacou-se que “[a]s experiências de crianças e adolescentes em cuidado alternativo […] são muito desiguais. Nessa heterogeneidade, há espaço para a existência de dispositivos de cuidado que violam ou falham em proteger os direitos de crianças e adolescentes. Algumas diferenças podem ser explicadas em função da localização geográfica, da modalidade de cuidado (residencial ou familiar) e do tipo de gestão (estatal, confessional ou não governamental). Os dispositivos residenciais existentes oferecem cuidados diversos e desiguais, dependendo dos recursos, da formação e da capacidade interpretativa dos agentes institucionais que cuidam das crianças e adolescentes ali acolhidos. Assim, alguns dispositivos contam com equipes de trabalho profissionalizadas e com perspectiva de direitos, com redes comunitárias e recursos para as crianças e adolescentes, e outros, exatamente o contrário. […] O Parecer da Corte será fundamental para esclarecer a natureza da obrigação dos Estados de garantir cuidados respeitosos dos direitos humanos de crianças e adolescentes, que considerem a necessidade de oferecer afeto, respeitar os prazos previstos e assegurar infraestrutura adequada, equipes capacitadas, acompanhamento às famílias e monitoramento dos cuidados”. Observações orais apresentadas por DONCEL e Coletivo de Direitos da Infância. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-31/30_DONCEL.pdf. Nações Unidas. (1989). Convenção sobre os Direitos da Criança. Adotada e aberta a firma e ratificação pela Assembleia Geral em sua resolução 44/25, de 20 de novembro de 1989. Artigo 18.1. ESPEJO YAKSIC, N. (2022),"From Patria Potestas to Parental Responsibility: Trajectories of a Concept", in Family Matters. Essays in Honour of John Eekelaar, J.M. Scherpe (ed.), Intersentia, Cambridge, pp. 623-636.

Ora, a CDC também reconhece que a responsabilidade do Estado não se esgota na abstenção de interferências indevidas na vida familiar, mas exige a provisão ativa de apoios e serviços que permitam aos pais cumprir adequadamente suas funções de criação. 27 Em outras palavras, a proteção e a garantia do direito à vida familiar não geram apenas obrigações negativas para o Estado, mas também uma série de obrigações positivas, que ressaltam a necessidade de criar condições para o pleno exercício da responsabilidade parental de ambos os progenitores. 28 Nesse sentido, os Estados são chamados a fornecer assistência às famílias, a assegurar o desenvolvimento de instituições, instalações e serviços de cuidado para crianças e adolescentes e, de modo geral, a construir uma estrutura de corresponsabilidade que garanta que o interesse superior da criança oriente toda medida que a envolva. 29

A primazia da família traduz-se também na obrigação de evitar separações desnecessárias. Como indicou a Corte: “[…] dada a importância do direito à proteção da família, o Estado está obrigado a favorecer o desenvolvimento e o fortalecimento do núcleo familiar, e a separação de crianças de sua família constitui, em determinadas circunstâncias, uma violação de seu direito à convivência familiar. Assim, a criança tem o direito de viver com sua família, chamada a satisfazer suas necessidades materiais, afetivas e psicológicas.” 30

A CDC dispõe expressamente que o Estado deve garantir que as crianças e adolescentes não sejam separados de seus pais contra a vontade destes, salvo quando “autoridades competentes determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos legais cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse maior da criança. 31 A excepcionalidade da medida de separação reafirma que qualquer intervenção estatal nesse campo deve ser guiada por critérios estritos de necessidade e proporcionalidade, pois se trata de uma das decisões mais graves na vida de uma criança. 32

Em outras palavras, a autoridade judicial que determine uma possível separação de uma menina ou menino de seus pais não deve apenas se referir ao seu interesse superior no caso concreto. Além disso, deverá comprovar a existência de um dano significativo à criança antes de adotar uma medida que a separe de seus progenitores. Um dano é considerado significativo quando a criança está sofrendo, ou é provável que venha a sofrer, um dano grave — não qualquer tipo de dano —, que se distancia do cuidado que

Nações Unidas. (1989). Convenção sobre os Direitos da Criança. Adotada e aberta a firma e ratificação pela Assembleia Geral em sua resolução 44/25, de 20 de novembro de 1989. Artículo 18.1. ESPEJO YAKSIC, N. (2020), “Derechos de los niños, niñas y adolescentes”, in Curso de Derechos Fundamentales, P. Contreras & C. Salgado (eds.), Tirant lo Blanch, Valência, pp. 597-599. Entre outras medidas integrais, é possível destacar duas em especial: a) os auxílios materiais, como subsídios, que contribuam para um melhor cumprimento das responsabilidades parentais e para a proteção e o bem-estar de crianças e adolescentes; e b) os programas de parentalidade ou de criação positiva: intervenções que se concentram em desenvolver uma relação forte e profundamente comprometida entre pais e filhos, baseada na comunicação e no respeito mútuo. Caso Massacres de Río Negro Vs. Guatemala. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de setembro de 2012. Série C Nº 250, Par. 145. Nações Unidas. (1989). Convenção sobre os Direitos da Criança. Adotada e aberta a firma e ratificação pela Assembleia Geral em sua resolução 44/25, de 20 de novembro de 1989. Artigo 9.1. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos afirmou que o Estado deve ser cauteloso ao avaliar o impacto que a medida de afastamento pode causar na criança e em seus pais. Como corolário disso, uma medida de separação da criança deve ser considerada temporária, devendo ser encerrada assim que as circunstâncias o permitam e orientada para que a criança volte a estar sob os cuidados de seus pais. Em particular, a Corte tem reiterado que se deve conceder especial importância ao interesse superior da criança que, dependendo da natureza e da gravidade da situação, pode se sobrepor ao interesse do progenitor. Cf. Tribunal Europeu de Direitos Humanos, P., C. e S. Vs. Reino Unido (2002), pars. 116 e 117, e Johansen Vs. Noruega (1996), Par. 78.

seria razoável esperar de um pai, mãe ou adulto responsável em relação à criança. 33 Em outras palavras, para o(a) juiz(a), não será suficiente argumentar que a criança se encontra em uma situação de risco genérico, ou que, em sua opinião, seu interesse superior seria melhor atendido se estivesse separada do pai ou da mãe. Ainda que qualquer situação de risco ou violação envolvendo uma criança seja relevante para a garantia de seu interesse superior, se tais circunstâncias não configurarem um dano significativo, deverão ser adotadas outras medidas de proteção. Tais medidas, fundadas em circunstâncias distintas e de acordo com sua natureza, intensidade ou persistência, devem ser orientadas a eliminar, reduzir ou compensar as dificuldades enfrentadas pelas crianças, sem necessidade de separá-las de seus pais ou de seu ambiente familiar. 34

Quando, no entanto, uma criança ou adolescente se encontra “temporária ou permanentemente privado de seu meio familiar”, o Estado tem a obrigação de garantir um acolhimento alternativo adequado, o que pode incluir o acolhimento familiar, a adoção ou, se necessário, a colocação em instituições apropriadas para o cuidado de crianças e adolescentes. 35 A CDC acrescenta um elemento crucial: toda medida de acolhimento deve estar sujeita a “revisões periódicas” que permitam avaliar a pertinência da medida e ajustá-la conforme a evolução das circunstâncias e das necessidades da criança ou do adolescente. 36 Com isso, evita-se que decisões inicialmente adotadas em nome do interesse superior se convertam, na prática, em situações permanentes que já não correspondem a esse princípio.

O tratado reafirma, ainda, que em toda medida de cuidado deve ser observado o princípio da individualização, o que supõe reconhecer que “cada criança e adolescente é único” e que a determinação acerca da aplicação de medidas de cuidado alternativo deve ser avaliada caso a caso. 37 Dessa forma, busca-se evitar o risco de soluções padronizadas ou automáticas que desconsiderem as necessidades reais das crianças e adolescentes. Trata-se, em suma, de promover respostas adaptadas à situação pessoal, familiar e social de cada criança e adolescente, assegurando um ambiente que favoreça seu desenvolvimento integral e a manutenção, sempre que possível, de vínculos significativos com sua família biológica. 38

Nesse mesmo sentido, o Comitê sobre os Direitos da Criança afirmou, em sua prática e em debates gerais, a necessidade de avançar rumo a um “novo paradigma” em matéria de cuidado alternativo. 39 Isso implica superar os modelos tradicionais de institucionalização em larga escala e promover alternativas mais próximas da comunidade, como unidades especializadas de menor porte ou modalidades de acolhimento familiar, de modo que se respeitem tanto o interesse superior quanto a

Nesse sentido, por exemplo, Children Act (Inglaterra e País de Gales) de 1989, seção 31. ESPEJO YAKSIC, N. (2023), “Potestades, derechos y responsabilidades parentales: comprendiendo la responsabilidad parental”, in Espejo Yaksic, N. (ed), La responsabilidad parental en el derecho. Una mirada comparada, Tirant lo Blanch México & CEC SCJN, México, 2ª ed., p. 43. Nações Unidas. (1989). Convenção sobre os Direitos da Criança. Adotada e aberta a firma e ratificação pela Assembleia Geral em sua resolução 44/25, de 20 de novembro de 1989. Artigo 20. Nações Unidas. (1989). Convenção sobre os Direitos da Criança. Adotada e aberta a firma e ratificação pela Assembleia Geral em sua resolução 44/25, de 20 de novembro de 1989. Artigo 25. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2006). Dia de debate geral sobre “Crianças sem cuidado parental”. Relatório do quadragésimo período de sessões, CRC/C/153. Nações Unidas. Par. 667. Nas observações orais apresentadas por DONCEL e Coletivo de Direitos da Infância e Adolescência durante a Audiência Pública realizada em 13 de março de 2024, foi afirmado que, embora na região existam várias modalidades, “9 de cada 10 [crianças privadas do cuidado parental] vivem em modalidades de tipo institucional”. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2006). Dia de debate geral sobre “Crianças sem cuidado parental”. Relatório do quadragésimo período de sessões, CRC/C/153. Nações Unidas. Par. 660-661.

dignidade e o direito à convivência familiar das crianças e adolescentes afetados. 40 Da mesma forma, o Comitê destacou a importância de que os Estados elaborem políticas nacionais integrais sobre família e infância, que fortaleçam o apoio aos pais e assegurem soluções de cuidado adequadas e sustentáveis. 41

Nesse contexto, as “Diretrizes das Nações Unidas sobre as modalidades alternativas de cuidado de crianças”, 42 adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010, consolidaram essas orientações, sublinhando quatro eixos:

“a) Apoiar os esforços voltados a garantir que a criança permaneça sob a guarda de sua própria família ou que seja reintegrada a ela ou, em caso contrário, a encontrar outra solução apropriada e permanente, incluindo a adoção e a kafala do direito islâmico; b) Assegurar que, enquanto se buscam essas soluções permanentes, ou nos casos em que estas se mostrem inviáveis ou contrárias ao interesse superior da criança, sejam determinadas e adotadas, em condições que promovam o desenvolvimento integral e harmonioso da criança, as modalidades mais adequadas de acolhimento alternativo; c) Ajudar e incentivar os governos a assumirem mais plenamente suas responsabilidades e obrigações a esse respeito, levando em conta as condições econômicas, sociais e culturais vigentes em cada Estado; e d) Orientar as políticas, decisões e atividades de todas as entidades que se ocupam da proteção social e do bem-estar da criança, tanto no setor público quanto no privado, incluindo a sociedade civil.” 43

Em consonância com esse ponto, deve-se destacar que o Comitê sobre os Direitos da Criança alertou para os riscos específicos enfrentados pelos adolescentes em contextos de cuidado alternativo de longa duração ou em instituições de grande escala. Nesses cenários, eles costumam apresentar “menor desempenho educacional, dependência de assistência social e maior risco de indigência, encarceramento, gravidez indesejada, paternidade ou maternidade precoce, consumo problemático de substâncias, automutilação e suicídio”. 44 Além disso, ao atingirem entre 16 e 18 anos, muitos são obrigados a deixar essas instituições sem dispor de redes de apoio, o que os expõe à exploração, ao tráfico e à violência, quando carecem de oportunidades para desenvolver as capacidades necessárias para se proteger. 45

Diante dessas consequências, o Comitê estabeleceu o parâmetro segundo o qual o uso de instituições deve ser considerado uma “medida de último recurso”, acompanhada de

Sobre este assunto, DONCEL e Coletivo de Direitos da Infância e Adolescência afirmaram: “Durante toda a nossa vida, tomam decisões sobre nós sem nós. Decisões que vão nos marcar para sempre, e as instituições não nos tornam parte de nenhuma delas. Não se leva em conta com quem queremos viver, onde queremos estudar, quais atividades recreativas queremos fazer, como queremos nos vestir, entre muitas outras coisas. Basicamente, nos anos em que vivemos institucionalizados, nos roubam a possibilidade de decidir.” Cf. Observações orais apresentadas por DONCEL e Coletivo de Direitos da Infância e Adolescência durante a Audiência Pública realizada em 13 de março de 2024. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2006). Dia de debate geral sobre “Crianças sem cuidado parental”. Relatório do quadragésimo período de sessões, CRC/C/153. Nações Unidas. Par. 660-661. Assembleia Geral das Nações Unidas. (2010). Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças. Resolução A/RES/64/142 (24 de fevereiro de 2010). Nações Unidas. Assembleia Geral das Nações Unidas. (2010). Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças. Resolução A/RES/64/142 (24 de fevereiro de 2010). Nações Unidas. Página 2. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2016). Observação geral 20 (2016) sobre a efetividade dos direitos da criança durante a adolescência (CRC/C/GC/20, 6 de dezembro de 2016). Nações Unidas. Par. 52. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2016). Observação geral 20 (2016) sobre a efetividade dos direitos da criança durante a adolescência (CRC/C/GC/20, 6 de dezembro de 2016). Nações Unidas. Par. 52.

revisões regulares sobre a situação dos adolescentes, assegurando ainda que lhes seja dada voz nos processos que lhes dizem respeito. 46 Assim, por meio desse padrão reafirma-se a centralidade do princípio da necessidade e a obrigação de que toda intervenção estatal no campo do cuidado institucionalizado esteja submetida a uma supervisão rigorosa por parte das autoridades competentes, sempre levando em consideração o interesse superior da criança envolvida. 47 Em consonância, foi indicado que, mesmo quando seja necessário manter instalações residenciais, estas devem integrar-se a uma estratégia geral de desinstitucionalização, priorizando sempre alternativas familiares e comunitárias. 48

Não se deve perder de vista, contudo, que, embora os Estados tenham obrigações gerais em relação a todas as crianças e adolescentes, estas se tornam especialmente reforçadas quando eles se encontram institucionalizados ou sob o cuidado direto do Estado. Nesses casos, o marco da CDC impõe deveres particularmente estritos. O artigo 19 dispõe que os Estados devem adotar todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais necessárias para proteger crianças e adolescentes de “todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual”, mesmo quando estejam sob o cuidado dos pais, tutores ou outras pessoas responsáveis (artigo 19.1). O artigo 37(a), por sua vez, proíbe que qualquer criança ou adolescente seja submetido a tortura ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. De igual modo, o artigo 34 exige que os Estados adotem todas as medidas necessárias para proteger crianças e adolescentes de “todas as formas de exploração e abuso sexual”, incluindo a prevenção de sua utilização em prostituição ou em materiais pornográficos. Por fim, o artigo 39 estabelece um dever reforçado de garantir a recuperação física e psicológica e a reintegração social de toda criança ou adolescente vítima de negligência, exploração, abuso ou tortura, em um ambiente que favoreça sua dignidade e autoestima.

Esses parâmetros foram recentemente precisados e reforçados pelo Comitê sobre os Direitos da Criança no caso M. L., L. Ko., V. K., L. Ku., Z. J., M. B., G. L., G. Ko. e outras 49 crianças residentes no orfanato Ninotsminda Saint Nino Vs. Geórgia. 49 Nesse caso, o Comitê examinou alegações de violência, abusos e maus-tratos sistemáticos sofridos por dezenas de meninos e meninas residentes em um orfanato, constatando a ausência de medidas estatais eficazes de prevenção, supervisão e investigação. 50 Assim, o Comitê determinou que o Estado descumpriu suas obrigações ao não proteger as crianças contra tortura, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, bem como contra abuso físico, negligência e exploração, violando, portanto, os artigos 19 e 37 da Convenção. 51

Comitê sobre os Direitos da Criança. (2016). Observação geral 20 (2016) sobre a efetividade dos direitos da criança durante a adolescência (CRC/C/GC/20, 6 de dezembro de 2016). Nações Unidas. Par. 52. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2019). Observações finais sobre o quarto e quinto relatórios periódicos combinados do Japão (CRC/C/JPN/CO/4-5, 5 de março de 2019). Nações Unidas. Par. 29. Assembleia Geral das Nações Unidas. (2010). Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças. Resolução A/RES/64/142 (24 de fevereiro de 2010). Nações Unidas. Página 23. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2024). Parecer M. L., L. Ko., V. K., L. Ku., Z. J., M. B., G. L., G. Ko. e outras 49 crianças residentes no orfanato Ninotsminda Saint Nino Vs. Geórgia. Resolução CRC/C/96/D/144/2021 (12 de setembro de 2024). Nações Unidas. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2024). Parecer M. L., L. Ko., V. K., L. Ku., Z. J., M. B., G. L., G. Ko. e outras 49 crianças residentes no orfanato Ninotsminda Saint Nino Vs. Geórgia. Resolução CRC/C/96/D/144/2021 (12 de setembro de 2024). Nações Unidas. Par. 2.1 e ss. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2024). Parecer M. L., L. Ko., V. K., L. Ku., Z. J., M. B., G. L., G. Ko. e outras 49 crianças residentes no orfanato Ninotsminda Saint Nino Vs. Geórgia. Resolução CRC/C/96/D/144/2021 (12 de setembro de 2024). Nações Unidas. Par. 11.11.

Entre os parâmetros desenvolvidos, e seguindo o entendimento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos nos casos Nencheva and Others Vs. Bulgária 52 e X and Others Vs. Bulgária, 53 destacou-se que os Estados têm uma obrigação positiva de proteção, que adquire especial relevância no contexto de um serviço público encarregado de zelar pela saúde e pelo bem-estar de crianças sob custódia estatal, as quais se encontram em situação de particular vulnerabilidade e sob controle exclusivo das autoridades. 54 Além disso, o Comitê sublinhou que, nas instituições, “deve ser obrigatória a notificação e a investigação de qualquer incidente de violência”, bem como a garantia de que as crianças tenham acesso imediato a advogados e a espaços seguros para se comunicarem com equipes de monitoramento e representantes legais. 55

De forma específica, o Comitê chamou a atenção para a situação das crianças com deficiência, que são impactadas de maneira desproporcional em contextos de institucionalização, enfrentando condições de cuidado de qualidade muito inferior e um risco aumentado de sofrer abusos físicos, psicológicos e sexuais, além de negligência sistemática devido à falta de supervisão adequada. Por essa razão, estabeleceu o parâmetro relativo à celeridade dos processos de desinstitucionalização, ao reforço dos serviços de reintegração e à garantia de um quadro normativo claro que assegure a proteção efetiva das crianças com deficiência. 56

O Comitê também determinou que as investigações sobre denúncias de violência e maus-tratos devem ser rigorosas, adaptadas à infância, conduzidas por profissionais capacitados através de uma abordagem baseada nos direitos da criança e realizadas com a devida diligência. Trata-se, nas palavras do próprio Comitê, não de uma obrigação de resultado, mas de meios: os Estados devem adotar todas as medidas razoáveis para identificar os responsáveis e garantir a devida prestação de contas. 57 Assim, afirmou:

“[…] O Comitê recorda que a investigação dos casos de violência notificados por uma criança, um representante da criança ou um terceiro deve estar a cargo de profissionais qualificados que tenham recebido uma formação ampla e específica para tanto e deve obedecer a uma abordagem baseada nos direitos da criança e em suas necessidades. Devem ser adotados procedimentos de investigação rigorosos, porém adaptados às crianças, a fim de contribuir para a correta identificação dos casos de violência e fornecer provas em processos administrativos, civis, penais ou de proteção de menores. O Comitê observa que as investigações de casos como este, de maus-tratos infantis, devem ser eficazes, no sentido de permitir determinar se a suposta vítima sofreu castigos corporais na instituição e identificar os responsáveis. O Comitê recorda que não se trata de uma obrigação de resultado, mas de meios. As autoridades devem adotar todas

Tribunal Europeu de Direitos Humanos. (2013). Nencheva and Others Vs. Bulgária. Demanda Nº 48609/06 (18 de junho de 2013). Pars. 106 a 116, 119-120. Tribunal Europeu de Direitos Humanos. (2021). X e Outros Vs. Bulgária. Demanda Nº 22457/16 (2 de fevereiro de 2021). Par. 180. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2024). Parecer M. L., L. Ko., V. K., L. Ku., Z. J., M. B., G. L., G. Ko. e outras 49 crianças residentes no orfanato Ninotsminda Saint Nino Vs. Geórgia. Resolução CRC/C/96/D/144/2021 (12 de setembro de 2024). Nações Unidas. Par. 11.3. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2024). Parecer M. L., L. Ko., V. K., L. Ku., Z. J., M. B., G. L., G. Ko. e outras 49 crianças residentes no orfanato Ninotsminda Saint Nino Vs. Geórgia. Resolução CRC/C/96/D/144/2021 (12 de setembro de 2024). Nações Unidas. Par. 11.4-11.5. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2024). Parecer M. L., L. Ko., V. K., L. Ku., Z. J., M. B., G. L., G. Ko. e outras 49 crianças residentes no orfanato Ninotsminda Saint Nino Vs. Geórgia. Resolução CRC/C/96/D/144/2021 (12 de setembro de 2024). Nações Unidas. Par. 11.6 Comitê sobre os Direitos da Criança. (2024). Parecer M. L., L. Ko., V. K., L. Ku., Z. J., M. B., G. L., G. Ko. e outras 49 crianças residentes no orfanato Ninotsminda Saint Nino Vs. Geórgia. Resolução CRC/C/96/D/144/2021 (12 de setembro de 2024). Nações Unidas. Par. 11.8 e 11.10.

as medidas razoáveis ao seu alcance para reunir provas relativas aos incidentes. Além disso, as investigações devem ser realizadas sem demora e com uma rapidez razoável.” 58

Por fim, o Comitê recordou que todas as decisões relativas ao cuidado, tratamento, internação ou outras medidas adotadas em relação a uma criança devem ser objeto de exame periódico, levando em conta sua percepção do tempo, a evolução de suas capacidades e seu desenvolvimento. 59 Nesse sentido, enfatizou que as autoridades competentes têm o dever de vigiar, promover e proteger os direitos da infância com plena independência e eficácia, a fim de garantir a qualidade da internação e das modalidades de cuidado aplicadas. 60

Em consonância com o que foi decidido pelo Comitê, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reforçou recentemente esses parâmetros no Caso Adolescentes Presos em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. 61 Nesta sentença, proferida em 2024, a Corte declarou a responsabilidade internacional do Estado pela morte de dez adolescentes em um incêndio ocorrido em um centro de internação em 2007, bem como pelas condições indignas em que diversos jovens permaneceram em distintos centros do sistema. O Tribunal destacou que, visto que os adolescentes se encontravam sob a custódia do Estado, o dever de garantia se intensifica, colocando o Estado em uma posição de “garante (garantidor) especial” em relação a0s direitos à vida, à integridade pessoal e à infância. 62

Da mesma forma, a Corte esclareceu que os sistemas de responsabilidade penal juvenil devem ser essencialmente distintos dos aplicáveis aos adultos: não podem ser punitivos, devendo estar orientados à reabilitação e reintegração social. 63 Isso implica que a privação de liberdade só pode ser utilizada como medida excepcional e que, em qualquer caso, os centros de detenção devem oferecer condições que assegurem educação, recreação, acesso à saúde — incluindo a saúde mental —, água, saneamento e um ambiente livre de superlotação e violência. 64

Nesse contexto, é fundamental reconhecer que os desafios enfrentados pelos adolescentes no sistema de responsabilidade penal juvenil são expressão de uma problemática mais ampla: a situação das crianças e adolescentes sob o cuidado do Estado em instituições de diferentes tipos. A institucionalização, seja em centros de internação vinculados à justiça juvenil, em lares de proteção, abrigos de emergência ou

Comitê sobre os Direitos da Criança. (2024). Parecer M. L., L. Ko., V. K., L. Ku., Z. J., M. B., G. L., G. Ko. e outras 49 crianças residentes no orfanato Ninotsminda Saint Nino Vs. Geórgia. Resolução CRC/C/96/D/144/2021 (12 de setembro de 2024). Nações Unidas. Par. 11.8. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2024). Parecer M. L., L. Ko., V. K., L. Ku., Z. J., M. B., G. L., G. Ko. e outras 49 crianças residentes no orfanato Ninotsminda Saint Nino Vs. Geórgia. Resolução CRC/C/96/D/144/2021 (12 de setembro de 2024). Nações Unidas. Par. 11.15. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2024). Parecer M. L., L. Ko., V. K., L. Ku., Z. J., M. B., G. L., G. Ko. e outras 49 crianças residentes no orfanato Ninotsminda Saint Nino Vs. Geórgia. Resolução CRC/C/96/D/144/2021 (12 de setembro de 2024). Nações Unidas. Par. 11.15. Caso Adolescentes Presos em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2024. Série C Nº 547. Caso Adolescentes Presos em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2024. Série C Nº 547. Par. 122. Caso Adolescentes Presos em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2024. Série C Nº 547. Par. 171. Caso Adolescentes Presos em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2024. Série C Nº 547. Pars. 248-249.

residências de longa permanência, gera riscos estruturais para o pleno exercício dos direitos da infância. Diversos estudos e pronunciamentos internacionais constataram que esse tipo de medida tende a afetar de maneira negativa o desenvolvimento emocional, afetivo e cognitivo das crianças e adolescentes, expondo-os a episódios de violência, abuso, negligência e tratamentos degradantes, justamente porque se encontram em situação de dependência e sob o controle exclusivo das autoridades estatais. 65

As normas internacionais são claras ao reforçar o dever estatal nesses contextos. Como já mencionado anteriormente, a CDC dispõe, em seu artigo 20, que toda criança ou adolescente privado de seu meio familiar tem direito à proteção e assistência especiais do Estado, o que se complementa com os artigos 19, 37 e 39, que impõem deveres reforçados de proteção. No âmbito interamericano, o artigo 19 da Convenção Americana confere proteção especial às crianças e adolescentes em virtude de sua condição, interpretação que a Corte Interamericana tem entendido como uma obrigação de adotar medidas positivas reforçadas diante de sua situação particular de vulnerabilidade. Por sua vez, os instrumentos especializados das Nações Unidas, como as Regras de Beijing, 66 as Regras de Havana, 67 as Diretrizes de Riad, 68 e as Regras de Tóquio, 69 complementam esse marco ao estabelecer que o cuidado de crianças e adolescentes sob custódia estatal deve estar orientado para seu desenvolvimento integral, sua reintegração social e o respeito irrestrito à sua dignidade. Assim, o Comitê sobre os Direitos da Criança indicou que, para adotar o paradigma de proteção integral previsto na CDC e, assim, construir um sistema de proteção integral da infância, os Estados devem se orientar pelos seguintes princípios: (i) o princípio (e direito) ao desenvolvimento integral, harmonioso e holístico das crianças e adolescentes, considerando todos os seus direitos; (ii) o princípio da igualdade e da não discriminação; (iii) o princípio do interesse superior da criança; e (iv) a participação das crianças e adolescentes em todos os assuntos que lhes digam respeito. 70

A aplicação desse corpus iuris exige que as medidas adotadas em nível interno, como políticas públicas e marcos regulatórios nacionais, incorporem padrões mínimos de proteção e supervisão nos centros de cuidado estatal. Desse modo, a experiência comparada, observada tanto pelo Comitê sobre os Direitos da Criança quanto pela Corte Interamericana, demonstra que a proteção dos direitos humanos em contextos de institucionalização não pode se limitar a suprir necessidades básicas, mas deve assegurar cuidados em um ambiente protetor e formativo, que permita a cada criança e adolescente projetar um plano de vida digno.

Nesse sentido, cabe destacar que as normas internacionais desenvolveram um conjunto de regras explícitas sobre os padrões aplicáveis aos centros de cuidado alternativo, que não derivam necessariamente de infrações à lei penal juvenil, mas que são igualmente relevantes para as crianças e adolescentes privados de seu meio familiar. As “Diretrizes

Defensoría de la Niñez (2019). Mecanismos de monitoreo de centros de cuidado alternativo y de privación de libertad. Página 7. Nações Unidas. (1985). Regras mínimas das Nações Unidas para a administração de justiça de menores (Regras de Beijing). Resolução 40/33 da Assembleia Geral. 28 de novembro de 1985. Nações Unidas. (1990). Regras das Nações Unidas para a proteção dos menores privados de liberdade (Regras de Havana). Resolução 45/113 da Assembleia Geral. 14 de dezembro de 1990. Nações Unidas. (1990). Diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil (Diretrizes de Riad). Resolução 45/112 da Assembleia Geral. 14 de dezembro de 1990. Nações Unidas. (1990). Regras Mínimas das Nações Unidas sobre as medidas não privativas de liberdade (Regras de Tóquio). Resolução 45/110 da Assembleia Geral. 14 de dezembro de 1990. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2003). Observação geral Nº 5 (2003): Medidas gerais de aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança (artigos 4 e 42 e parágrafo 6 do artigo 44) (CRC/GC/2003/5, 3 de outubro de 2003). Nações Unidas.

sobre as modalidades alternativas de cuidado de crianças” 71 constituem um guia abrangente que desenvolve e operacionaliza o artigo 20 da CDC. 72 Esse dispositivo reconhece que toda criança ou adolescente temporária ou permanentemente privado de seu meio familiar tem direito a receber proteção e assistência especiais do Estado, garantindo diversas formas de cuidado, que incluem o acolhimento em lares de guarda, a adoção e, quando estritamente necessário, o acolhimento em instituições de proteção.

As Diretrizes se fundamentam em dois princípios orientadores essenciais: o princípio da necessidade e o princípio de idoneidade. 73 O primeiro estabelece que o cuidado alternativo deve ser realmente excepcional, ou seja, utilizado como último recurso, enquanto o segundo exige que esse cuidado seja adequado às necessidades individuais de cada criança e adolescente, com soluções personalizadas que priorizem seu interesse superior. Entre os temas centrais, as Diretrizes fornecem orientações claras sobre a seleção, formação e supervisão dos cuidadores, 74 a preservação da identidade cultural, religiosa e linguística, bem como a atenção à perspectiva de gênero.

De forma específica, no que diz respeito ao acolhimento residencial, as Diretrizes recomendam que esses espaços sejam pequenos, o mais próximo possível de um ambiente familiar ou de grupo reduzido, 75 e que se mantenha uma separação estrita entre crianças e adolescentes em cuidado alternativo e aqueles submetidos a medidas por infração à lei penal juvenil. 76 Além disso, são estabelecidos critérios rigorosos de admissão, 77 atenção personalizada com número suficiente de cuidadores, 78 e a garantia de condições adequadas de vida, que abrangem alimentação nutritiva, 79 acesso à saúde, 80 educação, 81 intimidade 82 e segurança. 83 Como se pode observar, essas Diretrizes não apenas orientam a provisão do cuidado alternativo, mas também promovem ativamente políticas de prevenção da institucionalização desnecessária e de reintegração familiar, configurando um padrão complementar de especial relevância para avaliar a compatibilidade dos sistemas nacionais com o marco internacional de proteção da infância.

Assembleia Geral das Nações Unidas. (2010). Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças. Resolução A/RES/64/142 (24 de fevereiro de 2010). Nações Unidas. Nações Unidas. (1989). Convenção sobre os Direitos da Criança. Adotada e aberta a firma e ratificação pela Assembleia Geral em sua resolução 44/25, de 20 de novembro de 1989. Artigo 20. GALE, Chrissie (2019). Children Without Parental Care and Alternative Care: Findings from Research [Relatório]. CELCIS (Centro de Innovación en Servicios de Cuidado Infantil). Assembleia Geral das Nações Unidas. (2010). Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças. Resolução A/RES/64/142 (24 de fevereiro de 2010). Nações Unidas. Pars. 80-100. Assembleia Geral das Nações Unidas. (2010). Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças. Resolução A/RES/64/142 (24 de fevereiro de 2010). Nações Unidas. Par. 123. Assembleia Geral das Nações Unidas. (2010). Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças. Resolução A/RES/64/142 (24 de fevereiro de 2010). Nações Unidas. Par. 124. Assembleia Geral das Nações Unidas. (2010). Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças. Resolução A/RES/64/142 (24 de fevereiro de 2010). Nações Unidas. Par. 125. Assembleia Geral das Nações Unidas. (2010). Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças. Resolução A/RES/64/142 (24 de fevereiro de 2010). Nações Unidas. Par. 126. Assembleia Geral das Nações Unidas. (2010). Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças. Resolução A/RES/64/142 (24 de fevereiro de 2010). Nações Unidas. Par. 83. Assembleia Geral das Nações Unidas. (2010). Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças. Resolução A/RES/64/142 (24 de fevereiro de 2010). Nações Unidas. Par. 84. Assembleia Geral das Nações Unidas. (2010). Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças. Resolução A/RES/64/142 (24 de fevereiro de 2010). Nações Unidas. Par. 85. Assembleia Geral das Nações Unidas. (2010). Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças. Resolução A/RES/64/142 (24 de fevereiro de 2010). Nações Unidas. Par. 89. Assembleia Geral das Nações Unidas. (2010). Diretrizes sobre as modalidades alternativas de cuidado das crianças. Resolução A/RES/64/142 (24 de fevereiro de 2010). Nações Unidas. Par. 91.

Ora, como se assinalou neste ponto, a ratificação da CDC impõe aos Estados a obrigação de adotar medidas legislativas, administrativas e de outra natureza que assegurem o reconhecimento e a proteção integral dos direitos da infância. Esse dever adquire especial intensidade quando se trata de crianças e adolescentes sob o cuidado direto do Estado, pois, nesses casos, a violação de direitos não constitui uma mera omissão, mas uma infração direta ao que está estabelecido nos instrumentos internacionais. Isso implica que o Estado deve garantir a restituição dos direitos violados e a reparação dos danos causados, implementando mecanismos eficazes de denúncia, investigação e sanção, bem como medidas que impeçam a repetição de novas violações.

Nesse sentido, o Comitê sobre os Direitos da Criança destacou que a reparação integral deve considerar não apenas o atendimento dos casos individuais, mas também a eliminação de padrões estruturais de discriminação que estão na base dessas violações. Por isso, os Estados devem adotar ações positivas que assegurem o acesso das vítimas à justiça, removendo obstáculos e deficiências institucionais, e desenhar medidas de reparação que sejam disponíveis, adequadas e efetivas. 84

Uma das preocupações mais profundas nesse âmbito diz respeito às mortes de crianças e adolescentes ocorridas em contextos de cuidado alternativo, como aconteceu, por exemplo, no Chile, em um caso abordado tanto pela Corte Interamericana 85 quanto pelo Comitê sobre os Direitos da Criança. 86 De fato, foram emitidos relatórios específicos sobre a situação chilena que, embora formalmente dirigidos a esse país, estabelecem uma série de parâmetros extremamente relevantes na matéria, os quais podem servir como orientações para outros Estados que enfrentam problemáticas semelhantes.

Nesse contexto, foram identificados padrões internacionais que estabelecem obrigações essenciais para orientar a atuação dos Estados em relação a crianças e adolescentes sob cuidado alternativo, especialmente no plano institucional. Em primeiro lugar, são necessários sistemas de registro integrados e atualizados, que reúnam informações completas e qualitativas sobre as condições, necessidades e trajetórias daqueles que se

A noção de reparação integral tem sido objeto de um desenvolvimento significativo em diversos casos relativos a violações graves dos direitos de crianças e adolescentes perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A esse respeito, veja-se, a título de exemplo: Caso "Instituto de Reeducação do Menor" Vs. Paraguai. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 2 de setembro de 2004. Série C Nº 112. Par. 336; Caso Tibi Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 7 de setembro de 2004. Série C Nº 114. Par. 275; Caso De La Cruz Flores Vs. Peru. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 18 de novembro de 2004. Série C Nº 115. Par. 183; Caso Carpio Nicolle e outros Vs. Guatemala. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de novembro de 2004. Série C Nº 117. Par. 151; Caso das crianças Yean e Bosico Vs. República Dominicana. Sentença de 8 de setembro de 2005. Série C Nº 130. Par. 253; Caso García Asto e Ramírez Rojas Vs. Peru. Sentença de 25 de novembro de 2005. Série C Nº 137. Par. 293; Caso Blanco Romero e outros Vs. Venezuela. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 28 de novembro de 2005. Série C Nº 138. Par. 121; Caso do Massacre de Pueblo Bello Vs. Colômbia. Sentença de 31 de janeiro de 2006. Série C Nº 140. Par. 292; Caso López Álvarez Vs. Honduras. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de fevereiro de 2006. Série C Nº 141. Par. 218; Caso do Massacre de Ituango Vs. Colômbia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de julho de 2006. Série C Nº 148. Par. 422; Caso Zambrano Vélez e outros Vs. Equador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de julho de 2007. Série C Nº 166. Par. 163; Caso Rosendo Cantú e outra Vs. México. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2010. Série C Nº 216. Par. 288; Caso Atala Riffo e filhas Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de fevereiro de 2012. Série C Nº 239. Par. 313; Caso Fornerón e filha Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de abril de 2012. Série C Nº 242. Par. 212; Caso Furlan e filhas Vs. Argentina. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2012. Série C Nº 246. Par. 329. Caso Adolescentes Presos em Centros de Detenção e Internação Provisória do Serviço Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2024. Série C Nº 547. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2018). Relatório da investigação realizada no Chile em virtude do artigo 13 do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo a um procedimento de comunicações (CRC/C/CHL/INQ/1, 1 de junho de 2018). Nações Unidas.

encontram sob cuidado residencial. 87 Esses registros devem permitir a coordenação intersetorial entre saúde, educação e proteção social, assegurando ao mesmo tempo a confidencialidade dos dados sensíveis por meio de acessos restritos e mecanismos permanentes de auditoria e controle institucional. 88

Em segundo lugar, destaca-se a importância de fortalecer os programas de famílias acolhedoras como alternativa preferencial em relação à institucionalização. 89 Para isso, é indispensável implementar avaliações periódicas que assegurem a qualidade do cuidado prestado e previnam riscos de massificação ou despersonalização. 90 O fortalecimento desse sistema também cumpre uma função preventiva, ao reduzir a necessidade de recorrer a instituições e contribuir para garantir o direito de crianças e adolescentes de crescerem em um ambiente familiar. 91

Por fim, reconhece-se a necessidade de capacitar os funcionários e profissionais que trabalham em residências de forma contínua, teórica e prática. 92 Essa formação deve incluir enfoques de direitos humanos, perspectiva de gênero, prevenção da violência e da exploração sexual, intervenção em crises e estratégias de reintegração familiar. Dessa maneira, não apenas se eleva a qualidade do cuidado institucional, mas também se promovem processos efetivos de reintegração, assegurando que a institucionalização seja sempre uma medida estritamente excepcional.

No plano legislativo, os padrões internacionais enfatizam a necessidade de fortalecer a estrutura de um sistema de proteção integral da infância e da adolescência. 93 Isso implica incorporar de forma transversal a abordagem baseada em direitos no ordenamento jurídico, de modo que a infância seja reconhecida como sujeito específico de proteção e garantia. Essa proteção deve ser especializada, conforme parâmetros de qualidade e mecanismos que superem enfoques subsidiários ou fragmentários, assegurando o exercício efetivo dos direitos humanos. Do mesmo modo, indica-se que é indispensável melhorar as condições laborais daqueles que trabalham diretamente com crianças e adolescentes, como parte do compromisso estatal com a proteção integral. 94

No âmbito judicial, os padrões internacionais ressaltam que a investigação e a sanção de violações aos direitos de crianças e adolescentes constituem, em si mesmas, uma forma de reparação. 95 Assim, os Estados têm a obrigação de conduzir investigações sérias, rápidas e eficazes, evitando que estas se transformem em meras formalidades que perpetuem a impunidade. 96 Para isso, exige-se a adoção de mecanismos que

UNICEF (2022). Rota de reparação, verdade, justiça e não repetição: Para crianças e adolescentes vítimas de violações de seus direitos humanos em contexto de cuidado alternativo residencial. Páginas 19-20. UNICEF (2022). Rota de reparação, verdade, justiça e não repetição: Para crianças e adolescentes vítimas de violações de seus direitos humanos em contexto de cuidado alternativo residencial. Páginas 19-20. UNICEF (2022). Rota de reparação, verdade, justiça e não repetição: Para crianças e adolescentes vítimas de violações de seus direitos humanos em contexto de cuidado alternativo residencial. Página 21. UNICEF (2022). Rota de reparação, verdade, justiça e não repetição: Para crianças e adolescentes vítimas de violações de seus direitos humanos em contexto de cuidado alternativo residencial. Página 21. UNICEF (2022). Rota de reparação, verdade, justiça e não repetição: Para crianças e adolescentes vítimas de violações de seus direitos humanos em contexto de cuidado alternativo residencial. Página 21. UNICEF (2022). Rota de reparação, verdade, justiça e não repetição: Para crianças e adolescentes vítimas de violações de seus direitos humanos em contexto de cuidado alternativo residencial. Páginas 21-22. UNICEF (2022). Rota de reparação, verdade, justiça e não repetição: Para crianças e adolescentes vítimas de violações de seus direitos humanos em contexto de cuidado alternativo residencial. Páginas 23-26. UNICEF (2022). Rota de reparação, verdade, justiça e não repetição: Para crianças e adolescentes vítimas de violações de seus direitos humanos em contexto de cuidado alternativo residencial. Página 26. UNICEF (2022). Rota de reparação, verdade, justiça e não repetição: Para crianças e adolescentes vítimas de violações de seus direitos humanos em contexto de cuidado alternativo residencial. Página 28. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Mérito. Sentença de 29 de julho de 1988. Série C Nº 4. Pars. 176 e ss.

protejam a confidencialidade das denúncias, a provisão de assistência jurídica, serviços adequados de proteção e reabilitação, e medidas que previnam a revitimização. 97 Da mesma forma, devem ser reduzidos os prazos de tramitação de casos de exploração ou abuso sexual infantil e regulados os processos penais de maneira que garantam um acesso real e oportuno à justiça, bem como a programas de apoio especializados. 98

Nesse contexto, é particularmente grave a exploração sexual de crianças e adolescentes sob o cuidado do Estado, considerada uma das violações mais sérias dos direitos humanos e de natureza análoga à escravidão ou ao trabalho forçado. 99 Os órgãos de proteção internacional têm advertido que essa problemática é agravada pelo uso de novas tecnologias e plataformas digitais, que facilitam a captação e exploração sexual comercial, afetando especialmente meninas e mulheres adolescentes. 100 Em consequência, o dever estatal de investigar e sancionar se estende à obrigação de reforçar a vigilância e a segurança dos centros de cuidado (centros educacionais, creches, hospitais, lares de proteção, residências de cuidado alternativo, centros de internação juvenil, instituições de acolhimento e programas de cuidado comunitário, entre outros), capacitar o pessoal, sensibilizar a população e adotar medidas integrais de prevenção e detecção. Além disso, os padrões atuais ressaltam que o enfrentamento dessa forma de violência exige um envolvimento decisivo do setor privado e empresarial, em particular das empresas de telecomunicações e das plataformas digitais, a fim de garantir mecanismos eficazes de regulação e controle que dificultem a exploração online. 101

Retomando os padrões relacionados ao âmbito judicial, estes reforçam a obrigação do Estado de assegurar um acesso claro e ágil à informação, por meio de sistemas integrados de dados que permitam o acompanhamento oportuno de cada caso e a tomada de decisões pertinentes, sempre ponderando o interesse superior da criança e a proteção das informações sensíveis. 102 Dessa forma, o acesso a informações desagregadas e confiáveis sobre violência e abusos é indispensável para orientar as políticas públicas, fortalecer a prevenção e garantir a reparação reconhecida na CDC.

Do mesmo modo, estabelece a necessidade de contar com registros específicos e acessíveis que vinculem fatos de violência ou delitos à responsabilidade dos adultos encarregados do cuidado, juntamente com a sistematização e o acompanhamento das denúncias administrativas e penais. 103 Além disso, a investigação deve ser realizada com a devida diligência, dentro de prazos razoáveis, utilizando todos os meios legais disponíveis e orientando-se para a determinação da verdade judicial e a sanção dos responsáveis, inclusive quando se tratar de funcionários estatais ou entidades

Comitê sobre os Direitos da Criança. (2022). Observações finais sobre os relatórios periódicos sexto e sétimo combinados do Chile (CRC/C/CHL/CO/6-7, 22 de junho de 2022). Nações Unidas. Par. 41. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2022). Observações finais sobre os relatórios periódicos sexto e sétimo combinados do Chile (CRC/C/CHL/CO/6-7, 22 de junho de 2022). Nações Unidas. Par. 41. Organização Internacional do Trabalho (OIT). (2007). Diretrizes para el diseño de estrategias de acción directa para combatir la explotación sexual comercial infantil. Página 7. Defensoría de la Niñez (2024). Nota técnica N° 5: Explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes: factores y caracterización en los últimos años. Defensoría de la Niñez (2024). Nota técnica N° 5: Explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes: factores y caracterización en los últimos años. UNICEF (2022). Rota de reparação, verdade, justiça e não repetição: Para crianças e adolescentes vítimas de violações de seus direitos humanos em contexto de cuidado alternativo residencial. Página 28. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. (2017). Rumo à garantia efetiva dos direitos de meninas, meninos e adolescentes: Sistemas Nacionais de Proteção. OEA/Ser.L/V/II.166. Doc. 206/17. 30 de novembro de 2017. Par. 420. UNICEF (2022). Rota de reparação, verdade, justiça e não repetição: Para crianças e adolescentes vítimas de violações de seus direitos humanos em contexto de cuidado alternativo residencial. Página 30.

autorizadas pelo Estado. Essa obrigação inclui a criação de mecanismos de proteção e confidencialidade para denunciantes, serviços adequados de proteção e reabilitação, assistência jurídica gratuita e de qualidade, bem como medidas que previnam a revitimização. 104

Por fim, os padrões internacionais exigem a existência de promotorias e equipes especializadas em infância e direitos humanos, com dedicação exclusiva a esse tipo de caso, assim como a formação contínua de todos os atores do processo judicial (Ministério Público, polícia, peritos e órgãos auxiliares). 105 Também se destaca a necessidade de organismos independentes que investiguem de forma imparcial e sem demora as mortes de crianças e adolescentes sob custódia estatal. 106

De todo modo, é fundamental destacar que, ainda que existam graus de terceirização na execução das atividades de cuidado, o Estado mantém a responsabilidade primária de garantir os direitos das crianças e adolescentes. 107 Nesse sentido, os padrões internacionais desaconselham qualquer modelo que priorize benefícios patrimoniais em detrimento do interesse superior da criança, recordando que a prioridade deve ser sempre o cuidado e a proteção efetiva contra a violência. 108 A isso se soma o fato de que, conforme o artigo 20 da CDC, a obrigação estatal não se esgota em prover um serviço de acolhimento residencial quando este se faz necessário, mas exige garantir que tal acolhimento seja adequado e respeitoso dos direitos da infância. 109 Assim, ainda que a prestação possa ser delegada a entidades privadas, o Estado continua sendo o principal responsável por zelar pela adequação do cuidado, assumindo deveres reforçados de respeito, proteção e garantia. 110

Cabe reiterar aqui os parâmetros desenvolvidos por este Tribunal quanto à obrigação do Estado de regular, fiscalizar e supervisionar a prestação de serviços realizados por entidades privadas. Assim, a Corte afirmou que a obrigação de garantia não se limita à relação direta entre agentes estatais e as pessoas sujeitas à sua jurisdição, mas também se projeta sobre a esfera privada, impondo ao Estado o dever de prevenir que terceiros violem os bens jurídicos protegidos. 111 Isso não implica, contudo, uma responsabilidade ilimitada diante de qualquer ato de particulares, mas sim a necessidade de examinar, em cada caso, como se concretizam as obrigações de garantia. 112 Nesse sentido, o

UNICEF (2022). Rota de reparação, verdade, justiça e não repetição: Para crianças e adolescentes vítimas de violações de seus direitos humanos em contexto de cuidado alternativo residencial. Página 28. UNICEF (2022). Rota de reparação, verdade, justiça e não repetição: Para crianças e adolescentes vítimas de violações de seus direitos humanos em contexto de cuidado alternativo residencial. Páginas 36 e ss. UNICEF (2022). Rota de reparação, verdade, justiça e não repetição: Para crianças e adolescentes vítimas de violações de seus direitos humanos em contexto de cuidado alternativo residencial. Página 39. AGUIRRE ARREDONDO, Claribel Angelina & TRISTÁN RODRÍGUEZ, María Suhey (2023). La política pública de cuidado alternativo institucional en Chile: análisis a partir de situaciones de violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 34(1), pp. 168-169. AGUIRRE ARREDONDO, Claribel Angelina & TRISTÁN RODRÍGUEZ, María Suhey (2023). La política pública de cuidado alternativo institucional en Chile: análisis a partir de situaciones de violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 34(1), pp. 168-169. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2013). Observação geral Nº 16 sobre as obrigações do Estado em relação ao impacto do setor empresarial sobre os direitos da criança (CRC/C/GC/16, 17 de abril de 2013). Nações Unidas. Pars. 10 e 25. JARA LEIVA, María José (2021). Más allá del “fin al Sename”: El cuidado residencial de la niñez y el proceso constituyente. Anuario de Derechos Humanos, 17(1), 69-84, p. 89. Caso do "Massacre de Mapiripán" Vs. Colômbia. Sentença de 15 de setembro de 2005. Série C Nº 134. Par. 111; Caso dos Buzos Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras. Sentença de 31 de agosto de 2021. Série C Nº 432. Par. 44; Caso Vera Rojas e outros Vs. Chile. Exceções preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de outubro de 2021. Série C Nº 439. Par. 83. Caso do Massacre de Pueblo Bello Vs. Colômbia. Sentença de 31 de janeiro de 2006. Série C Nº 140. Par. 123; Caso dos Buzos Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras. Sentença de 31 de agosto de 2021.

Tribunal enfatizou que os Estados devem adotar medidas legislativas, regulatórias e de supervisão para prevenir, investigar e sancionar violações de direitos humanos cometidas por empresas privadas, exigindo que estas assumam deveres específicos de respeito e reparação. 113

A jurisprudência tem sido clara, por exemplo, no campo da saúde: por se tratar de um bem público cuja tutela recai sobre o Estado, este tem a obrigação de regular e fiscalizar a assistência prestada por instituições privadas, já que o dever de proteção não se esgota nos serviços públicos, mas se estende a toda entidade, independentemente de sua natureza pública ou privada. 114 Uma lógica análoga deve ser aplicada ao cuidado: ainda que a prestação seja delegada, o Estado permanece como o garantidor primário e deve assegurar que tal delegação não gere lacunas de proteção nem espaços de impunidade. Nesse sentido, o dever de supervisão e controle estatal é indelegável, pois o que está em jogo é a garantia efetiva dos direitos da infância em contextos de especial vulnerabilidade.

Por isso, é indispensável compreender que a abordagem baseada em direitos, enquanto quadro normativo e marco de ação, não pode ser reduzida a uma aplicação meramente formal ou descontextualizada. Como já apontado pela literatura especializada, essa abordagem adquire formas concretas de interpretação e aplicação que impactam diretamente a maneira como são gestadas as situações de crianças e adolescentes com direitos violados, sempre em diálogo com os processos contemporâneos de transformação social. 115 Em consequência, deve-se evitar cair em um paradoxo preocupante vinculado a esse tema: 116 a intervenção estatal, que em princípio se justifica como uma medida de proteção frente à violação de direitos, pode acabar expondo novamente as crianças e adolescentes a situações de risco e revitimização, reproduzindo as mesmas violações que buscava evitar.

Em suma, o direito de crianças e adolescentes de receber cuidados sob a tutela estatal não pode ser entendido apenas como uma obrigação assistencial, mas sim como um dever reforçado de proteção integral, que abrange os planos institucional, legislativo e judicial. Os padrões internacionais deixam claro que o cuidado deve reger-se pelos princípios de necessidade, excepcionalidade, temporalidade e adequação, evitando a institucionalização desnecessária e priorizando ambientes familiares e comunitários. Ao mesmo tempo, ressaltam que a responsabilidade estatal é indelegável: mesmo quando o cuidado é prestado por entidades privadas, o Estado mantém o papel de garantidor primário, com obrigações de regular, supervisionar e fiscalizar de maneira rigorosa. O desafio, portanto, não é apenas assegurar serviços, mas garantir ambientes seguros, livres de violência, exploração e de qualquer interesse patrimonial indevido, que permitam a cada criança e adolescente desenvolver-se plenamente e projetar um plano de vida digno.

Série C Nº 432. Par. 44; Caso Vera Rojas e outros Vs. Chile. Exceções preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de outubro de 2021. Série C Nº 439. Par. 83. Caso do Massacre de Pueblo Bello Vs. Colômbia. Sentença de 31 de janeiro de 2006. Série C Nº 140. Par. 123; Caso dos Buzos Miskitos (Lemoth Morris e outros) Vs. Honduras. Sentença de 31 de agosto de 2021. Série C Nº 432. Par. 44; Caso Vera Rojas e outros Vs. Chile. Exceções preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de outubro de 2021. Série C Nº 439. Par. 83. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentença de 4 de julho de 2006. Série C Nº 149. Par. 99; Caso Gonzales Lluy e outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de setembro de 2015. Série C Nº 298. Par. 175; Caso Vera Rojas e outros Vs. Chile. Exceções preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de outubro de 2021. Série C Nº 439. Par. 89. MORALES RETAMAL, C. (2022). El gobierno de la infancia. Revista Estudios de Políticas Públicas, 8(1), p. 139. JARA LEIVA, María José (2021). Más allá del “fin al Sename”: El cuidado residencial de la niñez y el proceso constituyente. Anuario de Derechos Humanos, 17(1), 69-84, p. 82.

b. Cuidado e proteção de crianças e adolescentes diante dos riscos do ambiente digital

i. Riscos do ambiente digital e seus impactos no desenvolvimento de crianças e adolescentes

Como advertiu Tiffany Jenkins, a vida privada não é um estado natural, mas uma conquista histórica que, ao longo do tempo, se constituiu como um refúgio indispensável para o cultivo da autonomia individual e o fortalecimento da democracia. Essa conquista, no entanto, encontra-se hoje ameaçada pela chamada “cultura da autenticidade” 117 e pela exposição constante, que promovem a concepção do íntimo como algo suspeito e do público como única forma legítima de existência. Para Beatriz Sarlo, essa exibição da intimidade — por exemplo, por meio do escândalo e da parentalidade midiática — altera outros traços essenciais: introduz uma “intimidade pública”, em que a subjetividade se expõe como espetáculo, apagando os limites entre o privado e o midiático. O escândalo surge como um gênero repetitivo e hiperbólico que corrói a separação entre a esfera íntima e o espaço público. Assim, em síntese, “a exibição pública do eu é uma forma da subjetividade contemporânea”. 118 Esse estado de coisas tem impactos particularmente graves na infância, pois as crianças precisam de um âmbito íntimo protegido para crescer com dignidade, desenvolver sua identidade e construir autonomia emocional.

Na era digital, esse refúgio íntimo é erodido desde os primeiros anos de vida: o sharenting, 119 a superexposição nas redes sociais, a coleta massiva de dados pessoais em ambientes educativos e recreativos, e a persistência de dark patterns 120 em plataformas ou conteúdos digitais que manipulam seu comportamento transformam o íntimo em objeto de vigilância e exploração. Essas práticas não apenas violam direitos como a proteção de dados, a saúde mental ou a integridade emocional, mas também impedem que as crianças experimentem uma vida interior diferenciada do espaço público. O seu desenvolvimento afetivo e emocional é impactado, comprometendo o espaço fundamental para seu crescimento integral e sua autonomia futura.

O presente Parecer desta Corte, ao reconhecer o direito ao cuidado em suas três dimensões: cuidar, ser cuidado e autocuidado —, oferece um quadro normativo essencial para enfrentar esses desafios. O cuidado não implica apenas a atenção às necessidades materiais das crianças, mas também abrange suas necessidades afetivas e a proteção de seu desenvolvimento emocional; dimensões que se veem seriamente ameaçadas pelo consumo intensivo de conteúdos digitais e pela exposição indiscriminada das próprias crianças e adolescentes no mundo digital, por seus pais ou cuidadores.

Cuidar da intimidade digital das crianças e adolescentes faz parte integral do interesse superior da infância e exige que os Estados adotem medidas normativas, regulatórias e pedagógicas que garantam ambientes digitais que respeitem e protejam a vida privada infantil. Garantir esse espaço íntimo é uma obrigação jurídica derivada do direito ao

JENKIS, T. (2025). Strangers and Intimates. The Rise and Fall of Private Life. Picador UK, pp. 237- 251. SARLO, B. (2018). La Intimidad Pública. Seix Barral, p. 110. Esse termo tem sido entendido como a prática de pais e mães de compartilhar informações sobre seus filhos fora do âmbito familiar em redes sociais ou aplicativos de mensagens. Essa expressão designa aqueles elementos de design de interface do usuário que comprometem sua autonomia ao impedir que tome decisões informadas e que podem resultar em consequências adversas, como invasão de privacidade, perda econômica e dependência tecnológica. Cf. KOLLMER, T., & ECKHARDT, A. (2023). Dark patterns. Business & Information Systems Engineering, 65(2), 201-208.

cuidado, que protege o bem-estar presente e assegura as condições para o exercício de uma cidadania consciente e democrática no futuro.

Nesse contexto, não apenas os Estados têm a obrigação de resguardar a vida privada e a intimidade digital das crianças e adolescentes, mas também os pais e as mães desempenham um papel central nessa tarefa. Cabe a eles preservar a intimidade de seus filhos e filhas, evitando sua exposição indevida e criando hábitos e ambientes familiares que favoreçam a construção de um espaço íntimo seguro. Esse dever parental, contudo, requer o apoio ativo do Estado, que deve adotar medidas legais, pedagógicas e comunitárias que facilitem às famílias e à sociedade como um todo cumprir adequadamente seu papel de cuidadores.

A esse respeito, a Corte destacou que os padrões internacionais exigem que os Estados implementem mecanismos de proteção especial para evitar ingerências arbitrárias ou ilícitas na vida privada de crianças e adolescentes, em conformidade com o artigo 16 da Convenção sobre os Direitos da Criança. Assim, no caso Membros da Corporação Coletivo de Advogados “José Alvear Restrepo” Vs. Colômbia, o Tribunal sublinhou que a vida privada e a intimidade de crianças e adolescentes são essenciais não apenas porque constituem um direito em si mesmas, mas porque garantem o exercício de outras liberdades fundamentais — como a identidade, a integridade física e psíquica, ou a liberdade de pensamento e expressão — e são determinantes para o adequado desenvolvimento de sua personalidade. 121

Por outro lado, não é apenas a privacidade que se vê ameaçada com o uso intensivo da internet, mas também a forma como as crianças e adolescentes tomam decisões vitais no exercício de sua autonomia progressiva e os efeitos que isso produz em seu desenvolvimento. Voltemos, por um instante, a esse ponto. O economista e prêmio Nobel Herbert Simon cunhou o conceito de racionalidade limitada, 122 explicando que as decisões humanas não se baseiam em um cálculo perfeito, mas ocorrem sob condições de informação incompleta e em ambientes que consomem nossa atenção. Simon ilustrou que, como as duas lâminas de uma tesoura, tanto as limitações individuais quanto o ambiente informativo produzem o “corte” decisório por uma determinada opção. Aplicando essa ideia ao tema que nos ocupa, em um mundo saturado de estímulos digitais, essa limitação se intensifica: a abundância de informação gera escassez de atenção, transformando a tomada de decisão em um processo frágil diante de algoritmos projetados para maximizar o tempo de permanência online. Nesse sentido, imaginar que a simples vontade das crianças e adolescentes possa prevalecer frente a máquinas de distração, criadas para explorar sua vulnerabilidade cognitiva, revela-se ilusório.

As descobertas atuais reforçam esse alerta. Estudos indicam que, nas últimas décadas, o uso de meios digitais por crianças e adolescentes aumentou de forma exponencial e em idades cada vez mais precoces, modificando profundamente seus padrões de interação, aprendizado e desenvolvimento. Além disso, demonstram que, em média, a exposição diária a telas na infância varia entre 49 minutos para menores de 2 anos e mais de 5 horas entre 8 e 12 anos de idade, incluindo o consumo de vídeos, jogos online e redes sociais. 123 Esse fenômeno apresenta tanto oportunidades — como o acesso a

Caso Membros da Corporação Coletivo de Advogados "José Alvear Restrepo" Vs. Colômbia. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 18 de outubro de 2023. Série C Nº 506. Par. 634. Cf. Can you make it to the end of this column? Understanding the new economics of attention. The Economist, 11 de setembro de 2025. KIRKORIAN, H., BARR, R., COYNE, S. M., MUNZER, T. G.-C., PAULUS, M., & THOMASON, M. E. (2025). Digital Media, Cognition, and Brain Development in Infancy and Childhood. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook

conteúdos educativos e a novas formas de socialização — quanto riscos significativos para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional.

Como é sabido, a adolescência é uma etapa caracterizada pela busca de sensações e por assumir riscos, presentes em todas as culturas e espécies. A literatura especializada sugere que a forma de expressar esses comportamentos variou ao longo do tempo: na Idade Média, por meio de confrontos físicos; nos séculos XX e XXI, através do consumo de álcool, da promiscuidade sexual e do uso de drogas; e atualmente, por meio das redes sociais, com práticas como a autoexposição excessiva e o sexting. 124 Dessa forma, “[…] essas observações sugerem que as redes sociais podem ser a nova via pela qual se expressa a conduta de busca de sensações, o que possivelmente reflete uma tendência específica da adolescência a explorar e aprender a se adaptar a novos ambientes sociais”. 125

Pesquisas também advertiram que a interação digital precoce pode impactar a maturação das funções executivas, alterar padrões de sono e reduzir o tempo dedicado às interações presenciais, essenciais para o aprendizado e o desenvolvimento socioafetivo nos primeiros anos. 126 Na adolescência, etapa marcada por uma alta sensibilidade a estímulos sociais e pela maturação incompleta do sistema de controle cognitivo, o uso excessivo ou problemático de meios digitais tem sido associado a alterações nos circuitos cerebrais ligados à regulação emocional, à diminuição do desempenho escolar, ao aumento da suscetibilidade à pressão dos pares e à maior exposição a riscos como o cyberbullying ou a exploração sexual online. 127

Além do exposto, evidências recentes indicam que o uso de meios digitais durante atividades acadêmicas ou de aprendizagem pode gerar distrações momentâneas e efeitos adversos na atenção sustentada, na memória de trabalho e no controle inibitório, especialmente quando as interrupções vêm de notificações externas ou quando o conteúdo digital é percebido como mais relevante que a tarefa principal. 128 Estudos longitudinais sugerem que o uso frequente e problemático de redes sociais ou de conteúdos digitais altamente estimulantes, como vídeos de ritmo acelerado, pode esgotar de forma imediata as funções executivas de crianças e adolescentes e, com o tempo, estar associado a maiores dificuldades de concentração em contextos acadêmicos. 129 Assim, ainda que os efeitos de longo prazo não estejam plenamente

of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 13–20). Springer. Esse fenômeno é entendido como o envio de imagens, vídeos ou mensagens de caráter sexual por meio de smartphones e redes sociais. Cf. BOND, E. (2016). Sexting. Oxford Research Encyclopedia of Criminology. CRONE, E. A., & KONIJN, E. A. (2018). Media use and brain development during adolescence. Nature Communications, 9(1), 588, p. 4. KIRKORIAN, H., BARR, R., COYNE, S. M., MUNZER, T. G.-C., PAULUS, M., & THOMASON, M. E. (2025). Digital Media, Cognition, and Brain Development in Infancy and Childhood. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 13–20). Springer. MARCIANO, L., DUBICKA, B., MAGIS-WEINBERG, L., MORESE, R., VISWANATH, K. & WEBER, R. (2025). Digital Media, Cognition, and Brain Development in Adolescence. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 21–29). Springer. BAUMGARTNER, S. E., PARRY, D. A., BEYENS, I., WIRADHANY, W., UNCAPHER, M., WAGNER, A. D., & BAVELIER, D. (2025). The Short -and Long-Term Effects of Digital Media Use on Attention. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 31–37). Springer. BAUMGARTNER, S. E., PARRY, D. A., BEYENS, I., WIRADHANY, W., UNCAPHER, M., WAGNER, A. D., & BAVELIER, D. (2025). The Short -and Long-Term Effects of Digital Media Use on Attention. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 31–37). Springer.

estabelecidos, a literatura alerta para a necessidade de medidas preventivas, incluindo quadros normativos que regulem o design das plataformas, estratégias pedagógicas que incentivem o uso consciente e supervisionado, e a promoção de ambientes livres de dispositivos durante atividades escolares 130 ou familiares. 131 Além disso, tem ganhado crescente difusão no campo acadêmico e médico o termo “demência digital”, cunhado pelo neurocientista Manfred Spitzer, que descreve um declínio das funções cognitivas — como memória, atenção, raciocínio e regulação emocional — relacionado ao uso excessivo de telas por crianças e adolescentes, fenômeno que começa a ser respaldado por estudos que demonstram mudanças estruturais associadas no nível cerebral. 132

Da mesma forma, a literatura científica tem documentado que o uso intensivo de telas pode afetar a saúde física e o bem-estar geral de crianças e adolescentes. Entre os efeitos identificados estão a redução da atividade física, o aumento de comportamentos sedentários e a alteração de hábitos alimentares, em parte devido à exposição à publicidade de produtos com baixo valor nutricional, que incentiva um maior consumo calórico e de pior qualidade. 133 O uso noturno de dispositivos, especialmente os interativos, tem sido associado a horários de sono mais tardios, menor duração do descanso e pior qualidade do sono, o que impacta negativamente processos de recuperação física e cognitiva essenciais ao desenvolvimento infantil. 134 No campo da saúde mental, observou-se que o consumo problemático ou excessivo de meios digitais pode agravar sintomas de ansiedade, depressão e autoagressão, além de aumentar a exposição a dinâmicas de comparação social, cyberbullying e conteúdos que promovem padrões corporais pouco realistas, afetando a autoestima e elevando o risco de transtornos alimentares. 135

Um exemplo concreto dessa influência pode ser observado nas adolescentes, que apresentam sensibilidade particular à pressão social relacionada à magreza corporal. A recepção de comentários de seus pares nas redes sociais pode aumentar o nível de insatisfação com o próprio corpo. Além disso, tendem a ajustar suas percepções sobre

Por exemplo, no plano internacional, a UNESCO tem promovido diretrizes para limitar o uso de telefones celulares nas escolas, destacando seu potencial de distração e seu impacto na atenção e na aprendizagem, assim como a importância de ambientes educacionais livres de interrupções tecnológicas (UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report Summary 2023: Technology in education: A tool on whose terms? Paris, UNESCO). No âmbito comparado, vários países começaram a implementar medidas semelhantes, como o México, onde, a partir do ano letivo de 2025-2026, foram impostas restrições ao uso de telefones celulares em instituições de ensino, com o objetivo de priorizar a interação presencial e melhorar o desempenho acadêmico (MORENO, A. (2025). Mexican schools to impose cellphone restrictions this fall. Mexico Business News). No caso do Chile, iniciativas legislativas, como o projeto aprovado em termos gerais pelo Senado em 2024, buscam proibir o uso de smartphones em estabelecimentos de ensino, com o objetivo de fortalecer a concentração, a interação social presencial e a segurança escolar (Congresso Nacional do Chile, 2018). Proyecto de ley que modifica la Ley N.º 20.370, General de Educación, con el objeto de prohibir y regular el uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales (Boletín N.º 11728-04). Biblioteca do Congresso Nacional do Chile). BAUMGARTNER, S. E., PARRY, D. A., BEYENS, I., WIRADHANY, W., UNCAPHER, M., WAGNER, A. D., & BAVELIER, D. (2025). The Short -and Long-Term Effects of Digital Media Use on Attention. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 31–37). Springer. SPITZER, M. (2013). Demencia digital: El peligro de las nuevas tecnologías. Barcelona, Espanha: Ediciones B. HALE, L. (2025). Introduction to the Section on Screens and Physical Health. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 31–32). Springer. HALE, L. (2025). Introduction to the Section on Screens and Physical Health. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 31–32). Springer. WEIGLE, P. (2025). Introduction to the Section on Digital Media and Mental Health. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 117-120). Springer.

o que constitui um corpo “normal” ou “excessivamente magro”, alinhando-as às opiniões predominantes do grupo. Em resumo, a percepção e a valorização do próprio corpo e do corpo de outras pessoas são diretamente afetadas pelas opiniões expressas nas redes sociais. 136

Da mesma forma, o uso problemático da internet por crianças e adolescentes, impulsionado pela crescente disponibilidade de dispositivos como smartphones, consoles de videogame e plataformas de redes sociais, tem despertado preocupações entre especialistas, legisladores e profissionais da saúde mental devido às possíveis consequências negativas para o bem-estar infantil e adolescente. 137 Embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) tenha reconhecido formalmente apenas o “transtorno por uso de videogames” na Classificação Internacional de Doenças (CID-11), as evidências científicas sobre padrões de uso compulsivo e suas implicações para a saúde mental reforçam a necessidade de estratégias regulatórias, educativas e de prevenção precoce. 138

Por outro lado, a literatura recente destaca que a parentalidade na era digital envolve uma teia cada vez mais complexa de interações mediadas pela tecnologia, na qual tanto crianças e adolescentes quanto pais e cuidadores estão altamente expostos a dispositivos e conteúdos digitais. 139 Embora essas ferramentas possam facilitar a conexão familiar — por exemplo, ao compartilhar atividades ou manter contato à distância —, elas também podem substituir interações humanas de qualidade, essenciais para o desenvolvimento socioemocional, especialmente na primeira infância. 140 Conceitos como “tecnoferência” descrevem como a atenção dos cuidadores voltada aos dispositivos pode interferir na interação com os filhos, afetando a qualidade do vínculo e a estimulação socioafetiva. 141

Nesse sentido, tem sido documentado que as práticas parentais e o estabelecimento de hábitos saudáveis são determinantes no uso digital infantil, sendo o comportamento dos pais o preditor mais consistente do comportamento dos filhos nesse campo. 142 No entanto, a aplicação de diretrizes internacionais sobre o tempo e a qualidade da exposição às telas continua sendo limitada, com uma grande proporção de famílias que não cumprem as recomendações de organismos como a OMS. 143

CRONE, E. A., & KONIJN, E. A. (2018). Media use and brain development during adolescence. Nature Communications, 9(1), 588, p. 5. GRANT, D., & RUMPF, H.-J. (2025). Introduction to the Section on Problematic Use of the Internet in Childhood and Adolescence. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 173-178). Springer. GRANT, D., & RUMPF, H.-J. (2025). Introduction to the Section on Problematic Use of the Internet in Childhood and Adolescence. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 173-178). Springer. REICH, S. M., & MADIGAN, S. (2025). Introduction to the Section on Parenting in the Digital Age. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 371-377). Springer. REICH, S. M., & MADIGAN, S. (2025). Introduction to the Section on Parenting in the Digital Age. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 371-377). Springer. REICH, S. M., & MADIGAN, S. (2025). Introduction to the Section on Parenting in the Digital Age. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 371-377). Springer. REICH, S. M., & MADIGAN, S. (2025). Introduction to the Section on Parenting in the Digital Age. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 371-377). Springer. REICH, S. M., & MADIGAN, S. (2025). Introduction to the Section on Parenting in the Digital Age. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 371-377). Springer.

Nesse contexto, pesquisas recentes têm proposto ampliar as estratégias de proteção em ambientes digitais para incluir salvaguardas relacionadas à integridade e à autonomia dos processos cognitivos de crianças e adolescentes, especialmente diante de mecanismos de design persuasivo e de manipulação algorítmica que podem afetar sua atenção, tomada de decisões e bem-estar emocional. 144 Esse tipo de abordagem, ainda em desenvolvimento no campo acadêmico, busca complementar as medidas já existentes, incorporando considerações sobre o impacto da tecnologia no desenvolvimento mental e socioemocional de crianças e adolescentes. 145

Nesse debate, ganha relevância a noção de impactos tecnossociais das tecnologias digitais e, em particular, dos sistemas de inteligência artificial. Trata-se de efeitos coletivos, cumulativos e de longo prazo que podem reconfigurar formas de convivência e estruturas sociais sem que haja, necessariamente, uma deliberação democrática prévia, e cuja prevenção e eventual reparação exigem políticas públicas específicas. 146 Tais impactos, muitas vezes invisíveis no curto prazo, podem afetar profundamente a infância e a adolescência, dadas as etapas de desenvolvimento em que se encontram e sua crescente exposição a ambientes digitais cada vez mais complexos. 147 Dessa forma, a ausência de práticas sistemáticas e de quadros normativos robustos para avaliar e mitigar esses riscos em relação a crianças e adolescentes revela uma lacuna importante na proteção de seus direitos na era digital que, a meu ver, deveria ter sido abordada no âmbito do direito de ser cuidado das crianças e adolescentes. 148 Nesse sentido, foi indicado:

“A natureza revolucionária das mudanças trazidas pela IA dá origem ao surgimento de novos tipos de impactos, alguns dos quais não estão cobertos pelas proteções existentes. Os impactos que vão além do nível individual incluem níveis de impacto comunitário e social. Esses impactos merecem atenção especial, já que as medidas de proteção contra impactos negativos individuais

MOURA MONTEIRO CRUZ, P., VILARDO DE MELLO CRUZ, R., & PEREIRA JÚNIOR, A. J. (2025). Child Influencers and the Neuro Rights of Children and Adolescents: An Analysis of Vulnerability in the Digital Environment. In A. M. D’ÁVILA LOPES, S. SMART, & K. KOMAMURA (Eds.), Neurolaw: Legal Impacts of Neurotechnology (pp. 199-209). Porto Alegre, Brasil: Livraria do Advogado. A abordagem mencionada está vinculada a uma vertente teórica em debate no campo jurídico atual, conhecida como neurodireitos, que propõe salvaguardar a identidade, a privacidade mental e a autodeterminação cognitiva diante do uso de tecnologias digitais e emergentes. Embora se trate de um conceito em desenvolvimento, já se observam esforços normativos para proteger essa dimensão. No caso do Chile, o artigo 19, nº 1, parágrafo final, da Constituição Política estabelece que “o desenvolvimento científico e tecnológico estará a serviço das pessoas e será realizado com respeito à vida e à integridade física e psíquica. A lei regulamentará os requisitos, condições e restrições para sua utilização nas pessoas, devendo resguardar especialmente a atividade cerebral, bem como as informações dela provenientes”. Além disso, foram desenvolvidos litígios relevantes sobre o tema, como o caso Girardi Vs. Emotiv Inc., decidido pela Suprema Corte do Chile, que tratou do uso e da proteção de dados neurais obtidos por meio de dispositivos tecnológicos. Para uma análise geral do tema, ver: D’ÁVILA LOPES, A.M., PAREDES PAREDES, F.I., & TOLE MARTÍNEZ, J.J. (Orgs.). (2024). Desafios da interface neurodireito e inteligência artificial. Porto Alegre, Brasil: Livraria do Advogado. Para um exemplo do Girardi, consulte: SMART LARRAÍN, S., & OYARZÚN GÓMEZ, E. (2024). El caso Girardi C. EMOTIV Inc. ante la Corte Suprema de Chile: ¿Un paso adelante en la protección de los neuroderechos humanos? In D’ÁVILA LOPES, A.M., PAREDES PAREDES, F.I., & TOLE MARTÍNEZ, J.J. (Orgs.), Desafios da interface neurodireito e inteligência artificial (pp. 135-152). Porto Alegre, Brasil: Livraria do Advogado DELLASTA DEL GROSSI, V. C.. (2024). A absoluta prioridade da criança no ambiente digital na era da IA: A devida diligência em direitos humanos e os impactos tecnossociais da inteligência artificial (Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito), p. 29. DELLASTA DEL GROSSI, V. C.. (2024). A absoluta prioridade da criança no ambiente digital na era da IA: A devida diligência em direitos humanos e os impactos tecnossociais da inteligência artificial (Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito), p. 29. DELLASTA DEL GROSSI, V. C.. (2024). A absoluta prioridade da criança no ambiente digital na era da IA: A devida diligência em direitos humanos e os impactos tecnossociais da inteligência artificial (Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito), p. 29.

costumam ter prioridade, enquanto os impactos sociais tendem a ser ignorados. Pode haver uma sobreposição entre o indivíduo e a sociedade; contudo, os danos sociais possuem um alcance diferente, afetando interesses coletivos. Os danos sociais merecem atenção porque são mais difíceis de identificar, visto que tendem a ser causados por interações repetidas que produzem mudanças incrementais, resultando em impactos perceptíveis apenas após longos períodos, diferentemente dos danos individuais. [...] No modelo de governança orientado à resolução de problemas, as questões já identificadas podem receber mais atenção do que os novos problemas, como os impactos sociais da IA, que desafiam os limites estabelecidos pelos sistemas jurídicos existentes.” 149

Da mesma forma, a análise dos riscos digitais requer a incorporação de uma perspectiva interseccional, reconhecendo que nem todas as crianças são impactadas da mesma forma. Fatores como gênero, condição socioeconômica, pertencimento a povos indígenas ou comunidades rurais, deficiência ou situação migratória podem amplificar ou modificar a maneira como crianças e adolescentes experimentam as oportunidades e ameaças do ambiente digital. Essa abordagem permite tornar visíveis as desigualdades estruturais que podem ser reproduzidas ou até mesmo intensificadas pelo uso de tecnologias emergentes, exigindo que as medidas de proteção considerem a diversidade de contextos e necessidades presentes na infância e na adolescência.

Cabe destacar que adotar uma perspectiva desse tipo para enfrentar essas problemáticas não implica assumir uma abordagem paternalista ou adultocêntrica que reduza crianças e adolescentes a meros objetos de tutela. 150 Pelo contrário, significa reconhecê-los como sujeitos plenos de direitos, cuja proteção diante dos riscos digitais é condição essencial para o exercício efetivo de sua autonomia, de sua capacidade de agir e do pleno desenvolvimento de suas potencialidades. Isso exige que as medidas de prevenção e mitigação de riscos não apenas respondam às ameaças imediatas, mas também abordem os impactos tecnossociais cumulativos, levando em conta a diversidade de experiências e contextos que configuram a infância e a adolescência. Sob essa ótica, a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais não constitui um limite à sua participação, mas sim um meio de garantir que essa participação ocorra em condições de segurança, equidade e respeito por sua dignidade — conforme será analisado com maior detalhe nas seções seguintes.

ii. Quadro jurídico internacional sobre o ambiente digital e a infância

A regulação do ambiente digital e seu impacto sobre os direitos de crianças e adolescentes têm adquirido relevância crescente no Direito Internacional, impulsionada pelo reconhecimento de que esse grupo etário interage de forma precoce e contínua com tecnologias digitais, incluindo aquelas baseadas em inteligência artificial. Nos últimos anos, diversos instrumentos internacionais, tanto de caráter vinculante quanto orientador (soft law), incorporaram padrões específicos para garantir que o ambiente digital se configure como um espaço seguro, inclusivo e favorável ao pleno desenvolvimento da infância.

Esse quadro normativo tem sido alimentado por tratados universais, como a Convenção sobre os Direitos da Criança, bem como por comentários gerais, resoluções da

KALVAITYTE, M. (2022). Unregulated negative impacts of AI: Mixed methods analysis of feedback responses to the EU AI Act proposal (Public Policy master’s thesis, SciencesPo, School of Public Affairs). DELLASTA DEL GROSSI, V. C.. (2024). A absoluta prioridade da criança no ambiente digital na era da IA: A devida diligência em direitos humanos e os impactos tecnossociais da inteligência artificial (Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito), p. 33.

Assembleia Geral das Nações Unidas, diretrizes de organismos especializados — entre eles UNICEF, OCDE e UNESCO —, iniciativas regionais do Conselho da Europa, da Comissão Europeia e da Organização dos Estados Americanos, além de propostas específicas para a América Latina. Em conjunto, esses desenvolvimentos têm delineado princípios, obrigações e boas práticas para que os Estados, as empresas e outros atores relevantes garantam o interesse superior da criança, protejam sua privacidade e seus dados pessoais, previnam riscos — inclusive os de natureza tecno-social — e promovam sua participação e autonomia no ecossistema digital.

Nesse sentido, em primeiro lugar, destaca-se a Convenção sobre os Direitos da Criança, que, como já mencionado, constitui o principal instrumento jurídico vinculante sobre a matéria e que, sob uma perspectiva integral, reconhece o direito de crianças e adolescentes ao pleno desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, incluindo seu potencial cognitivo. Essa abordagem se reflete de forma transversal em disposições como o artigo 13 (liberdade de expressão e acesso à informação), 151 o artigo 14 (liberdade de pensamento, consciência e religião), 152 o artigo 16 (proteção da vida privada), 153 o artigo 17 (acesso à informação adequada e proteção contra conteúdos prejudiciais), 154 o artigo 29 (finalidades da educação voltadas ao desenvolvimento da personalidade e das capacidades) 155 e o artigo 32 (proteção contra a exploração econômica e trabalhos perigosos), 156 todos de especial relevância em ambientes digitais.

Artigo 13. 1. A criança terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e ideias de todo tipo, independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa, por meio das artes ou por qualquer outro meio escolhido pela criança. 2. O exercício de tal direito poderá estar sujeito a determinadas restrições, que serão unicamente as previstas pela lei e consideradas necessárias: a) para o respeito dos direitos ou da reputação dos demais, ou b) para a proteção da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger a saúde e a moral públicas. Artigo 14. 1. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança à liberdade de pensamento, de consciência e de crença. 2. Os Estados Partes respeitarão os direitos e deveres dos pais e, se for o caso, dos representantes legais, de orientar a criança com relação ao exercício de seus direitos de maneira acorde com a evolução de sua capacidade. 3. A liberdade de professar a própria religião ou as próprias crenças estará sujeita, unicamente, às limitações prescritas pela lei e necessárias para proteger a segurança, a ordem, a moral, a saúde pública ou os direitos e liberdades fundamentais dos demais. Artigo 16. 1. Nenhuma criança será objeto de interferências arbitrárias ou ilegais em sua vida particular, sua família, seu domicílio ou sua correspondência, nem de atentados ilegais a sua honra e a sua reputação. 2. A criança tem direito à proteção da lei contra essas interferências ou atentados. Artigo 17. Os Estados Partes reconhecem a função importante desempenhada pelos meios de comunicação e zelarão para que a criança tenha acesso a informações e materiais procedentes de diversas fontes nacionais e internacionais, especialmente informações e materiais que visem a promover seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde física e mental. Para tanto, os Estados Partes: a) incentivarão os meios de comunicação a difundir informações e materiais de interesse social e cultural para a criança, de acordo com o espírito do artigo 29; b) promoverão a cooperação internacional na produção, no intercâmbio e na divulgação dessas informações e desses materiais procedentes de diversas fontes culturais, nacionais e internacionais; c) incentivarão a produção e difusão de livros para crianças; d) incentivarão os meios de comunicação no sentido de, particularmente, considerar as necessidades linguísticas da criança que pertença a um grupo minoritário ou que seja indígena; e) promoverão a elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger a criança contra toda informação e material prejudiciais ao seu bem-estar, tendo em conta as disposições dos artigos 13 e 18. Artigo 29. 1. Os Estados Partes reconhecem que a educação da criança deverá estar orientada no sentido de: a) desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da criança em todo o seu potencial; b) imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, bem como aos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas; c) imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores nacionais do país em que reside, aos do eventual país de origem, e aos das civilizações diferentes da sua; d) preparar a criança para assumir uma vida responsável numa sociedade livre, com espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexos e amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e pessoas de origem indígena; e) imbuir na criança o respeito ao meio ambiente. 2. Nada do disposto no presente artigo ou no Artigo 28 será interpretado de modo a restringir a liberdade dos indivíduos ou das entidades de criar e dirigir instituições de ensino, desde que sejam respeitados os princípios enunciados no parágrafo 1 do presente artigo e que a educação ministrada em tais instituições esteja acorde com os padrões mínimos estabelecidos pelo Estado. Artigo 32. 1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra a exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua educação,

Da mesma forma, a interpretação e a definição do sentido e alcance desses direitos foram reforçadas pelo Comitê sobre os Direitos da Criança por meio de diversas Observações Gerais, entre as quais se destacam a nº 14 (2013), sobre o direito da criança a que seu interesse superior seja uma consideração primordial; 157 a de nº 16 (2013), relativa às obrigações estatais diante do impacto do setor empresarial sobre os direitos da infância; 158 e a mais recente nº 25 (2021), que aborda especificamente os direitos de crianças e adolescentes em relação ao ambiente digital, 159 estabelecendo diretrizes sobre acesso, inclusão, segurança, alfabetização digital e prevenção de danos.

Em segundo lugar, destaca-se a Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre os direitos da infância no ambiente digital, que reafirma a plena aplicabilidade da Convenção sobre os Direitos da Criança no âmbito digital e conclama os Estados a garantir o acesso equitativo às tecnologias, a proteção contra riscos online, a privacidade e a participação significativa de crianças e adolescentes na formulação de políticas. 160 Do mesmo modo, as iniciativas do UNICEF no campo da inteligência artificial — como o Policy Brief National AI Strategies and Children (2020) 161 e o Policy Guidance on AI for Children (2021) 162— formularam requisitos e recomendações para que as políticas e os sistemas de IA, tanto voltados quanto não voltados especificamente a crianças e adolescentes, respeitem e promovam seus direitos, abordando aspectos como inclusão, privacidade, segurança, transparência e participação infantil no design e na avaliação dessas tecnologias.

Em quarto lugar, merece destaque a iniciativa conjunta do UNICEF e do Pacto Global da ONU, Children’s Rights and Business Principles, o primeiro marco integral que orienta as empresas na adoção de medidas para respeitar e promover os direitos de crianças e adolescentes no local de trabalho, no mercado e na comunidade, por meio de compromissos políticos, devida diligência, entre outros. 163 No mesmo sentido, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) emitiu sua Recomendação para Crianças no Ambiente Digital, atualizada a partir da versão de 2012, que busca equilibrar a proteção contra riscos com a promoção das oportunidades oferecidas pelo ambiente digital. 164 Assim, reconhece a complexidade e a rápida

ou que seja nocivo para sua saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. 2. Os Estados Partes adotarão medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais com vistas a assegurar a aplicação do presente artigo. Com tal propósito, e levando em consideração as disposições pertinentes de outros instrumentos internacionais, os Estados Partes, deverão, em particular: a) estabelecer uma idade ou idades mínimas para a admissão em empregos; b) estabelecer regulamentação apropriada relativa a horários e condições de emprego; c) estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de assegurar o cumprimento efetivo do presente artigo. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2013). Observação geral Nº 14 (2013) sobre o direito da criança de que seu interesse superior seja uma consideração primordial (artigo 3, parágrafo1) (CRC/C/GC/14, 29 de maio de 2013). Nações Unidas. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2013). Observação geral Nº 16 (2013) obre as obrigações do Estado em relação ao impacto do setor empresarial nos direitos da criança (CRC/C/GC/16, 17 de abril de 2013). Nações Unidas. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2021). Observação geral Nº 25 (2021) relativa aos direitos das crianças em relação ao ambiente digital (CRC/C/GC/25, 2 de março de 2021). Nações Unidas. Assembleia Geral das Nações Unidas. (2023). Resolução sobre os direitos da criança no âmbito digital. Resolução A/C.3/78/L.19/Rev.1 (novembro de 2023). Nações Unidas. Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) (2020). National AI strategies and children: Reviewing the landscape and identifying windows of opportunity [Policy brief]. UNICEF Office of Global Insight and Policy. Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) (2021). Policy guidance on AI for children: Version 2.0 – Recommendations for building AI policies and systems that uphold child rights. Nova York: UNICEF. Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). (2012). Children's Rights and Business Principles [Princípios sobre direitos da criança e empresas]. UNICEF. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). (2012). Recommendation of the Council on Children in the Digital Environment (OECD/LEGAL/0389). OCDE.

evolução desse ambiente, a necessidade de proteger a privacidade e os dados pessoais, e o papel de múltiplos atores, estabelecendo princípios aplicáveis a organizações públicas e privadas para garantir um acesso seguro, benéfico e adaptado às novas tipologias de riscos enfrentados por crianças e adolescentes no mundo digital.

Em quinto lugar, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) reconheceu o potencial da inteligência artificial como ferramenta para enfrentar desafios globais e ampliar as capacidades humanas, advertindo, ao mesmo tempo, sobre suas profundas implicações sociais e éticas. Em novembro de 2021, seus 193 Estados-Membros adotaram a Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial, o primeiro instrumento global de caráter normativo sobre o tema, que estabelece princípios e diretrizes para garantir que os sistemas de IA funcionem em benefício das pessoas, das sociedades, do meio ambiente e dos ecossistemas, prevenindo danos e promovendo os direitos humanos, a dignidade humana e o respeito ao Estado de direito no ambiente digital. 165

Em sexto lugar, no âmbito regional europeu, o Conselho da Europa desenvolveu um conjunto robusto de normas e diretrizes que complementam os esforços globais na matéria. Entre elas, destacam-se as Diretrizes para respeitar, proteger e cumprir os direitos da criança no ambiente digital (Recomendação CM/Rec (2018)7 do Comitê de Ministros), 166 que, juntamente com a Convenção 108+ sobre proteção de dados, 167 a Convenção de Budapeste sobre cibercriminalidade, 168 a Convenção de Lanzarote sobre exploração e abuso sexual infantil, 169 e a Convenção de Istambul sobre violência contra as mulheres, 170 compõem um marco abrangente destinado a garantir o interesse superior da criança no ambiente digital. Complementarmente, a Comissão Europeia promoveu o Plano de Ação para a Educação Digital 2021-2027, orientado a fomentar a alfabetização digital e a colocar a educação e a formação no centro da adaptação à era digital. 171

Além disso, o quadro normativo da União Europeia incorporou diretrizes específicas para prevenir e enfrentar a violência, a exploração sexual e outras formas de dano contra crianças e adolescentes em ambientes digitais. A Recomendação de 2018 da Comissão Europeia insta os Estados-Membros a impor obrigações legais às empresas para que informem às autoridades quando detectarem indícios de crimes graves ou conteúdos ilegais que ameacem a segurança das crianças e adolescentes, bem como a desenvolver políticas de prevenção que incluam programas de intervenção para pessoas em risco de cometer abusos e estratégias educativas e tecnológicas voltadas a evitar que potenciais

Assembleia Geral da UNESCO. (2021). Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial. Aprovada em 23 de novembro de 2021. UNESCO. Assembleia do Conselho da Europa, Comitê de Ministros. (2018). Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment - Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers (Diretrizes para respeitar, proteger e fazer efetivos os direitos da criança no ambiente digital. Recomendação CM/Rec(2018)7) (4 de julho de 2018). Conselho da Europa. Conselho da Europa. (1981). Convenção para a proteção das pessoas com respeito ao tratamento automatizado de dados de caráter pessoal (Convênio n.º 108). Estrasburgo: Conselho da Europa. Conselho da Europa. (2001). Convenção sobre a cibercriminalidade (“Convenção de Budapeste”). Budapeste, 23 de novembro de 2001. Conselho da Europa. Conselho da Europa. (2007). Convenção para a proteção de crianças contra exploração y abuso sexual (“Convenção de Lanzarote”). Lanzarote, 25 de outubro de 2007. Conselho da Europa. Conselho da Europa. (2011). Convenção sobre prevenção e luta contra a violência contra a mulher e a violência doméstica (“Convenção de Istambul”). Istambul, 11 de maio de 2011. Conselho da Europa. Comissão Europeia. (2020). Plano de Ação para a Educação Digital 2021-2027: Reconfigurar a educação e a formação para a era digital. (COM(2020) 624 final, 30 de setembro de 2020). Bruxelas: Comissão Europeia.

vítimas se tornem vítimas reais. 172. Em conexão com o marco europeu de combate ao tráfico de pessoas, a Diretiva de luta contra o tráfico de pessoas 173 e seus instrumentos de monitoramento ressaltaram o papel da internet e das redes sociais no aliciamento e exploração de vítimas, promovendo a criminalização do uso de serviços obtidos de pessoas traficadas.

No contexto latino-americano, destaca-se a Declaração da Comissão Jurídica Interamericana sobre Neurociência, Neurotecnologias e Direitos Humanos: Novos Desafios Jurídicos para as Américas, 174 adotada no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA). Embora centrada principalmente nas aplicações da inteligência artificial no campo da neurotecnologia, essa declaração estabelece princípios orientadores para prevenir riscos e proteger direitos fundamentais diante do uso de tecnologias emergentes que interagem com a atividade cerebral e os dados neurofisiológicos, reconhecendo seu potencial impacto sobre a privacidade, a autonomia e a integridade das pessoas, incluindo crianças e adolescentes.

Por sua vez, no contexto africano, o quadro regional se estrutura principalmente por meio da Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança (1990) 175 e da Convenção da União Africana sobre Cibersegurança e Proteção de Dados Pessoais (Convenção de Malabo, ainda pendente de entrada em vigor). 176 De modo geral, esses instrumentos reconhecem a necessidade de garantir um alto nível de proteção às informações infantis e de estabelecer obrigações específicas para prevenir danos online contra crianças e adolescentes, incluindo a exploração sexual, o assédio e outras formas de violência digital.

Por fim, é importante destacar que, em nível comparado, diferentes regiões avançaram na adoção de marcos regulatórios para proteger a infância no ambiente digital, articulando medidas contra danos online, regulações em matéria de privacidade e proteção de dados, e disposições de direito do consumidor. 177 Na América Latina, por exemplo, foram promulgadas leis específicas para enfrentar riscos digitais e proteger os dados pessoais de crianças e adolescentes. Entre elas estão a Lei Mica Ortega (Argentina, 2020), que promove a educação digital segura; 178 a Lei Olímpia (México, 2020), que pune a violência digital e a divulgação não consentida de material íntimo; 179

Comissão Europeia. (2018). Recomendação (UE) 2018/334 da Comissão, de 1º de março de 2018, sobre medidas para combater de forma eficaz os conteúdos ilícitos online. (DO UE L 63, pp. 50–61). Diário Oficial da União Europeia. Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. (2024). Directiva (UE) 2024/1712 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho de 2024, que modifica a Directiva 2011/36/UE relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção de suas vítimas (DO UE L 1712, 24 de junho de 2024). União Europeia. Organização dos Estados Americanos, Comissão Jurídica Interamericana. (2021). Declaração da Comissão Jurídica Interamericana sobre neurociência, neurotecnologias e direitos humanos: novos desafios jurídicos para as Américas. (CJI/DEC. 01 (XCIX-O/21), 11 de agosto de 2021). Organização dos Estados Americanos. Organização para a Unidade Africana. (1990). Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança. 11 de julho de 1990. União Africana. (2014). Convenção da União Africana sobre Cibersegurança e Proteção de Dados Pessoais. (Malabo, 27 de junho de 2014). Para uma análise detalhada, ver: AKUETTEH, T., BROSSI, L., DAY, E., FARTHING, R., GOLIN, J., & O’NEILL, B. (2025). Digital Policy Trends: Regulations, Interventions, and Policy Solutions. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 469-476). Springer. República Argentina. (2020). Ley 27.590 — “Ley Mica Ortega”: Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. Buenos Aires: Boletín Oficial de la Nación. Estados Unidos Mexicanos. (2019). Ley Olimpia: Reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de delitos contra la intimidad sexual. Diario Oficial de la Federación.

e a Lei 20.526 (Chile, 2011), que sanciona o assédio sexual de menores, a pornografia infantil virtual e a posse de material pornográfico infantil. 180

Em conjunto, essas experiências comparadas mostram que, embora exista uma convergência crescente em torno de princípios como o interesse superior da criança, a proteção de dados pessoais, a prevenção de danos e a promoção da alfabetização digital, os níveis de exigência e os mecanismos de cumprimento variam significativamente entre as regiões. Esse contraste ressalta a importância de que os Estados adotem normas coerentes com os padrões internacionais e adaptadas aos seus contextos nacionais, assegurando que as obrigações jurídicas se traduzam em medidas efetivas de proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital, incluindo as dimensões emergentes relacionadas à inteligência artificial e aos impactos tecnossociais.

iii. Padrões de proteção e deveres correlatos de Estados, empresas e cuidadores em ambientes digitais

À luz do presente Parecer Consultivo, o direito ao cuidado em ambientes digitais impõe a criação de padrões de proteção que considerem as especificidades da infância e da adolescência no ecossistema digital. Isso não apenas implica garantir o acesso seguro e não discriminatório a esses ambientes, mas também prevenir riscos e danos que possam comprometer o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, reconhecendo a dupla dimensão —proativa e protetora— do dever de cuidado. Conforme demonstrado na doutrina do Comitê sobre os Direitos da Criança, o desenho e a implementação de políticas públicas, marcos normativos e medidas de regulação tecnológica devem partir do princípio do interesse superior da criança como parâmetro orientador de qualquer ação estatal ou privada que possa afetar a infância, direta ou indiretamente, em contextos digitais. 181 Essa interpretação, de fato, não é alheia à desenvolvida pela Corte, que afirmou que esse princípio “se fundamenta na própria dignidade do ser humano, nas características próprias das crianças e na necessidade de promover seu desenvolvimento, com pleno aproveitamento de suas potencialidades.” 182

Nesse sentido, a Observação Geral nº 14 do Comitê sobre os Direitos da Criança estabelece que o interesse superior da criança, consagrado no artigo 3.1 da Convenção sobre os Direitos da Criança, possui uma natureza tripla: como princípio jurídico interpretativo, como direito substantivo e como norma de procedimento. 183 Em sua vertente interpretativa, exige que, diante de várias opções possíveis, se escolha aquela que melhor satisfaça esse interesse; como direito substantivo, reconhece-o como uma prerrogativa exigível; e como norma de procedimento, obriga que toda decisão que afete a infância incorpore uma avaliação rigorosa de suas consequências, positivas e negativas, considerando a participação efetiva da própria criança. 184 Esse padrão implica que, mesmo medidas não diretamente direcionadas à infância, mas que incidam sobre

República do Chile. (2011). Ley N.º 20.526 que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil. Diario Oficial de la República de Chile, 13 de agosto de 2011. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2013). Observação Geral nº 14 (2013) sobre o direito da criança a que seu interesse superior seja uma consideração primordial (artigo 3, parágrafo 1) (CRC/C/GC/14, 29 de maio de 2013). Nações Unidas. Caso do "Massacre de Mapiripán" Vs. Colômbia. Sentença de 15 de setembro de 2005. Série C Nº 134. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2013). Observação Geral nº 14 (2013) sobre o direito da criança a que seu interesse superior seja uma consideração primordial (artigo 3, parágrafo 1) (CRC/C/GC/14, 29 de maio de 2013). Nações Unidas. Pars. 1-73. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2013). Observação Geral nº 14 (2013) sobre o direito da criança a que seu interesse superior seja uma consideração primordial (artigo 3, parágrafo 1) (CRC/C/GC/14, 29 de maio de 2013). Nações Unidas. Pars. 1-73.

sua vida digital — por exemplo, políticas de moderação de conteúdo, design de algoritmos ou coleta de dados — devem ser avaliadas à luz de seu impacto sobre o seu bem-estar e desenvolvimento.

Do mesmo modo, o Comitê interpreta que a expressão “cuidado e proteção”, presente no artigo 3.2, deve ser compreendida de forma ampla, vinculada não apenas à prevenção de danos, mas também à garantia ativa da vida, do bem-estar e do desenvolvimento integral. 185 Isso implica que os Estados e cuidadores — incluindo pais, mães, tutores, instituições educacionais e plataformas digitais— têm o dever correlato de promover um ambiente digital seguro, inclusivo e adaptado às capacidades evolutivas de cada criança e adolescente, assegurando que nenhuma interpretação restritiva do interesse superior possa justificar a limitação de outros direitos humanos. Além disso, o Comitê indica que o interesse superior constitui uma consideração primária que prevalece sobre outras, em razão da especial situação de dependência, maturidade e status jurídico da infância, 186 o que reforça a obrigação de desenvolver quadros regulatórios e mecanismos de supervisão em ambientes digitais que priorizem explicitamente seus direitos e interesses.

Nesse contexto, é imprescindível destacar os avanços contidos na Observação Geral nº 25 do Comitê sobre os Direitos da Criança, que interpreta a noção de interesse superior no contexto específico do ambiente digital. 187 Essa Observação o consagra como um dos quatro princípios gerais para garantir a efetividade dos direitos da infância nesse âmbito, juntamente com a não discriminação, o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento, e o respeito pela opinião da criança. 188 Assim, o Comitê reconhece que o ambiente digital não foi originalmente concebido para a infância, mas que passou a ocupar um papel central em sua vida cotidiana. Por isso, insta os Estados Partes a assegurar que o interesse superior seja uma consideração primordial em toda ação relativa à provisão, regulação, design — incluindo a fase de desenvolvimento de produtos e serviços —, gestão e uso de ambientes e tecnologias digitais. 189 Nesse sentido, esse padrão exige que a perspectiva dos direitos da infância não seja incorporada de forma acessória, mas sim como eixo estrutural da governança digital, desde a concepção das ferramentas tecnológicas até sua implementação e supervisão.

De modo particular, o Comitê das Nações Unidas enfatiza as práticas comerciais online, assinalando que os Estados devem garantir que o interesse superior da infância seja uma consideração prioritária na regulação da publicidade e do marketing direcionados ou acessíveis a crianças e adolescentes. 190 Isso abrange não apenas anúncios tradicionais, mas também formas indiretas de conteúdo comercial, que devem ser claramente identificáveis e regulamentadas. 191 Além disso, estabelece que as atividades

Comitê sobre os Direitos da Criança. (2013). Observação Geral nº 14 (2013) sobre o direito da criança a que seu interesse superior seja uma consideração primordial (artigo 3, parágrafo 1) (CRC/C/GC/14, 29 de maio de 2013). Nações Unidas. Par. 71. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2013). Observação Geral nº 14 (2013) sobre o direito da criança a que seu interesse superior seja uma consideração primordial (artigo 3, parágrafo 1) (CRC/C/GC/14, 29 de maio de 2013). Nações Unidas. Par. 97. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2021). Observação Geral nº 25 (2021) relativa aos direitos das crianças em relação ao ambiente digital (CRC/C/GC/25, 2 de março de 2021). Nações Unidas. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2021). Observação Geral nº 25 (2021) relativa aos direitos das crianças em relação ao ambiente digital (CRC/C/GC/25, 2 de março de 2021). Nações Unidas. Par. 8 e ss. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2021). Observação Geral nº 25 (2021) relativa aos direitos das crianças em relação ao ambiente digital (CRC/C/GC/25, 2 de março de 2021). Nações Unidas. Par. 12. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2021). Observação Geral nº 25 (2021) relativa aos direitos das crianças em relação ao ambiente digital (CRC/C/GC/25, 2 de março de 2021). Nações Unidas. Par. 41. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2021). Observação Geral nº 25 (2021) relativa aos direitos das crianças em relação ao ambiente digital (CRC/C/GC/25, 2 de março de 2021). Nações Unidas. Par. 41.

empresariais vinculadas ao ambiente digital devem ser regidas por altos padrões de transparência e responsabilidade, adotando medidas inovadoras que priorizem o interesse superior, o que inclui a proteção contra modelos de negócio que explorem a atenção, os dados ou a interação digital das crianças com fins comerciais. 192 O padrão também se estende ao tratamento de dados pessoais, que deve ser proporcional, limitado conforme o princípio da minimização, destinado a fins legítimos e amparado por uma base legal, sempre sob a ótica do interesse superior. 193 Por fim, o Comitê relaciona esse princípio ao desenvolvimento progressivo das capacidades de crianças e adolescentes, orientando pais, mães e cuidadores para que, em seu papel de mediação e acompanhamento, integrem ambas as noções como parâmetros norteadores da relação da infância com o ambiente e as tecnologias digitais. 194

Levando o anterior em consideração, essa visão implica não apenas um dever estatal de criar marcos protetores, mas também um dever familiar, social e comunitário – em consonância com o princípio da corresponsabilidade – de guiar o acesso e a participação digital da infância de forma a favorecer seu bem-estar, sua autonomia progressiva e a plena realização de seus direitos. Essa abordagem está em sintonia com o disposto no âmbito interamericano. Por exemplo, o artigo 16 do Protocolo de San Salvador reconhece que a adoção de medidas especiais de proteção para crianças e adolescentes é responsabilidade tanto do Estado quanto da família, da comunidade e da sociedade à qual pertencem, estabelecendo que toda criança tem o direito de crescer sob o amparo e a responsabilidade de seus pais. Em linha com isso, a própria Corte afirmou que toda decisão estatal, social ou familiar que implique uma limitação ao exercício de qualquer direito da infância deve ser regida pelo interesse superior da criança e ajustada rigorosamente às disposições aplicáveis a essa matéria. 195 Nesse sentido, indicou que:

“Em princípio, a família deve proporcionar a melhor proteção às crianças contra o abuso, a negligência e a exploração. E o Estado está obrigado não apenas a adotar e executar diretamente medidas de proteção às crianças, mas também a favorecer, da forma mais ampla possível, o desenvolvimento e o fortalecimento do núcleo familiar. Nesse sentido, ‘o reconhecimento da família como elemento natural e fundamental da sociedade’, com direito à ‘proteção da sociedade e do Estado’, constitui um princípio fundamental do Direito Internacional dos Direitos Humanos, consagrado nos artigos 16.3 da Declaração Universal, VI da Declaração Americana, 23.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e 17.1 da Convenção Americana”. 196

Essa perspectiva é complementada pelo artigo 32 da Convenção Americana, que estabelece que “toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade”. Nesse contexto, ainda que o dever estatal de garantir a proteção integral de crianças e adolescentes em ambientes digitais seja ineludível, compreendendo também a obrigação de supervisionar a atuação de agentes privados, esse preceito recorda que, no contexto do princípio da corresponsabilidade, também recaem deveres correlatos sobre aqueles que exercem funções de cuidado direto — pais, mães, tutores

Comitê sobre os Direitos da Criança. (2021). Observação Geral nº 25 (2021) relativa aos direitos das crianças em relação ao ambiente digital l (CRC/C/GC/25, 2 de março de 2021). Nações Unidas. Par. 41 e ss. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2021). Observação Geral nº 25 (2021) relativa aos direitos das crianças em relação ao ambiente digital (CRC/C/GC/25, 2 de março de 2021). Nações Unidas. Par. 41 e ss. Comitê sobre os Direitos da Criança. (2021). Observação Geral nº 25 (2021) relativa aos direitos das crianças em relação ao ambiente digital (CRC/C/GC/25, 2 de março de 2021). Nações Unidas. Par. 86. Condição jurídica e direitos humanos da criança. Parecer Consultivo OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Série A Nº 17. Par. 65. Condição jurídica e direitos humanos da criança. Parecer Consultivo OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Série A Nº 17. Par. 66.

e outros responsáveis. No contexto do presente Parecer Consultivo, isso significa que a proteção efetiva contra riscos e danos derivados do ambiente digital requer não apenas quadros regulatórios e políticas públicas adequadas, mas também a atuação diligente das famílias e cuidadores na vida digital cotidiana de crianças e adolescentes. 197

Nesse sentido, o princípio do interesse superior deve operar como uma diretriz hermenêutica e prática para orientar as decisões familiares relacionadas ao acesso, uso e participação em ambientes digitais, assegurando que toda medida adotada busque favorecer o desenvolvimento integral do menor. Conforme assinalou a Corte, esse princípio não se limita ao âmbito estatal, 198 mas também impõe obrigações concretas a outros sujeitos, entre os quais se incluem as pessoas em sua qualidade de cuidadores, que devem zelar para que suas decisões fomentem um ambiente digital seguro, inclusivo e respeitoso da dignidade e das capacidades evolutivas da infância. Isso implica, por exemplo, supervisionar o tempo de exposição, avaliar a adequação dos conteúdos e promover um uso crítico e consciente das tecnologias. Além disso, o direito de ser ouvido exige que as famílias e cuidadores incorporem a voz de crianças e adolescentes na tomada de decisões sobre sua interação com ambientes digitais. 199 Dessa maneira, ouvir e considerar suas opiniões não apenas fortalece sua autonomia progressiva, mas também permite identificar de forma mais precisa os riscos e as necessidades existentes nesse âmbito.

Especialistas internacionais identificaram diretrizes específicas para diferentes atores com responsabilidades na proteção da infância, as quais coincidem com o princípio da corresponsabilidade ao qual se refere o Parecer Consultivo objeto deste voto. Assim, aos provedores de tecnologia recomenda-se o desenvolvimento de produtos que minimizem a natureza viciante e distrativa de suas plataformas, evitando, por exemplo, alertas constantes de notificação ou mecanismos de rolagem infinita que incentivem um uso prolongado e sem propósito. 200 Aos responsáveis por políticas públicas, exige-se o estabelecimento de marcos regulatórios baseados em evidências empíricas, que reconheçam e limitem o uso de técnicas persuasivas que aumentem a dependência digital, como demonstram as normas da União Europeia voltadas ao enfrentamento da adição digital. 201 Quanto a pais, mães e educadores, as diretrizes incluem o incentivo a hábitos saudáveis de alternância entre atividades offline e online, a promoção de espaços livres de dispositivos — por exemplo, durante refeições familiares ou aulas — e o uso

A título de exemplo, o House of Commons Education Committee do Parlamento do Reino Unido destacou que pais e cuidadores frequentemente desconhecem as atividades online de seus filhos, carecem de confiança para gerenciar o tempo de uso de telas e demandam orientação para compreender e mitigar seus impactos. Nesse contexto, recomendou-se que o tempo de tela seja mínimo nas idades mais precoces e que, em idades mais avançadas, seja equilibrado com interação social presencial e atividade física, promovendo um uso genuinamente educativo e supervisionado da tecnologia. (House of Commons Education Committee. (2024). Screen time: Impacts on education and wellbeing (Fourth Report of Session 2023–24, HC 118). UK Parliament). Mutatis mutandi: Condição jurídica e direitos humanos da criança. Parecer Consultivo OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Série A Nº 17. Par. 66. Mutatis mutandi: Caso Atala Riffo e crianças Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de fevereiro de 2012. Série C Nº 239. Par. 196; Caso Furlán e filhas Vs. Argentina. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2012. Série C Nº 246. Par. 230. BAUMGARTNER, S. E., PARRY, D. A., BEYENS, I., WIRADHANY, W., UNCAPHER, M., WAGNER, A. D., & BAVELIER, D. (2025). The Short -and Long-Term Effects of Digital Media Use on Attention. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 31–37). Springer. BAUMGARTNER, S. E., PARRY, D. A., BEYENS, I., WIRADHANY, W., UNCAPHER, M., WAGNER, A. D., & BAVELIER, D. (2025). The Short -and Long-Term Effects of Digital Media Use on Attention. In D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 31–37). Springer.

planejado da tecnologia com fins educativos, evitando seu emprego como recurso de distração não controlada. 202

Dessa forma, o cumprimento dos deveres previstos no artigo 32 se materializa em uma prática cotidiana de diálogo e acompanhamento, na qual o adulto cuidador atua como garantidor e facilitador do exercício seguro e pleno dos direitos digitais da infância. Essas medidas, além de responderem a critérios de prevenção, representam uma concretização prática do dever de cuidado que recai tanto sobre a família quanto sobre o Estado, em consonância com o princípio do interesse superior da criança e com os padrões internacionais que exigem ambientes digitais seguros e protetores.

Nessa mesma linha, parece necessário e oportuno que, no futuro, sejam estabelecidos e desenvolvidos padrões sobre responsabilidade empresarial em ambientes digitais no que se refere aos direitos de crianças e adolescentes. Isso permitiria conferir maior segurança normativa e eficácia prática tanto à atuação das empresas de tecnologia quanto aos mecanismos de supervisão estatal, assegurando que o ambiente digital seja configurado em conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos. 203

Um primeiro aspecto fundamental desses padrões é a devida diligência. As empresas devem implementar processos permanentes de identificação, prevenção, mitigação e prestação de contas sobre os impactos que seus produtos e serviços digitais possam causar na infância e na adolescência. Esses processos não apenas devem estar integrados à gestão cotidiana das companhias, como também precisam ser passíveis de avaliação externa, a fim de garantir sua efetividade e transparência.

Em segundo lugar, o desenho de plataformas, algoritmos e aplicativos deve ser orientado por uma perspectiva centrada na infância, fundamentada no princípio do interesse superior da criança. Isso implica abster-se de práticas que possam colocar em risco o bem-estar de pessoas menores de idade, como a exploração de seus dados pessoais, o uso de publicidade direcionada ou a indução a padrões de consumo viciantes que comprometam seu desenvolvimento integral.

Além disso, torna-se indispensável que as empresas realizem avaliações de impacto sobre direitos humanos e proteção de dados, de forma prévia e periódica. Tais avaliações devem adotar uma abordagem diferenciada que leve em conta os riscos específicos enfrentados por usuários menores de idade, de modo a antecipar e prevenir violações, em vez de apenas reagir a elas.

Outro elemento essencial é a transparência e a supervisão externa. As empresas de tecnologia têm a obrigação de oferecer informações claras, acessíveis e compreensíveis sobre o tratamento de dados e as medidas de segurança aplicadas. A isso deve somar-

BAUMGARTNER, S. E., PARRY, D. A., BEYENS, I., WIRADHANY, W., UNCAPHER, M., WAGNER, A. D., & BAVELIER, D. (2025). The Short -and Long-Term Effects of Digital Media Use on Attention. n D. A. CHRISTAKIS & L. HALE (Eds.), Handbook of Children and Screens: Digital Media, Development, and Well-Being from Birth Through Adolescence (pp. 31–37). Springer. A Corte Interamericana estabeleceu que, de acordo com os artigos 1.1 e 2 da Convenção Americana, os Estados têm a obrigação de prevenir violações de direitos humanos cometidas por empresas privadas. Para isso, devem adotar medidas legislativas e de outra natureza que regulem, fiscalizem e supervisionem suas atividades, garantindo que respeitem os direitos reconhecidos nos instrumentos interamericanos. Da mesma forma, o Tribunal assinalou que as empresas, independentemente de seu porte ou setor, também têm responsabilidades nessa matéria, devendo evitar que suas atividades causem ou contribuam para causar violações de direitos humanos e adotar medidas para repará-las. Cf. Caso Vera Rojas e outros Vs. Chile. Exceções preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de outubro de 2021. Série C Nº 439. Pars. 85 e 89.

se a possibilidade de realização de auditorias independentes, que permitam verificar, de forma objetiva, o grau de cumprimento dos compromissos assumidos em matéria de proteção da infância em ambientes digitais.

Por fim, os padrões devem incorporar a participação significativa de crianças e adolescentes nos processos de design e governança digital. Sua inclusão efetiva como titulares de direitos não apenas confere legitimidade às decisões adotadas, como também permite que suas experiências, percepções e preocupações se traduzam em melhorias concretas nas políticas empresariais e nos produtos e serviços que utilizam.

Em síntese, o desenvolvimento desses padrões permitiria promover a corresponsabilidade ativa entre empresas, famílias e Estados, assegurando que o ecossistema digital se configure como um espaço respeitoso da dignidade, da segurança e do pleno gozo dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Em última instância, a conjugação entre o dever estatal, empresarial e familiar reforça a ideia de corresponsabilidade na proteção de crianças e adolescentes frente às ameaças do ambiente digital. Assim, os Estados devem prover um quadro normativo e mecanismos de supervisão que obriguem as empresas de tecnologia e outros atores privados a respeitar os direitos da infância, enquanto as famílias, no exercício de seus deveres, devem zelar pela aplicação prática desses padrões na vida cotidiana. Essa sinergia entre obrigações estatais, empresariais e familiares é essencial para que o interesse superior da criança não seja uma mera declaração formal, mas sim um critério operacional que oriente todas as decisões e ações que, no espaço digital, possam impactar seu bemestar e desenvolvimento.

II. O direito ao cuidado e as pessoas com deficiência

No Parecer Consultivo, a Corte abordou de maneira específica o direito das pessoas com deficiência de receber cuidados, bem como daquelas com doenças graves, crônicas ou que comprometam sua independência, no contexto do direito à igualdade e da proibição de discriminação. Com base em dados de organismos internacionais sobre a prevalência da deficiência e suas implicações para a vida independente, o Tribunal reconheceu que esse grupo populacional enfrenta uma carga desproporcional de obstáculos e barreiras para exercer esse direito em condições de igualdade, especialmente quando persistem concepções baseadas em modelos médicos e de dependência que, em alguns casos, chegam a negar a personalidade jurídica das pessoas com deficiência. 204 Nesse sentido, a Corte reafirmou que a deficiência é uma categoria protegida pela Convenção Americana e por outros instrumentos interamericanos e universais, o que impõe aos Estados a obrigação de adotar medidas especiais para garantir que as pessoas com deficiência não sejam discriminadas e possam exercer plenamente seus direitos, incluindo o direito de receber cuidados. 205

Do mesmo modo, o Tribunal realizou uma análise histórica e normativa que evidenciou a transição de uma abordagem médica da deficiência — que reduzia as pessoas às suas limitações e as concebia como objetos de assistência — para uma abordagem baseada nos direitos humanos, que entende a deficiência como uma construção social resultante da interação entre as diversidades funcionais e as barreiras do ambiente. 206 A partir dessa mudança de paradigma, a Corte destacou que as abordagens médicas e capacitistas centradas na figura do cuidador tendem a reproduzir relações de poder

Cf. Pars. 190-193. Cf. Par. 192. Cf. Pars. 194-195.

assimétricas, atitudes paternalistas e riscos de violência, exploração e abuso. Em contraste, a abordagem social da deficiência coloca no centro a autonomia e a independência das pessoas, buscando substituir o legado de dependência e estigmatização característico das concepções tradicionais de assistência, e reconhecendo a diversidade de necessidades e circunstâncias que podem exigir cuidados e apoios diferenciados. 207

Sob essa perspectiva, a Corte esclareceu que o direito ao cuidado das pessoas com deficiência deve ser compreendido sob a noção de “apoio” e não deve se limitar à ideia de “atendimento”. 208 Isso significa que os cuidados e apoios devem responder às necessidades individuais, culturais, socioeconômicas, geográficas e de ciclo de vida de cada pessoa, garantindo sua participação ativa na definição do conteúdo e da forma dos cuidados que recebe, e priorizando sempre sua autonomia e capacidade de decisão. 209 A Corte incorporou as críticas da comunidade de pessoas com deficiência aos modelos assistencialistas que as concebem como dependentes ou “fardo” para a família e a sociedade, pois esses modelos historicamente favoreceram sua institucionalização e exclusão. Em seu lugar, o Tribunal propôs um modelo no qual o critério da própria pessoa com deficiência seja determinante e no qual apenas de forma excepcional —e como última opção— se possa recorrer ao atendimento institucionalizado, sempre sob uma abordagem livre de violência e em conformidade com o princípio da corresponsabilidade. 210

Finalmente, a Corte vinculou esse entendimento à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que reconhece o “apoio” como uma obrigação transversal e o integra em direitos fundamentais, como a capacidade jurídica e a vida independente (artigos 12 e 19). 211 Dessa forma, afirmou que uma interpretação do direito ao cuidado sob uma perspectiva social e de igualdade deve incluir os apoios como parte do conteúdo essencial desse direito, garantido pelo Estado, e corrigir os desequilíbrios de poder que possam existir entre cuidadores e pessoas cuidadas. Assim, concluiu o ponto afirmando:

“[A] Corte constata que os Estados são obrigados a adotar as medidas necessárias para garantir o direito ao cuidado às pessoas com deficiência a partir de uma perspectiva de "apoio" e não apenas de "atenção", no âmbito do respeito aos seus direitos à autonomia, independência, segurança e a uma vida livre de violência. Isso implica que o cuidado e o apoio prestados às pessoas com deficiência devem se basear em seu reconhecimento como sujeitos de direitos e não apenas como receptores de cuidado. Da mesma forma, devem considerar uma abordagem social da deficiência que supere a abordagem médica e que reconheça as pessoas com deficiência como sujeitos com autonomia e independência que podem exercer seu autocuidado”. 212

Dito isso, ainda que eu valorize o fato de a Corte, no presente Parecer Consultivo, ter reconhecido o direito das pessoas com deficiência de receber cuidados, projetando-o a partir de uma perspectiva de “apoio” e não apenas de “atendimento”, considero necessário formular algumas precisões em relação ao que foi exposto pela maioria. Para desenvolver essas observações, é imprescindível partir de certos elementos de contexto provenientes do quadro normativo e doutrinário do Direito Internacional dos Direitos

Cf. Pars. 195-196. Cf. Par. 196. Cf. Pars. 196-197. Cf. Par. 197. Cf. Par. 198. Cf. Par. 202.

Humanos, que oferecem uma base conceitual sólida para compreender o direito ao cuidado sob uma perspectiva social da deficiência e dos direitos humanos.

Em primeiro lugar, é necessário reconhecer que, apesar dos avanços no reconhecimento formal dos direitos das pessoas com deficiência, persistem percepções negativas profundamente enraizadas sobre o valor de suas vidas. Esse fenômeno, identificado como capacitismo, constitui um sistema de valores que atribui um status superior a determinadas características físicas ou mentais e considera que aqueles que não as possuem levam vidas “menos valiosas”. 213 O pensamento capacitista tende a associar a deficiência à desgraça, ao sofrimento ou à desvantagem, desvalorizando a vida humana e sustentando a ideia de que as pessoas com deficiência não podem aspirar a uma vida plena. Esse preconceito não é apenas uma construção cultural, mas também permeia a legislação, as políticas públicas e as práticas institucionais, gerando discriminação, exclusão e violações de direitos. 214

Em contraposição a esses estereótipos, o quadro internacional enfatiza que as pessoas com deficiência podem levar uma vida de qualidade e que esta não é determinada pela deficiência em si, mas por fatores sociais, econômicos e contextuais, como as relações interpessoais, as oportunidades de emprego, o acesso a serviços e a inclusão comunitária. 215 Essa perspectiva desloca o foco da condição individual para as estruturas e barreiras que impedem o exercício de direitos, reconhecendo que a discriminação e a opressão, mais do que a deficiência, são as verdadeiras causas que restringem o bemestar e a autonomia.

Nessa mesma linha, nas últimas décadas, o movimento internacional de pessoas com deficiência tem combatido essas percepções negativas, insistindo que o verdadeiro problema reside na falta de eliminação de barreiras, na ausência de apoios adequados e na recusa em aceitar a deficiência como parte da diversidade humana. 216 Essa mudança de perspectiva consolidou-se com a adoção da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), que representa uma mudança de paradigma ao substituir o modelo médico por um modelo baseado nos direitos humanos, reconhecendo as pessoas com deficiência como sujeitos plenos de direitos e não como objetos de caridade, proteção ou cuidado. 217 A partir desse marco, o respeito pela autonomia, pela independência e pela participação ativa na tomada de decisões torna-se um princípio central, que deve também orientar a interpretação e o alcance do direito de receber cuidados.

Ciente do papel essencial das noções de autonomia, respeito e dignidade, o artigo 12, parágrafo 2, da CDPD reconhece que as pessoas com deficiência “gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida.” A capacidade jurídica inclui tanto a aptidão para ser titular de direitos quanto para agir em direito; confere à pessoa a plena proteção dos direitos garantidos pelo ordenamento jurídico. Assim entendida, a capacidade jurídica e a capacidade mental surgem como dois conceitos distintos. A capacidade jurídica é a capacidade de ser titular de direitos e

Conselho de Direitos Humanos. (2019). Direitos das pessoas com deficiência: Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência (A/HRC/43/41). Nações Unidas. Par. 9. Conselho de Direitos Humanos. (2019). Direitos das pessoas com deficiência: Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência (A/HRC/43/41). Nações Unidas. Par. 10. Conselho de Direitos Humanos. (2019). Direitos das pessoas com deficiência: Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência (A/HRC/43/41). Nações Unidas. Par. 12. Conselho de Direitos Humanos. (2019). Direitos das pessoas com deficiência: Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência (A/HRC/43/41). Nações Unidas. Par. 15. Conselho de Direitos Humanos (2019). Direitos das pessoas com deficiência: Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência (A/HRC/43/41). Nações Unidas. Par. 39.

obrigações —capacidade legal— e de exercer esses direitos e obrigações —legitimidade para agir—, sendo a chave para o acesso à participação efetiva na sociedade. A capacidade mental, por sua vez, refere-se à aptidão de uma pessoa para tomar decisões, a qual naturalmente varia de uma pessoa para outra e pode ser diferente para a mesma pessoa em função de diversos fatores, entre eles, ambientais e sociais. Portanto, e como afirma o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em virtude do artigo 12 da CDPD, déficits de capacidade mental, sejam supostos ou reais, não devem ser utilizados como justificativa para negar a capacidade jurídica. 218

A CDPD supera, assim, o modelo de “deficiência mental” como base para a “incapacidade jurídica”, colocando as pessoas com deficiência no centro de todas as decisões que lhes dizem respeito. Em razão disso, os Estados assumem o duplo compromisso de reconhecer, sem discriminação, o direito à capacidade jurídica, ao mesmo tempo em que devem garantir às pessoas com deficiência intelectual o acesso a apoios individualizados que possam necessitar para exercer sua capacidade jurídica, além de estabelecer salvaguardas adequadas e eficazes para prevenir abusos contra elas. Em outras palavras, o modelo proposto pela CDPD busca assegurar dois tipos de obrigações: a) um conteúdo negativo, que exige a não intervenção ou invasão do Estado e de terceiros na esfera de poder de escolha autônoma da pessoa, correspondente à visão clássica da autonomia; e b) um conteúdo positivo, que requer a intervenção do Estado e da sociedade para promover e fortalecer o poder de escolha autônoma da pessoa. 219

De forma mais concreta, a dimensão positiva promovida pela Convenção consiste na criação de um sistema de apoios para o exercício da capacidade jurídica. Trata-se de um conjunto de relações, práticas, medidas e acordos, com maior ou menor formalidade e intensidade, destinados a auxiliar uma pessoa com deficiência intelectual na comunicação, compreensão e avaliação das consequências de seus atos jurídicos, bem como na manifestação e interpretação de sua vontade e preferências. 220 Esses apoios vêm sendo progressivamente reconhecidos nos sistemas legislativos da América Latina, por meio de leis que reconhecem a capacidade jurídica, facilitam a designação de apoiadores para a tomada de decisões e estabelecem salvaguardas para prevenir possíveis abusos. 221

No entanto, essa mudança paradigmática também permitiu evidenciar tensões importantes com as noções tradicionais de “cuidado”, as quais, mesmo sob discursos de proteção, podem perpetuar posições de dependência e práticas assistencialistas. Como apontou a Relatora Especial das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência, o movimento das pessoas com deficiência tem sido crítico em relação à agenda tradicional do cuidado, devido ao risco de reforçar a ideia de que as pessoas com deficiência são sujeitos passivos, sem agência, e um “fardo” para suas famílias e para a

Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2013), Observação Geral nº 1 sobre o artigo 12: igual reconhecimento como pessoa perante a lei, CRPD/C/11/4, pars. 11-12. Em sentido similar, Corte Constitucional da Colômbia, Sentença C–182 de 2016, e Suprema Corte de Justiça da Nação do México, Primera Sala, Amparo en Revisión 702/2018, 11 de setembro de 2019. ESPEJO YAKSIC, N. (2022), "Persona, vulnerabilidad y capacidad jurídica", in Capacidad jurídica, discapacidad y derechos humanos, Bach, Michael & Espejo Yaksic, Nicolás (editores), Dirección General de Derechos Humanos, Suprema Corte de Justiça da Nação do México, 2022, p. 138. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2013), Observação Geral nº 1 sobre o artigo 12: igual reconhecimento como pessoa perante a lei, CRPD/C/11/4, pars. 13 e 29. Algumas das reformas mais abrangentes nesse sentido, são de Costa Rica (Lei 9379, de 2016), Peru (Decreto Legislativo Nº1384, de 2018) e Colômbia (Lei Nº 1966, de 2019). Para uma revisão mais ampla de diferentes reformas na região latino-americana, ver, CONSTANTINO R. & BREGAGLIO R. (2022), “La compleja comprensión del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, in Revista IUS ET VERITAS Nº 64, junho 2022, pp. 156-176.

sociedade. 222 Daí que a transição para uma abordagem de “apoio” —que promove a autonomia, a vida independente e a inclusão plena— não seja apenas semântica, mas uma reconfiguração substancial das obrigações estatais e das práticas sociais que moldam a provisão de cuidados.

Nessa mesma linha, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos destacou que a ausência de uma perspectiva de deficiência nas políticas de cuidado pode aprofundar a exclusão e a segregação. 223 Dessa forma, a falta de inclusão no desenho e na aplicação dessas políticas tem um efeito multiplicador sobre as necessidades de apoio e cuidado, levando as famílias a assumir responsabilidades em tempo integral, o que afeta não apenas as pessoas com deficiência, mas também a economia e a coesão social. Esse diagnóstico, que ultrapassa o âmbito nacional, demonstra que a questão do cuidado não pode ser dissociada das estruturas socioeconômicas que determinam sua provisão.

A partir disso, o paradigma do “apoio”, promovido pelo movimento de pessoas com deficiência e incorporado pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), representa uma mudança substancial em relação à noção tradicional de cuidado. O apoio não é mera assistência, mas uma prestação orientada a permitir a autonomia pessoal, a participação plena e a vida independente, sendo reconhecido como uma obrigação transversal em todo o tratado. Isso implica que sua oferta deve ser adaptada às preferências e necessidades de cada pessoa, afastando-se de enfoques padronizados ou rígidos que não consideram a diversidade de situações.

Ademais, relatórios recentes destacam que diversos países da região começaram a incorporar o conceito de apoio em seus sistemas de cuidado, reforçando a visibilidade das pessoas com deficiência tanto como receptoras quanto como provedoras de cuidado. 224 Esse reconhecimento bidirecional quebra a visão unidirecional e assistencialista do cuidado e exige que as políticas públicas contemplem a participação das pessoas com deficiência no desenho, implementação e avaliação desses sistemas. Tal inclusão não apenas aprimora a relevância e a eficácia das medidas, como também contribui para desmantelar as assimetrias históricas de poder entre cuidadores e pessoas cuidadas.

A abordagem derivada dessas contribuições do Direito Internacional também introduz a ideia dos “três R”: reconhecimento, redistribuição e redução do cuidado. 225 Esse marco conceitual permite analisar como as responsabilidades de cuidado devem ser reconhecidas como um trabalho valioso, redistribuídas de forma equitativa entre Estado, comunidade e famílias, e reduzidas em sua carga excessiva para as pessoas que as assumem. Para as pessoas com deficiência, isso significa receber apoios que fortaleçam

Conselho de Direitos Humanos. (2016). Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência (A/HRC/34/58). Nações Unidas. Pars. 23 e ss. Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. (2023). Os sistemas de apoio para garantir a inclusão na comunidade das pessoas com deficiência, entre outras coisas, como meio para construir um futuro melhor após a pandemia de coronavírus (COVID-19) (A/HRC/52/52). Nações Unidas. Par. 38. Cf. Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. (2023). Os sistemas de apoio para garantir a inclusão na comunidade das pessoas com deficiência, entre outras coisas, como meio para construir um futuro melhor após a pandemia de coronavírus (COVID-19) (A/HRC/52/52). Nações Unidas; Conselho de Direitos Humanos. (2025). Dimensão de direitos humanos dos cuidados e do apoio (A/HRC/58/43). Nações Unidas. Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. (2023). Os sistemas de apoio para garantir a inclusão na comunidade das pessoas com deficiência, entre outras coisas, como meio para construir um futuro melhor após a pandemia de coronavírus (COVID-19) (A/HRC/52/52). Nações Unidas. Par. 27.

sua autonomia e independência, evitando práticas que as mantenham em relações de dependência indesejadas.

Por fim, as informações regionais são contundentes: cerca de 14,7% da população da América Latina e do Caribe tem algum tipo de deficiência, e uma proporção significativa apresenta altas demandas de apoio que não estão sendo atendidas. 226 A falta de cobertura adequada expõe esse grupo a riscos graves de pobreza, exclusão social e institucionalização. Por isso, garantir o acesso efetivo a apoios e cuidados de qualidade, flexíveis e centrados na pessoa é uma condição indispensável para o exercício pleno do direito ao cuidado em condições de igualdade. 227 Essa evidência reforça a necessidade de que a interpretação da Corte sobre esse direito seja complementada com uma abordagem mais robusta e preventiva diante dos riscos de exclusão estrutural.

Por outro lado, o direito ao cuidado e a apoios, quando concebido de forma assistencialista e não a partir de uma perspectiva de direitos humanos, entra em tensão com qualquer medida segregadora ou que limite a autonomia das pessoas com deficiência. As respostas estatais que priorizam serviços segregados ou residenciais, em vez de favorecer a vida em comunidade, violam a proibição de discriminação e contradizem direitos reconhecidos pela CDPD, como o respeito à liberdade (artigo 14), a vida independente e em comunidade (artigo 19) e o direito de viver em família (artigo 23). Nesse sentido, qualquer serviço que restrinja a liberdade da pessoa com deficiência e reduza sua autonomia será incompatível com uma abordagem baseada nos direitos humanos.

Em conformidade com esse marco jurídico, os Estados Partes devem adotar estratégias e planos de ação concretos para avançar no processo de desinstitucionalização, o que implica introduzir reformas estruturais que melhorem a acessibilidade nas comunidades, promovam atitudes inclusivas e realoquem recursos para serviços de apoio personalizados e inclusivos. 228 Essa transformação requer uma abordagem interinstitucional coordenada, o fechamento progressivo das instituições e a eliminação de normas que favoreçam a institucionalização, assegurando que as moradias, o transporte e os espaços públicos sejam acessíveis e economicamente viáveis, sem impor condições que restrinjam a autonomia das pessoas com deficiência. 229

Em última instância, avançar na desinstitucionalização significa reconhecer que as pessoas com deficiência não devem se resignar a “existir” sob os termos impostos por uma instituição, mas têm o direito de viver plenamente em comunidade, em igualdade

GARCÍA MORA, M. E., SCHWARTZ ORELLANA, S., & FREIRE, G. (2021). Inclusión de las personas con discapacidad in América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible. Banco Mundial. Citado em: Center for Inclusive Policy, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Sociedad y Discapacidad, Asociación Azul, Asociación de Ligas de Esposas y Cultura (A.L.C.E.), Disability Rights Advocacy Fund, NDF, Luchando Contra Viento y Marea & Documenta. (s. f.). La necesidad de incorporar la perspectiva de derechos de las personas con discapacidad al contenido y alcance del derecho al cuidado: Observaciones a la solicitud de Opinión Consultiva presentada por Argentina “El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. A esse respeito, é especialmente relevante a Observação Geral nº 6 sobre a igualdade e a não discriminação do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ver: Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. (2018). Observação Geral nº 6 (2018) sobre a igualdade e a não discriminação (CRPD/C/GC/6). Nações Unidas. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. (2017). Observação Geral nº 5 (2017) sobre o direito de viver de forma independente e de ser incluído na comunidade (CRPD/C/GC/5). Nações Unidas. Pars. 57- 59. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. (2017). Observação Geral nº 5 (2017) sobre o direito de viver de forma independente e de ser incluído na comunidade (CRPD/C/GC/5). Nações Unidas. Pars. 59- 60.

de condições, com os vínculos afetivos, a intimidade e a liberdade que qualquer outra pessoa valoriza em sua própria vida. Essa transição para uma vida independente não apenas fortalece o exercício de seus direitos, como também constitui uma condição indispensável para seu bem-estar integral e para o desenvolvimento de uma cidadania inclusiva.

Do mesmo modo, tem sido apontado que é essencial que os Estados ofereçam apoio adequado aos cuidadores familiares, incluindo serviços de atenção à infância, assistência para a criação de filhos e apoio financeiro, especialmente quando esses cuidadores se encontram em situação de pobreza ou fora do mercado de trabalho. 230 Essas medidas devem ser acompanhadas por serviços de orientação, redes de apoio e outras opções que fortaleçam a capacidade das famílias de apoiar a vida independente na comunidade, garantindo em todos os momentos a plena participação das pessoas com deficiência e o respeito à sua vontade e preferências. 231

As pesquisas têm demonstrado que as tarefas de cuidado e a prestação de apoios — sejam elas remuneradas ou não— apresentam um acentuado viés de gênero e que, no âmbito da deficiência, essas responsabilidades recaem majoritariamente dentro do núcleo familiar. 232 Assim, em diversos países da região, estima-se que entre 76% e 94% das pessoas com deficiência dependem da assistência prestada por familiares, sendo as mulheres quem mais frequentemente assumem esse papel. 233 Além disso, uma alta porcentagem de pessoas adultas com deficiência recebe cuidados não remunerados, o que evidencia uma dependência significativa desse tipo de apoio e as consequências que isso acarreta em termos de equidade de gênero e justiça social.

A partir do exposto, é possível concluir que esse padrão tem um impacto profundo sobre as famílias, especialmente sobre as mulheres cuidadoras. A elevada carga de cuidado repercute negativamente em sua participação no mercado de trabalho, em sua renda e na economia doméstica, que também precisa enfrentar gastos adicionais decorrentes da deficiência de um de seus membros. Essa situação pode ainda gerar tensões familiares, com riscos de opressão e até de violência intrafamiliar. Por isso, destaca-se a importância de políticas públicas que diversifiquem a oferta de apoios, reduzindo a dependência quase exclusiva das famílias.

A esse cenário soma-se o fato de que, conforme o Direito Internacional, o modelo de apoio para pessoas com deficiência reconhece que, embora na infância possam necessitar de cuidados diretos, devem progressivamente transitar para esquemas que fortaleçam sua autonomia e seu controle sobre a própria vida. No entanto, na prática, esse apoio continua recaindo majoritariamente sobre as famílias e, de forma muito expressiva, sobre as mães, que assumem de maneira constante a provisão de cuidados desde a infância até a idade adulta. 234 Esse padrão não apenas evidencia a feminização

Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. (2017). Observação Geral nº 5 (2017) sobre o direito de viver de forma independente e de ser incluído na comunidade (CRPD/C/GC/5). Nações Unidas. Par. 67. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. (2017). Observação Geral nº 5 (2017) sobre o direito de viver de forma independente e de ser incluído na comunidade (CRPD/C/GC/5). Nações Unidas. Pars. 56 e 61. ONU Mulheres & Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. (2020). Rumo à construção de sistemas integrais de cuidados na América Latina e no Caribe: Elementos para sua implementação. ONU Mulheres & Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. (2020). Rumo à construção de sistemas integrais de cuidados na América Latina e no Caribe: Elementos para sua implementação. Conselho de Direitos Humanos. (2025). Trinta anos de aplicação da Declaração e da Plataforma de Ação de Beijing: seu potencial para as mulheres e meninas com deficiência. Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, Heba Hagrass (A/HRC/58/56). Nações Unidas. Par. 106.

do cuidado, como também ressalta a sobrecarga estrutural enfrentada pelas mulheres, muitas vezes sem apoios adequados ou reconhecimento formal por seu trabalho.

Em consonância com isso, os mecanismos de acompanhamento da Declaração e Plataforma de Ação de Beijing têm destacado a necessidade de reconhecer as mulheres que prestam cuidados e apoio a pessoas com deficiência, incluindo aquelas que também têm deficiência e que necessitam de atenção às suas próprias necessidades específicas. 235 Essa dupla condição, como cuidadoras e, potencialmente, como pessoas com deficiência, exige uma abordagem interseccional que não apenas atenda às demandas de cuidado que elas oferecem, mas também aos apoios e recursos de que necessitam para garantir sua plena inclusão, autonomia e participação na sociedade.

Não obstante o exposto anteriormente, as pessoas com deficiência não são apenas titulares do direito de receber cuidados, mas também do direito de prestá-los, seja a familiares ou a outras pessoas, como parte de um trabalho remunerado ou não remunerado. Em certos países, a prevalência de deficiência entre aqueles que exercem tarefas de cuidado é superior à da população geral, especialmente entre cuidadores com vínculos conjugais. 236 Isso reforça a necessidade de incorporar uma perspectiva de deficiência em todas as políticas e programas de cuidado, contemplando também o papel das pessoas com deficiência como cuidadoras.

Entretanto, o exercício desse direito de cuidar enfrenta estereótipos capacitistas profundamente enraizados, que associam a deficiência à incapacidade de prestar cuidado, resultando em privações graves de direitos. Esses preconceitos podem se manifestar na negação de direitos sexuais e reprodutivos, na separação de filhos e filhas ou na imposição de decisões sobre exercer ou não o cuidado. 237 A literatura tem se concentrado nas barreiras enfrentadas pelas mulheres com deficiência para exercer esses direitos, mas os homens com deficiência também devem ter garantida a possibilidade de cuidar e de receber os apoios necessários para isso.

A isso se soma o fato de que essas crenças, além de privarem as pessoas com deficiência do direito de cuidar, limitam seu acesso à informação e à capacitação para a tomada de decisões sobre o próprio corpo e a vida familiar. 238 A falta de serviços de saúde acessíveis em matéria sexual e reprodutiva, somada a práticas como a esterilização forçada, foi classificada como tortura e maus-tratos pelo Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 239 Nesse sentido, é essencial considerar que essas situações exigem uma abordagem urgente que assegure que as pessoas com deficiência possam tomar decisões livres e informadas sobre sua vida reprodutiva e familiar.

Nesse contexto, é imperativo que os Estados reconheçam as pessoas com deficiência como um grupo historicamente situado em uma posição de vulnerabilidade agravada, não apenas pelas barreiras físicas e sociais que enfrentam, mas também por sua

Conselho de Direitos Humanos. (2025). Trinta anos de aplicação da Declaração e da Plataforma de Ação de Beijing: seu potencial para as mulheres e meninas com deficiência. Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência, Heba Hagrass (A/HRC/58/56). Nações Unidas. Par. 109. National Rehabilitation Research and Training Center on Family Support. (2022). Caregiver profile: A closer look at spousal caregivers. University of Pittsburgh. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. (2016). Observação Geral nº 3 sobre mulheres e meninas com deficiência (CRPD/C/GC/3). Nações Unidas. Par. 38. Conselho de Direitos Humanos. (2017). Relatório da Relatora Especial sobre os direitos das pessoas com deficiência sobre a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos das meninas e jovens com deficiência (A/72/133). Nações Unidas. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. (2016). Observação Geral nº 3 sobre mulheres e meninas com deficiência (CRPD/C/GC/3). Nações Unidas. Par. 32.

constante invisibilização nas agendas públicas, incluindo as políticas de cuidado. A ausência de dados desagregados, atualizados e comparáveis sobre suas necessidades específicas de apoio impede dimensionar a magnitude das desigualdades e formular respostas adequadas. Essa omissão estatística não é um detalhe secundário: sem informações precisas, as pessoas com deficiência continuam sendo alvo de intervenções baseadas em suposições, reproduzindo esquemas assistencialistas e decisões que não consideram sua voz nem suas preferências. Por isso, considero que reconhecer sua agência, autonomia e capacidade de decisão exige, consequentemente, um compromisso estatal ativo de coletar, analisar e divulgar dados que orientem políticas públicas eficazes e contextualizadas às suas realidades.

Da mesma forma, os Estados devem garantir que o desenho, a implementação e a avaliação dos sistemas de cuidado incorporem de maneira transversal a perspectiva da deficiência e dos direitos humanos, rompendo a lógica de que esse grupo é apenas um receptor passivo de assistência. Isso requer políticas que assegurem o acesso universal a apoios de qualidade, flexíveis e centrados na pessoa, que promovam a vida independente e a participação plena na comunidade. Sem essa visão integral, o direito ao cuidado se reduz a um serviço condicionado, e não a um direito humano. Assim, o reconhecimento do direito ao cuidado das pessoas com deficiência não deve ser entendido como uma concessão, mas como uma obrigação jurídica vinculante que, além de eliminar barreiras, contribua para erradicar o capacitismo estrutural e construir sociedades mais igualitárias e inclusivas.

III. Sobre a improcedência de estender a justiciabilidade dos DESC além do marco convencional expresso

A questão relativa à justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais (DESCA) por meio do artigo 26 da CADH tem sido objeto de um amplo e persistente debate doutrinário e jurisprudencial, especialmente desde a sentença no caso Lagos del Campo Vs. Peru. 240 Naquela ocasião, a Corte adotou uma interpretação que abriu a possibilidade de reconhecer a exigibilidade judicial de certos DESCA no âmbito do SIDH, o que representou uma mudança em relação à sua jurisprudência anterior. Desde então, a discussão sobre o alcance e o conteúdo do artigo 26 tem estado presente em diversas decisões e opiniões deste Tribunal, tanto em sua dimensão contenciosa quanto consultiva.

No contexto do presente Parecer Consultivo, essa discussão foi novamente abordada a propósito da relação entre o cuidado e sua configuração como uma forma de trabalho, o que envolve uma interpretação extensiva das obrigações estatais em matéria de DESCA, com fundamento no artigo 26. Dado o caráter dessa referência e seu potencial impacto no desenvolvimento de precedentes vinculantes, considero necessário, neste voto, deter-me e reiterar alguns aspectos-chave dessa argumentação, sobre os quais manifesto uma discordância substancial.

Em particular, minha divergência diz respeito ao ponto resolutivo 12, que indica:

“Os cuidados constituem uma forma de trabalho protegida pelo artigo XIV da Declaração Americana, pelos artigos 6 e 7 do Protocolo de San Salvador e pelo

Caso Lagos del Campo Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 31 de agosto de 2017. Série C Nº 340.

artigo 26 da Convenção Americana, seja ou não mediado por uma relação econômica, familiar ou de solidariedade”. 241

Embora nem todas as afirmações contidas nesses pontos mereçam, a meu ver, objeção, considero que a interpretação geral sobre o alcance do artigo 26 que as sustenta é juridicamente discutível. Nesse sentido, desejo deixar expressamente estabelecido que compartilho o reconhecimento do cuidado como uma forma de trabalho que merece proteção no marco do Sistema Interamericano. No entanto, discordo unicamente do fundamento jurídico construído com base no artigo 26 da Convenção Americana, na medida em que considero questionável seu alcance para sustentar a justiciabilidade direta dos DESCA nesse âmbito. Minha ressalva, portanto, não recai sobre a afirmação substantiva relativa à natureza laboral dos cuidados, mas sobre a argumentação que se apoia nesse dispositivo convencional.

Dito isso, neste Parecer, a maioria do Tribunal reafirmou a linha jurisprudencial segundo a qual o artigo 26 da Convenção constitui uma fonte autônoma de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais (DESCA), passível de justiciabilidade direta. Com efeito, novamente, e tal como já manifestei nos votos proferidos nos casos Guevara Díaz Vs. Costa Rica, 242 Mina Cuero Vs. Equador, 243 Benites Cabrera e outros Vs. Peru, 244 Valencia Campos e outros Vs. Bolívia, 245 Brítez Arce e outros Vs. Argentina, 246 Nissen Pessolani Vs. Paraguai, 247 Aguinaga Aillón Vs. Equador, 248 Rodríguez Pacheco e outra Vs. Venezuela, 249 Viteri Ungaretti e outros Vs. Equador, 250 Moradores de La Oroya Vs. Peru, 251 Gutiérrez Navas e outros Vs. Honduras, 252 Povos Rama e Kriol, Comunidade Negra Creole Indígena de Bluefields e outros Vs. Nicarágua, 253 Povo Indígena U'wa e seus membros Vs. Colômbia, 254 Povos Indígenas Tagaeri e Taromenane Vs. Equador, 255

Cf. Ponto resolutivo 12. Caso Guevara Díaz Vs. Costa Rica. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 22 de junho de 2022. Série C Nº 453. Caso Mina Cuero Vs. Equador. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 7 de setembro de 2022. Série C Nº 464. Caso Benites Cabrera e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de outubro de 2022. Série C Nº 465. Caso Valencia Campos e outros Vs. Bolívia. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 18 de outubro de 2022. Série C Nº 469. Caso Brítez Arce e outros Vs. Argentina. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 16 de novembro de 2022. Série C Nº 474. Caso Nissen Pessolani Vs. Paraguai. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2022. Série C Nº 477. Caso Aguinaga Aillón Vs. Equador. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 30 de janeiro de 2023. Série C Nº 483. Caso Rodríguez Pacheco e outra Vs. Venezuela. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de setembro de 2023. Série C Nº 504. Caso Viteri Ungaretti e outros Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de novembro de 2023. Série C Nº 510. Caso Moradores de La Oroya Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de novembro de 2023. Série C Nº 511. Caso Gutiérrez Navas e outros Vs. Honduras. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 29 de novembro de 2023. Série C Nº 514. Caso Povos Rama e Kriol, Comunidade Negra Creole Indígena de Bluefields e outros Vs. Nicarágua. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1 de abril de 2024. Série C Nº 522. Caso Pueblo Indígena U'wa e seus membros Vs. Colômbia. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de julho de 2024. Série C Nº 530. Caso Povos Indígenas Tagaeri e Taromenane Vs. Equador. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 4 de setembro de 2024. Série C Nº 537.

Dos Santos Nascimento e Ferreira Gomes Vs. Brasil, 256 Peralta Armijos Vs. Equador 257 e Comunidades Quilombolas de Alcântara Vs. Brasil, 258 reafirmo minha posição quanto à falta de competência deste Tribunal para declarar a violação autônoma dos DESCA.

Para explicar a falta de competência deste Tribunal nos termos mencionados, começo fazendo referência ao chamado “Direito dos Tratados” como fonte inspiradora e reguladora da interpretação dos acordos internacionais, incluindo a Convenção Americana. Em seguida, abordarei os trabalhos preparatórios da Convenção, na medida em que permitem esclarecer o alcance da disposição contida no artigo 26. Posteriormente, tratarei da origem e do conteúdo do Protocolo de San Salvador e, por fim, explicitarei as razões que contestam a decisão da maioria quanto ao fundamento atribuído ao artigo 26 da Convenção.

a. O Direito dos Tratados

Como é sabido, o Direito dos Tratados refere-se às obrigações que resultam do consentimento expresso dos Estados. Em consequência, se as vontades destes convergem em torno de determinada matéria, tal consentimento deve ser exteriorizado na forma estabelecida pelo artigo 2, alínea a), da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (doravante, CVDT). 259

Em virtude desse tipo de acordo internacional, os Estados podem decidir pela criação de tribunais encarregados de aplicar e interpretar as disposições nele contidas e, por meio de instrumentos posteriores, podem ampliar a competência desses organismos. Portanto, os tribunais internacionais devem exercer suas faculdades dentro do marco fixado pelos tratados pertinentes. Tais instrumentos jurídicos constituem tanto o fundamento quanto o limite de sua atuação. Sob uma perspectiva democrática, isso é coerente com o devido respeito aos processos deliberativos internos que ocorrem durante a ratificação de um tratado, bem como com o tipo de interpretação realizada pelos tribunais internacionais. Essa atividade hermenêutica é exercida sobre normas de Direito Internacional, não sendo de natureza constitucional.

À luz dessas considerações, e tendo em conta que, neste Parecer, a maioria da Corte fundamentou o caráter laboral dos cuidados também no artigo 26 da Convenção, considero indispensável analisar se o Tribunal possui competência para estender, dessa forma, o conteúdo e o alcance dessa disposição.

Do ponto de vista do Direito dos Tratados, a resposta a essa questão é negativa. O artigo 1.1 da Convenção é claro ao afirmar que os Estados Partes “comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades reconhecidos nela e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa sujeita à sua jurisdição, sem discriminação [...]”. Correlativamente, as normas sobre competência e funções da Corte também são inequívocas ao estabelecer a sujeição da Corte às disposições da Convenção Americana. Com efeito, o artigo 62.3 dispõe que “a Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção que lhe seja submetido [...]” e, no mesmo

Caso Dos Santos Nascimento e Ferreira Gomes Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 7 de outubro de 2024. Série C Nº 539. Caso Peralta Armijos Vs. Equador. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 15 de novembro de 2024. Série C Nº 546. Caso Comunidades Quilombolas de Alcântara Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2024. Série C Nº 548. ““Tratado” significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica”.

sentido, o artigo 63.1 determina que “quando [a Corte] decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta Convenção [...], determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados”. 260

Por sua vez, o Capítulo III da Convenção, intitulado “Direitos econômicos, sociais e culturais”, contém um único artigo, 26, denominado “Desenvolvimento Progressivo”. Em consonância com seu título, essa disposição estabelece que “os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados”. 261

Sem prejuízo do que será indicado nas seções seguintes, da leitura desse artigo depreende-se que, diferentemente do que ocorre com os direitos civis e políticos especificados e desenvolvidos no Capítulo II da Convenção, aqui se estabelece uma obrigação de meio para os Estados Partes, no sentido de adotar ações, medidas ou políticas públicas necessárias para alcançar “progressivamente” a plena efetividade dos direitos contemplados nessa disposição.

Além disso, os artigos 76.1 e 77.1 da Convenção preveem o sistema acordado pelos Estados para modificar o que foi pactuado, seja por meio de uma emenda ou de um protocolo adicional. Foi precisamente com base nesta última disposição que se adotou o “Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Protocolo de San Salvador”, de 1988, com o objetivo de incluir outros direitos e liberdades progressivamente no regime de proteção da Convenção.

Nesse sentido, conceber o artigo 26 da Convenção como uma norma de remissão a todos os DESCA que estariam compreendidos na Carta da OEA ignora o compromisso assumido pelos Estados que ratificaram a Convenção Americana.

b. Trabalhos preparatórios da Convenção Americana

Em 1959, durante a Quinta Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores da Organização dos Estados Americanos (doravante, OEA), decidiu-se promover a elaboração de uma Convenção de Direitos Humanos, incumbindo-se o Conselho Interamericano de Juristas da preparação de um projeto 262 para esse fim. 263 Para tanto, o referido Conselho levou em consideração as experiências do Sistema Europeu e do Sistema Universal de Direitos Humanos. O tema dos direitos econômicos, sociais e culturais foi incorporado no Capítulo II do projeto (intitulado “Direitos econômicos, sociais e culturais”) nos seguintes termos:

“Artigo 21. 1. Os Estados reconhecem a todos os seus habitantes a faculdade de gozar dos direitos econômicos, sociais e culturais.

Sem ênfase no original. Sem ênfase no original. Aprovado em 8 de setembro de 1959, por Resolução Nº XX do Conselho Interamericano de Juristas; Doc. CIJ-41, 1959. Cf. Anuário Interamericano de Direitos Humanos 1968, OEA, Washington D.C., 1973, pág. 97.

2. Ao mesmo tempo, reconhecem que o exercício de tais direitos somente poderá ter as limitações impostas pela lei, na medida em que sejam compatíveis com a natureza desses direitos e com o objetivo exclusivo de promover o bem-estar geral de uma sociedade democrática”. 264

Somada a essa cláusula geral, o Capítulo II do projeto contemplava uma série de artigos 265 que protegiam, de maneira concreta, um conjunto de direitos econômicos, sociais e culturais, a saber: o direito dos povos à livre determinação de seu estatuto político, econômico, social e cultural (artigo 20); o direito ao trabalho (artigos 22 e 23); o direito à sindicalização (artigo 24); o direito à seguridade social (artigo 25); o direito à educação (artigos 27, 28 e 30); e os direitos culturais (artigo 29).

A redação do referido artigo 21 também foi proposta no projeto de Convenção sobre Direitos Humanos apresentado pelo Governo do Chile, 266 documento que serviu de base para a própria Convenção. No entanto, no Projeto de Convenção sobre Direitos Humanos proposto pelo Uruguai a formulação foi diferente, assemelhando-se à redação prevista no artigo 2º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais:

“Capítulo II: Texto substitutivo sobre direitos econômicos, sociais e culturais […] Artículo 24. 1. Cada um dos Estados Partes na presente Convenção compromete-se a adotar medidas, tanto individualmente quanto em cooperação com os demais, até o máximo de seus recursos disponíveis, para alcançar progressivamente a plena efetividade, por meio de disposições legislativas, bem como por outros meios, dos direitos reconhecidos no presente capítulo. 2. Os Estados Partes na presente Convenção reconhecem que, no exercício dos direitos garantidos conforme o presente capítulo, o Estado poderá submeter tais direitos apenas a limitações determinadas por lei, e somente na medida compatível com a natureza desses direitos e com o exclusivo objetivo de atender ao interesse geral ou promover o bem-estar geral de uma sociedade democrática.” 267

Posteriormente, a Segunda Conferência Interamericana Extraordinária de 1965 encarregou o Conselho da OEA de atualizar e completar o “Projeto de Convenção sobre Direitos Humanos” elaborado pelo Conselho Interamericano de Juristas em 1959, levando em consideração os projetos apresentados pelo Chile e pelo Uruguai e considerando também o parecer da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Também incumbiu o Conselho da OEA de submeter o projeto aos governos para que apresentassem as observações que considerassem pertinentes e convocasse uma Conferência Especializada Interamericana para analisar o projeto, as observações enviadas e aprovar a Convenção.

Cf. Projeto de Convenção sobre Direitos Humanos, aprovado pela Quarta Reunião do Conselho Interamericano de Juristas, Ata Final, Santiago de Chile, setembro, 1959 Doc. CIJ-43, em: Anuário Interamericano de Direitos Humanos, 1968, OEA, Washington D.C., 1973, págs. 244. Cf. Projeto de Convenção sobre Direitos Humanos, aprovado pela Quarta Reunião do Conselho Interamericano de Juristas, Ata Final, Santiago de Chile, setembro, 1959 Doc. CIJ-43, em: Anuário Interamericano de Direitos Humanos, 1968, OEA, Washington D.C., 1973, págs. 244-249. Cf. Projeto de Convenção sobre Direitos Humanos presentado pelo Governo do Chile à Segunda Conferência Interamericana Extraordinária, Río de Janeiro, 1965, doc. 35, em: Anuário Interamericano de Direitos Humanos, 1968, OEA, Washington D.C., 1973, págs. 285. Cf. Projeto de Convenção sobre Direitos Humanos apresentado pelo Governo do Uruguai à Segunda Conferência Interamericana Extraordinária, Rio de Janeiro, 1965, doc. 49, em: Anuário Interamericano de Direitos Humanos, 1968, OEA, Washington D.C., 1973, págs. 303.

O Conselho da OEA solicitou a opinião da Comissão Interamericana, que, por sua vez, emitiu um parecer transmitido ao Conselho da OEA. 268 No que se refere à discussão sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, em seu segundo parecer a Comissão Interamericana afirmou o seguinte:

“A Comissão considera, […], que a Convenção deveria contemplar, inicialmente, alguns direitos e liberdades em relação aos quais os Estados Americanos se encontram atualmente capacitados a conceder uma proteção internacional que transcende os limites de sua competência doméstica. A Comissão, ao estudar o capítulo relativo aos direitos econômicos, sociais e culturais do projeto de Convenção do Conselho Interamericano de Juristas e dos projetos apresentados pelos Governos do Uruguai e do Chile, teve sérias dúvidas quanto à inclusão de tais direitos no presente instrumento, pois considerou, à luz da experiência do Conselho da Europa e das Nações Unidas, que esses direitos, por sua natureza, deveriam ser objeto de um regime especial de proteção internacional ao qual devem estar submetidos”. 269

A esse respeito, a Comissão Interamericana acrescentou:

“Não obstante, a Comissão acredita que, em vista da importância dos direitos econômicos, sociais e culturais, a futura Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos deveria conter disposições nas quais os Estados Partes na Convenção reconheçam a necessidade de adotar progressivamente, em suas legislações internas, as garantias que permitam a plena vigência desses direitos. 270 A Comissão deseja assinalar, ainda, que deveria iniciar-se o quanto antes a consideração do regime de proteção internacional dos chamados direitos econômicos, sociais e culturais. A Comissão estaria disposta a iniciar o exame desse regime de proteção sempre que os Governos dos Estados Membros estivessem de acordo com isso”. 271

Como consequência do exposto, a Comissão Interamericana sugeriu uma reformulação dos artigos relativos aos direitos econômicos, sociais e culturais propostos no projeto do Conselho Interamericano de Juristas. Assim, propôs a seguinte redação:

“Artigo 21. 1. Os Estados Contratantes na presente Convenção reconhecem a necessidade de adotar e, conforme o caso, fortalecer as garantias que permitam a plena vigência dos demais direitos consignados na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e que não tenham sido incluídos nos artigos precedentes. 2. Os Estados Contratantes manifestam, ainda, seu propósito de consagrar e, conforme o caso, manter e aperfeiçoar, dentro de suas legislações internas, as disposições mais adequadas para o exercício do direito ao trabalho, à

A primeira parte do relatório foi apresentada em 4 de novembro de 1966 e a segunda, em 10 de abril de 1967. Cf. Parecer da Comissão Interamericana de Direitos Humanos relativo ao Projeto de Convenção sobre Direitos Humanos aprovado pelo Conselho Interamericano de Juristas, Segunda Parte, OEA/Ser.L/V/II.16/doc.8, em: Anuário Interamericano de Direitos Humanos, 1968, OEA, Washington D.C., 1973, págs. 334. Sem ênfase no original. Cf. Parecer da Comissão Interamericana de Direitos Humanos relativo ao Projeto de Convenção sobre Direitos Humanos aprovado pelo Conselho Interamericano de Juristas, Segunda Parte, OEA/Ser.L/V/II.16/doc.8, em: Anuário Interamericano de Direitos Humanos, 1968, OEA, Washington D.C., 1973, págs. 334 e 336.

remuneração justa e equitativa pelo mesmo, à fixação de condições humanitárias de trabalho, à proteção da infância, da maternidade e da família, bem como para o estabelecimento de medidas de prevenção e segurança sociais que garantam a proteção da saúde, da invalidez e do desemprego, a consecução de melhores níveis de vida e o acesso ao ensino e à vida cultural.

Artigo 22. Os Estados Contratantes informarão periodicamente à Comissão de Direitos Humanos sobre as medidas que tenham adotado para os fins indicados no artigo anterior. A Comissão formulará as recomendações adequadas e, quando houver aceitação generalizada dessas medidas, promoverá a celebração de uma Convenção especial ou de Protocolos complementares à presente Convenção, a fim de incorporá-los ao seu regime, ou ao que se considere pertinente.” 272

Em 12 de junho de 1968, o Conselho da OEA adotou uma resolução na qual solicitou à Comissão Interamericana que elaborasse um documento de trabalho definitivo sobre o projeto de Convenção, o que resultou no “Anteprojeto de Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos”. Esse documento foi posteriormente aprovado e adotado no contexto da Conferência Especializada Interamericana. 273

Em seguida, foi convocada a Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, realizada entre 7 e 22 de novembro de 1969, em San José da Costa Rica, para a avaliação do projeto. 274 A regulamentação em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais foi a seguinte:

“Artigo 25. 1. Os Estados Partes na presente Convenção reconhecem a necessidade de dedicar seus máximos esforços para que, em seu direito interno, sejam adotados e, conforme o caso, garantidos os demais direitos consignados na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e que não tenham sido incluídos nos artigos precedentes. 2. Os Estados Partes manifestam, além disso, seu propósito de consagrar e, conforme o caso, manter e aperfeiçoar, dentro de suas legislações internas, as disposições mais adequadas para: o aumento substancial e autossustentado do produto nacional per capita; a distribuição equitativa da renda nacional; sistemas tributários adequados e justos; modernização da vida rural e reformas que conduzam a regimes equitativos e eficazes de posse da terra, maior produtividade agrícola, expansão do uso da terra, diversificação da produção e melhores sistemas para a industrialização e comercialização de produtos agrícolas; e o fortalecimento e ampliação dos meios para alcançar esses fins; industrialização acelerada e diversificada, especialmente de bens de capital e intermediários; estabilidade do nível de preços internos em harmonia com o desenvolvimento econômico sustentado e a realização da justiça social; salários justos, oportunidades de emprego e condições de trabalho aceitáveis para todos; erradicação rápida do analfabetismo e ampliação, para todos, das oportunidades no campo da educação; defesa do potencial humano mediante a difusão e

Cf. Parecer da Comissão Interamericana de Direitos Humanos relativo ao Projeto de Convenção sobre Direitos Humanos aprovado pelo Conselho Interamericano de Juristas, Segunda Parte, OEA/Ser.L/V/II.16/doc.8, em: Anuário Interamericano de Direitos Humanos, 1968, OEA, Washington D.C., 1973, p. 336. Cf. Resolução do Conselho da OEA, 2 de outubro de 1968. Cf. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Atas e Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, pp. 1-3.

aplicação dos modernos conhecimentos da ciência médica; nutrição adequada, particularmente por meio da aceleração dos esforços nacionais para incrementar a produção e disponibilidade de alimentos; moradia adequada para todos os setores da população; condições urbanas que tornem possível uma vida saudável, produtiva e digna; promoção da iniciativa e do investimento privados em harmonia com a ação do setor público; e expansão e diversificação das exportações.

Artigo 26. Os Estados Partes informarão periodicamente à Comissão de Direitos Humanos sobre as medidas que tenham adotado para os fins indicados no artigo anterior. A Comissão formulará as recomendações adequadas e, quando houver aceitação generalizada dessas medidas, promoverá a celebração de uma Convenção especial ou de Protocolos complementares à presente Convenção, a fim de incorporá-los ao seu regime, ou ao que se considere pertinente.

Artigo 41. 1. Os Estados Partes comprometem-se a apresentar à Comissão relatórios periódicos sobre as medidas adotadas com o fim de garantir a observância dos direitos mencionados no artigo 25, parágrafo 1. 2. A Comissão determinará a periodicidade desses relatórios. 3. Quando se tratar de um relatório que deva ser apresentado originalmente a um dos Organismos Especializados das Nações Unidas ou da Organização dos Estados Americanos, o Estado Parte cumprirá o prescrito no parágrafo 1 anterior mediante o envio de uma cópia do mesmo relatório à Comissão”. 275

Essa proposta foi objeto de revisão e debate por parte das diferentes delegações. Com relação ao referido artigo 25.2, o Uruguai 276 considerou que “seu conteúdo não parece próprio de uma convenção, mas talvez não seja politicamente conveniente opor-se à inclusão desse texto”.

Por sua vez, a delegação do Chile 277 as disposições que permaneceram no projeto em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais são as que merecem maiores ajustes de forma e substantivos”. O anterior porque “foi eliminada toda menção direta a esses direitos”. Nesse sentido, acrescentou que “indiretamente, no artigo 25, parágrafo 1, há um reconhecimento insuficiente”. Por esse motivo, afirmou que:

“Em boa técnica jurídica, no entanto, a esses direitos deveria ser dada uma redação apropriada dentro do projeto de Convenção, para que se possa controlar sua aplicação. […] Deveria ser sugerido, caso se mantenha o critério de redigir uma Convenção única, o método seguido pelas Nações Unidas e pelo Conselho da Europa, de enumerar os direitos econômicos, sociais e culturais, estabelecendo detalhadamente os meios para sua promoção e controle. […]

Cf. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Atas e Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, pp. 23 e 28-29. Cf. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Atas e Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, p. 37, Par. 10. Cf. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Atas e Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, pp. 42-43, Par. 14-17.

Em todo caso, deveria constar, a respeito dos direitos econômicos, sociais e culturais, uma disposição que estabeleça certa obrigatoriedade jurídica (na medida em que a natureza desses direitos o permite) em seu cumprimento e aplicação. Para isso, seria necessário contemplar uma cláusula semelhante à do artigo 2, parágrafo 1, do Pacto das Nações Unidas sobre a matéria.” 278

Da mesma forma, a delegação da República Dominicana 279 considerou que, em relação ao artigo 25, parágrafo 1, do texto, “as obrigações dos Estados Partes devem ser estipuladas com clareza, sem tentar vagamente incorporar outras obrigações por alusão”. Além disso, sugeriu reformular alguns aspectos dos artigos 25, 26 e 41.

Por sua vez, a delegação do México 280 manifestou que:

“Desperta sérias dúvidas a conveniência de incluir no anteprojeto os direitos consagrados no artigo 25 do Projeto: Por um lado, tal enunciado poderia ser repetitivo, uma vez que já figura no Artigo 51 do Protocolo de Reformas à Carta da OEA. Além disso, diferentemente de todos os demais direitos mencionados no projeto –que são direitos de que desfruta o indivíduo como pessoa ou como membro de um grupo social determinado– resulta difícil, em um dado momento, estabelecer com precisão quem seria a pessoa ou as pessoas diretamente impactadas no caso de violação dos direitos contidos no referido artigo 25. O mesmo poderia ser dito quanto ao grau de dificuldade implícito em determinar qual seria, nesse caso, a autoridade responsável por tal violação”.

No mesmo sentido, a delegação do Brasil 281 propôs realizar certas emendas aos referidos artigos e, para isso, destacou a necessidade de ter presente que:

“Os direitos civis e políticos comportam uma proteção jurisdicional eficaz tanto interna quanto internacional contra as violações praticadas pelos órgãos do Estado ou seus representantes. Em contrapartida, os direitos econômicos, sociais e culturais são contemplados em grau e forma muito diversos pela legislação dos diferentes Estados Americanos e, ainda que os Governos desejem reconhecê-los todos, sua vigência depende substancialmente da disponibilidade de recursos materiais que permitam sua implementação. O Artigo 25 do projeto foi inspirado nesse conceito, mas seu texto não corresponde à sua intenção”.

Além dessas observações, houve outras no mesmo sentido, isto é, voltadas à necessidade de emendar certos aspectos da proposta, apresentadas por Argentina 282 e Guatemala. 283

Cf. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Atas e Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, pp. 42-43, Par. 15-17. Cf. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Atas e Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, pp. 69-70. Cf. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Atas e Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, p. 101. Cf. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Atas e Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, pp. 124-125. Cf. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Atas e Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, p. 47. Cf. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Atas e Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, p. 107.

No contexto do debate que teve lugar durante a Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, foram discutidos em maior detalhe os mencionados artigos 25 e 26 do Projeto, sendo aprovados 284 e apresentados à sessão plenária 285 a seguinte proposta de preceitos relativos aos direitos econômicos, sociais e culturais:

“Capítulo III. Direitos econômicos, sociais e culturais

Artigo 26. Desenvolvimento Progressivo Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados.

Artigo 27. Controle do Cumprimento das Obrigações Os Estados Partes devem remeter à Comissão Interamericana de Direitos Humanos cópia dos relatórios e estudos que, em seus respectivos campos, submetem anualmente às Comissões Executivas do Conselho Interamericano Econômico e Social e do Conselho Interamericano para a Educação, a Ciência e a Cultura, a fim de que esta verifique se estão sendo cumpridas as obrigações anteriormente determinadas, que são o sustentáculo indispensável para o exercício dos outros direitos consagrados nesta Convenção.

[…] Capítulo VII. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos […] Seção 2. Funções […] Artigo 43. Os Estados Partes devem remeter à Comissão Interamericana de Direitos Humanos cópia dos relatórios e estudos que, em seus respectivos campos, submetem anualmente às Comissões Executivas do Conselho Interamericano Econômico e Social e do Conselho Interamericano para a Educação, a Ciência e a Cultura, a fim de que esta verifique se estão sendo cumpridas as obrigações derivadas das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, contidas na Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires”.

Ao submeter a proposta final à votação na sessão plenária, decidiu-se aprovar o artigo 26 e eliminar o artigo 27, sem nenhuma justificativa. 286 Em relação ao artigo 43, a mudança foi ainda mais reveladora, pois decidiu-se substituir a frase “[…] a fim de que esta verifique se estão sendo cumpridas as obrigações derivadas das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura […]” por “[…] a fim de que esta

Cf. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Atas e Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, p. 276. Cf. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Atas e Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, p. 318 e 384. Cf. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Atas e Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, p. 448.

zele pela promoção dos direitos derivados das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura […]”. 287 Em consequência, passou-se de um mecanismo reforçado de proteção para um mecanismo voltado à promoção especial desse tipo de direitos.

Pouco depois da aprovação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Comissão Interamericana reconheceu “a dificuldade de estabelecer critérios que permitam medir o cumprimento, por parte dos Estados, de suas obrigações 288 [em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais]”. 289 Isso demonstrava que a devida proteção desses direitos por meio da Convenção Americana não era suficiente e, inclusive, poderia ser considerada incompleta.

Foi assim que a Comissão Interamericana encaminhou essa temática à Assembleia Geral da OEA, com o objetivo de que fosse abordada por esse órgão. Dessa forma, indicou a necessidade de que esse órgão:

“[…] Reafirme o critério de que a proteção efetiva dos direitos humanos deve abranger também os direitos sociais, econômicos e culturais, assinalando, igualmente, que cabe aos governos dos Estados membros a responsabilidade de envidar os maiores esforços possíveis a fim de participar plenamente da cooperação para o desenvolvimento hemisférico, visto que esta constitui uma via fundamental para contribuir para o alívio da extrema pobreza nas Américas, adotando as medidas específicas que permitam cumprir esse propósito”. 290

Após isso, a Assembleia Geral da OEA decidiu encarregar a Secretaria-Geral da OEA da elaboração de um anteprojeto de Protocolo Adicional à Convenção Americana que definisse os direitos econômicos, sociais e culturais. 291 Finalmente, essa iniciativa se concretizou no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, conhecido como “Protocolo de San Salvador”, assinado em 17 de novembro de 1988, durante o décimo oitavo período ordinário de sessões da Assembleia Geral da OEA.

c. O Protocolo de San Salvador

Esse Protocolo é o principal instrumento interamericano em matéria de proteção, garantia e promoção dos direitos econômicos, sociais e culturais. O tratado internacional reconhece uma série de obrigações estatais (obrigação de adotar medidas, de adotar disposições de direito interno, de não discriminação e de não admissão de restrições) e direitos (direito ao trabalho, direito a condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho, direitos sindicais, direito à seguridade social, direito à saúde, direito a um meio ambiente sadio, entre outros).

Quanto ao conteúdo desse tratado, é necessário fazer duas precisões. Por um lado, em relação à justiciabilidade dos direitos contemplados no Protocolo de San Salvador, seu artigo 19 prevê apenas a possibilidade de que, em caso de violação dos direitos

Cf. Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, Atas e Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, p. 454. Sem ênfase no original. Sem ênfase no original. Cf. Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Relatório anual 1979-1980, OEA/Ser.L/V/II.50 doc. 13 rev. 1, de 2 de outubro de 1980, Capítulo VI, Par. 5. Cf. Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Relatório anual 1980-1981, OEA/Ser.L/V/II.54 doc. 9 rev.1, de 16 de outubro de 1981, Capítulo V, Direitos econômicos, sociais e culturais, Recomendações, Par. 10. Cf. AG/RES. 619 (XII-O/82), de 20 de novembro de 1982, ponto resolutivo único.

compreendidos no parágrafo a) do artigo 8 (direito de organização e filiação sindical) e no artigo 13 (direito à educação), se possa recorrer à Comissão Interamericana e, eventualmente, à Corte Interamericana por meio do sistema de petições individuais.

Por outro lado, o mesmo artigo 19 do Protocolo de San Salvador dispõe que os Estados Partes se comprometem a apresentar, de acordo com o que está estabelecido nesse artigo e nas correspondentes normas que para tal efeito deverá elaborar a Assembleia Geral da OEA, relatórios periódicos sobre as medidas progressivas que tenham adotado para assegurar o devido respeito aos direitos consagrados no próprio Protocolo. Tais relatórios periódicos, atualmente, são analisados pelo Grupo de Trabalho do Protocolo de San Salvador (doravante, GTPSS), constituído de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Assembleia Geral da OEA. 292

O GTPSS é o organismo encarregado de definir os indicadores que devem ser incluídos nos relatórios dos Estados Partes, fornecer cooperação técnica, bem como analisar e monitorar o cumprimento das obrigações contidas no Protocolo de San Salvador. Para isso, utiliza os chamados “Indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo de San Salvador”, 293 que permitem medir o cumprimento dos direitos previstos no Protocolo e, assim, reconhecer o princípio da progressividade dos direitos econômicos, sociais e culturais. Nas palavras do próprio GTPSS:

“Os objetivos principais dos indicadores […] [são] buscar contribuir para que os Estados Partes contem com ferramentas úteis para realizar um diagnóstico da situação dos direitos contidos no Protocolo, estabelecer os temas e as agendas pendentes a partir de um diálogo participativo com a sociedade civil, e formular estratégias para satisfazer progressivamente o programa de direitos previsto no Protocolo. Busca-se estimular nos Estados um processo de avaliação e de medição do cumprimento dos direitos sociais que vá além da ideia de mero relatório, transformando-se em um instrumento útil para o desenho e a avaliação permanente das políticas públicas dentro dos Estados, voltadas a assegurar o cumprimento do conjunto dos direitos econômicos, sociais e culturais. Tal como indicam as Normas, ‘não se pretende contabilizar denúncias, mas sim avanços ou progressos’”. 294

Dessa forma, no âmbito desse modelo de avaliação de progresso, o GTPSS identifica três tipos de indicadores: (i) estruturais; 295 (ii) de processo; 296 e, (iii) de

Cf. AG/RES. 2262 (XXXVII-O/07) de 5 de junho de 2007. Cf. Indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo de San Salvador. OEA/Ser.D/XXVI.11 2015. Cf. Indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo de San Salvador. OEA/Ser.L/XXV.2.1 e GT/PSS/doc.2/11 rev.2 de 16 de dezembro de 2011, Par. 9. Os indicadores estruturais refletem a ratificação ou aprovação de instrumentos jurídicos internacionais básicos destinados a facilitar a realização de um direito humano fundamental. Cf. Indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo de San Salvador. OEA/Ser.L/XXV.2.1 e GT/PSS/doc.2/11 rev.2 de 16 de dezembro de 2011, Par. 33. Os indicadores de processo buscam medir a qualidade e a magnitude dos esforços do Estado para implementar os direitos, por meio da avaliação do alcance, da cobertura e do conteúdo das estratégias, planos, programas, políticas ou outras atividades e intervenções específicas voltadas para o cumprimento de metas relacionadas à realização de um determinado direito. Cf. Indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo de San Salvador. OEA/Ser.L/XXV.2.1 e GT/PSS/doc.2/11 rev.2 de 16 de dezembro de 2011, Par. 34.

resultados 297organizados sob três categorias conceituais: (i) recepção do direito; 298 (ii) contexto financeiro básico e compromissos orçamentários; 299i, (iii) capacidades estatais ou institucionais; 300 e três princípios transversais: (a) igualdade e não discriminação; (b) acesso à justiça; e (c) acesso à informação e participação. 301 Nesse enquadramento, o GTPSS destaca que:

“Os Estados podem cumprir suas obrigações escolhendo entre um amplo espectro de cursos de ação e de políticas. Não cabe ao sistema de monitoramento internacional julgar entre as opções que cada Estado, com um grau de margem de apreciação e sob mecanismos participativos, tenha escolhido para realizar os direitos do Protocolo. Cabe, sim, examinar se essas políticas garantem o cumprimento das obrigações positivas e negativas, imediatas ou progressivas, fixadas no Protocolo”. 302

Em última análise, os indicadores de progresso constituem uma ferramenta que permite, por um lado, analisar o nível de cumprimento (avanços ou retrocessos) dos Estados a partir de uma perspectiva geral e, por outro, fazê-lo sob um enfoque particular em relação a certos direitos. Para isso, o GTPSS tem como eixo central o princípio da progressividade (e, consequentemente, a obrigação de não regressividade) dos direitos econômicos, sociais e culturais, no sentido de que a precarização e o enfraquecimento dos níveis de proteção desses direitos, sem uma justificativa adequada, implicam uma regressão proibida pelo Protocolo de San Salvador. 303

d. Considerações específicas no âmbito do Parecer Consultivo

Mais uma vez, e como expressei nos votos proferidos nos casos anteriormente citados, a teoria da justiciabilidade direta dos DESCA gera um conjunto de problemas lógicos, jurídicos e práticos, que acabam por impactar a razoável previsibilidade e a segurança jurídica que este Tribunal deve garantir a todos os sujeitos processuais.

Os indicadores de resultado refletem os avanços, individuais e coletivos, que indicam o grau de realização de um direito humano em um determinado contexto. Cf. Indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo de San Salvador. OEA/Ser.L/XXV.2.1 e GT/PSS/doc.2/11 rev.2 de 16 de dezembro de 2011, Par. 35. Por meio da categoria de recepção do direito no sistema jurídico, no aparato institucional e nas políticas públicas, busca-se obter informações relevantes sobre a forma como um direito incluído no Protocolo está incorporado no sistema normativo interno e nas políticas públicas. Cf. Indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo de San Salvador. OEA/Ser.L/XXV.2.1 e GT/PSS/doc.2/11 rev.2 de 16 de dezembro de 2011, Par. 37. Por meio da categoria do contexto financeiro básico e dos compromissos orçamentários, busca-se avaliar a disponibilidade efetiva de recursos do Estado para executar o Gasto Público Social, sua distribuição medida da forma habitual (percentual do Produto Interno Bruto destinado a cada setor social) ou por outros indicadores, bem como os compromissos orçamentários que permitem avaliar a importância que o próprio Estado está atribuindo a um determinado direito. Cf. Indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo de San Salvador. OEA/Ser.L/XXV.2.1 e GT/PSS/doc.2/11 rev.2 de 16 de dezembro de 2011, Par. 39. Por meio da categoria das capacidades estatais ou institucionais, busca-se analisar de que maneira e sob quais parâmetros o Estado (e seus diversos poderes e repartições) resolve o conjunto de questões socialmente problematizadas. Em especial, como define suas metas e estratégias de desenvolvimento e sob quais parâmetros se inscreve o processo de implementação dos direitos previstos no Protocolo. Cf. Indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo de San Salvador. OEA/Ser.L/XXV.2.1 e GT/PSS/doc.2/11 rev.2 de 16 de dezembro de 2011, Par. 40. Cf. Indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo de San Salvador. OEA/Ser.L/XXV.2.1 e GT/PSS/doc.2/11 rev.2 de 16 de dezembro de 2011, Par. 15. Cf. Indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo de San Salvador. OEA/Ser.L/XXV.2.1 e GT/PSS/doc.2/11 rev.2 de 16 de dezembro de 2011, Par. 23. Cf. Indicadores de progresso para a medição dos direitos contemplados no Protocolo de San Salvador. OEA/Ser.L/XXV.2.1 e GT/PSS/doc.2/11 rev.2 de 16 de dezembro de 2011, Par. 24.

Com efeito, esse modo de proceder ignora a exigência de que as obrigações internacionais devam emanar do consentimento prévio e expresso dos Estados; omite esclarecer que estes não concederam competência a este Tribunal para se pronunciar sobre os DESCA —como consta tanto do Tratado quanto de seu Protocolo Adicional; 304 busca ampliar artificialmente a competência da Corte e se afasta das regras de interpretação do Tratado. Assim, na prática, o conteúdo do instrumento está sendo alterado à margem das regras previstas para sua modificação ou emenda, 305 ou seja, está ocorrendo uma mutação jurisprudencial do texto. 306

Como já assinalei em outras ocasiões, afirmar a ausência de justiciabilidade direta dos DESCA perante a Corte não implica negar a existência, a enorme importância desses direitos, ou o caráter interdependente e indivisível que possuem em relação aos direitos civis e políticos, ou sugerir que carecem de proteção ou que não devam ser protegidos. É dever dos Estados permitir que a autonomia das pessoas se concretize, o que significa garantir que elas tenham acesso a bens primários (mais amplos do que aqueles definidos no âmbito da filosofia política por John Rawls), 307 que possibilitem o desenvolvimento de suas capacidades, ou seja, o acesso aos direitos econômicos, sociais e culturais. 308

É obrigação dos Estados criar as condições para que as pessoas possam desenvolver suas capacidades e viver uma vida digna. Essas condições são criadas quando os Estados asseguram o acesso aos DESCA, idealmente consagrando-os em suas respectivas Constituições e permitindo que os operadores de justiça façam uma interpretação finalística desses direitos. 309 Em nível interno, os Estados têm tornado os DESCA progressivamente justiciáveis e, no âmbito internacional, o Protocolo de San Salvador representou um avanço nessa matéria, o que certamente é positivo. No entanto, o fato de um determinado objetivo ser benéfico e desejável não autoriza nenhum tribunal a ignorar as normas que delimitam sua competência. Como já foi expresso, a Corte desenvolveu importantes contribuições na proteção dos direitos humanos com base na aplicação do princípio pro persona, sem que isso tenha implicado ultrapassar o âmbito de suas faculdades.

No Parecer Consultivo objeto deste voto, argumenta-se a favor da competência da Corte com base no próprio entendimento do Tribunal, segundo o qual os artigos 45.b e c, 46 e 34.g da Carta da OEA estabelecem uma série de normas que permitiriam identificar o direito ao trabalho. 310 Em primeiro lugar, esse instrumento não confere competência a este Tribunal. Em segundo lugar, a partir da leitura das normas das quais esse direito

Protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais (Protocolo de San Salvador). Ver os artigos 76.1 e 77.1 da Convenção. É certo que isso não significa que a Corte não deva interpretar as normas do Tratado de maneira evolutiva, precisando o alcance dos termos nele empregados, de acordo com o contexto em que se situam os fatos que serão subsumidos à norma, como ocorreu, por exemplo, nos casos da orientação sexual como categoria protegida, da propriedade comunitária indígena e do conceito de vítima no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Para Rawls, os bens primários seriam um conjunto de bens necessários “para a elaboração e a execução de um projeto racional de vida”, como a liberdade, as oportunidades, a renda, a riqueza e o autorrespeito. Cf. RAWLS, John: Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica, México (1995), p. 393. Cf. PÉREZ GOLDBERG, Patricia: Las mujeres privadas de libertad y el enfoque de capacidades, Der Ediciones, Santiago (2021), pp. 94-109. Nessa linha de pensamento, um dos postulados centrais da abordagem das capacidades (que é uma teoria parcial sobre a justiça social) é que certos direitos básicos (os DESCA) estejam consagrados nas Constituições nacionais em todo o mundo. Cf. NUSSBAUM, “Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership” (2006:314). Cf. Par. 209.

supostamente se desprenderia, observa-se que, em geral, trata-se de disposições de caráter programático.

Não é possível interpretar os artigos 45.b) e c), 46 e 34.g) mencionados na sentença de forma dissociada da norma que encabeça o capítulo sobre “Desenvolvimento Progressivo”, isto é, o artigo 30 da Carta da OEA. Com efeito, tal dispositivo estabelece:

“Artigo 30 Os Estados membros, inspirados nos princípios de solidariedade e cooperação interamericanas, comprometem-se a unir seus esforços no sentido de 311 que impere a justiça social internacional em suas relações e de que seus povos alcancem um desenvolvimento integral, condições indispensáveis para a paz e a segurança. O desenvolvimento integral abrange os campos econômico, social, educacional, cultural, científico e tecnológico, nos quais devem ser atingidas as metas que cada país definir para alcançá-lo.” 312

Ademais, o artigo 34 indica que:

“Artigo 34 Os Estados membros convêm em que a igualdade de oportunidades, a eliminação da pobreza crítica e a distribuição equitativa da riqueza e da renda, bem como a plena participação de seus povos nas decisões relativas a seu próprio desenvolvimento, são, entre outros, objetivos básicos do desenvolvimento integral. Para alcançá-los convêm, da mesma forma, em dedicar seus maiores esforços à consecução das seguintes metas básicas: […] g) Salários justos, oportunidades de emprego e condições de trabalho aceitáveis para todos […]” 313.

Por sua vez, o artigo 45 afirma que:

“Artigo 45 Os Estados membros, convencidos de que o Homem somente pode alcançar a plena realização de suas aspirações dentro de uma ordem social justa, acompanhada de desenvolvimento econômico e de verdadeira paz, convêm em envidar os seus maiores esforços na aplicação dos seguintes princípios e mecanismos: […] b) O trabalho é um direito e um dever social; confere dignidade a quem o realiza e deve ser exercido em condições que, compreendendo um regime de salários justos, assegurem a vida, a saúde e um nível econômico digno ao trabalhador e sua família, tanto durante os anos de atividade como na velhice, ou quando qualquer circunstância o prive da possibilidade de trabalhar; c) Os empregadores e os trabalhadores, tanto rurais como urbanos, têm o direito de se associarem livremente para a defesa e promoção de seus interesses, inclusive o direito de negociação coletiva e o de greve por parte dos trabalhadores, o reconhecimento da personalidade jurídica das associações e a proteção de sua liberdade e independência, tudo de acordo com a respectiva legislação […]” 314.

A partir do que foi exposto anteriormente, é possível sustentar que o artigo 26 da

Sem ênfase no original. Sem ênfase no original. Sem ênfase no original. Sem ênfase no original.

Convenção não contém direitos subjetivos justiciáveis perante este Tribunal. O que ele consagra é o compromisso dos Estados de adotar providências ou medidas para alcançar progressivamente a efetividade dos direitos que se derivam das normas pertinentes da Carta da OEA, “na medida dos recursos disponíveis” (o que é coerente com o caráter progressivo da obrigação) e “por via legislativa ou outros meios apropriados”. Em outras palavras, cada Estado Parte tem a obrigação de formular definições e avançar de maneira decidida nessas matérias, de acordo com seus procedimentos deliberativos internos.

Portanto, a Corte está facultada a conhecer e censurar eventuais descumprimentos desse compromisso (obrigação de progressividade e de não regressividade) relativo aos direitos que, de forma interpretativa, possam derivar da referida Carta, mas não a estabelecer de maneira autônoma o reconhecimento de determinados DESCA.

Cabe também ter presente que o artigo 26 faz referência apenas à Carta da OEA e não à Declaração Americana (como indica a Corte no Parecer Consultivo ao afirmar que o direito ao trabalho em condições justas, equitativas e satisfatórias encontra-se contido no artigo XIV da Declaração Americana). 315 Por conseguinte, é a esse primeiro instrumento que se deve recorrer para determinar quais DESCA poderiam derivar-se interpretativamente dele, a fim de supervisionar a observância do dever estatal anteriormente mencionado.

Pois bem, conforme se observa da leitura da Carta, esta não contempla propriamente um catálogo de direitos nem define o conteúdo dos mesmos, mas formula, em realidade, objetivos, isto é, metas a serem alcançadas na matéria. No caso do direito ao trabalho, diferentemente de outros DESCA, há uma referência expressa a ele. No entanto, seu alcance não é desenvolvido. Para além dessas dificuldades interpretativas, o fato concreto é que o artigo 26 apenas faculta à Corte a realizar a supervisão geral já explicitada e, ademais, o Protocolo de San Salvador abre o caminho para que a Corte exerça sua competência contenciosa unicamente em relação a dois DESCA.

Em consonância com o exposto, conceber o artigo 26 da Convenção como uma norma de remissão a todos os DESCA que estariam compreendidos na Carta da OEA ignora o compromisso assumido pelos Estados Parte e gera incerteza quanto ao catálogo de direitos justiciáveis perante o Tribunal, o que acarreta, pelo menos, duas consequências. A primeira é que, ao desconhecer os direitos específicos que poderiam ser violados por suas ações, os Estados Parte não conseguem prevenir nem reparar eventuais violações internamente. A segunda reside no fato de que uma fundamentação que desconsidera o texto expresso do Tratado (a Convenção e seu Protocolo) afeta a legitimidade das decisões emanadas do Tribunal, pois reflete um baixo padrão de motivação, o que posteriormente dificulta examinar a conduta das autoridades internas à luz de um parâmetro mais exigente.

Cabe, portanto, distinguir dois planos distintos de adjudicação, relacionados, mas diferentes. Um é o âmbito nacional, no qual, por meio de procedimentos democráticos, a população decide incorporar os DESCA em seu respectivo ordenamento jurídico, incluindo também o Direito Internacional sobre a matéria, como ocorre na ampla maioria dos Estados membros do SIDH. Nesse contexto, são os tribunais nacionais quem —no âmbito de suas competências— exercem suas faculdades quanto à interpretação e à justiciabilidade desses direitos, de acordo com suas Constituições e leis.

Cf. Parágrafo 209.

Outro plano, distinto —ainda que complementar—, é o internacional. Enquanto tribunal internacional, o papel da Corte nesse âmbito é decidir se o Estado, cuja responsabilidade se reclama, violou ou não um ou mais dos direitos estabelecidos no Tratado. À luz do seu desenho normativo e conforme o artigo 26, o Tribunal está autorizado a estabelecer a responsabilidade internacional do Estado se este descumpriu os compromissos gerais de desenvolvimento progressivo e de não regressividade, mas não em relação aos DESCA considerados individualmente.

Como afirmei em votos anteriores sobre este tema, é imprescindível considerar o conteúdo e a finalidade do Protocolo de San Salvador, adotado no âmbito da CADH para ampliar o catálogo de direitos protegidos, especificamente no que diz respeito aos direitos econômicos, sociais e culturais. O Protocolo estabelece expressamente que apenas dois direitos sociais —o direito à educação e o direito à liberdade sindical— são justiciáveis perante o SIDH, nos termos do artigo 19.6 do próprio instrumento. Essa limitação não pode ser compreendida senão como um reconhecimento deliberado dos Estados Parte acerca do alcance da exigibilidade judicial nessa matéria.

Se aceitássemos que todos os direitos sociais consagrados no Protocolo são diretamente justiciáveis pela simples invocação do artigo 26 da Convenção, a adoção do Protocolo perderia toda razão de ser. Para que se haveria de celebrar um instrumento internacional adicional que declara justiciáveis apenas dois direitos, se todos os demais já poderiam ser reclamados perante a Corte com base no artigo 26? Nessa hipótese, o Protocolo não ampliaria a proteção dos direitos —como, por definição, faz todo tratado adicional ou protocolo em matéria de direitos humanos—, mas, ao contrário, introduziria uma limitação incompatível com o princípio pro persona.

A única forma coerente de resolver essa aparente contradição é compreender que o artigo 26 não consagra, por si só, direitos justiciáveis, mas estabelece uma norma programática voltada à realização progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais, por meio da adoção de políticas públicas e medidas legislativas por parte dos Estados. Diferentemente dos direitos contidos nos artigos 1º a 25 da Convenção, o artigo 26 não formula um direito subjetivo em favor das pessoas, mas sim um mandato de desenvolvimento progressivo, com linguagem e estrutura normativa qualitativamente distintas.

Nessa perspectiva, o artigo 26 não pode ser interpretado como fonte autônoma de justiciabilidade direta de direitos sociais, sob pena de esvaziar o conteúdo do Protocolo de San Salvador e de distorcer os limites expressamente reconhecidos pelos próprios Estados Parte ao subscreverem tal instrumento.

A interpretação adequada por parte desta Corte deveria concentrar-se em reconhecer as dimensões econômicas, sociais, culturais e ambientais como componentes dos direitos expressamente previstos na Convenção, permitindo sua justiciabilidade por meio do princípio da conexão, quando existir uma relação direta com direitos civis e políticos. Esse mecanismo, contudo, não autoriza declarar a violação de direitos não contemplados no texto convencional. Além disso, a interpretação das normas deve obedecer às regras estabelecidas pela CVDT, incorporando elementos como o objeto e o propósito do tratado, a boa-fé e o sentido comum dos termos. No caso dos tratados de direitos humanos, como observa Cecilia Medina, esses princípios se complementam com uma

abordagem dinâmica e pro persona, que confere ao intérprete uma margem ampla para desenvolver uma hermenêutica criativa, mas sem transgredir os limites normativos. 316

Dessa forma, não era necessário recorrer ao artigo 26 da Convenção, pois bastaria interpretar o Protocolo de San Salvador como o instrumento adequado para especificar as obrigações dos Estados em matéria de cuidados. Essa abordagem teria permitido manter a coerência normativa do sistema interamericano e evitar a ampliação desnecessária do alcance do artigo 26. Em síntese, o reconhecimento da justiciabilidade direta dos DESCA à margem do marco de competência previsto no Tratado viola gravemente a segurança jurídica e a legitimidade das decisões do Tribunal, ao desconsiderar uma norma expressa que delimita sua competência. A fundamentação de uma sentença deve permitir reconstruir de forma razoada o caminho lógico seguido pelo Tribunal, o que não é possível se forem deliberadamente omitidos os limites impostos pela Convenção e pelo seu Protocolo.

IV. Sobre o valor institucional dos votos e a necessidade de sua publicação conjunta com a opinião majoritária

É amplamente reconhecido que as diferentes fases nas quais um tribunal internacional aborda um assunto apresentam diversos níveis de transparência. 317 Sob uma perspectiva comparada, observa-se que, dependendo do tribunal, o acesso às peças processuais varia em termos de disponibilidade pública; contudo, há consenso generalizado quanto ao caráter reservado das deliberações internas. Da mesma forma, há concordância em que duas etapas devem manter os mais altos padrões de transparência: a realização das audiências e a divulgação da decisão final.

Se, ao término do diálogo desenvolvido na deliberação, chega-se a um consenso, a decisão será unânime; porém, se os desacordos persistirem, a decisão será adotada por maioria de votos. Nesse contexto, o raciocínio desenvolvido pelo tribunal para alcançar uma decisão se reflete não apenas na opinião majoritária, mas também nas dissidências, pois ambas compõem um todo que não pode, e nem deve, ser separado para a adequada compreensão da decisão.

A formulação de votos dissidentes ou concordantes em tribunais internacionais não apenas expressa uma natural pluralidade de critérios diante de questões complexas, mas constitui uma manifestação essencial do caráter colegiado e deliberativo da função judicial. Esses votos não devem ser entendidos como anomalias que enfraquecem o tribunal, mas como expressões legítimas de raciocínios jurídicos alternativos ou complementares que enriquecem o debate e fortalecem a integridade institucional. Os votos permitem uma compreensão mais completa das decisões adotadas e possibilitam que os atores do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (doravante, “SIDH” ou “sistema”) e a opinião pública tomem conhecimento e, eventualmente, analisem seus fundamentos.

Além disso, os votos cumprem funções valiosas dentro de uma corte internacional: não apenas ajudam a esclarecer o sentido da opinião majoritária, mas também são uma manifestação da pluralidade de opiniões, da independência e da liberdade de expressão dos membros do Tribunal, o que reforça sua legitimidade. Dessa forma, permitem

Cf. MEDINA, C. (2018). La Convención Americana de Derechos Humanos: Teoría y jurisprudencia. Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, p. 115. Cf. NEUMANN, T., & SIMMA, B. (2013). Transparency in international adjudication. In A. Bianchi & A. Peters (Eds.), Transparency in international law (pp. 436–460). Cambridge University Press.

preservar linhas argumentativas que podem ser relevantes para a evolução futura da jurisprudência e promovem o desenvolvimento do Direito Internacional.

No Direito Internacional, os votos têm sido fundamentais para antecipar desenvolvimentos normativos e permitem dar visibilidade a dilemas éticos, tensões interpretativas ou limites do consenso jurídico.

Desde sua criação, esta Corte publicou simultaneamente a decisão majoritária e os votos concordantes ou dissidentes. Essa obrigação de publicação conjunta responde a exigências de transparência, prestação de contas e publicidade do raciocínio judicial, pilares essenciais da legitimidade dos órgãos internacionais. Além disso, encontra fundamento normativo expresso no Regulamento do Tribunal. Com efeito, o artigo 75.3 estabelece:

“[T]odo Juiz que houver participado da emissão de um parecer consultivo tem direito a acrescer-lhe seu voto concordante ou dissidente, o qual deverá ser fundamentado. Esses votos deverão ser apresentados no prazo fixado pela Presidência para que possam ser conhecidos pelos Juízes antes da comunicação do parecer consultivo”. Quanto à sua publicação, o mesmo preceito remete ao artigo 32.1.a, que dispõe que “a Corte efetuará a publicação de […] suas sentenças, resoluções, pareceres e outras decisões, incluindo os votos concordantes ou dissidentes” (sem ênfase no original).

De acordo com o exposto, caso a publicação dos votos seja postergada, corre-se o risco de que não se alcance uma compreensão integral do raciocínio da Corte no momento em que a sentença é tornada pública, atrasando o acesso dos Estados, da academia e da sociedade civil a elementos indispensáveis para uma análise completa e informada.

Por essa razão, a publicidade oportuna e integral dos votos não deve ser entendida como um aspecto secundário, mas sim como uma garantia substantiva de transparência e legitimidade institucional, bem como um componente essencial do modelo de justiça que este Tribunal representa. A divulgação tempestiva e completa dos votos não é um formalismo acessório, mas uma garantia substantiva de legitimidade institucional e um elemento central do modelo de justiça que esta Corte representa.

Nessa mesma linha, pode-se sustentar que tal prática leva a limitar o trabalho jurisdicional deste Tribunal e a enfraquecer, em sua essência, o ideal paritário a que se refere Damaška, de que, diferentemente do modelo hierárquico, se define pelo desenvolvimento de atividades integradas e complementares entre os órgãos jurisdicionais, 318 ideal ao qual a magistratura interamericana deve aspirar.

Em sua análise comparada, Damaška distingue entre um modelo hierárquico de organização judicial, no qual predominam a uniformidade, a disciplina e uma estrutura rigorosa de autoridade escalonada, e um modelo paritário, em que os juízes atuam com autonomia interpretativa e se relacionam como pares, em uma lógica de colaboração e deliberação. Assim, em uma estrutura como esta última, valoriza-se a independência de critério, e as decisões se produzem em um ambiente no qual o dissenso não apenas é tolerado, mas considerado funcional ao sistema. 319 Sob essa perspectiva, a deliberação judicial no modelo paritário não se esgota no voto majoritário, mas também se expressa

Cf. DAMASǨA, M. J. H. H. (1985). The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process. Yale University Press, pp. 23-28. Cf. DAMASǨA, M. J. H. H. (1985). The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process. Yale University Press, pp. 23-28.

nas razões do dissenso, que devem chegar simultaneamente aos destinatários como parte de um mesmo ato judicial.

Por essas razões, assim como fiz em meu voto relativo ao OC 32/25 sobre emergência climática e direitos humanos, reitero a necessidade de que sejam notificadas conjuntamente tanto a decisão majoritária quanto os votos particulares, sejam eles concordantes ou dissidentes.

Conclusão O presente voto concordante e parcialmente dissidente buscou enfatizar e precisar alguns aspectos essenciais do Parecer Consultivo sobre o direito ao cuidado, destacando seu caráter de direito humano autônomo e indispensável para o gozo de uma vida digna, enraizado na dignidade, na vulnerabilidade e na interdependência que caracterizam a condição humana. A partir dessa premissa, desenvolveram-se com especial atenção dois eixos relativos a crianças e adolescentes: seu cuidado em contextos de custódia estatal e sua proteção frente aos riscos do ambiente digital.

1. Crianças e adolescentes sob custódia estatal No que diz respeito às crianças e adolescentes privados de um meio familiar e sob tutela direta do Estado, ressaltou-se que sua situação impõe obrigações reforçadas de respeito, proteção e garantia. O quadro internacional exige que as medidas de institucionalização sejam regidas pelos princípios de necessidade, excepcionalidade, temporalidade e adequação, evitando que a separação do meio familiar se torne uma prática sistemática que exponha a infância a novas violações. Da mesma forma, destacou-se que a responsabilidade estatal é indelegável, ainda que o cuidado seja prestado por entidades privadas: cabe ao Estado regular, supervisionar e fiscalizar a prestação, garantindo que nenhum interesse patrimonial prevaleça sobre o interesse superior da criança. O cuidado, nesses contextos, não pode se limitar a suprir necessidades básicas, devendo assegurar ambientes seguros, protetores e formativos que permitam a cada criança e adolescente projetar um plano de vida digno.

2. Crianças e adolescentes e riscos do ambiente digital O segundo eixo abordado refere-se à proteção de crianças e adolescentes no ecossistema digital. A superexposição, a exploração de dados pessoais, as dinâmicas de assédio online e o design persuasivo das plataformas constituem ameaças reais ao seu desenvolvimento emocional, cognitivo e social. O presente voto oferece um quadro normativo para enfrentar esses riscos ao reconhecer que o direito ao cuidado inclui, além das necessidades materiais, a proteção da intimidade, da vida privada e do desenvolvimento emocional da infância. Isso exige que os Estados adotem quadros normativos robustos e mecanismos de supervisão que assegurem ambientes digitais seguros, enquanto as empresas de tecnologia devem assumir padrões de devida diligência, transparência, design com foco na infância e prestação de contas. Do mesmo modo, as famílias e cuidadores têm o dever de orientar e acompanhar crianças e adolescentes em sua vida digital, ouvindo suas vozes e zelando para que o acesso à tecnologia se traduza em oportunidades, e não em riscos, para sua futura autonomia.

3. Pessoas em situação de deficiência Com relação às pessoas em situação de deficiência, valorizei o reconhecimento feito pela maioria quanto ao seu direito de receber cuidados, destacando que este deve ser compreendido sob a noção de apoio e não se limitar a uma concepção assistencialista. Reconhecer sua autonomia, agência e capacidade de decisão constitui um passo indispensável para superar o capacitismo estrutural e promover sua vida independente, em consonância com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

4. Limites à justiciabilidade dos DESCA Por fim, reafirmei meu dissenso quanto à ampliação da justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais por meio do artigo 26 da Convenção Americana. Tal disposição estabelece compromissos programáticos de progressividade e não confere competência à Corte para declarar sua violação de forma autônoma. Ainda que se reconheça a importância substantiva desses direitos e sua interdependência com os direitos civis e políticos, a legitimidade das decisões do Tribunal exige o respeito aos limites convencionais que delimitam sua competência.

Em suma, o reconhecimento do direito ao cuidado requer um paradigma normativo e prático que articule a corresponsabilidade de Estados, famílias, comunidades e empresas, e que coloque no centro aqueles que necessitam de cuidados e apoios como sujeitos plenos de direitos. Somente dentro desses parâmetros —e respeitando o marco de competência fixado pelos tratados— será possível assegurar que esse direito se configure como uma verdadeira garantia de igualdade, autonomia e dignidade para todas as pessoas.

Patricia Pérez Goldberg Juíza

Pablo Saavedra Alessandri Secretário

Fonte: Corte Interamericana de Direitos Humanos (corteidh.or.cr). Documento oficial; quando em espanhol, use o botão "Traduzir com IA" do leitor.